martes, 14 de enero de 2014

OTRO VOLANTAZO CONTRA EL NARCOTRÁFICO



La Voz del Interior, editorial, 11-1-14

Tras los fuegos de artificio del traspaso de Aguas Cordobesas al municipio, en el Centro Cívico estaría avanzado un proyecto para modificar la ley 10.067, a efectos de cambiar radicalmente el eje de la lucha contra la droga, un flagelo que en Córdoba adquiere ribetes dramáticos.

Ahora, podría tocarle a la Policía Judicial asumir la responsabilidad en una batalla que el Gobierno de la Provincia parece haber perdido.

Las pruebas son contundentes: pese a las observaciones formuladas por quienes entienden del tema, se focalizó la cuestión en los dealers de poca monta, para regocijo de los traficantes, que tampoco son efectivamente perseguidos por las fuerzas federales de seguridad ni por el Poder Judicial nacional.

El saldo ha sido magro y muestra la consolidación del narcotráfico en la provincia.

Para peor, la capacidad de penetración del delito fue subestimada, al punto de que la crisis suscitada se llevó a toda el área de la Policía provincial dedicada al manejo de la lucha contra la droga, área cuyos responsables están hoy a disposición de la Justicia federal. Como en un dominó, también cayeron un jefe de Policía y un ministro de Seguridad.

Lo que resulta llamativo, en este y otros casos, es que el poder político prefiera renunciar a todas y cada una de sus competencias, abandonando lo que no pueden controlar.

Así las cosas, cabe preguntarse cuál será el próximo bote que deje el barco para ratificar que el Estado, en todas sus formas, se encuentra en retirada.

El punto es que ya no se trata de decidir quiénes se harán cargo de la lucha contra el narcotráfico, sino a qué efectos habrán de realizarla. Si esta no se enmarca en una política global de seguridad, cualquier cambio será cosmético.

En otros términos, si sólo se trata de minimizar costos, dentro de unos meses seguiremos discutiendo el problema como si nada hubiera ocurrido. Ello, sin despreciar los nuevos problemas que estas supuestas soluciones crearán.

Es claro, pero al parecer no es evidente para quienes toman las decisiones que a todos nos afectan, que nada podrá mejorarse en esta materia sin el acuerdo con la Nación, dado que ya hemos visto las consecuencias de políticas aisladas que se presentan como milagrosas panaceas, de esas que rara vez curan algo.

El narcotráfico y su desarrollo obligan también a pensar en un acuerdo regional, que involucre en forma concreta a todos los países de la región.


Más claro aun resulta que quienes ejercen funciones de gobierno en todos los niveles deberían reparar en la profunda decepción que nuestra sociedad muestra para con sus dirigentes, de quienes esperan que asuman el rol que en el reparto de responsabilidades les corresponde.