POR: EFE, 18-4-14
El arzobispo de
Montevideo, Daniel Sturla, expresó sus dudas acerca de la eficacia de la ley
que regula la compraventa y cultivo de marihuana en Uruguay, cuya
reglamentación se encuentra actualmente en la etapa final.
"Tengo dudas con
respecto a esta ley, pero tampoco tengo una posición totalmente contraria",
declaró a la emisora local Radio Montecarlo.
Sturla, que asumió su
cargo el pasado mes de marzo en una ceremonia a la que asistió el presidente
uruguayo, José Mujica, añadió que la regulación del cannabis es un tema que
observa "con la preocupación de un educador que ha estado mucho con
jóvenes".
No obstante, el
arzobispo reconoció el "fracaso" de las políticas antidroga aplicadas
hasta la fecha, y opinó que "algo distinto a lo que se está haciendo hay
que hacer".
"Hace falta
tener mayor claridad sobre cómo vencer este flagelo de la droga",
sentenció.
El religioso explicó
que los obispos uruguayos no consideran que la iniciativa de regulación de la
marihuana propuesta por el gobierno sea "una solución al problema de la
droga", pero insistió en que se encuentran "a la expectativa, como
muchos uruguayos".
Su antecesor en el
cargo, Nicolás Cotugno, ya afirmó en abril de 2011 que no se opondría a la
despenalización del cultivo de marihuana si fuese "un medio para ayudar a
vencer la drogadicción".
Por otro lado, Sturla
señaló al aborto, la baja tasa de natalidad y la elevada cifra de suicidios en
Uruguay como síntomas de que "la sociedad no valora tanto la vida".
Uruguay posee, junto
con Cuba, la tasa más alta de suicidios de América Latina y, según datos
oficiales, en el país se quitan la vida 16,6 personas por cada 100.000
habitantes, una proporción similar a la de las naciones escandinavas.
Además, el
crecimiento demográfico en Uruguay, cuya población aumentó en apenas 10.523
habitantes entre 2004 y 2011, es el menor de toda América Latina, y la baja
tasa de natalidad es un tema recurrente en los discursos políticos.
En cuanto a la
despenalización del aborto, fue aprobada en noviembre de 2012, y en su primer
año de vigencia se registraron 6.676 interrupciones voluntarias del embarazo,
según datos del Ministerio de Salud Pública.
El Gobierno uruguayo
rechazó el recurso el pasado mes de marzo al considerar que la legislación no
obliga a las instituciones a aceptar la práctica del aborto.
