viernes, 9 de agosto de 2013

OTRO EX GUERRILLERO ADMITE QUE MONTONEROS ASESINÓ A RUCCI






Otro exintegran­te de la organización terrorista Montoneros que actuó en la década de 1970 confirmó ante la Justicia que fue esa organización la que asesinó en 1973 al entonces secretario General de la CGT, el también justicialista José Ignacio Rucci, para “limitar o condicionar” al presidente electo Juan Domingo Perón.
Así lo revelaron fuentes judiciales y precisaron que el testimonio judicial fue vertido por Alejandro Peyrou, de 67 años, quien al momento del crimen era funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y militante montonero. Tenía el cargo de subsecretario de Asuntos Agrarios.
Peyrou fue también uno de los diputados frepasistas que se apartaron del gobierno de la Alianza antes de su caída, en 2001. Hoy es un funcionario de jerarquía en la Cancillería, como jefe de auditoría.

“La organización Montoneros lo mató” a Rucci y esa acción “fue reconocida internamente muy rápidamente por múltiples vías” aunque “públicamente nunca ninguno de los miembros de la conducción nacional lo reconoció”, atestiguó ante el juez federal Ariel Lijo.
Peyrou atribuyó “la decisión” del crimen a “la Conducción Nacional” de Montoneros formada entonces por “Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja (quien hoy es ministro en la Provincia de Río Negro), Roberto Perdía, Carlos Quieto” y precisó que la idea era “desafiar” a Perón “tirándole un cadáver” pese a que “acababa de ganar las elecciones” a presidente de la Nación y a que la Presidencia estaba ocupada  por Héctor Cámpora, el candidato de la propia organización Montoneros.

Aseguró: “No sé quiénes fueron” los miembros del comando que ejecutó al líder sindical porque “eso no se preguntaba”, pero admitió que “la mayoría de los cuadros no estaba de acuerdo” con aquella acción y por  eso “se debe de haber ido (de Montoneros) entre el 30 y 50 por ciento de cuadros más importantes”.
En junio, otro exmontonero había ratificado judicialmente que Rucci había sido asesinado por Montoneros.

A Rucci lo acribillaron varios francotiradores cuando salía de su casa en la avenida Avellaneda 2935, de Flores, el 25 de septiembre de 1973, apenas dos días después de las elecciones generales en que Juan Domingo Perón resultó electo
por tercera Presidente de la ­República, con 61,85 por ciento de votos.
El líder concurrió al velatorio del jefe de la CGT y confió a la viuda: “Me mataron a un hijo”. Y al irse dijo a la prensa que “estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas”.
La diputada Claudia Rucci y su hermano Aníbal se presentaron como querellantes y lograron reabrir la causa judicial por el asesinato de su padre. Sostienen que el crimen también debe ser considerado de lesa humanidad –y que por ende no prescribió– porque, al igual que crímenes cometidos por la Triple A en democracia y que han sido considerados de lesa humanidad, el asesinato de ­Rucci fue realizado gracias al uso de recursos del Estado y con la participación de quienes por entonces eran funcionarios públicas.
Según ellos, el entonces secretario de Municipios de la Provincia de Buenos Aires, Ernesto Jauretche, habría facilitado los vehículos y el departamento usado por el grupo comando. Y las armas, dicen los Rucci, provendrían de la Policía Bonaerense y al Servicio Bonaerense Penitenciario.
Por otra parte, en esa época numerosos y connotados mi­litantes montoneros habían ­ocupado puestos en las fuerzas policiales y en las administraciones tanto nacional como provinciales.

Armas oficiales. Al respecto, el juez también tomó testimonio a Mario Oscar García, de 75 años, entonces jefe del penal de Sierra Chica. El testigo aseguró que “el capellán (de la cárcel, Rubén) Capitano pertenecía a estas organizaciones (guerrilleras) y tenía mucha influencia a nivel del Gobierno bonaerense. Con la gente que estaba con él tomaron armamento del arsenal: se llevaron 250 itakas”.
“Los Montoneros y FAR tenían el apoyo del Gobierno en toda la provincia de Buenos Aires al otorgarles el acceso a los arsenales” de la fuerza, según García y aseguró que “lo teníamos informado a Perón en forma permanente sobre el tema del uso de armas de la repartición por civiles”.

El exjefe carcelario consideró: “Los hechos que yo denuncié motivaron que Perón se diera cuenta de la participación
de esa gente en el asesinato de Rucci (...) por eso Perón toma conciencia y los destituye” al gobernador Manuel Bidegain y al ministro de Gobierno Manuel Urriza.

Citarían a la cúpula
El juez Ariel Lijo analiza ahora cómo seguirán las declaraciones: en la lista figuran el jefe montonero Mario Firmenich, su esposa, María Martínez Agüero (ambos residentes en España), Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, actual ministro de Obras Públicas en Río Negro, entre otros.


La Voz del Interior, 8-8-13