domingo, 9 de marzo de 2014

UN HITO DE LA LIBRE EXPRESIÓN




Se cumplen hoy 50 años de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sentara una base fundamental para el respeto a la libre expresión a través de la prensa, al incorporar lo que se conoce como teoría de la real malicia. Esos principios serían adoptados luego por los países democráticos como parte de los nuevos derechos sociales de los ciudadanos.

El pronunciamiento del máximo cuerpo judicial corrigió dos fallos adversos de tribunales inferiores en la famosa causa “ The New York Times versus J. B. Sullivan”. Este último, concejal del condado de Montgomery, Estado de Alabama, tenía bajo su responsabilidad a la Policía y se había sentido agraviado por expresiones incluidas en una solicitada publicada en el periódico, que aludía a la defensa de los derechos civiles de los estudiantes negros. El documento llevaba la firma de 64 personalidades, entre ellas la de Martin Luther King.

Al consagrar la teoría de la real malicia, la Corte de Estados Unidos entendió que un funcionario público que formula una denuncia de agravio a su investidura debe demostrar –con prueba fehaciente– el carácter perjudicial de las expresiones vertidas y el daño que le ocasionan, su falsedad y la intención de daño real por parte del emisor. El alto tribunal extendió luego la figura a personalidades que voluntariamente se exponen a la consideración pública.

Ese concepto fue asumido luego en casi todos los países democráticos, al entender que los funcionarios públicos, cualquiera sea su rango, están expuestos a la crítica de sus actos oficiales por parte de los medios de comunicación.

Bien vale celebrar el histórico fallo del 9 de marzo de 1964, que fue refrendado a través de numerosos pronunciamientos de los tribunales argentinos, los cuales se han orientado en preservar ese derecho aun cuando –sin intención de dolo– pueda aparecer menoscabado el honor de un funcionario público. El primer caso en ese sentido fue “Vago c/Ediciones La Urraca”, en 1991.

Es bueno recordarlo y conmemorarlo en un contexto latinoamericano donde varios gobiernos elegidos democráticamente –como Venezuela y Ecuador– distorsionaron luego, en el ejercicio del poder, la aplicación de derechos constitucionales y han avanzado con reglamentaciones y leyes que no tienen otro objetivo más que limitar y controlar la opinión independiente.

Es justo mencionarlo, además, en un contexto preocupante para la Argentina, en el que el Estado destina millonarias campañas publicitarias en medios afines, alienta el escarnio de periodistas y otras voces críticas y anula la difusión de los actos oficiales en medios que cuestionan la gestión gubernamental, mientras sigue resistiendo la sanción de una ley de acceso a la información pública.

También vale su conmemoración cuando la presidenta Cristina Fernández, el vicepresidente Amado Boudou y relevantes funcionarios han descalificado y ridiculizando las investigaciones periodísticas que revelan innegables casos de corrupción, los cuales son instruidos de manera muy lenta por la Justicia.

Y, finalmente, es oportuno recordar descabellados proyectos tendientes a limitar el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, que felizmente no prosperaron por la acción de la conciencia ciudadana, que decidió sostener con firmeza los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional.


La Voz del Interior, Editorial, 9-3-14