Alberto Armendáriz
LA NACION, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
El cerco
judicial alrededor de Luiz Inácio Lula da Silva se volvió ayer más estrecho;
mucho más estrecho. Por primera vez, el Ministerio Público Federal, que
investiga el multimillonario caso de corrupción en Petrobras, acusó ayer
formalmente al popular ex presidente de Brasil (2003-2010) de haber sido el
principal líder de la red de sobornos que imperó en la petrolera estatal.
"Lula fue el comandante máximo del esquema de
corrupción en Petrobras", señaló Deltan Dallagnol, coordinador de los
fiscales de la llamada Operación Lava Jato, durante una conferencia de prensa
en Curitiba, donde están concentradas las investigaciones que desde hace poco
más de dos años sacuden al mundo político y empresarial de Brasil.
"Sin el poder de decisión de Lula, este esquema
sería imposible", agregó el procurador, luego de presentar cargos de
corrupción y lavado de dinero contra Lula y su esposa, Marisa Leticia; el
titular del Instituto Lula, Paulo Okamotto; el ex presidente de la constructora
OAS, Leo Pinheiro, y otros cuatro altos ejecutivos de la compañía (Paulo
Gordilho, Agenor Medeiros, Fábio Yonamine y Roberto Moreira). Ahora, el juez
federal Sergio Moro, responsable del caso del petrolão, deberá decidir si
acepta la denuncia contra el ex dirigente sindical y fundador del Partido de
los Trabajadores (PT), que se convirtió en una referencia para toda la izquierda
latinoamericana.
En su presentación, los fiscales dijeron tener pruebas
de que Lula recibió favores indebidos por al menos 3,7 millones de reales (unos
1,1 millones de dólares) de parte de la constructora OAS, una de las grandes
empresas ya condenadas por haber pagado sobornos a ex directivos de Petrobras y
políticos oficialistas de entonces a cambio de contratos con la compañía
petrolera.
Según la acusación, OAS pagó, reformó y amuebló un
departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que las autoridades
judiciales alegan es propiedad de Lula y su esposa, aunque ellos lo niegan; la
constructora también habría financiado el almacenamiento de todas las
pertenencias con las que Lula dejó la presidencia en 2011. De acuerdo a
Dallagnol, a cambio, Lula consiguió para OAS por lo menos tres contratos con
Petrobras por un valor 87 millones de reales (26,4 millones de dólares).
La Policía Federal ya había recomendado el mes pasado
el procesamiento de Lula por el caso del tríplex en Guarujá, mientras que el ex
mandatario enfrenta asimismo otras dos causas judiciales: una por una chacra en
el interior del estado de San Pablo también presuntamente adquirida a cambio de
favores indebidos a constructoras, y otra por supuestos intentos de obstruir
las investigaciones del petrolão por medio de su influencia.
"Tras asumir el cargo de presidente, Lula comandó
la formación de un esquema delictivo de desvíos de recursos públicos destinados
al enriquecimiento ilícito, así como la perpetuación criminal en el poder, comprar
el apoyo de legisladores y financiar caras campañas electorales", destacó
la denuncia que citó como "dos caras de la misma moneda" al petrolão
y el anterior escándalo del mensalão, que en 2005 puso en jaque al primer
gobierno de Lula.
Consciente del daño que estas acusaciones implican
para la imagen de Lula, Dallagnol subrayó que no se buscaba juzgar al ex
presidente por su gobierno o por lo que hizo por el pueblo brasileño, ni se
está intentando criminalizar al PT.
"Sólo se le está imputando por crímenes puntuales
que pueden ser comprobados por las pruebas recogidas", afirmó.
Aunque la mayoría de los partidos políticos brasileños
han sido salpicados por el petrolão, el PT es el que más involucrados ha
tenido, entre ellos dos de sus ex tesoreros y el jefe de la bancada petista en
el Senado. El rechazo al gigantesco escándalo de corrupción sirvió como
combustible para las manifestaciones callejeras que en los últimos dos años
exigían el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, ahijada política de Lula,
a quien el Senado finalmente destituyó de su cargo el 31 de agosto, por
manipulación de las cuentas públicas. Entonces asumió el poder de manera
definitiva su ex vice, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), también bajo sospecha de irregularidades por el petrolão.
Todavía no había terminado la conferencia de prensa de
los fiscales en Curitiba que Lula y sus abogados lanzaron una fuerte campaña de
defensa. Sus representantes convocaron a periodistas en San Pablo para denunciar
la "farsa" con "motivaciones políticas" de los fiscales, y
Lula utilizó las redes sociales para hacer su descargo.
"Jamás fui propietario del tríplex o siquiera
dormí una noche en el supuesto departamento que la Lava Jato desesperadamente
intenta atribuirme", aseguró el ex presidente, quien varias veces ha
explicado que su esposa había pensado adquirir una vivienda en ese edificio a
través de la cooperativa Bancoop en 2005, pero que pese a haber pagado las
primeras cuotas, desistió del negocio en 2010, luego de que la cooperativa
quebró y el emprendimiento fue tomado por OAS.
Las causas que cercan al ex presidente
Lula es acusado de liderar la trama de corrupción en
Petrobras y de obstrucción a la Justicia
El fiscal federal de Brasil, Deltan Dallagnol, declaró
que Lula es el "comandante máximo" de la megatrama de corrupción en
Petrobras, revelada por la investigación en la empresa estatal; lo acusó de ser
"el maestro de la orquesta criminal de la operación Lava Jato"
Según el fiscal, Lula lideró un
"sobornoducto" organizado en su gobierno (2003-2010) para, con
recursos desviados de diferentes organismos estatales, financiar a sus aliados
políticos
Ese esquema, explicó Dallagnol, fue organizado con los
objetivos de garantizar una "gobernabilidad corrupta" con el pago por
el apoyo de los partidos aliados, y "permitir la perpetuación en el poder
de ese sistema criminal" mediante la permanencia del Partido de los
Trabajadores (PT) en el gobierno
Lula comenzó a ser investigado cuando los fiscales del
caso descubrieron que la constructora OAS gastó US$ 336.000 para reformar y
amueblar un tríplex en el balneario de Guarujá, cuya propiedad es atribuida al
ex presidente, además de haber pagado US$ 397.000 dólares por el alquiler del
depósito en el que Lula guardó regalos que recibió cuando era jefe de Estado
Por otra parte, en febrero pasado, Lula fue imputado
por obstrucción a la justicia, bajo la acusación de integrar un grupo que
compró el silencio de un implicado en el petrolão que amenazaba con delatar a
líderes del PT
