Mariano
De Vedia
LA
NACION, 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
El
cómputo de 7010 desaparecidos en la violenta década de 1973 a 1983, revelado
por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y que dio
lugar a una fuerte polémica, surge de un relevamiento que realizó el organismo
entre 2013 y 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner .
"La
cifra no fue obra de esta administración. Fue contabilizada en 2013 y
ratificada por Martín Fresneda -ex secretario de Derechos Humanos durante el
kirchnerismo-. Los datos que damos están en la web y fueron subidos por la
gestión anterior", afirmó ayer Avruj en declaraciones radiales, tras la
reacción de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
El
cómputo oficial indica que, de esos 7010 desaparecidos, 6348 casos corresponden
a la dictadura militar. "Es una provocación y una persecución
desagradable", dijo Carlotto, al quejarse por una cifra que se aleja de
los 30.000 desaparecidos denunciados históricamente por las organizaciones de
derechos humanos. "Es vergonzoso. Las Naciones Unidas registran más de
15.000. ¿Por qué no les preguntan a ellos?", reaccionó la dirigente.
El
propio Avruj habló ayer por teléfono a Carlotto para explicarle que el número
de desaparecidos surge de un relevamiento ordenado por el gobierno de la ex
presidenta Cristina Kirchner. El informe reactivó la polémica que derivó en la
renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien en enero
último puso en duda el número de 30.000 desaparecidos.
Los
datos que reveló Avruj fueron en respuesta a un pedido de acceso a la
información pública que planteó la asociación civil Ciudadanos Libres por la
Calidad Institucional, que requirió conocer "la cantidad de personas que
se encuentren en situación de desaparición forzada o que hayan sido luego
halladas sin vida, entre 1973 y 1983".
La
Secretaría de Derechos Humanos respondió que el Registro Unificado de Víctimas
de Terrorismo de Estado (Ruvte), creado en el gobierno de Cristina Kirchner,
computó 7010 desapariciones forzadas y 1561 asesinatos, lo que suma 8571
víctimas de terrorismo de Estado en ese período.
De ese total, el 14,83% (1271
casos) corresponden al gobierno peronista de 1973/76. Las otras 7300 víctimas,
entre desaparecidos y víctimas, corresponden al proceso militar. La última
edición del Nunca Más -el informe de la Conadep- reeditado en 2006, en pleno
gobierno kirchnerista, registra 6415 desaparecidos y 743 víctimas de "ejecución
sumaria".
En la
respuesta se indicó que el listado de víctimas comprende todas las denuncias
formalizadas ante la Secretaría de Derechos Humanos. El propio informe indica
que deben añadirse los casos denunciados ante la Justicia y otros organismos no
refrendados ante dicha secretaría.
Inscripta
en la IGJ en 2010, la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad
Institucional es presidida por el abogado José Lucas Magioncalda y llevó varios
reclamos al Estado. En el último año presentó un amparo para exigir a las
escuelas porteñas la instalación de vidrios de seguridad para evitar daños en
los alumnos y pidió un arresto al teniente general César Milani por "falta
disciplinaria" a raíz de recientes declaraciones.
