Por Héctor GIULIANO
(30.12.2017)
El gobierno Macri esperó el
día siguiente a la aprobación del Presupuesto 2018 por el Congreso (Día de los
Inocentes) para cambiar unilateralmente las proyecciones inflacionarias del año
que viene y ejercicios siguientes, que son justamente las que constituyen la
base fundamental de las estimaciones fiscales de dicho presupuesto.
El 28.12 el cuarteto
Peña-Dujovne-Caputo-Sturzenegger[1]
dio una Conferencia de Prensa conjunta en la cual se hicieron estos anuncios que
introducen modificaciones muy importantes en las cuentas nacionales.
Con el agravante que los
legisladores acababan de votar un presupuesto que ya era irreal en ese momento porque
las nuevas leyes previsional, tributaria y de responsabilidad fiscal
Nación-Provincias, que se estaban sancionando en simultáneo, modifican los
números del proyecto aprobado, que corresponden a los que el Poder Ejecutivo había
mandado el 15.9 pasado y que ahora han quedado así sustancialmente alterados.
Téngase presente que la sola
modificación de la Meta de Inflación y sus proyecciones afecta de por sí
prácticamente todos los rubros de gastos del Ejercicio, así como los recursos
y, en consecuencia, los resultados fiscales.
Pero a ello hay que
agregarle los cambios relevantes que se derivan de las nuevas leyes auspiciadas
por el gobierno Macri y que todavía no están cuantificados.
Ejemplos concretos:
a)
La denominada Ley de Reforma Previsional
cambia las erogaciones del Estado vía rebaja en los aumentos jubilatorios y
gastos sociales conexos a la vez que reduce los ingresos por concepto de
Contribuciones Patronales, siendo que ambos importes no están todavía determinados.
Se estima que los ahorros públicos por menores gastos sociales estarían entre
los 70.000 y los 100.000 M$[2]
(que es la suma que dejarían de percibir los sectores pasivos) mientras que el
costo fiscal de las desgravaciones empresariales (para atenuar parcialmente la
Presión Tributaria de los empleadores) se desconoce. Y todo ello,
paradójicamente, bajo el argumento oficial de la necesidad de equilibrar el Sistema Previsional Argentino.
b)
La llamada Ley de Reforma Impositiva
introduce igualmente una serie de cambios tributarios que afectan gravámenes
importantes que modifican la estructura de los Recursos del Estado (caso Ganancias,
Impuesto al Cheque, Impuestos Internos, IVA y otros), amén que los aumentos de
Precios y Tarifas de Servicios Públicos que paralelamente se están autorizando
conllevan una suba adicional de ingresos oficiales por el alto componente
tributario de las boletas que pagan todos los usuarios.
c)
La aprobación de la nueva Ley de
Responsabilidad Fiscal, en función del acuerdo firmado Nación-Provincias, varía
igualmente y en forma relevante la distribución de los fondos coparticipables
y, consecuentemente, también la composición de ingresos y gastos públicos.
Por ende, no tendría
explicación racional el apuro gubernamental Macri de lograr la aprobación de un
presupuesto irreal de este tipo, como no sea haberlo hecho con la premeditada intención
práctica de proceder a modificarlo discrecionalmente a posteriori, vía Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU sobre un presupuesto recién convalidado por el
Congreso) y/o Decisión Administrativa
del Jefe de Gabinete.
Constituye una grave
transgresión a la lógica, al sentido y a la ética de la Ley de Presupuesto que
se haya dado así - de urgencia y prácticamente a libro cerrado - una
aprobación de este tipo, como cheque en
blanco del Congreso al Poder Ejecutivo porque de esta manera no se conocen
los números legal y efectivamente autorizados.
Por otra parte, desde el
punto de vista técnico-profesional se trata de un comportamiento muy discutible
el de las autoridades ya que subvierte el espíritu y la letra de la normativa
presupuestaria – Ley 11.672 (TO 2014) de Presupuesto, Ley 26.156 de
Administración Financiera del Estado e instrumentos conexos – cuyas
disposiciones suponen que las autorizaciones parlamentarias al Gobierno en esta
materia se confieren siempre en valores absolutos y respaldados por cifras
demostrables, que es la única manera de poder comprobar el quantum de Gastos y
Recursos y, en consecuencia, de los Déficits Fiscales - Primario y Financiero –
que autoriza el Congreso y que se cubren en definitiva con más Deuda Pública.[3]
Los ministros de Hacienda y
Finanzas – lo mismo que el presidente del BCRA – hablan, en cambio, de montos y
porcentajes sobre Producto (PBI) que no
sólo son inentendibles para el ciudadano medio sino que a la vez son
incomprobables para los analistas financiero-fiscales.
Eligen palabras rebuscadas o
figurativas – como re-calibración en
lugar de cambiar, des-Inflación en lugar de mantenimiento del alza de precios, reajuste de fórmulas jubilatorias en
lugar de rebaja de aumentos a los sectores pasivos, corrimiento de las Metas de Inflación para encubrir el efecto de la
caída en los salarios reales, etc. – para enmascarar los fracasos en las
proyecciones oficiales y la falta de resultados que se sigue produciendo
después de dos años de gestión Macri mientras se continúan vendiendo expectativas ante la Opinión Pública.
Es un tema muy grave que no
termina aquí sino que, por el contrario, se acentúa día a día y se instituye
como falsa política comunicacional del Estado.
Es la forma en que los
principios más elementales de Finanzas Públicas caen por tierra víctimas de
administraciones sin verdadera transparencia informativa y en que el manejo de
las cuentas fiscales deviene producto de componendas oscuras entre grupos de
poder económico-financieros (locales y externos), gobiernos de turno,
gobernadores provinciales y partidocracia mayoritaria con representación
parlamentaria para poder seguir sosteniendo a ultranza la política de Gobernar
con Deuda.-
[1] Jefe de Gabinete de Ministros Marcos
Peña, Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Ministro de Finanzas Luis Caputo y
presidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger.
[2] Las abreviaturas
M$, B$ y MD significan Millones de Pesos, Billones de Pesos y Millones de
Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden
darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
[3] Los Intereses a
Pagar por la Deuda Pública de la Administración Central en el 2018 son 406.500
M$ pero está previsto que de esta suma sólo se paguen efectivamente 286.200 M$
porque los 122.600 M$ restantes se capitalizan por anatocismo, es decir, se
transforman en nueva deuda y devengan consecuentemente nuevos y más intereses.
Esto agrava
fuertemente el cuadro del endeudamiento público ya que el año que viene le caen
al Estado Central vencimientos de Capital por 67.400 MD (≡ 2.2 B$) y hasta el
último centavo de esta deuda se cancela con nuevas obligaciones; y además se
toma deuda adicional por 46.600 MD.
Dicho con otras
palabras: que el gobierno tiene vencimientos de Capital o Principal por esos
67.400 MD y va a tomar Deuda por 114.000 MD, por lo que el stock del
endeudamiento previsto aumenta durante el 2018 en los 46.600 MD citados.
El pago de los
Intereses autorizado por el Presupuesto 2018 – que son parte del Gasto
Corriente y que sí se pagan (salvo la parte que se capitaliza) – equivale a
unos 21.100 MD (406.500 M$ / 19.3 $/US$), de los que el gobierno espera abonar
13.400 MD, es decir, casi las 2/3 partes (el 64 %: 13.400 / 21.100 MD).
El Déficit Fiscal
previsto según el Presupuesto aprobado por el Congreso es de 681.800 M$ (≡
35.200 MD), lo que numéricamente significa que el 60 % del Resultado Financiero
del Ejercicio 2018 se explica por la incidencia de los Intereses de la Deuda
del Estado.
El gran aumento
que se viene produciendo en el stock de la Deuda Pública bajo el gobierno Macri
y el más que proporcional aumento de los intereses respectivos son así los
principales factores que determinan hoy el desequilibrio de las cuentas
fiscales.
Y es para cubrir
parte de este agujero fiscal no
reversible – producido por el Sistema de la Deuda Permanente - que la actual administración de Cambiemos
lanza su paquete de leyes bajo la ampulosa denominación de reformas estructurales.
