La Nación, editorial,
30 de enero de 2018
Diversos movimientos sociales y grupos piqueteros
anunciaron el pasado fin de semana que retomarán sus movilizaciones para el mes
próximo y que tanto febrero como marzo venidero serán "movidos".
Reclaman, entre otros puntos, que el 25% de las obras públicas de la provincia
de Buenos Aires y de las compras que hace el Estado estén en manos de
cooperativas. Más allá de la viabilidad o lógica de tal exigencia, está visto
que, antes que el diálogo y la negociación, prefieren la amenaza, el corte y
obstaculizar la vida de los demás, también sujetos de derechos.
Es un tema recurrente que quedó expuesto hace pocas
semanas y de manera muy contundente cuando un grupo de guardavidas frenó el
vehículo en el que se desplazaba la gobernadora Vidal y la increpó de forma
agresiva. "La violencia es la peor manera de vincularnos", dijo la
funcionaria al enfrentarse cara a cara con quienes le impedían circular.
Pocos días antes de ese episodio, hordas de
manifestantes descontrolados habían destrozado todo a su paso en los
alrededores del Congreso, en protesta por el debate parlamentario de la reforma
previsional, aunque quedó demostrado que el objetivo final era impedir esa
discusión, un hecho gravísimo en un sistema democrático. Casi un centenar de
policías resultaron heridos. Hubo 60 detenciones -la mayoría de esas personas,
rápida y llamativamente fueron liberadas- y las autoridades debieron reconstruir
el desastre que dejaron 15 toneladas de piedras usadas como proyectiles contra
la policía, arrancadas de veredas, locales y monumentos históricos.
A tal situación siguieron interpretaciones de algunos
dirigentes políticos y de no pocos estudiosos de la ley que intentaron
justificar ese derecho de protesta aun habiéndose cometido numerosos delitos.
Es lo que claramente el constitucionalista Néstor Sagüés escribió en un
artículo para LA NACION: la evidencia de que se está gestando en nuestro país
desde hace varios lustros una deplorable "libertad de agresión"
equiparada a la "legítima libertad de expresión". Y que, en tal
descabellada hipótesis, "al derecho de agredir se le suma el derecho a la
impunidad", la creencia disparatada de que no se puede ni se debe ser
castigado por desmanes si se realizan en cumplimiento del ejercicio de un
derecho.
"La libertad de expresión -afirma Sagüés con
fundamento- es pervertida cuando se le suma, por un acto de prestidigitación
ideológica y como un ingrediente presuntamente natural de aquella, la libertad
de agresión. Si eso pasa, el derecho se convierte en 'contraderecho': un
derecho intrínsecamente lesivo y dañoso para los demás".
Es indudable la fuerte politización que se viene
verificando en cada una de esas manifestaciones sociales, ya sea por buscar -de
la peor manera- diferenciarse de la gestión de los gobiernos nacional y
bonaerense, como por la infiltración de sectores antidemocráticos que
aprovechan los reclamos para generar el caos con el fin de provocar una ruptura
del orden constitucional.
Hay estadísticas que lo confirman. Según un informe de
la consultora Diagnóstico Político, una de las sorpresas de las mediciones
realizadas en los últimos años es que las fuerzas político-partidarias treparon
del sexto al cuarto lugar entre quienes realizan piquetes, casi duplicando sus
bloqueos en 2017 respecto de 2016. Hubo 675 cortes que las tuvieron como
protagonistas el año último de un total de 5221 piquetes registrados a lo largo
de todo ese período.
En 2017 fue el sexto año consecutivo que el número
total de piquetes en el país superó los 5000, una cifra exorbitante, que tiene
en el tope de sus promotores a trabajadores estatales y organizaciones
sociales.
Al número desproporcionado se suma el carácter
violento que se verifica en el desarrollo de esas marchas. Un temperamento que
viene siendo nefastamente abonado por los violentos de siempre, pero también
por personas que, como el ex ministro de la Corte Suprema e increíblemente
miembro aún de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Raúl
Zaffaroni, desean que este gobierno termine antes de lo previsto para que sus
políticas dejen de dañar a la ciudadanía. Acaso olvida el doctor Zaffaroni que
la vía democrática por excelencia con que cuentan los ciudadanos es el voto.
Quienes transitamos por la ciudad de Buenos Aires
hemos perdido la esperanza de no ser sorprendidos por un piquete a cualquier
hora, en cualquier lugar y por cualquier motivo.
Resulta claro que la comunidad en general demanda
orden y que los piquetes finalmente sean reglamentados, permitiendo su
realización como manifestación pacífica de protesta, pero respetando el derecho
del resto de la sociedad a trabajar, circular y cuidar su salud sin
impedimentos. Ni las ambulancias se salvaron de quedar encerradas en esas
verdaderas trampas de tránsito.
El protocolo antipiquetes, de casi nula aplicación en
la ciudad, y el traspaso de la policía al gobierno porteño dieron lugar a
imputaciones cruzadas entre ese distrito y la Nación respecto de en quién recae
la responsabilidad de restablecer el orden.
La problemática que plantean los piquetes y cortes de
calle no debería transformarse en inacción. El "piqueterismo" es un
fenómeno social creciente que tiene la violencia y la intimidación como nefasto
recurso para presionar a las autoridades y al resto de la sociedad. La
necesidad de plantear soluciones de fondo, que pongan un límite a ese desborde
cotidiano, no admite más dilaciones ni especulaciones sobre el costo político
que pudiera ocasionar a quienes las apliquen.
La amenaza de que febrero y marzo serán caóticos ya ha
sido pronunciada. Los gobiernos y la Justicia deberán actuar en forma
coordinada para prevenir que, una vez más, se produzcan ataques brutales contra
las personas y los bienes, tanto púbicos como privados. Ataques que no son otra
cosa que afrentas a la libertad individual. En definitiva, embates directos
contra la propia democracia.
