ICIMISS, 20 OCTUBRE, 2019
Por Carlos Leyba
Chesterton
decía que si “corto de vista” es un juicio negativo, “largo de vista” debería
ser positivo.
En política económica ser
“largo de vista” es condición necesaria para no errar al viscachazo. No suficiente.
En esto del acuerdo, a la orden del día, ser largo de vista es mirar el pasado
que hemos vivido sin acuerdo y poner el ojo en el futuro para que el Acuerdo no
sea una fotografía sino un mapa.
Hay muchas razones para un
acuerdo entre el Estado y los sectores económicos y sociales o, la producción y
el trabajo.
Hay razones económicas
vinculadas al corto plazo. La economía argentina padece una enfermedad de
difícil tratamiento: la estanflación.
Se arrastra desde hace años
porque ha predominado la tozudez ideológica de políticas económicas de un solo
objetivo que excluyen la práctica del “acuerdo”, que implica reconocer la
necesidad de satisfacer más de un objetivo a la vez.
Parece obvio. Pero no lo es.
Los anteriores agotaron los stocks y los actuales paralizaron la economía.
Ninguno logró contener la inflación ni generar un sendero de crecimiento.
Es que todo lo exógeno tiene
intrínseca fragilidad: un motor inesperado; una espectacular mejora en los
términos del intercambio; una “nueva Pampa húmeda”.
Nuestra economía está
estancada hace décadas y sufre inflación de alta intensidad.
La política económica
keynesiana es garantía para salir del estancamiento si es que el proceso
inflacionario no es dominante. No es nuestro caso. Tenemos capacidad ociosa y,
sin embargo, la inercia del proceso inflacionario, con una exclusiva política
keynesiana, consumiría la mayor parte de las acciones destinadas a promover la
demanda de consumo. El alto nivel de inflación bloquea el keynesianismo que es
recomendado cuando hay excedentes de capacidad.
Por otra parte si la idea
predominante es la política de ajuste destinada a combatir la inflación que
habría sido diagnosticada como hija de un “exceso de demanda”, el resultado
será fatal. La actividad económica seguiría declinando y la inercia
inflacionaria continuaría vigorosamente.
La estanflación, para
superarla, exige de una política de ingresos concertada que contenga el proceso
inflacionario y habilite, al mismo tiempo, la reactivación de la economía real.
En términos teóricos “el
mercado perfecto” habría de lograrlo la concertación que sería el mecanismo
necesario para darle “perfección” a un mercado que probadamente no la tiene. Es
un método no una ideología.
Hay una segunda razón para
procurar un acuerdo. Tenemos un Estado debilitado, sin aliento. Deficitario y
endeudado; con poca capacidad de generar recursos propios y de obtener
financiamiento abundante. La tasa de riesgo país, el calendario de vencimiento
de deudas y el nivel de la presión tributaria, definen un Estado con debilidad
operativa y necesitado de revalidar autoridad.
Una tercera razón es lo que
podemos llamar “desorganización social” que se manifiesta en la continuada
acción directa de las organizaciones sociales que ganan la calle como manera de
exponer, a la opinión pública, la incapacidad del Estado para dar respuesta y
de resolver sus problemas.
Pero también son “acción
directa”, la fuga de capitales, la práctica de los aumentos de precios
preventivos, la evasión tributaria a la vista de todos de una proporción no
menor del comercio de detalle que, seguramente, no es la más voluminosa, pero
es tan evidente que nos remite a la debilidad del Estado limitado a cazar en el
“zoológico”.
Una cuarta es la
“atomización” de la política. ¿Cuál es la identidad, el compromiso, que
convocan los partidos que tratan de sumar electores para acceder al control
constitucional del Estado? Hoy son fracciones de fracciones y en su interior
hay una continuada tendencia a la atomización y a la diversificación de las
preguntas y las respuestas.
La lógica de la política, lo
que la hace socialmente productiva, es que sus miembros se hagan similares
preguntas (las prioridades) y tienen respuestas similares (las herramientas).
Aquí, oficialismo y oposición se preguntan y responden a sí mismos de manera
absolutamente contradictoria.
Por eso el discurso político
se dedica a la aclaración que, en realidad, remite a una manera de obscurecer
lo que ha resultado inconveniente a la opinión pública. Nada de pedagogía.
Finalmente, nos enfrentamos
a los lobby. Los “grupos de poder” no están interpelados por la “mediación
política”. Actúan de manera directa y pesan sobre todos los espacios. En el
campo de sus intereses dominan la opinión y casi siempre la decisión. El poder
de estos grupos económicos “vis a vis” las definiciones vinculadas a sus
intereses particulares es de tal entidad que, a lo largo de estos últimos años,
han erosionado hasta la capacidad estatal y de la Política ya no de realizar
sino de siquiera definir el bien común.
La ausencia programática de
la definición del bien común tiene que ver con el peso “técnico” de los lobby.
Para responder a todas esas
debilidades de realización del bien común (Estado, política) y sortear las
fortalezas vigorosas de los intereses particulares (lobby, acción directa) la
primera acción necesaria es fortalecer al Estado y a toda la política. La
segunda es la tramitación explicita y transparente, en el marco del bien común,
de todos los intereses particulares.
No hay alternativa al
acuerdo multidimensional tanto en sus objetivos, como en sus instrumentos y sus
participantes.
El acuerdo, la concertación,
es una instancia democrática superadora que permite incorporar las voces más
débiles y transparentar las fuerzas más ocultas. El acuerdo es un escenario de
clarificación del diagnóstico y de la ordenación de las prioridades y de los
métodos.
Desde el punto de vista de
los inmediato el problema central es salir de la estanflación y sacar la cabeza
de la guillotina de la deuda externa.
Caminar hacia la estabilización
de precios y poner en marcha la capacidad ociosa, nos va a brindar un piso
firme para empezar a resolver dos desequilibrios fundamentales y urgentes: el
fiscal y el de la deuda externa.
Afortunadamente hay
propuestas. La UIA y el PJ han publicado documentos programáticos. La campaña
de Mauricio Macri lista medidas programáticas que propone a futuro. Alberto
Fernández ha propuesto un programa Contra el Hambre que, sin duda, es el primer
desafío moral que debe enfrentar el país en su conjunto.
Todas estas propuestas
suponen diagnósticos, prioridades e instrumentos que para ser “soluciones”
necesitan ser puestos en marcha con la convicción, por parte de los ejecutores,
que no tropezarán con rechazos significativos en el transcurso de la realización
y que cada una de las medidas responde a un acuerdo de realización con un
amplio horizonte temporal.
En el mismo sentido positivo
que implica la elaboración de propuestas, se encuentra un encaminamiento hacia
la resolución de algunas divisiones sindicales y, repito, la reiterada mención
al “acuerdo” de los principales candidatos.
Es importante tener en
cuenta que los acuerdos de corto plazo, sean por un año o dos, son
insuficientes en un país que ha perdido el rumbo económico. Necesitamos mucho
más: acuerdo de horizonte.
La Argentina, podemos
discutir desde cuándo, extravió un rumbo de crecimiento y ese extravío la sumió
en esta decadencia contagiosa. No nos vamos a poner de acuerdo en desde cuándo;
pero sí en que somos una sociedad en pendiente negativa que tiene que detener
la caída para poder empezar a remontar la cuesta.
¿Cuáles son las cuestas a
remontar para no seguir acumulando fracasos? Muchas. Pero veamos algunas, en
forma desordenada.
Hay una cuesta empinada, la
demográfica y el desbalance territorial del país vacío que concentra las
sociedades más ricas en pedacitos del territorio en cuya periferia se concentra
la mayor pobreza de los niños.
No hay desarrollo posible
sin reordenamiento territorial que es mucho más que la mejora en la
coparticipación tributaria. Se trata de la participación en el crecimiento.
No hay desarrollo sin
participación territorial en el crecimiento. Otra cuesta empinada es la
distribución de la fuerza de trabajo, en blanco, en negro y en planes y en
changas, asignada de hecho en tareas “del tercer sector”. Una Argentina que
produce poco y nada, de bienes transables, lo que nos convierte en un país de
consumidores de bienes que no produce los suficientes y ,en consecuencia, parte
de lo que consume lo debe.
Ese es el otro lado de la
falta de inversión, de la falta de dinámica de la productividad y de una pésima
distribución primaria: el Estado debe transferir cada vez más recursos para que
la sociedad no estalle; y cada vez la tasa de inversión corre por detrás del
crecimiento de la población, drama que la fuga de capitales multiplica.
Los últimos gobiernos se
solazan de multiplicar los pagos de transferencia sin comprender que gobernar,
en este mundo, es crear trabajo.
La fuga identifica otra
cuesta. Parte de la riqueza que aquí se produce, se va por la alcantarilla
financiera. Algunos pagando impuestos, otros evadiéndolos. La riqueza se
escapa. Y torna en un gas tóxico que en algún momento va a estallar.
Para algunos son US$ 300.000
millones: equivaldría a todo lo que el Estado debe.
Las razones del que fuga son
individuales. Las consecuencias de la fuga son colectivas. Pero la razón es
una: somos un Estado sin moneda.
Reconstruir el Estado es
tornarlo capaz de ofrecer los bienes públicos que hoy no ofrece. Esa
reconstrucción que no será completa sin reconstruir la moneda. Esta
reconstrucción, como todas las cuestas que hay que remontar, no es “un solo
objetivo” sino parte de un objetivo múltiple.
La esencia del acuerdo es la
multidimensionalidad de las políticas. No es posible acordar lo necesario sin
una visión compartida de largo plazo de nuestro desarrollo. Esa visión es el
principal bien público que el Estado hace décadas que no provee. Recrear el
órgano de planeamiento del desarrollo (Conada-Inpe), la inteligencia estratégica
del Estado, es la condición necesaria para tener el mapa de las cuestas que hay
que escalar. Sin ellos desbarrancarse será inevitable.
