cambios y desafíos del empleo público en los
últimos ocho años
CIPPEC, Publicado
en julio de 2021
El 3 de julio de
2013 se sancionó la Ley 26.876, por la que cada 27 de junio se celebra el Día
del Trabajador del Estado, fecha que coincide con el aniversario del convenio
151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre relaciones del
trabajo en la administración pública.
¿Qué cambios
experimentó el empleo en la Administración Pública Nacional (APN) desde
entonces?
Si tomamos como
referencia el período temporal de 2013 a 2021 y consideramos el Sector Público
Nacional (SPN) argentino, se observan varias transformaciones. En primer lugar,
la cantidad de personas en el empleo público aumentó a un ritmo
considerablemente más alto que el empleo en el sector privado durante esos 8
años. Como se observa en el primer gráfico, desde 2013 la dinámica del SPN —que
incluye las 24 provincias, 2.700 municipios y gobiernos locales y la APN—
recorre una ruta ascendente con un promedio de variación interanual de 2,6%
entre 2013 y 2020, a diferencia de asalariados y asalariadas del sector
privado, que acumulan una tasa del -0,4%.
En cuanto a las
remuneraciones salariales, según el INDEC entre diciembre de 2019 y el mismo
mes de 2020 los salarios del sector privado registrado crecieron a un ritmo más
vertiginoso que los del sector público, un 34,4% frente a un 26,8%, ambos
valores por debajo del aumento porcentual de inflación para el mismo periodo,
de 36,1%. Esta tendencia presenta continuidad con lo sucedido desde 2016.
Las autoridades
superiores (presidente, vicepresidente, ministros/as, secretarios/as y
subsecretarios/as) durante 2020 presentaron un aumento porcentual salarial
menor, del 4,1%.
En términos
generales y según un trabajo previo de CIPPEC de 2016, el empleo público en
Argentina representaba el 18% de la población económicamente activa (PEA). Sin
embargo, solo el 20% de las dotaciones de empleados/as públicos/as pertenecen a
la órbita del gobierno nacional, otro 25% se encuentra distribuido en los
gobiernos municipales y el 55% restante en las provincias.
En Argentina el
18% del empleo total lo explica el trabajo estatal en sus tres niveles. Un
promedio más alto que América Latina (11,9%) pero menor que el de los países de
la OCDE (21,1%), con por ejemplo Francia y Canadá que superan el 20% y países
nórdicos como Noruega, Suecia y Dinamarca en los que el empleo estatal se
aproxima a representar el 30% de la población económicamente activa.
En el contexto de
la pandemia por el COVID-19, durante 2020 se advierte que, a diferencia del
sector privado, el sector público sostuvo el empleo y ganó 0,8% en promedio
interanual, mientras que el privado se redujo en -4%.
Con relación a las
franjas etarias, en el sector público nacional también es factible advertir un
cambio significativo en los últimos ocho años, tanto en composición como en
distribución. Mientras que jóvenes de 16 a 24 años explicaban el 4% y el 3% de
la APN central y descentralizada respectivamente, en las empresas públicas
representaban el 7% del empleo.
Desde que se
limitaron las contrataciones en el Estado en 2017, esa participación cambió y
concentró el empleo público en las franjas que van de 25 a 59 años. La política
de retiros voluntarios iniciada ese mismo año también explica una reducción de
la población de trabajadoras y
trabajadores de 60 años o más, que se
encogió un 4% en la administración centralizada y un 2% en la
descentralizada y los entes.
Con respecto a la
distribución del empleo público perteneciente a la APN y en las provincias, se
confirma una concentración alta en la Ciudad Autónoma y en la provincia de
Buenos Aires, con el 35 y 26% respectivamente según el ITEP de marzo de este
año.
En cuanto a la
composición geográfica del capital humano de la administración pública nacional
centralizada, el área gubernamental más “federal” del gabinete corresponde al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible por la naturaleza de su jurisdicción, pero otros ministerios que
requieren de una ejecución local de programas y fondos tienen entre 30 y 40% de
sus dotaciones de empleados/as públicos/as descentralizada territorialmente,
como por ejemplo los ministerios de Defensa, Seguridad, y el de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
En cuanto a los
desafíos que trajo aparejados la pandemia del COVID-19 y el impacto del trabajo
remoto en el empleo público, como se observa en encuestas recientes de CIPPEC y
de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, fue dispar: mientras
que las trabajadoras y los trabajadores se movieron a la modalidad remota en
más del 70% de los casos, las y los directivos públicos lo hicieron en menos
del 50% y en modalidades parciales, con asistencia a reuniones y compromisos
presenciales.
La ADP —el
segmento conector que permite instrumentar las decisiones políticas de las
Autoridades Superiores en articulación con trabajadores del Estado— cambió su
composición significativamente. Mientras que en 2014 el 89% de directores
nacionales y generales fue designado de forma transitoria (es decir, sin seguir
los concursos y el plazo de cinco años en el cargo que estos que habilitan), en
2020 el porcentaje sube a un 99% designado bajo esa misma modalidad. En 2014 el
58% de directores nacionales y generales fue designado exceptuando requisitos
de carrera, y durante 2020 el número sube a 78%. Aunque para la ADP este
desafío permanece, la incorporación de 29.000 trabajadoras y trabajadores del
Estado a planta permanente a través del Concursar 2.0 constituyó un paso
auspicioso para regularizar las modalidades de contratación, además de
jerarquizar, valorar y profesionalizar el rol de estos empleos en el Estado.
