domingo, 3 de octubre de 2021

EL SALARIO BÁSICO UNIVERSAL

 ES POSIBLE Y URGENTE


 Itai  Hagman

Economista. Diputado nacional


Infobae, 3-10-21

 

La derrota electoral del Gobierno en las PASO abrió el debate acerca de la orientación económica del Frente de Todos en el contexto de la profunda crisis provocada por la pandemia que se montó sobre la crisis que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Es fundamental poner cabeza y recursos en todos los sectores de la sociedad que vieron su calidad de vida profundamente deteriorada en este tiempo. Así aparecieron algunas propuestas de implementar un sistema de transferencias de ingresos directa a la población.

 Desde la CEPAL se propone la instauración de transferencias de ingreso de carácter permanente con cierto grado de focalización en la población de ingresos medios y bajos con riesgo sistemático de caer bajo la línea de pobreza; la OIT propone la construcción de un Piso de Protección Social universal, aportando una mirada integrada de los sistemas de protección social y el mundo del trabajo; y hasta en un informe publicado en 2020 el FMI destaca la importancia de las prestaciones por desempleo y redes de protección social en el contexto de pandemia, incorporando la perspectiva de un ingreso mínimo garantizado, selectivo y condicional, como protección permanente. En esta línea, la iniciativa más recientemente implementada en la práctica es el Ingreso Mínimo Vital en España, que garantiza un piso de ingreso para la población más vulnerable.

 

En los países latinoamericanos la heterogeneidad estructural característica de las economías subdesarrolladas implica formas de inserción laboral extremadamente precarias para grandes porciones de la población activa, lo que se refleja en la magnitud y relativa estabilidad del universo de lo que sea han denominado trabajadores de la “Economía Popular” y deriva en la debilidad de los sistemas de seguridad social puramente contributivos para lograr una cobertura universal.

 

En líneas generales, la seguridad social vinculada a la inseguridad de ingresos en la Argentina se concentra en las franjas etarias pasivas -la niñez y la adultez- combinando prestaciones contributivas y no contributivas. Estos subsistemas -asignaciones familiares y previsión social - siguieron una tendencia universalizante luego de la crisis de la convertibilidad durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que implicó grandes transformaciones en materia de ampliación de derechos e impacto fiscal. Sin embargo, las prestaciones que involucran transferencias de ingresos en edades activas continúan siendo restringidas y concentradas mayormente en programas de empleo con contraprestación laboral.

 

En este marco, la propuesta de un Salario Básico Universal (SBU) implica considerar que el mercado laboral no sea la única fuente de valorización de la productividad económica y social de las actividades humanas ni que sea el único mecanismo de distribución del ingreso en una sociedad.

 

En concreto, el SBU consiste en una transferencia de ingreso individual equivalente a un tercio del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) o al costo de la Canasta Básica Alimentaria (que determina la “línea de indigencia”) destinada a la población de entre 18 y 64 años. Para su implementación, se busca definir una población objetivo que excluya a la porción que ya cuenta con ingresos fijos, lo que puede identificarse, en parte, a través de los ingresos laborales de los trabajadores registrados. En cambio, en el caso de trabajadores no registrados, ya sean cuentapropistas no monotributistas ni inscriptos en el régimen de autónomos o asalariados informales, el nivel de ingreso no es directamente relevable, lo que equipara su situación a la de la población desocupada e inactiva. Por ende, además de los registros del SIPA y de los regímenes tributarios de autónomos y monotributo, debería acudirse a fuente complementarias indicativas de la situación socioeconómica de los potenciales titulares de derecho, como datos patrimoniales y de consumo.

 

Sobre la base de estas consideraciones, la población destinataria del SBU abarcaría a la población mal llamada “inactiva”, desocupada u ocupada sin empleo registrado en relación de dependencia, contemplando a su vez una prestación reducida (50% del SBU) para monotributistas de la categoría A y asalariados registrados con ingresos iguales o inferiores a los equivalentes a dicha categoría, a fin de establecer un puente que evite posibles desincentivos a la formalización laboral.

 

Ahora bien, cualquier política que implique incrementar el gasto público enfrenta un desafío relevante: el límite a la política fiscal. Veamos entonces los números en concreto: tomando como referencia el otorgamiento de 9 millones de prestaciones mensuales - similar al universo alcanzado por el IFE-, se estima un costo fiscal bruto de 2,4% del PIB. Sin embargo, debe considerarse que si se resta el gasto actualmente afrontado por programas que serían total o parcialmente absorbidos por el SBU (Tarjeta Alimentar, entre otros) se obtiene el costo fiscal neto de 1,5% del PIB. Luego, si al costo fiscal neto se le descuenta el retorno fiscal generado por el propio SBU (mayor recaudación por inyección de demanda), se obtiene un costo fiscal anual a financiar de 1,0% del PIB. Este monto equivale aproximadamente a un tercio del monto destinado a subsidios de tarifas de energía y transporte, por lo que una eventual segmentación de dicho gasto que busque aumentar su progresividad, podría ser redireccionado a un SBU, de forma de evitar, o al menos morigerar, el aumento del déficit fiscal.

 

Por último, resulta relevante resaltar que una política como el SBU no contradice ni obstaculiza los programas de empleo. Por el contrario, estas son complementarias. En este sentido, no existe una incompatibilidad conceptual o práctica entre esta idea y la del Estado como empleador de última instancia, más allá de las restricciones fiscales anteriormente mencionadas.

 

En suma, se trata de integrar en un sistema coherente y más eficiente políticas de seguridad social y transferencias de ingreso hoy dispersas, asistemáticas y, en ocasiones, superpuestas. Asimismo, es recomendable que cualquier política de transferencia de ingreso sea complementada con programas de empleo de amplio alcance que garanticen condiciones de trabajo dignas, con retribuciones más elevadas asociadas a contraprestaciones laborales concretas y verificables.

 

El SBU es posible, y no es una utopía o un debate de los países europeos como muchos diagnostican, y podría permitir algo tan básico e importante como el fin de la indigencia en nuestro país. En un contexto de tanta desesperanza el Salario Básico Universal es una salida hacia el futuro, comprendiendo las dificultades y desigualdades del mercado laboral y acompañando a muchísimos argentinos a salir de la crisis.