de abolicionismo
penal en la República Argentina
Por Marcelo Romero
Publicada en
Infobae el 10 de noviembre de 2021
El homicidio -la
ejecución- del kiosquero de Ramos Mejía, Roberto Sabo, nos conmovió a todos.
Era preocupante la
naturalización de las muertes violentas que se venía observando en los últimos
tiempos. Sin embargo, la sociedad argentina -muchas veces indiferente o banal-
explotó. Hubo una explosión de bronca, de impotencia, de dolor, de reclamos.
Hubo una
manifestación espontánea, con ribetes dramáticos. Ver y escuchar a una familia
quebrada en mil pedazos, movilizó los sentimientos de todos, aun de los más
duros. Hubo gritos e insultos, sí. Pero también hubo lágrimas silenciosas.
Profundas. Viscerales.
Los funcionarios,
en pleno hervidero electoral, sorprendidos, intentaron ¨pasar la pelota y no
quedar en offside¨. El más osado fue el Ministro de Seguridad de la provincia
de Buenos Aires, Sergio Berni. Para él, el salvaje homicidio ¨no se trató de
una cuestión policial¨, para inmediatamente recargar las responsabilidades en
el Poder Judicial y su ¨puerta giratoria¨.
Existen varios
argumentos para rebatir a Berni su insólita defensa, algunos de raigambre
constitucional. Cuál de los tres poderes del Estado sanciona las leyes, por
ejemplo. Sin embargo, aprovecharé su “pase de pelota”, para recibirla y hacerla
rodar un poco en el propio campo.
Desde hace 35 años
se viene insuflando en las facultades de Derecho, en los institutos de
postgrado, en conferencias, cursos y jornadas, y hasta en los Consejos de la
Magistratura, la pseudo-doctrina hija del marxismo cultural, edulcorada con
pizcas de Foucault, que postula -entre otros disparates- que el criminal es
“obligado” a delinquir por ser una víctima del sistema capitalista que lo
excluyó, quitándole oportunidades…
O que la
reincidencia y la peligrosidad son categorías estigmatizantes del Derecho Penal
del Enemigo.
En los albores de
la restauración democrática, los abolicionistas locales (jóvenes abogados y
estudiantes de Derecho con veleidades parisinas, creídos continuadores de la
estudiantina francesa de 1968), en los bares y cafés universitarios y en los
incipientes “grupos de lectura”, extrapolaron ideas y posturas de la Europa
Continental de posguerra, equiparando los sistemas penales totalitarios del
Viejo Continente con los existentes en estas latitudes. La progresía académica
quedó maravillada con ese revoltijo.
Ninguno de
aquellos “iluminados” se atrevió a hablar de ABOLICIONISMO. Amparados en la
obra del italiano Luigi Ferrajoli, “Derecho y Razón: Teoría del Garantismo
Penal”, se autoadjudicaron el mote de “garantistas”.
Desde entonces
siguen intentando modificar el lenguaje jurídico-penal. A partir de aquellos
inquietos años post dictadura, el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice
“sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”.
Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice
“organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso
represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios,
patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo
deslegitimado”. Y así.
Pero el término
“garantismo” o, mejor dicho, su malintencionada utilización, fue lo más dañino.
Se creó en la conciencia
colectiva que el cumplimiento de las garantías constitucionales, es decir, el
respeto irrestricto a los postulados de la Carta Magna, era equivalente a crear
un sistema punitivo laxo, irritantemente laxo. Los abolicionistas se camuflaron
de garantistas y crearon una confusión semántica que llega hasta nuestros días.
“¡Fuera, jueces
garantistas!”, vociferan algunos ante resoluciones judiciales contrarias al
sentido común. En paralelo, desde las cátedras de Derecho Penal, de Derecho
Procesal Penal, de Criminología, etc., los nuevos gurús baten el parche de la
“derecha fascista” que quiere colonizar el “aparato represivo”, sin respeto
alguno por las garantías fundamentales.
El alumnado,
compra, Se enfervoriza. El discurso romántico y rebelde contra la autoridad, el
poder y las “agencias policiales”, fanatiza a la mayoría. Es una tarea lenta,
pero constante.
Aquellos jóvenes
alumnos hoy son -muchos de ellos- magistrados judiciales agnósticos de la pena.
Sienten pena al aplicar las penas. Son abolicionistas. No creen en el Derecho
Penal que juraron defender el día de su toma de posesión en el cargo.
El perjuicio es
inconmensurable. Se dañó el juicio crítico de una generación de abogados. Se
anuló la mesura, la prudencia, el equilibrio.
El criminal ya no
es tal. Ahora es un individuo en conflicto. La amenaza de pena, no sirve. La
cárcel, tampoco.
La banalización de
la ilegalidad. La apología de lo prohibido.
El Derecho Penal
Argentino está gravemente herido.
Lloran desde el
más allá Soler, Nuñez, Fontán Balestra, Peco y tantos otros maestros que
supimos disfrutar al leerlos.
