Por Eduardo
Ingaramo
Hoy Día Córdoba,
20 de abril de 2022
Los acuerdos
sociales han sido una herramienta muy usada por los gobiernos populares,
procurando resolver las tensiones distributivas en las que no se encuentran
caminos fáciles. Su resultado ha sido y es muy cuestionado por su ineficacia,
aunque también porque de esa puja nadie saldrá completamente conforme. En estos
días han vuelto y podemos preguntarnos ¿Cómo puede ser distinto que en acuerdos
anteriores?
La puja
distributiva es en Argentina una de las grandes causas de aumentos
inflacionarios, y por esa vía produce el empobrecimiento de la población con
ingresos fijos –trabajadores en relación de dependencia y jubilados- y
vulnerables, en beneficio de quienes poseen riqueza que producen beneficios y
rentas.
Los acuerdos
sociales históricos, reúnen a empresarios –generalmente grandes-, trabajadores
sindicalizados y el Estado. Pero es habitual que no incluyan a trabajadores
independientes, de la economía popular, jubilados, PyMEs y mucho menos
consumidores.
Así, los acuerdos
anteriores carecen de la representatividad necesaria no solo de vastos sectores
económicos, sino que en muchos casos incluyen solo parcialmente a trabajadores
sindicalizados y empresarios, y el resto se supone que son representados por el
Estado, por lo que no pueden abrigarse muchas esperanzas respecto su
efectividad.
Un factor común
entre los habitualmente excluidos –trabajadores independientes, de la economía
popular, jubilados, PyMEs y consumidores- es su pertenencia a un territorio,
por lo que esa dimensión espacial tan diversa está ausente de los debates y por
tanto las realidades locales que son las que se perciben desde la ciudadanía,
son ignoradas en esos acuerdos súper estructurales que se refieren a la muy
parcial percepción de los funcionarios que dicen representarlos.
La representación
excluyente del Estado, sindicatos nacionales y grandes empresas, implica que
las múltiples visiones y soluciones implementadas en los ámbitos locales,
especialmente del interior del interior, donde las políticas públicas llegan
poco, mal o nunca, no sean consideradas en su importancia cualitativa y se cae
en la falsa dicotomía entre soluciones estatales o privadas de esos sectores
dominantes.
Es que, en las
comunidades locales, a la falta de políticas públicas nacionales y muchas veces
provinciales efectivas, se reacciona desde las organizaciones sociales y PyMEs
promoviendo iniciativas que tienden a responder a los objetivos de equilibrio
que se pretenden atender desde aquellos pomposos acuerdos nacionales, en donde
no están representadas.
Por ejemplo, en
estos tiempos, son muchas las iniciativas que tienden a disminuir los costos
logísticos y de intermediación en productos de consumo masivo que llegan tras
muchas intermediaciones y traslados a precios mucho mayores que en las grandes
ciudades.
Allí, en las
grandes ciudades, se desconoce esta potencialidad de las cooperativas, mutuales
–claramente usuarios organizados- y empresas locales que unidas pueden romper
en su ámbito, el uso abusivo de posiciones dominantes de grandes empresas
productoras y distribuidoras.
Ni hablar cuando
se integra producción local –por ejemplo, de verduras cultivadas en zonas
periurbanas- que aumentan la empleabilidad de trabajadores locales, acortan aún
más las cadenas de distribución desde los mercados concentradores de las
grandes ciudades y se apropian localmente de los beneficios que de otra forma
se pierden.
Ello repite la
historia en servicios públicos, en las que las comunidades se organizaron hace
décadas para prestarse los servicios ante la ausencia del Estado y el
desinterés de las empresas lucrativas.
Volviendo al
inicio, se puede entender fácilmente el interés político en atender las grandes
poblaciones –donde hay muchos votos-, la indolencia de los funcionarios -que
buscan facilitar su tarea de coordinación de pocos interlocutores- y la
búsqueda de visibilidad mediática de sus acciones que los llevan a reforzar los
mecanismos de concentración.
Lo que no se puede
justificar, es que aún hoy se niegue a mutuales el acceso a créditos PyMEs con
tasa subsidiada, en una exclusión explícita que repite las persecuciones y
eliminación de las Cajas de Crédito y Bancos Cooperativos de los peores años
del neoliberalismo, mientras se habilita a plataformas fintech –por ejemplo
Ualá- para canalizar esos créditos subsidiados a las PyMEs habilitadas, con lo
que se está condenando a las mutuales a competir con desventaja.
Es hora de que los
políticos nacionales y los funcionarios dejen de promover la concentración, que
condenan en su relato y convoquen a los sectores excluidos de los “acuerdos
sociales” tripartitos, promuevan su desarrollo y dejen de perseguirlos, lo que
seguramente contribuirá a su eficacia en el logro de los objetivos que
anuncian.
