que el Gobierno le entregó al Movimiento Evita
23.000 hectáreas de tierras privadas y provinciales
Andrés Klipphan
Infobae, 28 de
Abril de 2022
El gobernador de
Jujuy, Gerardo Morales, denunció que el gobierno Nacional, a través del
secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, entre
otros funcionarios, entregó “de manera irregular y grosera 23.000 hectáreas de
tierras privadas y del Estado provincial al Movimiento Evita”, una de las
organizaciones sociales alineadas con la Casa Rosada. La presentación judicial
será realizada mañana por el Fiscal de Estado de esa provincia, Mariano
Miranda.
Además de ser
funcionario nacional, Gómez es dirigente del Frente Agrario del Movimiento
Evita. Los principales referentes de esa organización son también dos
integrantes del gobierno de Alberto Fernández: Emilio Pérsico, Secretario de
Economía Social, organismo que depende del ministerio de Desarrollo Social; y
Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias,
Institucionales y con la Sociedad Civil, que depende de la Jefatura de
Gabinete.
“Se repartieron
23.000 hectáreas a 65 militantes. A algunos les dieron 1200 o 1500 hectáreas de
una Reserva Provincial o de tierras privadas”, resumió Morales en declaraciones
a Infobae.
En diálogo con
este medio, Miranda precisó que las carpetas con la “constancia de
reconocimiento de posición tradicional” se realizó el 19 de abril pasado. Que
los beneficiarios son 63 familias, la mayoría de las cuales “ya tienen procesos
judiciales abiertos por usurpación y pedidos de desalojo o son arrendatarios de
los propietarios de las tierras”.
En el acto en el
cual se entregó la documentación, además de los funcionarios, estuvo presente
José Surita, referente del Movimiento Evita de Jujuy.
“El compañero
Miguel Gómez hizo entrega de 63 carpetas donde se reconoce y se releva esas
tierras para que los campesinos y ganaderos no sufran el desalojo al que nos
tienen acostumbrados algunos terratenientes o amigos del poder político de
turno en donde los despojan de las tierras”, celebró el referente del Evita y
explicó que esas carpetas podrán ser presentadas en los juzgados en dónde están
radicadas las denuncias por toma de tierras que realizaron la provincia o los
legítimos dueños.
“Las carpetas
tienen una cartografía que delimita la posesión de las tierras (entre 5 y 1.700
hectáreas) para que ahora al productor rural no se las pueda sacar nadie”,
disparó el referente social.
Morales, a través
de la fiscalía de Estado, denuncia, por los presuntos delitos de “usurpación de
autoridad receptado en el artículo 246 inc. 3 del Código Penal y de Abuso de
autoridad”, a los tres funcionarios que firmaron o participaron. Se trata del
secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que depende del
ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; a María José Castillo, Directora
de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, organismo que depende del mismo
ministerio; y Cecilia Iriarte, Intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la
Administración de Parques Nacionales.
Esta última fue
denunciada porque dispuso, sin tener facultades para hacerlo, la entrega de
unas 600 hectáreas “de dominio del estado provincial a la familia
Alvarado-Armenta”. Estas tierras, describe el texto de la denuncia judicial a
la que accedió Infobae , forma parte de la “reserva natural Las Lancitas”.
“En este caso
-dice el escrito- se observa nuevamente un nivel de irresponsabilidad con el
que se ha procedido a efectuar la documentación en cuestión. La más patente irregularidad
deriva, por supuesto, de que tal reconocimiento de la posesión en cuestión se
efectúa sobre territorios de dominio público provincial, no habiéndose, en
momento alguno, efectuado consulta o requerimiento alguno a autoridad
administrativa o judicial de la provincia”.
Según pudo
constatar este medio, tal como aseguró el Fiscal de Estado, la mayoría de las
personas a las que se les entrego las carpetas con las constancias de
reconocimiento de posición tradicional de tierras, tienen litigios judiciales,
muchos de ellos ya con fallos en contra, por reclamar parcelas de tierras de
las cuales no pudieron acreditar su propiedad. Es más, en algunos casos, solo
pudieron constatar que son arrendatarios de campos registrados a nombres de
otras personas o sociedades.
Entre ellos
figura, por ejemplo, Normando Mamani. Según la denuncia del gobernador Morales
y la Fiscalía de Estado, a Mamani “los funcionarios nacionales lo reconocieron
ilegalmente como poseedor de más de 70 años en el Paraje Santa Fe por 600
hectáreas y, sin embargo, su demanda de acción prescriptiva de dominio había
resultado rechazada por la Sala IV Civil y Comercial de la Provincia, en 12 de
diciembre de 2008″.
En el marco de ese
expediente, el " A 06012/99 Ordinario por Prescripción adquisitiva de
dominio, los magistrados intervinientes consideraron que, pese a que los
actores manifestaron que su posesión databa, en ese momento, de 47 años, ‘no
hay pruebas que corroboren tales dichos, pues no produjo otros medios
probatorios que lo acrediten, ni hay elementos que permitan suponer que esa
ocupación arrancó varios años atrás’”.
En ese caso, como
en otros, como el de la familia Páez, también beneficiada con certificados por
más de 500 hectáreas, el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de
la Economía Popular (CTEP), que junto al Evita y otras agrupaciones que
integran el Frente de Todos, integran la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular (UTEP), marcharon ante los tribunales para apoyar a los denunciados por
la usurpación de las tierras.
En ese caso, según
el expediente judicial, las tierras son propiedad de la empresa “El Mistol”,
entre otros accionistas.
En esa
movilización, realizada en 2018, el Movimiento Evita y la CTEP aseguraban con
“con este juicio buscan desalojar a las familias campesinas para desmontar
12.000 hectáreas y sembrar soja. Por eso lo que está en juego es la soberanía
alimentaria de los pueblos”. El fallo resultó favorable a los demandantes y hay
una orden de desalojo que hasta ahora no se cumplió.
La denuncia
Según la denuncia
penal que mañana aterrizará en los tribunales federales de Jujuy, los tres
funcionarios acusados, “arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en
abuso de sus competencias legales, procedieron a emitir instrumentos de
reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien
pertenece al domino público provincial o bien son de titulares privados”.
El escrito también
asegura: “La manifiesta ilegalidad de tales acciones emana de la sola lectura
del propio contenido de la documentación emitida por los funcionarios
nacionales en cuestión”. Y precisa: “En ellos se consignan, sin aportar ningún
tipo de información que obre de respaldo u oficie de sustento empírico, un
listado de supuestos ‘poseedores tradicionales’ y que “pese a estos evidentes
vicios de fundamentación, en tal documentación se afirma tanto la antigüedad de
los alegados actos posesorios, las superficies involucradas, así como los
destinos a los que estarían aplicados los inmuebles y su ubicación”, que no
fueron sustentados con documentación sino que se basan en “meras declaraciones
verbales de quienes se afirman propietarios y resultan, fundamentalmente
mediante esas solas manifestaciones, reconocidos como ‘poseedores
tradicionales’”.
En diálogo con
Infobae, el Fiscal de Estado de Jujuy destacó que con la entrega de esos
certificados, “los ‘beneficiarios’ de estos actos al ulterior inicio o la
continuación de reclamos de titularidad ante la justicia, ahora podrán
respaldarlos por estos actos ilegalmente emitidos en representación del
gobierno nacional”.
Mariano Miranda
también puntualizó: “Los actos en cuestión, fueron concretados sin dar ningún
tipo de intervención a alguna autoridad judicial competente ni a las
dependencias provinciales correspondientes y con atribuciones legales y
constitucionales específicas a esos efectos”.
“Peor aún, en
ningún caso, la documentación producida por los funcionarios denunciados
incorpora algún tipo dato o referencia que permita identificar a los titulares registrales
de las tierras ni se provee información sobre la precedencia de conflictos o
reclamos en sede judicial o administrativa”, apuntó.
El Fiscal de
Estado recuerda también que las 23.000 hectáreas entregadas a través de
funcionarios vinculados al Movimiento Evita, como lo es el secretario de
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, “continúan siendo objeto de
procesos litigiosos, de juicios de desalojo, así como de denuncias por
usurpación, entre otras”.
Por su parte, la
denuncia judicial afirma que la entrega de esas tierras por parte de
funcionarios nacionales es de “grosera ilegalidad”.
