POR HORACIO
VERBITSKY
El Cohete a la
Luna, ABR 10, 2022
Luego de las
elecciones primarias del año pasado, el vencedor en la interna cambiante de
Córdoba, Luis Juez, se reunió en la Bolsa de Comercio con un grupo de
empresarios y profesionales interesados en la posibilidad de despedir
trabajadores sin pagar indemnización. Le preguntaron qué proyectos impulsaría
desde el Senado.
—Miren muchachos.
Les voy a ser absolutamente sincero. Nosotros no vamos a proponer nada. Lo que
vamos a hacer es no dejarlos gobernar. Rechazarles todo lo que propongan—
respondió Juez.
La frase refleja
una decisión política de la coalición cambiante, empecinada igual que sus
mandantes económicos en convertir el año que resta para la apertura del proceso
electoral en un vía crucis para el Presidente Alberto Fernández y su gobierno.
Eso es lo que la oposición ya hizo en 2010, con la mayoría obtenida en las
elecciones legislativas del año anterior.
La única excepción
a esta línea fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso se
explica por el vínculo estrecho que mantienen con el organismo, por la
conveniencia de equiparar a Fernández con Maurizio Macrì y por los
cuestionamientos de la Vicepresidenta y del diputado Máximo Kirchner. Contra
ellos, a cualquier lado.
Pero en el resto,
tanto las representaciones UceReistas como Cívico Libertadoras y Procaces se
atienen al axioma Juez, lo cual se agrava por la paridad de fuerzas en ambas
cámaras del Congreso, donde nadie tiene la mayoría. Esto, que vale tanto para
las cuestiones institucionales como económicas y sociales, requiere decisiones
extraordinarias por parte del gobierno nacional y de las fuerzas políticas y
sociales que lo llevaron allí, porque la oposición le negará el agua y la sal.
La asamblea
realizada ayer en Rosario de
funcionarios nacionales cuyo denominador común es la ausencia o escasez de
inserción territorial, sugiere que desde el gobierno no lo comprenden y
prefieren atribuir sus dificultades a los cuestionamientos internos, de cuyo
contenido tampoco dan cuenta. Uno de los expositores instó a recuperar la
alegría de las peleas que el gobierno no da. Otra usó la metáfora de Milton
Friedman sobre el dinero lanzado desde un helicóptero. Y una tercera, autora de
un libro dedicado a denigrar a una compañera, consideró imperdonable mostrarle
alguna división al pueblo. Todo depende de quién y cuándo.
El Consejo
El jueves, el
Senado dio media sanción al proyecto de ley que modifica la composición del
Consejo de la Magistratura, pero no es obvio que la Cámara de Diputados vaya a
confirmarla. Los cambiantes insisten en que votarán en contra y no abundan los
posibles aliados, pese al desmarque de la consejera-diputada Graciela Camaño
respecto de Roberto Lavagna. Mientras el ex ministro sostuvo que el presidente
de la Corte debe encabezar también el Consejo, la legisladora coincide con el
atajo oficial: el artículo 114 de la Constitución dice que lo integrarán
representantes “de los jueces de todas las instancias”, lo cual incluye a la
Corte, pero no que deba presidirlo, con lo cual tendría doble voto en caso de
empate.
El propio
presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, dijo que le
parecía difícil que esta semana la ley pudiera aprobarse. Si el axioma de
Juez prevalece y ninguna cámara logra imponer su criterio, recobraría vigencia
una ley derogada hace 15 años, por la insólita decisión que adoptó la Corte
Suprema el 16 de diciembre. El trasfondo de ese fallo es la sorda disputa
que la Corte mantiene por la administración de los recursos del Poder Judicial,
desde que la Constitución se la atribuyó al Consejo, hace 28 años.
La bolsa y la vara
Nadie fue más
claro en el debate que el senador salteño Juan Carlos Romero, quien cuestionó
lisa y llanamente la cláusula constitucional que atribuye al Consejo no sólo la
selección de los magistrados y la apertura del proceso de remoción, sino
también la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto de la
administración de justicia, y las facultades disciplinarias sobre magistrados.
A su juicio, esa gaffe constitucional puede corregirse con la ley, poniendo en
manos de la Corte la bolsa del presupuesto y la vara del castigo, base de un
poder corporativo tan espurio como antidemocrático.
Desde que la
Constitución creó el Consejo, en 1994, y la primera ley dispuso su conformación
en 1997, la Corte Suprema se resistió a ceder ambas prerrogativas. En eso
coincidieron presidentes tan distintos como Julio Salvador Nazareno, Ricardo
Lorenzetti y Horacio Rosatti. El agravante para Rosatti es que firmó el fallo
por el cual se beneficiaría con la presidencia del Consejo, ostensible
conflicto de intereses del que hace caso omiso.
El proyecto que
aprobó el jueves el Senado insiste, como la reforma de 2013, que los representantes de los cuerpos de elección
popular en el Consejo no deben ser necesariamente abogados, y esta es otra
faceta del conflicto de poderes con la Corte. La Cámara Federal en lo
Contencioso Administrativo declaró inconstitucional aquella cláusula, lo cual
forzó en 2017 la renuncia al Consejo del senador sanjuanino Ruperto Godoy,
quien no es abogado. Los senadores peronistas eligieron para reemplazarlo a
Mario Pais, pero Lorenzetti demoró su juramento las horas necesarias para que,
con una mayoría obtenida mediante ese artificio, el Consejo suspendiera ese
mismo día al camarista Eduardo Freiler, quien no ha cesado de reclamar su
reincorporación.
Pese a descartar
la ley vigente como infiel a la Constitución, la Corte dispuso que siguiera en
vigencia por otros 120 días corridos, que vencen esta semana. Ya fuera de toda
razonabilidad constitucional convocó a sesiones extraordinarias al Congreso y lo
intimó a sancionar una nueva ley. Los actos que el Consejo dicte a partir del
día 121, que es el próximo sábado, serán nulos, dijo la Corte.
Con este fallo
desatinado, el tribunal que hoy conducen el ex intendente de Santa Fe, Horacio
Rosatti, y el abogado de Clarín y La Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz,
quienes votaron por sí mismos como presidente y vice, se aventura en
profundidad por la senda de la acción política, abierta durante la gestión del
Ihering de Rafaela. Este aporte judicial a la ofensiva de acoso y derribo
contra el gobierno, al mismo tiempo que la oposición rechazaba en el Congreso
el Presupuesto 2022, es inestimable.
En 2014, la Corte
rechazó una solicitud de inconstitucionalidad de la misma ley. La diferencia es
que aquella la presentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y
ésta el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que agrupa a los
mayores estudios porteños, cuyos clientes son las grandes empresas locales y,
sobre todo, transnacionales. Es decir, la rama jurídica de la AmCham.
Que el máximo
tribunal diga blanco un día y negro otro, respecto de la vigencia de la misma
ley, es una originalidad argentina que en otros lados no se consigue.
Quienes
argumentaron acerca de la importancia para la democracia de que el tribunal se
atenga a sus precedentes para robustecer la confianza pública en las
instituciones fueron precisamente Rosatti, en su página de Internet, y
Rosenkrantz, en la causa Schiffrin. Ambos tienen los codos lustrosos de tanto
borrar lo que escribieron antes.
Igualdad o
equilibrio
Como explicación
de este cambio de jurisprudencia sobre la misma ley, la Corte afirma que en el
recurso del Colegio Público, se pretendía una “representación igualitaria” de
los diferentes estamentos contemplados en la Constitución, mientras que los
abogados de la City reclaman por la supuesta “ausencia de equilibrio”. La Corte
tuvo seis años para pronunciarse de oficio y ni siquiera se siente obligada a
explicar por qué eligió firmarlo recién en diciembre último. El corazón de la
política tiene razones que la razón del derecho no comprende.
El equilibrio,
dice el fallo de diciembre, consiste en la imposibilidad de que alguno de los
cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al
Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos.
Tanto el
Ministerio de Justicia cuando la Procuración General alegaron en la causa que
el equilibrio constitucional no se vulneraba, ya que los representantes de los
órganos políticos “obedecerían a distintas afiliaciones partidarias e
inclinaciones políticas”. Para la Corte “es la mera posibilidad de que se
verifiquen acciones hegemónicas entre los estamentos la que rompe el equilibrio
constitucional”. Es decir, no importa la realidad, sino una hipotética colusión
entre adversarios políticos, que no se produjo ni una vez en 15 años.
Un Lorenzetti
auténtico
En su disidencia
parcial, Lorenzetti coincide en declarar la inconstitucionalidad por falta de
equilibrio, pero rechaza que recobre vigencia la ley anterior, derogada hace 16
años, porque “implica arrogarse funciones legislativas, algo absolutamente
incompatible con la función judicial”. Claro que, en la década pasada, al
declarar inconstitucionales las leyes de democratización de la justicia,
Lorenzetti usó el argumento de “evitar el caos institucional o la eventual
paralización de la administración de justicia”, para decretar la vigencia del
“régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y
26.080”. De este modo, la Corte asume el rol que en el derecho continental
europeo tiene el Tribunal Constitucional y que en el ordenamiento argentino no
existe.
El voto de
Lorenzetti es risible también en otro aspecto: sostiene que numerosos
integrantes de “los colegios de abogados”, así, en general, sin precisiones,
defendieron los derechos humanos con “coraje y patriotismo” en tiempos del
terrorismo de Estado. Sin duda, hubo abogados que se destacaron en esa materia.
Pero extender esa idea al Colegio de la City de Buenos Aires es una broma de
mal gusto. En 1976, esa entidad sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la
República. En 1981, cuando Videla dejó el gobierno, destacó “la independencia
con que han actuado los jueces” y sobre los juicios por Crímenes de Lesa
Humanidad considera que son una “persecución política” basada “en la venganza”.
La Corte también
dijo que todos los nuevos consejeros deben asumir al mismo tiempo. ¿Qué
ocurriría si el Senado presidido por CFK, y la Cámara de Diputados que conduce
Sergio Massa, no designaran antes de noviembre a los nuevos representantes de
cada cámara en el Consejo de 20 miembros, un diputado ucerreista y un senador
procaz? El tema volvería así al pantano
judicial. Dada la extravagancia a la que se lanzaron los cuatro jueces de la
Corte Suprema, todo es posible.
El fondo para el
Fondo
La oposición
cambiante también se niega a votar la constitución de un fondo para pagar la
deuda al FMI, con parte de los dólares fugados del país, que se estiman en un
80% del PIB de un año, alrededor de 400.000 millones de dólares. En las
audiencias que comenzaron la semana pasada en las comisiones del Senado, el
evolucionado senador radical Martín Lousteau insistió en llamar blanqueo Daniel
Muñoz al proyecto de ley del FdT, e intentó caracterizar como fuga el depósito
en el exterior de los fondos que Santa Cruz cobró por regalías atrasadas cuando
se privatizó YPF, y la compra de dólares que CFK depositó en una caja de
seguridad durante el gobierno de Macrì. En ambos casos se trataba de fondos
declarados ante la AFIP, lo cual los diferencia del dinero objeto del proyecto
de ley, que se refiere a recursos que evadieron las obligaciones con el fisco. Horacio
Rovelli ejemplificó con el caso de Arcor (una de las empresas que junto con el
Grupo Clarín y Techint conducen la Asociación Empresarial AEA, el principal
grupo de presión patronal). Rovelli dijo que Arcor no declaró en sus balances
ganancias que justificaran la cantidad de dólares que adquirió en el Mercado
oficial de cambios.
Evasión y fuga
Fuentes de la AFIP
que están trabajando en el tema afirman que al Mercado Único y Libre de Cambios
sólo es posible acceder con dinero blanco, ya que los bancos y las financieras
tienen la obligación de comprobar que el dinero que se utiliza no esté
vinculado con el lavado de activos. Cuando las corporaciones quieren fugar
capitales, utilizan otros mecanismos, como los precios de transferencia,
préstamos dentro de la misma compañía, triangulaciones. Además, la pérdida
contable en el balance de una empresa endeudada en el exterior con obligaciones
negociables en dólares, puede obedecer a las diferencias de cambio por la
variación del dólar año a año, y no al flujo de efectivo, que es lo que le
permite comprar dólares. Al monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, para determinar que quienes adquieren divisas lo hagan con fondos
debidamente declarados en Bienes Personales (cuando se trata de personas
humanas) y en Ganancias (en el caso de las empresas), se agrega el intercambio
de información sobre colocaciones financieras de argentinos en el exterior,
utilizando los mecanismos automáticos creados para ello por el G-20 y la OCDE.
Después de
analizar más de 2.000 casos de 2016 y 2017 informados por esa vía, se
identificaron 577 irregularidades que permitieron recaudar 770 millones de
pesos en impuestos evadidos, apenas una gota en el océano. Ahora se abrirán las
investigaciones de 2018 y 2019. Las fuentes concluyen que no es correcto
equiparar fuga con evasión. Esto mide la dificultad que encontrará la posible
nueva ley en su aplicación. Está por verse la solidez de las expectativas
puestas en la creación de la figura del colaborador, que sería premiado con uno
de cada tres dólares que consiga hacerle pagar al evasor, y en el levantamiento
del secreto fiscal. Ese mecanismo funciona bien en Estados Unidos y en varios
países europeos.
La justicia de
pagar las deudas con recursos aportados por quienes fugan capitales y/o evaden
impuestos es indiscutible, y a la oposición se le hará cuesta arriba aplicar al
tema el axioma Juez. Pero la factibilidad de recaudar de ese modo cifras
congruentes con la magnitud de lo adeudado dista de ser evidente.
En la publicación
del Consejo Atlántico, Martin Mühleisen, quien entre 2017 y 2020 fuera director
de Política y Estrategia del FMI, se quejó por el escaso apoyo político que ha
tenido en la Argentina un programa que considera “minimalista”, y porque el
Fondo privilegiara la geopolítica sobre la economía. En 2018, el Consejo
Atlántico entregó a Maurizio Macrì el premio Ciudadano Global, por «su
incansable esfuerzo por renovar el rol de la Argentina como un fundamental
actor global». Dos días antes, el FMI había extendido a 57.100 millones de
dólares el préstamo a su gobierno. Esta semana, Macrì divulgó su almuerzo con
Donald Trump y luego dijo que había que estar listos «para el segundo tiempo
del cambio».
Mühleisen expresa
ahora el temor de que el nuevo préstamo otorgado al actual gobierno puede dar
la impresión de que el dinero del FMI está disponible para curar los males
financieros de cualquier país que lo demande con suficiente fuerza. “A
diferencia de los países que recibieron financiamiento de emergencia al
comenzar la crisis de Covid-19, los problemas de la Argentina son en gran parte
caseros. Aun siendo miembro del G-20 su economía ha sido mal manejada durante
décadas” y no se emprendieron “reformas cruciales que encaminaran al país en
una trayectoria de crecimiento sustentable”. El nuevo crédito es otra
oportunidad perdida de mostrar que intenta apartarse de ese pasado, lo cual
disminuye la capacidad del Fondo para convencer a gobiernos dubitativos de que
emprendan las reformas necesarias, dice. Sus conclusiones son inquietantes:
“Aun no es demasiado tarde para que el directorio del FMI retome la iniciativa.
Durante la próxima revisión, un G-7 decidido podría presionar por un mínimo de
reformas que mejoren las posibilidades de éxito del programa” y corrijan “un
mal precedente antes de que el mundo enfrente una nueva recesión”.
Como se ve, no
sólo el kirchnerismo está tensando los músculos al aproximarse la primera
visita de revisión del FMI. Observar a los sectores beneficiarios de la evasión
y la fuga es la actitud política más correcta, lo cual no equivale a decir que
la operación sobre ellos vaya a ser fácil y exitosa.
El parto de los
montes
El encuentro de
tres ministros del gobierno nacional con las cabezas del gremialismo
empresarial y obrero no arrojó otro resultado que el anuncio del adelantamiento
de paritarias (que debían comenzar en pocos días más) y de una canasta de
productos esenciales a precios que se suponen razonables. De este verdadero
parto de los montes no participó el Secretario de Comercio Interior, Roberto
Feletti, cuyas mediciones adelantan que el IPC de marzo superará el 6%, con
picos superiores al 10% en harinas, derivados y cereales; en azúcar, dulces y
golosinas; y con aumentos del 6,9% en hortalizas, 7,6% en carnes, 8,9% en
frutas, y 15,2% en huevos. Estos porcentajes descomunales están en línea con
los índices internacionales que lleva la FAO: para marzo, midieron un
incremento del 12,6%.
Al anunciar las
cuatro canastas de alimentos y artículos esenciales, Feletti dijo que la
inflación es responsabilidad del Ministerio de Economía, que debería “bajar
líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven
ingresos populares”. De lo contrario “esto se va poner feo”. A su juicio, dado
el agudo conflicto entre bloques económicos por la disponibilidad de alimentos,
energía e insumos difundidos, que espiralizó sus precios internacionales y
desabasteció a los mercados, con una inflación de costos y precios
internacionales que la guerra impulsó por encima del 10% en dólares y euros, la
suba de precios internos no puede ser contenida con las tradicionales políticas
de estabilización monetaria y fiscal, si no avanzan las regulaciones y el
control estatal sobre la producción y los precios. Esto se complica en la
Argentina por el comportamiento monopólico de la oferta de bienes esenciales.
Si la inflación no
puede ser enfrentada con políticas monetarias y fiscales restrictivas, menos
aún intentando alcanzar las metas incluidas en el reciente acuerdo con el FMI
votado en el Congreso. Lo que urge es un programa de estabilización del Sector
Externo que proteja a la economía del marco turbulento que presenta el mundo,
que debería incluir:
En el Sector
Externo-Balance Comercial: derechos de exportación con alícuotas móviles según
la fluctuación de los precios internacionales del trigo, el maíz, el girasol y
la carne vacuna; y planificación de la importación de insumos críticos, como la
soda solvay y el cartón corrugado, frente a la suba de los precios
internacionales.
En el Sector
externo-Cuenta Capital: renegociación del acuerdo con el FMI conforme el
impacto de los precios internacionales sobre la economía real y las finanzas
públicas. Reestructuración de los plazos de pago y cambio en las pautas de
monitoreo. Puesta en vigencia del sistema de tributación de los capitales
evadidos ilegalmente del circuito interno del país.
En la Economía
Real: revisión de precios y costos de la cadena energética orientada a eliminar
la fijación de valores en moneda extranjera en insumos producidos localmente.
Transparencia de los costos de producción de petróleo y gas. Intervención
estatal en la cadena de comercialización de alimentos eliminando eslabones
innecesarios.
Desde Brasil,
Guzmán le respondió que bajar la inflación es prioritario para el gobierno,
pero sólo mencionó medidas de política monetaria y fiscal, como la reducción
del déficit y de la emisión monetaria, en los términos pactados con el FMI. Es
decir, aquello que Feletti cuestiona por insuficiente.
El axioma Juez es
una barrera que se erige frente al programa que insinúa Feletti. Tanto Néstor Kirchner
como Cristina confrontaron sin vacilaciones con las grandes empresas y con las
cámaras patronales que se creían con derecho a fijar la política económica, ya
se tratara de las tarifas de los servicios públicos, la planificación de la
inversión o la estructura tributaria, incluyendo las retenciones a las
exportaciones de hidrocarburos y cereales. En su último reportaje, pocos meses
antes de morir, Kirchner dijo que por sus limitaciones y carencias no supo
hacer “miles de cosas” pero no admitió que hubiera otras que no pudo hacer.
“Cuando uno tiene la responsabilidad pública, sería una cobardía decir que no
pude. Hay cosas que no me animé a hacer, para no desestabilizar, para no
profundizar, y que, gracias a Dios, Cristina las está haciendo”.
Han pasado doce
años, pero los dilemas siguen siendo los mismos. En Rosario no todos parecen
haberse enterado.
