Nadie
puede dudar que el principal problema que aqueja a la sociedad argentina es el
de la pobreza, que afecta al 36,5 % de la población (17,3 millones). La línea
de pobreza está indicada por la Canasta Básica Total: $ 120.000, mientras la de
indigencia corresponde a la Canasta Básica Alimentaria: $ 52.989. Cabe señalar,
que el 80 % de los jubilados cobra la jubilación mínima: $ 43.353, es decir, se
encuentra en la indigencia, pese a haber trabajado y aportado previsionalmente.
A su vez, el Salario Mínimo Vital y Móvil está fijado en $ 54.500, es decir,
que quienes trabajan sólo tienen garantizado cobrar la mitad de lo que
necesitarían para no ser pobres.
Una
manifestación clara de la pobreza la encontramos en las villas miseria o barrios populares, que son aquellos que se
encuentran integrados por familias agrupadas bajo diferentes grados de
precariedad y hacinamiento, en donde más de la mitad carece de títulos de
propiedad del suelo y de acceso a los servicios básicos: agua corriente, gas
natural, energía eléctrica y cloacas. Estos lugares, identificados en el
Registro Nacional de Barrios Populares, han crecido exponencialmente hasta los
actuales 5.687, donde viven 5.000.000 de personas. Acaba de prorrogarse por
diez años, la ley 27.453 que suspende los desalojos en estos barrios cuando
hayan sido levantados en tierras usurpadas. (1)
Vinculado
a lo anterior, el panorama del trabajo muestra características preocupantes:
los trabajadores registrados suman 12.034.000 (sectores privado, público y
monotributo); mientras 6 millones trabajan en el sector informal, y otros
1.337.136 permanecen desocupados. (2) En forma progresiva, las autoridades gubernamentales
han recurrido a medidas que procuran paliar las consecuencias negativas del
ingreso insuficiente de tantas familias a través de aportes dinerarios. Dichos
subsidios, en forma de planes, que se
otorgan de modo permanente u transitorio, son motivo de quejas constantes de
quienes consideran injusto que el Estado mantenga a personas que no trabajan.
Nuestro
Centro de Estudios Cívicos,
considera necesario sentar posición sobre este tema, frente al que, como católicos
y como ciudadanos, no podemos permanecer indiferentes. Como guía para el
análisis, contamos con la doctrina social, que nos permite iluminar nuestro
transitar por la vida con la brújula de los principios y la experiencia
milenaria de la Iglesia. La obligación moral del trabajo rentado, se remite a
menudo a la Segunda Carta a los Tesalonicenses: el que no quiera trabajar que no coma (2 Tes. 3, 10). En realidad,
la frase en griego οὐ θέλει ἐργάζεσθαι
significa “no está dispuesto a trabajar”, es decir, que no acepta colaborar con
el sostenimiento de la comunidad ni realiza nada útil.
Sobre
esto se expidió una encíclica: La
obligación de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone, al mismo
tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue
sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los
trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir
su legitimación ética ni la justa paz social. (3) De hecho, es ínfima la
proporción de personas que se limitan a vivir de limosnas o mantenidos por su
familia, sin realizar ninguna tarea que les permita obtener los bienes
necesarios para sostenerse a sí mismos. La mayoría de quienes necesitan ayuda
estatal para obtener un ingreso suficiente que le permita sostener a su
familia, requieren esa ayuda pese a que trabajan o trabajaron, como demuestran
las cifras citadas al comienzo.
Un
diagnóstico completo y objetivo, debe concluir que no se trata sólo, o
principalmente, de un problema económico, sino del fracaso de la política que
tiene por finalidad lograr el bien común de la comunidad. Un reciente artículo
(4) recordaba una frase de Malraux: “los pueblos no sólo tienen los gobiernos
que se merecen, sino los que se les parecen”; agregaba el periodista que es
habitual en muchos argentinos señalar que es el peronismo el causante de todos
los males que afectan a la Argentina. Sin embargo, durante el primer centenario
(1910) cuando esa fracción política no existía, otro intelectual francés,
Clemenceau, notó en una visita a esta tierra: “no he conocido ningún otro país
en donde tanta gente cree tener derecho a vivir del Estado”.
La
doctrina es clara: El Estado que quiere
proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una
instancia burocrática (…) Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine
todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y
que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio.
(5)
No
obstante, y dada la crisis extrema que existe en nuestro país, el deber de otorgar las convenientes
subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores
desocupados y de sus familias es una obligación que brota del principio
fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio del uso común
de los bienes o, para hablar de manera aún más sencilla, del derecho a la vida
y a la subsistencia. (6)
Otro
factor de la realidad del mundo actual, que no puede omitirse, es la creciente
automatización de las tareas productivas y de servicios, que disminuye la
necesidad del trabajo humano, y que ya ha provocado millones de desempleados, e
incluso –según la Organización Internacional del Trabajo- conducirá a la
desaparición de más de la mitad de los oficios existentes. Autores como Jeremy
Rifkin, vienen alertando sobre esta revolución tecnológica que está
substituyendo a los seres humanos por máquinas, y que hará que cada vez sean necesarios
menos trabajadores para producir los bienes y servicios requeridos por la
población mundial. (7)
Por
ello, se están experimentando en varios países distintas variantes de ingreso
básico universal o renta básica, destinadas a reemplazar las asignaciones
familiares y otros subsidios, como garantía de que toda familia o ciudadano,
disponga de un ingreso mínimo que le permita obtener los bienes indispensables
para una vida digna. (8) Por cierto, que el diseño y la implementación efectiva
de esta forma de ayuda social, deberá ser analizada por especialistas y
decidida por las autoridades gubernamentales. Pero el fundamento ético de esta
manera de redistribución sería el derecho de todos a participar de los
beneficios del incremento de la productividad y del crecimiento de la riqueza
nacional por la aplicación de las nuevas tecnologías, así como una compensación
por la disminución de empleos y de la concentración de la riqueza. Transferir
una parte de los beneficios hacia aquellos más necesitados y menos propensos a
poder disfrutar de los avances de la economía, es una forma de concretar la
justicia social, puesto que: “Hay reglas económicas que resultaron eficaces
para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la
riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que aparecen nuevas
pobrezas”. (9)
Centro de Estudios Cívicos
Córdoba,
10-11-2022
Prof. Flavia Villani - Dr. Mario Meneghini
Dr. Andrés Torres - Dr. Carlos Vargas
Arq. Jorge Cima - Dr. José González del Solar
1) Infobae,
9-10-2022.
2)
Andrés Kilpphan, Infobae, 31-8-2021.
3)
Juan Pablo II. “Centesimus annus”; p. 43.
4)
Perfil, 6-11-22
5)
Benedicto XVI. “Deus caritas est”; p. 28,
6)
Juan Pablo II. “Laboren exercens”; p. 18.
7)
Jeremy Rifkin. “El fin del trabajo”; Paidos, 1996.
8)
Andrés Torres: www.foroazulyblanco.blogspot.com/2020/01/el-ingreso-basico-universal.html
9)
Francisco. “Fratelli tutti”; p. 21.
