cobran el plan Potenciar Trabajo y otros
beneficiarios tienen más de dos propiedades
Andrés Klipphan
Infobae, 11 de
Noviembre de 2022
Nuevas
revelaciones demuestran las falencias que existen por parte del Gobierno al
momento de controlar a los beneficiarios de programas como el Potenciar
Trabajo, uno de los dos más importantes del ministerio de Desarrollo Social
después del Alimentar. Un informe de la AFIP, elevado en el mes de octubre a
esa cartera informa que al menos “2.800 personas fallecidas siguen cobrando el
plan asistencial” a través de familiares o terceras personas. El
entrecruzamiento de datos también determinó que otros beneficiarios “tienen dos
o más propiedades”, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas.
El informe
publicado de manera exclusiva por Infobae fue realizado por el organismo
recaudador a pedido del entonces ministro del área Juan Zabaleta. La solicitud
fue realizada el 30 de junio pasado, ”a los fines estadísticos y de manera
global, no individual”. y del cruce de información “que se realizó sobre la
identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa”
se detectó que: “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación
patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el
2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los
últimos 6 meses”.
Esa información se
elevó al ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre. Los documentos
membretados llegaron once días después que Tolosa Paz jurara como nueva
responsable del área en lugar de Zabaleta quien había decidido renunciar para
reasumir como intendente de Hurlingham.
Después de la
publicación de este medio, la ex diputada ofreció una conferencia de prensa -
al terminar una reunión con una delegación de piqueteros- y afirmó que
suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del
Potenciar Trabajo que hayan sido utilizados para la compra de dólares. De esta
manera, la funcionaria confirmaba la información publicada por Infobae que daba
cuenta sobre las irregularidades detectadas por AFIP en ese programa.
“Estamos
entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan
social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido
inmediatamente”, aseguró la ministra ante los medios y agregó: “Estamos
trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda
tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades” y anticipó que
“empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a
quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.
Hace diez días, a
través del decreto 728/2022, Alberto Fernández prohibió el ingreso de nuevos
titulares al Potenciar Trabajo. La normativa también impide que las bajas de
beneficiarios sean reemplazados. En el mismo texto, el Presidente decidió que
las cooperativas de la economía Popular, que dependen de los movimientos
sociales, en su mayoría oficialistas, accedan al 30% de la obra pública
nacional de hasta 300 millones de pesos.
Los nuevos datos a
los que accedió este medio no hacen más que remarcar la falta de control que
existe sobre un programa social que debería estar destinado a los sectores más
vulnerables. El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo
Local “Potenciar Trabajo”, fue creado por la administración de Alberto
Fernández cuando el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo y fue
impulsado a los fines de unificar a los programas Hacemos Futuro y Salario
Social Complementario.
Los datos
revelados por este medio tuvo una inmediata respuesta judicial, el fiscal
federal Guillermo Marijuán le pidió a la ministra de Desarrollo Social,
Victoria Tolosa Paz, que le envíe información sobre los beneficiarios de planes
sociales que compraron dólares o declararon Bienes Personales.
El Potenciar
Trabajo, según la descripción que se realiza en la página web de Desarrollo
Social “tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas
propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos,
socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de
promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social y económica”.
La normativa es
muy clara, solo pueden ser beneficiarios del programa “los que estén en riesgo
o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la
Economía Popular”. Comprar dólares, tener bienes suntuarios o haber fallecido,
no los hace acreedores del beneficio que, este mes de noviembre llegó a los
$27.275 por cuatro horas de trabajo en una Unidad de Gestión (UG).
Las UG son, por lo
general cooperativas de trabajo de la economía popular. Tanto los beneficiarios
como la Unidades de Gestión están registradas en el área de la Secretaría de
Economía Social a cargo de Emilio Pérsico. El funcionario está de los dos lados
del mostrador ya que es uno de los líderes del Movimiento Evita, la mayor
organización social del país que forma parte de la Unión Trabajadores de la
Economía Popular (UTEP) que agrupa a la mayoría de los movimientos que abrevan
en el Frente de Todos.
Solo para tener
dimensión del dinero que el Estado, a través de los impuestos, destina a ese
programa social. El año pasado el ministerio de Economía giro para ese programa
que administra Pérsico, bajo el paraguas del ministerio de Desarrollo Social
270 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que tenía asignado la cartera
por entonces a cargo de Zabaleta y que era de 584.680.260.281 pesos.
Desde la llegada
de Alberto Fernández a la Casa Rosada, el ministerio de desarrollo social
cambio tres veces de ministro.
