sábado, 29 de agosto de 2009

EL PROBLEMA DE LAS PILAS NO ES INSOLUBLE


La minería, hoy tantas veces cuestionada, podría convertirse en un remedio seguro para un problema muy preocupante.

Pablo Martínez Carranza
Doctor en geología

Hace pocos días tomó estado público un problema ambiental de proporciones, como es qué destino darle a toneladas de pilas usadas que la población de todo el país desecha, y que son potencialmente capaces de generar contaminación en aguas superficiales y subterráneas, en suelos, y en general a todo el medio circundante, por su contenido en elementos químicos como el cadmio, zinc, mercurio, que son sustancias de gran peligrosidad para la salud humana.

El detonante fue la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de remitir al enterratorio de basuras de Bouwer 10 toneladas de ese material, que no fue aceptado por ese municipio cordobés, lo que determinó a las autoridades porteñas desistir y pensar en otros destinos, lo que hasta la fecha no ha podido concretar por la negativa rotunda de otras jurisdicciones.

El problema es de índole netamente geológica, ya que hay que encontrar lugares que reúnan condiciones tales que se pueda razonablemente suponer que esta basura tóxica y presumiblemente contaminante quede completamente aislada, y se asegure que no se disemine en los alrededores, ocasionando catástrofes ambientales de impacto directo sobre las formas vivientes.

Las formaciones geológicas que puedan eventualmente ser destinadas a esta suerte de “repositorios de pilas gastadas”, deben en primer lugar tener una altísima impermeabilidad, para que no circulen aguas que puedan disolver estos metales y transportarlos a distancia y así producir el envenenamiento del entorno, por lo que la primera condición es que sea un ambiente estanco hidrológicamente.

Asimismo, sería deseable una buena estabilidad sísmica, para evitar contratiempos surgidos de remezones o temblores que podrían afectar al depósito y generar preocupación por una posible dispersión de los elementos, y la consecuente polución medioambiental.

Posible alternativa de solución

La conformación de nuestras sierras cordobesas muestra un formidable espinazo pétreo –”batolito o plutón” en la jerga geológica– de una roca granítica que en principio reúne las condiciones de estanqueidad, indisolubilidad y estabilidad tectónica, por lo que la región de Achala sería una región prometedora para este tipo de proyectos.

Esta formación alberga innumerables denuncios mineros por mica, feldespato, cuarzo, berilo, minas actualmente abandonadas por baja de precios de los minerales, agotamiento, excesivos costos de explotación al haberse profundizado demasiado la extracción, hoy por hoy verdaderos “pasivos minero ambientales”, los que bien estudiados y seleccionados pueden pasar por derecho propio a “activos ambientales”, en calidad de receptáculos seguros y confiables de sustancias indeseables al ambiente.

La propuesta es merecedora de estudios que aseguren la factibilidad económica y la viabilidad ecológica de convertirse en repositorios en los que, las malhadadas pilas, duerman su sueño eterno en su sarcófago de granito.

Curiosa paradoja de la minería, blanco en estos días de todo tipo de vituperios por entidades ecologistas que le adjudican un potencial enorme de peligrosidad ambiental y de ser una fuente inagotable de contaminación, a veces con algo de razón y otras por puro ideologismo, que pasaría a convertirse en un remedio seguro para un problema por demás preocupante, dado que la producción de pilas crece día a día de forma exponencial por la enorme demanda de aparatos electrónicos que las requieren.

© La Voz del Interior, 29-8-09



ÉXITO DE URIBE


Con consenso para luchar contra grupos violentos concluyó cumbre de UNASUR

El presidente Álvaro Uribe se anotó un éxito luego de que este punto, que perjudica a los grupos guerrilleros y a los 'paras', fue incluido en el acuerdo aprobado en Bariloche.

"Venezuela sí tiene juegos de guerra", dijo el Presidente Uribe

El mandatario colombiano afirmó que Colombia nunca ha amenazado a sus vecinos ni de palabra ni de hecho, pero que sí ha recibido amenazas por parte de Venezuela. Haga click aquí para ver todos los videos de la cumbre.

Pese a las 7 horas de discusión y densas ponencias por parte de varios presidentes, que acudieron a Argentina a dialogar sobre el acuerdo que le permitirá a Estados Unidos utilizar al menos siete bases colombianas, se llegó a un consenso sobre varios puntos.

Se acordó respetar los principios de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, que velan por el derecho de la soberanía y la autonomía de cada país.

A su vez, UNASUR no hará una revisión del convenio entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca, pero sí estudiará detalladamente un documento público que leyó el presidente venezolano Hugo Chávez durante el encuentro y que al parecer se referiría a la estrategia de dominio global de Estados Unidos.

Los cancilleres y ministros de Defensa de los países, así como delegados de la OEA, se reunirán en la primera quincena de septiembre para el análisis del llamado 'libro blanco'.

Pese a lo extenuante de la cumbre, el tono de la misma fue en gran parte mesurado, aunque en las últimas horas, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, lanzó una serie de ataques contra el gobierno de Uribe, haciendo un recuento de todos los episodios que se han producido en la frontera.

Uribe, quien hasta ese momento sólo había intervenido en una ocasión, no dudó en responderle y se enfrascó en una serie de argumentos que desesperaron a la anfitriona de la cumbre, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ésta les pidió tanto a Correa como a Uribe que se concentraran en debatir el tema de las bases.

El regaño de Fernández de Kirchner precedió al que llegaría minutos después por parte del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Momentos previos a la elaboración y firma de la declaración final de la cumbre, la crispación e irritación de Lula fue evidente, quien tomó la palabra y reclamó a sus homólogos, en particular a Correa, por la manera en la que se había dilatado el tema central de la reunión.

Lula da Silva increpó a los mandatarios por querer 'pontificar' sus posiciones y criticó que el debate fuese transmitido en directo, ya que éstos solo lo aprovechaban para lucirse ante sus audiencias.

Tanto se prolongó la cumbre, cuya agenda estaba prevista no tomaría más de 4 horas, que los presidentes de Perú, Alan García, y Uruguay, Tabaré Vázquez, se fueron antes de que terminara.

A destacar fue el tono amistoso que hubo en el diálogo entre Uribe y Correa, quienes desde el bombardeo en territorio ecuatoriano al campamento del guerrillero 'Raúl Reyes' han tenido unas relaciones muy frías y distantes.

Revisión del acuerdo EE.UU. - Colombia

Si bien no se incluyó en la declaración final de la cumbre, ante la fuerte petición de varios mandatarios de poder revisar el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, Uribe dijo que permitiría al Consejo de Defensa de Unasur mirar el convenio.

Pero el mandatario colombiano fue rotundo: "el acuerdo ya está cerrado con los Estados Unidos" y no fue específico si ello permitiría visita de comisión de Unasur a las bases colombianas.

Por otra parte, Uribe no se anduvo con rodeos y atacó frontalmente a Hugo Chávez. "No tenemos juegos de hipotéticas guerras con vecinos", dijo, en alusión a las múltiples amenazas de Caracas de atacar territorio colombiano con tanques y aviones Sukhoi.

"Hemos sufrido permanentes amenazas verbales de ataque", dijo el mandatario colombiano, quien acusó indirectamente a su homólogo venezolano de intimidación.

Punto por punto, Uribe rebatió los planteamientos que le hicieron el paraguayo Fernando Lugo, el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa, los más críticos con el acuerdo que tiene Colombia con Estados Unidos para permitirles el uso de siete de sus bases.

Uribe le dijo a Chávez que el documento que leyó horas antes al inciarse la cumbre, el 'libro blanco', en el que supuestamente se describe la estrategia de dominio global de Estados Unidos, no es un documento secreto, "no es un descubrimiento".

El mandatario colombiano le restó así importancia a la lectura de Chávez, aprovechada por Correa y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para expresar su preocupación y solicitar la revisión detenida del 'libro blanco'.

"No aceptaremos el tránsito de naves de guerra", dijo Uribe, ante las dudas expresadas por sus homólogos.

Al presidente Morales, Uribe le respondió que bajo ningún motivo firmará una declaración en la cumbre que prohíba bases de Estados Unidos en el continente.

"Podemos demostrar nosotros que no son bases norteamericanas y seguirá el caballito de batalla", argumentó Uribe, en clara referencia al discurso antiimperialista de mandatarios como Morales, Correa y Chávez.

El dedo en la llaga

Uribe se pronunció después de Correa, quien elevó el tono de su discurso en contra del Gobierno colombiano.

"No sé de qué carrera armamentista están hablando", dijo el mandatario, al agregar que Colombia es el país que tiene el gasto militar más elevado de la región en términos de Producto Interno Bruto.

Correa señaló que la ayuda que le va a prestar Washington a Bogotá supera las necesidades del país para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, lo que levanta suspicacias entre los países vecinos.

Agregó que la presencia estadounidense altera la paz, ya que incrementa el desequilibrio militar en la región.

Durante la cumbre, Correa y otros mandatarios le pidieron a Colombia que permita a delegados de Unasur visitar las bases en las que estaría E.U.

Según filtró la emisora 'RCN', el presidente Álvaro Uribe respondería que es improcedente, ya que de aceptarlo, UNASUR tendría que visitar todas las bases en América Latina donde están presentes los norteamericanos.

La propuesta fue realizada porque en principio tranquilizaría los temores que tienen varios países de la región sobre el incremento de presencia militar de EE.UU.

A la cumbre asisten los 12 mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones para dialogar sobre el acuerdo suscrito entre Bogotá y Washington para el uso de siete bases militares en Colombia por parte de los norteamericanos para combatir el narcoterrorismo.

Tras la defensa de Uribe, quien indicó que la ayuda de la Casa Blanca ha sido eficaz y práctica, Chávez, leyó un documento en el que supuestamente se delinea la estrategia de dominación global de EE.UU.

Desde Washington, el departamento de Estado negó que el 'libro blanco' leído por Chávez sea político o estrategia global de dominación

Un vocero del Departamento señaló que el documento, que se convirtió en un punto central de la cumbre, solo explora las necesidades de movilidad para casos de desastres naturales y ayuda humanitaria.

Chávez, en un discurso más moderado de lo que se esperaba vistas sus declaraciones los días previos, dijo que su país está en el punto de mira de la Casa Blanca y advirtió que las aeronaves norteamericanas que llegarán a Colombia bajo el acuerdo ni siquiera pueden ser detectadas por radar.

Dominación global

Al inicio de su intervención, Chávez leyó 'el libro blanco' , que según él delinea la estrategia militar de Estados Unidos a nivel global. Dijo desconocer su procedencia, aunque EL TIEMPO dio a conocer su existencia a finales de mayo.

Tras su lectura, el presidente ecuatoriano Correa indicó que "no puedo aceptar que un documento estadounidense nos trate como una colonia" y sugirió que 'el libro blanco' sea sometido a un análisis por parte de UNASUR y discutido posteriormente con el mandatario estadounidense Barack Obama.

"No corresponde a UNASUR llamar a rendir cuentas a Barack Obama", dijo Uribe.

Uribe, quien fue el primero en hablar, tras las intervenciones introductorias de Correa y la anfitriona, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, señaló que la ayuda de Estados Unidos ha sido práctica.

"Colombia que ha sufrido inmensamente este flagelo del terrorismo. La colaboración que nos ha dado ha sido práctica y eficaz", sostuvo.

El discurso no convenció al mandatario boliviano, Evo Morales, quien dijo que los pueblos sometidos al imperio son los que reciben cooperación.

"Quiero irme de esta reunión con un documento firmado que diga que no va a haber ninguna base militar norteamericana en América del Sur", dijo Morales.

Por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien pidió 'mesura' y 'voluntad política' antes de inciar la cumbre, dijo que era fundamental entender que "las realidades de nuestros países son muy distintas".

"Chile no trata de imponer su visión a otros países. En el caso del narcotráfico, creemos que nuestra Policía está totalmente capacitada para combatir el narcotráfico", señaló Bachelet al argumentar que eso ha de ser tenido muy en cuenta en el Consejo de Defensa de Unasur a la hora de llegar a acuerdos.


EDULFO PEÑA
Enviado Especial a BARILOCHE, ARGENTINA

SERGIO GÓMEZ
Corresponsal en WASHINGTON

Los 6 puntos del documento aprobado en cumbre de UNASUR

La Cumbre de presidentes aprobó un documento donde reafirma que la presencia de tropas extra regionales en Suramérica no podrá amenazar la soberanía de los países miembros ni la paz regional.

1. Fortalecer a Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos a establecer un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad, sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro estado de la UNASUR

2. Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley.

3. Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad de la región.

4. Instruir a sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa a celebrar una reunión extraordinaria, durante la primera quincena de septiembre próximo, para que en pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA, incluyendo mecanismos concretos de implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y extra regionales; así como al tráfico ilegal de armas, al narcotráfico y al terrorismo de conformidad con la legislación de cada país. Estos mecanismos deberán contemplar los principios de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

5. Instruir al Consejo Suramericano de Defensa, para que analice el texto sobre "Estrategia Suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC)" y realice una verificación de la situación en las fronteras y eleve los estudios resultantes al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de considerar cursos de acción a seguir.

6. Instruir al Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico que elabore en forma urgente su Estatuto y un Plan de Acción con el objeto de definir una estrategia suramericana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento de la cooperación entre los organismos especializados de nuestros países.

Fuente: El Tiempo.com/COLOMBIA

NuevoEncuentro 29/08/09










miércoles, 26 de agosto de 2009

CARDENAL ROUCO: IGLESIA, SOCIEDAD Y POLÍTICA



Intervención del arzobispo de Madrid en el Meeting de Rímini

(Selección de párrafos)

2. "Iglesia, Sociedad y Política" son viejas palabras que se refieren a formas humanas de vivir, de convivir y de obrar presentes y operantes en la actualidad de la familia humana; enraizada la una, la Iglesia, en una historia bimilenaria, y las otras dos, sociedad y política, en la naturaleza misma de "lo humano" ¡en su razón de ser! Incluso la Iglesia, como una forma histórica que vertebra y expresa una dimensión de la persona humana, inherente al mismo ser del hombre, la religiosa, se halla igualmente, en su fondo antropológico, entre los elementos constitutivos del ser y de la existencia de lo humano, que trasciende espacios y tiempos. ¿Cómo aproximarse a ellas y a sus significados, hoy, con intención y voluntad de conocerlas de nuevo impulsados por el amor a la verdad y por su búsqueda? Conocerlas de nuevo, que no quiere decir, sin más, "novedosamente", sino rigurosamente en correspondencia objetiva y subjetiva con lo que sucede en el momento actual de la historia a -y en- las realidades por ellas expresadas. Es decir, situándose, primero, en el corazón mismo de la problemática que afecta a la Iglesia y a la sociedad, aquí y ahora, en este momento preciso de la historia de la humanidad; y, segundo, adentrándose "en el hacer política" del hombre contemporáneo y descubriendo "los pre-supuestos" sociológicos, culturales e ideológicos que lo determinan. Y, siempre, sin olvidar la esencial interdependencia que se da entre las tres realidades dentro del marco vivo de la unidad existencial de la persona humana. Precisamente el punto de cruce y encuentro no sólo institucional, sino, sobre todo, operativo de la trilogía "Iglesia, Sociedad y Política", es el que resulta del mismo fin que explica y justifica su razón de ser: el bien integro y pleno de la persona humana ¡de cada hombre!

LA POLÍTICA

La política es otra vieja palabra unida a la experiencia inmemorial del hombre que vive y necesita vivir ordenada y fructíferamente en sociedad. ¿Cómo va a ser posible la cooperación de todos los miembros de una sociedad en la consecución del bien común sin una dirección clara en sus objetivos, ordenada en su realización y firme y eficaz en la disposición de los medios? El simple realismo de la experiencia cotidiana de la vida enseña que no. Por ello, la respuesta fue siempre clara en todas las etapas y épocas de la historia social y cultural del hombre: no es posible sin autoridad. De aquí que la praxis política como la ciencia, el arte y la técnica de gobernar la sociedad humana plenamente constituida hayan orientado siempre sus esfuerzos principales a aclarar y dirimir la cuestión de la autoridad como el punto neurálgico, sociológica, jurídica y éticamente, de toda teoría social. Quién la ejerce y cómo la ejerce, cuál es su sujeto originario y en qué consiste su ejercicio, son otras tantas de las preguntas concretas que la filosofía y teología del derecho y del Estado y, actualmente, el estudio empírico de las llamadas ciencias humanas, se plantean bajo distintas perspectivas doctrinales y con distinto grado de intensidad en sus análisis

1. Son dos los aspectos de la cuestión que han acaparado la mayor atención de la doctrina y la preocupación existencial de las personas: los ciudadanos en la comunidad política.

Como se legitima que unos hombres puedan ejercer, como superiores de los demás, la facultad de ordenar con normas vinculantes y coactivas sus conductas y comportamientos en la vida de relación social y, a veces, hasta en la privada, y con qué "poder" cuentan para hacerlo. Las respuestas teóricas han coincidido de uno u otro modo a lo largo de la historia en los siguientes principios ético-jurídicos: el pueblo, todos los que constituyen la comunidad política, son el sujeto titular primero del poder político. Para que determinadas personas puedan ejercer legítimamente esa autoridad y poder, han de contar con la elección y la autorización de todos los ciudadanos, elaborada y expresada libremente, según métodos de representación acordados y aprobados por ellos. El poder político, con el que actúa la autoridad en la comunidad políticamente organizada, se ejerce con la aplicación legal y administrativa de los recursos del derecho y se impone, si es preciso, por la fuerza física de la que posee el monopolio social y jurídico. ¿El pueblo, sujeto inmediato de la soberanía política es, además, la instancia incuestionablemente última que legitima al titular de la autoridad política en su origen y en el ejercicio del poder que le es propio? ¿No conoce, por tanto, el pueblo ni personas ni normas superiores a las que tenga que atenerse en la constitución, organización y funcionamiento del Estado y de los órganos del poder? La respuesta, ofrecida y exigida por la antropología cristiana, fue siempre inequívoca: el origen y el fundamento de la soberanía popular reside en Dios que ha creado al hombre como ser social y con una socialidad que postula la institución del principio de autoridad y de sus órganos de ejercicio. Se trata pues de una soberanía subordinada en su origen y puesta en práctica a la ley natural: a la ley fundada en la sabiduría y en la voluntad de Dios. Las respuestas de las antropologías laicistas radicales fueron y son también siempre las mismas: la soberanía del pueblo es ilimitada; más aún, es la única fuente de legitimación ética del derecho positivo y de su aplicación coactiva; e, incluso más, la instancia última que legitima toda y cualquier ética social.

2. Otra fue la posición teórica y práctica del laicismo moderado, especialmente activo después de la II Guerra Mundial. Su concepción del principio de soberanía comprendía su limitación jurídica y ética en virtud, primero, de la vigencia previa de los derechos humanos y, segundo, a causa, de las obligaciones y exigencias derivadas del derecho internacional. En la mente de todos los que habían vivido la experiencia de los Estados totalitarios -el comunista y el nacionalsocialista- y habían sufrido las ruinas físicas, morales y espirituales de la II Guerra Mundial, no cabía la menor duda sobre la necesidad histórica de superar el positivismo jurídico y el relativismo ético por la vía intelectual y espiritual de una teoría y praxis constitucional profundamente reformadora de la concepción del poder político. Urgía arbitrar medios pedagógicos, culturales y sociales para establecer el imperativo de su limitación ética como un principio prejurídico indiscutible. Aquí se encontraba el gran reto histórico para el futuro de la humanidad: el de conseguir fórmulas eficaces de limitación ética de ese "poder", que es el poder por excelencia, "el poder político", que se mostraba cada vez más fuerte e imponente. Sus recursos -los de la fuerza- crecían sin parar: las armas atómicas, el poder mediático y psicológico, los instrumentos de la experimentación química y biológica... Sonó pronto en Europa la voz de alarma ante esta gravísima cuestión de los límites éticos al ejercicio del "poder político". ¿No estaba en juego la paz del mundo?[4]. El problema sigue vivo; incluso, agravado por el éxito de lo que Benedicto XVI ha calificado de la dictadura del relativismo. También hoy es la gran cuestión de la actual coyuntura política mundial, de cuya buena o mala solución depende, en gran medida, el futuro de la solidaridad y de la paz en cada pueblo y entre todos los pueblos que configuran la familia humana.

3. ¿Tiene "el poder político" facultad de limitar, condicionar, restringir e, incluso, negar los derechos fundamentales de la persona humana -el derecho a la vida, a la libertad religiosa, de pensamiento, de conciencia, de expresión y de enseñanza- sin que se quiebre su legitimidad ética? ¿O puede disponer sin límite moral y jurídico alguno de las instituciones básicas del matrimonio y de la familia o de la libertad básica de asociación de los ciudadanos? La contestación, subyacente a muchas de las corrientes culturales que inspiran e influyen hoy la teoría y la praxis política, es militantemente afirmativa. La respuesta de los cristianos ha de ser, en contraste, la de presencia activa y positiva en la vida pública, dirigida a superar la estatalización creciente de toda la vida social y la muchas veces simultánea desprotección de derechos fundamentales de la persona, de las familias y de los grupos sociales. Hemos de colocar en el centro mismo de la experiencia cristiana de "lo político" la aspiración y el esfuerzo para que el orden jurídico-político se ponga al servicio de la persona humana y de su realización plena como su objetivo último, decisivo para la realización del bien común. El Estado no es dueño de la sociedad y, mucho menos, del hombre. La vocación del seglar cristiano tiene actualmente una importante y urgente tarea en el campo de la acción y de la vida política: abrirla a la ética del servicio, abrirla a la experiencias de gratuidad, de libertad solidaria y subsidiaria y, sobre todo, de comunión. No, no ha sido lo más acertado confiar en las posibilidades liberadoras de una teología politizada; pero sí ha sido un acierto providencial, y lo es hoy más que nunca, el haber sabido inspirar y transformar la acción política en un servicio motivado, impulsado y configurado por la caridad. Su efecto liberador será seguro y gozoso como una novedad solo explicable y experimentable espiritualmente por la novedad de la presencia y de la virtualidad del Reino de Cristo: "un reino eterno y universal: el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, del amor y la paz".

NOTAS

[4] Cfr. Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit. Die Macht, Mainz-Paderborn 1986, 97-99. Para Guardini "el poder se nos ha hecho problemático y no solamente en el sentido de una crítica cultural, como se había alzado cada vez con mayor fuerza frente al optimismo histórico dominante durante todo el siglo XIX y hasta su final, sino por principio: en la conciencia general entra cada vez más profundamente el sentimiento -la impresión- de que nuestra actitud en relación con el poder es falsa, incluso que nuestro creciente poder nos amenaza a nosotros mismos", pág. 98 (Traducción española del autor).

Zenit, 26-8-09

martes, 25 de agosto de 2009

RECLAMO ANTE LA DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS


Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia

Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy, quienes integramos el Equipo de Sacerdotes para las Villas expresamos a continuación nuestra humilde opinión, que ratifica plenamente aquellas reflexiones que se hicieran públicas .

Nosotros somos respetuosos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Valoramos su autoridad. Además creemos en el valor de las instituciones para el crecimiento de nuestra Nación.

Por otro lado nuestra palabra sobre la despenalización no pretende ocupar el lugar que tiene la palabra de la Conferencia Episcopal Argentina sobre este tema.

Con espíritu de aportar al diálogo –ofreciendo el propio pensamiento y buscando integrar el pensamiento diferente- y no de confrontar, hicimos público nuestro documento: “La droga en las Villas: despenalizada de hecho”.

Queríamos defender a nuestros vecinos villeros -estigmatizados por tantas cosas-, afirmando que una cosa es la Villa y otra el narcotráfico. Y señalar que los primeros que sufren las consecuencias del narcotráfico son los habitantes de estos barrios humildes.

El Evangelio de Jesús nos invita a pararnos en las periferias geográficas y existenciales y desde allí mirar. Nos invita a entrar en comunión con los más pobres, y desde los pobres llegar a todos. Este camino desde los pobres a todos nos parece un programa más que valido a la hora de trazar políticas de Estado, a la hora de legislar y a la hora de juzgar.

Muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios no viven sino que sobreviven y muchas veces la oferta de la droga les llega antes que un ambiente dichoso y sano para jugar, llega antes que la escuela, o llega antes que un lugar para aprender un oficio y poder tener un trabajo digno. Se acortan así las posibilidades de darle un sentido positivo a la vida. “Hoy, fundamentalmente, en nuestra cultura la dignidad de la vida se juega en el eje inclusión-exclusión; comunión-aislamiento” (Carta pastoral de la CEA, del 20 de agosto del 2009. Nº 22)

No pretendemos que la responsabilidad frente a esta situación de desigualdad de oportunidades quede sólo en manos del Estado. La solidaridad es en primer lugar que todos nos sintamos responsables de todos. (Cf. CIV 38)

Nos preguntamos: ¿cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal? Nos parece que al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa, reiterativa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo de sustancias que dañan el organismo. La experiencia de acompañar a jóvenes en el camino de recuperación y reinserción social nos ha permitido escuchar el testimonio de muchos que han empezado consumiendo pequeña cantidad de marihuana y de pronto se encontraron consumiendo drogas más dañinas aun como el paco. La vida se les volvió ingobernable. Por eso desde nuestro punto de vista las drogas no dan libertad sino que esclavizan. La despenalización a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño.

Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una locura criminalizar la enfermedad. Pero intentemos pararnos nuevamente desde la perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia – que pide ayuda- con el Estado es la justicia. Despenalizar en estas condiciones, es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción, lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.

Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros.

Pedimos a la Virgen de Luján, Madre del Pueblo, que cuide y proteja a sus hijos que padecen el flagelo de la droga, de fuerzas a sus familias y luz a nuestra sociedad para generar vínculos de promoción y solidaridad.

Equipo de Sacerdotes para las Villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 25 de Agosto de 2009.

Agencia Informativa Católica Argentina,



Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy, quienes integramos el Equipo de Sacerdotes para las Villas expresamos a continuación nuestra humilde opinión, que ratifica plenamente aquellas reflexiones que se hicieran públicas .

Nosotros somos respetuosos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Valoramos su autoridad. Además creemos en el valor de las instituciones para el crecimiento de nuestra Nación.

Por otro lado nuestra palabra sobre la despenalización no pretende ocupar el lugar que tiene la palabra de la Conferencia Episcopal Argentina sobre este tema.

Con espíritu de aportar al diálogo –ofreciendo el propio pensamiento y buscando integrar el pensamiento diferente- y no de confrontar, hicimos público nuestro documento: “La droga en las Villas: despenalizada de hecho”.

Queríamos defender a nuestros vecinos villeros -estigmatizados por tantas cosas-, afirmando que una cosa es la Villa y otra el narcotráfico. Y señalar que los primeros que sufren las consecuencias del narcotráfico son los habitantes de estos barrios humildes.

El Evangelio de Jesús nos invita a pararnos en las periferias geográficas y existenciales y desde allí mirar. Nos invita a entrar en comunión con los más pobres, y desde los pobres llegar a todos. Este camino desde los pobres a todos nos parece un programa más que valido a la hora de trazar políticas de Estado, a la hora de legislar y a la hora de juzgar.

Muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios no viven sino que sobreviven y muchas veces la oferta de la droga les llega antes que un ambiente dichoso y sano para jugar, llega antes que la escuela, o llega antes que un lugar para aprender un oficio y poder tener un trabajo digno. Se acortan así las posibilidades de darle un sentido positivo a la vida. “Hoy, fundamentalmente, en nuestra cultura la dignidad de la vida se juega en el eje inclusión-exclusión; comunión-aislamiento” (Carta pastoral de la CEA, del 20 de agosto del 2009. Nº 22)

No pretendemos que la responsabilidad frente a esta situación de desigualdad de oportunidades quede sólo en manos del Estado. La solidaridad es en primer lugar que todos nos sintamos responsables de todos. (Cf. CIV 38)

Nos preguntamos: ¿cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal? Nos parece que al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa, reiterativa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo de sustancias que dañan el organismo. La experiencia de acompañar a jóvenes en el camino de recuperación y reinserción social nos ha permitido escuchar el testimonio de muchos que han empezado consumiendo pequeña cantidad de marihuana y de pronto se encontraron consumiendo drogas más dañinas aun como el paco. La vida se les volvió ingobernable. Por eso desde nuestro punto de vista las drogas no dan libertad sino que esclavizan. La despenalización a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño.

Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una locura criminalizar la enfermedad. Pero intentemos pararnos nuevamente desde la perspectiva de las familias más vulnerables. Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia – que pide ayuda- con el Estado es la justicia. Despenalizar en estas condiciones, es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción, lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella.

Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros.

Pedimos a la Virgen de Luján, Madre del Pueblo, que cuide y proteja a sus hijos que padecen el flagelo de la droga, de fuerzas a sus familias y luz a nuestra sociedad para generar vínculos de promoción y solidaridad.

Equipo de Sacerdotes para las Villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 25 de Agosto de 2009.

Agencia Informativa Católica Argentina,

lunes, 24 de agosto de 2009

EL GASTO PÚBLICO


Sospechas e impugnaciones contra las compras del Estado

Gerardo Young.


En todo el país, se gastan cerca de $10.000 millones al año en licitaciones y contrataciones. Pero no hay un protocolo común, lo que permite manipulaciones.
Se supone que deben ser transparentes, que deben convocar a la mayor cantidad de oferentes posibles, que deben incitar a la competencia por calidad, precio, servicios. Las licitaciones y contrataciones públicas son el motor de gestión de cualquier gobierno, pero muchas veces son cuestionadas y dudosas, se las acusa de estar dirigidas a dedo o de encubrir compras directas.

El gobierno nacional, pero también los provinciales y cada municipio del país, deben usar algún tipo de compulsa de precios -licitaciones, contrataciones abiertas- para las compras que superen los 50 mil pesos. Esto supone que la mayoría de las compras del Estado se hacen a través de estos métodos. Sólo el gobierno nacional gasta así más de 2.300 millones de pesos al año en no menos de 33 mil operaciones, sin contar las licitaciones por obras públicas. Se estima que en todo el país el sistema de compras públicas moviliza en general algo más de 10 mil millones al año. ¿Pero se hacen bien las compras? ¿Son todo lo transparente que se supone? ¿Cuáles son las trampas más usuales y las más novedosas para manipularlas?

Clarín accedió a documentos de la Unión de Proveedores del Estado (UAPE), la organización que nuclea a más del 90 por ciento de los proveedores registrados en el Estado. De allí surgen las principales quejas y demandas contra las contrataciones públicas, un sistema que está bajo permanente atención en todo el mundo. Tanto, que según el último reporte sobre el tema de la ONG Transparencia Internacional (2006), los países latinoamericanos hacen sus compras con un sobreprecio promedio del 40 por ciento. La clave para detectar esos sobreprecios y otros problemas está en los pliegos que convocan las licitaciones. Los informes de la UAPE que los cuestionan forman un mapa, sin distinción de banderas jurisdiccionales ni partidarias, sobre sus principales falencias.

Ambiguas

La clave está en el momento de confeccionar las licitaciones. Para comprar colchones, formularios, o hasta medicamentos, la forma más corriente de "dirigir" una licitación consiste en la confección de un pliego ambiguo sobre el producto que se está intentando comprar. El 10 de agosto pasado, la UAPE impugnó, por ese motivo, nada menos que la licitación para la compra de las libretas especiales que serán soporte de los nuevos DNI. Ocurre que en la licitación (monitoreada por Naciones Unidas) se exigió a los postulantes una serie de requisitos técnicos (tamaño de las libretas, calidad del papel, color) pero se sostuvo que la impresión de los números del documento "podrá ser efectuada a elección del oferente, en sistema offset o intaglio, o en una combinación de ambos". En la nota de la impugnación, la UAPE sostiene que es altísima la diferencia de costo entre una impresión con relieve (intaglio) y la offset. "Al ser el insumo no claro ni específico, queda librado a la determinación del oferente y al claro arbitrio de la autoridad licitante el modo de comparar las disímiles ofertas que se presenten". La impugnación está siendo analizada en estas horas por la Oficina para Proyectos de la ONU.

La ambigüedad es todavía más habitual en las contrataciones de servicios profesionales o estudios de consultoría, que figuran entre las necesidades más requeridas por el Estado (Ver infografía). En agosto de 2008, Clarín reveló irregularidades en el Plan Nacer, un programa de inversión para combatir la mortalidad infantil del Ministerio de Salud, con apoyo del Banco Mundial, que supone el desembolso de 430 millones de dólares. Ese programa está cuestionado por supuestos sobreprecios y contrataciones millonarias a consultoras privadas, que debían realizar encuestas sobre la salud de la población aborigen que suponían estudios vagos y amplios, a pesar de que muchos estudios, o similares, ya habían sido hechos por el INDEC. Los cuestionamientos al Plan Nacer pasaron a ser investigados por la Justicia federal, donde ya enviaron toda la documentación al cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema. "La pericia está en marcha", dijeron desde el juzgado de Norberto Oyarbide.

Cantadas

Otro recurso usual para manipular licitaciones consiste en anticiparle a determinados proveedores una futura compra. Eso es lo que sospecha la UAPE sobre la licitación del Ministerio del Interior para la confección de las urnas y la compra de elementos de librería que se usaron en las elecciones legislativas del 28 de junio pasado. El Ministerio pidió urnas de cartón y almohadillas para tintas, entre otros insumos, certificadas por normas de calidad que, según la UAPE, no podían conseguirse en menos de un mes. La convocatoria para la compra de estos insumos, sin embargo, dejó a los proveedores apenas cuatro días para conseguir los certificados. Obviamente, sólo se presentaron a la oferta, y ganaron, un par de proveedores que tenían la certificación antes de hacerse público que iba a ser un requisito. Fuentes del ministerio del Interior explicaron que la impugnación fue hecha fuera de término, por lo que la licitación se ejecutó igual, por más de 2 millones de pesos.

El principal problema del sistema de compras del Estado es su falta de regulación específica. En el año 2001, un decreto nacional (1023/01) estableció el Régimen de Contrataciones de la administración pública, pero ese decreto no se reglamentó jamás. Según el propio decreto, debía reglamentarse en un plazo de 60 días hábiles, por lo que la demora ya es (desde el 16 de octubre de 2001) de 7 años, 10 meses y 8 días.

Según Alfredo Popritkin, ex perito contable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y experto en fraudes, es fundamental que se defina una reglamentación clara que favorezca la competencia, única garantía de transparencia y eficacia. Popritkin apunta también otros dos problemas del actual sistema: la falta de publicidad de las compras y el exceso de contrataciones directas -con menos exigencias para el Estado-, que incluyen a las compras de bajo costo pero también a las que se deciden cuando hay un proveedor único. "Deberían exigirse una cantidad mínima de proveedores a invitar y que sean notificados en cada licitación", sostiene.

La inexistencia de un protocolo único permite que cada funcionario haga la licitación a su modo. Por ejemplo, no hay reglas obligatorias sobre el monto de las garantías que se deben exigir a los proveedores o la forma de calificar a esos mismos proveedores, lo que muchas veces permite direccionar las licitaciones a una determinada empresa. Clarín consultó las razones de esta demora a la Secretaría de la Gestión Pública, encargada de los procesos de transparencia de las compras públicas, pero allí prefirieron no dar una respuesta.

Dirigidas

En la ciudad de Buenos Aires, los pedidos de garantías altas o excesivas han trabado una de las últimas licitaciones, la de la contratación de un servicio para proveer y distribuir medicamentos en los hospitales y centros de salud de la Ciudad. Como exigencia a los proveedores, la Ciudad les pidió a los candidatos una garantía de 14 millones de pesos -sólo para participar en la licitación-, una enormidad que sólo pueden ofrecer las grandes compañías de correo. Y no sólo eso: se exigió también una facturación anual de no menos de 150 millones de pesos.

Según la UAPE, esta es la tendencia que ha tomado la gestión de Mauricio Macri, "en contra de las pymes" que suelen proveer a los distintos actores del Estado. Desde la Ciudad, defienden la posición del gobierno con el argumento de que "lo que se defiende es la plata de los vecinos". De todos modos, la licitación para la distribución de medicamentos fue dada de baja porque se habían presentado apenas dos oferentes -OCA y UPS- y con propuestas demasiado costosas. El servicio está hoy a cargo de UPS, pero por un viejo contrato que, aseguran, será reformulado para el año próximo.

Algo similar ocurrió a fines de 2008 con la licitación que pretendió comprar equipamiento de alta tecnología para hospitales públicos porteños. La licitación 17/08 fue muy amplia y exigía tantos requisitos y tanta variedad y especificidad de equipamientos, que tanto la UAPE como el bloque kirchnerista de la Legislatura la impugnaron, al considerar que estaba "dirigida" a un único proveedor.

Cierto es que la licitación era inalcanzable para el enorme universo de proveedores del sistema de salud, ya que exigía que no hubiese intermediarios en la operación. También aquí se pedía como condición una facturación comprobada muy alta, de 30 millones de euros en los últimos tres años. Con tantas peticiones, sólo se presentó una sola candidata, la firma Inso Sistemi, italiana, señalada por la oposición como la beneficiaria a dedo de la licitación. Las quejas frenaron las compras y los hospitales porteños siguen careciendo del equipamiento hospitalario básico, que se calcula tiene un promedio de 20 años de antigüedad, lo que lo convierte muchas veces en obsoleto. Según fuentes del ministerio de Salud de la Ciudad, la licitación volverá a hacerse pero con una convocatoria más amplia que permita entrar en la competencia a las empresas locales.

Sin transparencia

Otra licitación cuestionada por la UAPE pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, para la compra de 25.000 colchones para los programas de asistencia social. La licitación 21/09, en pleno proceso, fue presentada en sociedad a través de la página web de la provincia. La publicidad, se sabe, es esencial para la transparencia de los procesos licitatorios. Sólo que en la web, la Provincia pidió cotizar colchones de 18 centímetros de densidad, mientras que semanas después, cuando llegó el momento de la verdad -el 10 de junio-, el pliego oficial de la presentación pidió colchones de 11 centímetros de densidad. Para los proveedores, ese cambio repentino de las condiciones dejó sin juego a los fabricantes, porque no les permitió ajustar su presupuesto a tiempo o indagar en sus canales de producción para analizar cómo achicar costos. De estos equívocos, claro, quedan a salvo aquéllos que están avisados de antemano.

Las posibilidades para manipular las compras del Estado son muchas. Pedidos de garantías exageradas, avisos a los proveedores amigos, demandas demasiado específicas que eliminan la competencia. Mañas y opciones que están en las manos de los funcionarios que preparan los pliegos y se aprovechan de la falta de reglas y controles, con trucos ocultos en la letra chica de expedientes que pocos miran.

Clarín, 23-8-09

BRASIL NO COMPITE POR EL LIDERAZGO EN AMÉRICA DEL SUR: YA LO TIENE


Jorge Castro

La economía brasileña se recupera velozmente a partir del segundo trimestre del año, como consecuencia de la atracción de un aluvión de capitales provenientes del exterior. Tras finalizar el ciclo recesivo en que la hundió la crisis financiera internacional, volvió a crecer 1.7% entre abril y junio (6% anual), y ha trepado a 4% en el actual trimestre.
La recuperación coincide con el ciclo de apreciación del real, que se valorizó 24% en lo que va del año (pasó de R2,50 por dólar a R1.82; y se orienta hacia R1.70 a fin de año). En agosto 2008 fue récord histórico: R1.556 por dólar. La inversión directa (IED) de las empresas transnacionales también ha retornado en gran escala. Alcanzó a 11.234 millones de dólares en los primeros cinco meses del año; y ascendió en mayo a 2.483 millones. Así, tras caer 40% en el primer trimestre, llegó a 42.308 millones año sobre año. Brasil es el segundo país del mundo emergente que recibe más IED, después de China.

La apreciación del real sigue al ciclo de los commodities en el mercado mundial, que a su vez es una función de la demanda chino-asiática. La crisis global devaluó abruptamente al real, y ahora la recuperación de la economía mundial -adelantada por el auge de los commodities y el crecimiento de China- lo revalúa, con igual intensidad y sentido inverso.
La excepcional capitalización de Brasil no es sólo obra del flujo de capitales del exterior. Las transnacionales brasileñas que cotizan en Wall Street recaudan más que en la Bolsa de San Pablo. Vale do Río Doce, Petrobrás, Unibanco, Bradesco (son 31 en total) obtuvieron en la Bolsa de Nueva York un promedio de 4.000 millones de dólares diarios en 2008, en tanto que los valores negociados en San Pablo fueron 2.700 millones. Las firmas brasileñas constituyen el tercer grupo en Wall Street, después de Canadá y China. Este año se ha recuperado el nivel de 2008, y tiende a aumentar.

La fuente principal del auge de la economía brasileña en los últimos cinco años es la misma que la de la recuperación actual: la producción y exportación de commodities (soja, mineral de hierro, petróleo), orientados hacia el mercado chino-asiático. Esta es la causa primordial -como aumento de la productividad de la totalidad de los factores (PTF)- del crecimiento de Brasil a partir de 2003. Las ventas externas de productos manufacturados eran 61% del total en 1993, y ahora son 38%/40%.
La línea estratégica central del gobierno de Lula es la transnacionalización del sistema productivo, a través de un doble y sincronizado movimiento de despliegue de las compañías brasileñas en el exterior y de atracción masiva de inversiones transnacionales. Este es el componente estructural de la conversión de Brasil en actor global.
La modificación del status internacional de Brasil -de potencia regional a actor global- ha acarreado la transformación de su política exterior. Pasó de la reivindicación ("No al ALCA") al liderazgo ("Sí al libre comercio internacional. No al proteccionismo").

Esto significa que en América del Sur, Brasil no compite por el liderazgo regional; en todo caso, intenta mediar entre la región y el sistema de poder mundial (Estados Unidos / bases colombianas); e incluso si experimenta una severa derrota político-diplomática -estatización de Petrobrás en Bolivia y ocupación por el ejército de sus refinerías-, prefiere cerrar el conflicto y absorber las pérdidas, en la medida en que la cuestión, el país y la región pierden para él importancia relativa.
Por cierto que en Brasil, como en todas partes, la necesidad prefiere vestirse de ideología. Ya se sabe que "hay una oscura armonía en las cosas humanas", pero en el caso de Brasil esa armonía es cristalina.

Clarín, 23-8-09

POLÍTICA MIGRATORIA


Elisabetta Pique
Corresponsal en Italia

En la Toscana, una de las regiones más amadas de Italia, cuna del Chianti, de la Torre de Pisa y de Dante Alighieri, existe el Chinatown más grande de Europa. Se encuentra en Prato, ciudad industrial a 20 kilómetros de Florencia, que en los últimos treinta años sufrió una verdadera invasión de chinos.

Sobre una población de 187.000 almas, se estima que viven aquí entre 35.000 y 40.000 chinos, de los cuales solamente unos 10.000 residen legalmente. "En relación con el número de habitantes, Prato tiene el primer Chinatown de Europa", afirmó a LA NACION Aldo Milone, asesor de seguridad de la comuna, que inició una cruzada para que los italianos, que se sienten extranjeros en su tierra, "recuperen" su ciudad.

No por nada, Prato, ciudad tradicionalmente "roja", pasó después de 63 años a ser gobernada por la derecha, que prometió reimplantar orden, legalidad y seguridad.

"Yo no estoy en contra del Chinatown , sino que espero que los que viven ahí se adecuen a las normas y a las leyes del país en el que viven", dijo a LA NACION el flamante alcalde, Roberto Cenni, un rico empresario textil que logró derrotar a la sinistra al frente de una amplia coalición que incluye a la xenófoba Liga Norte.

"Si no se adecuan, que se vayan a otra parte", agregó el alcalde, que, como la mayoría en Prato, afirma estar harto de sentirse un extranjero en su propia ciudad.

El visitante que recorre la Vía Pistoiese, principal avenida del barrio chino, no parece estar en Italia. Se huele a frito y se ven rasgos orientales y una infinidad de letreros escritos con coloridos ideogramas chinos. Intentar hablar con alguien es una misión imposible. El clima es de desconfianza total. Nadie sabe, nadie entiende el idioma local.

Milone, que acaba de comenzar una campaña para tapar los carteles del barrio que no tengan una traducción al italiano, define como "pésima" la convivencia entre chinos e italianos.

"El nivel de tolerancia está al límite. Ellos escupen, viven hacinados en los departamentos, trabajan día y noche, sin respetar horarios, tiran la basura sin decoro, no reciclan, cuelgan a secar fuera de los departamentos a los pollos, cosas que para un italiano no son muy agradables... Sin contar que tienen sus peleas internas en la comunidad, con periódicos acuchillamientos", expresó.

"En plena crisis económica mundial, que está golpeando especialmente la industria textil de Prato, los chinos quebrantan todas las leyes: no pagan los impuestos, el 99,9% trabaja en negro, no pagan los servicios locales, como colegios y hospitales públicos, pero los aprovechan a expensas de los italianos", continuó.

Por otra parte, los nativos de Prato envejecen, mientras que los chinos, una población joven, se reproduce aceleradamente, a tal punto que en la nursery del hospital de la ciudad, llena de carteles escritos en chino, casi sólo nacen chinos; y en algunos barrios de la ciudad hay escuelas en las que el 40% de los alumnos es de origen asiático.

En Prato, donde se ven chinos manejando camionetas 4x4 último modelo, o que festejan su casamiento en larguísimas limusinas, hay más de 3000 empresas textiles registradas en manos chinas, que producen el denominado "pronto moda", artículos realizados a la velocidad de la luz, de bajo costo y de gran demanda mundial. Muy pocas pagan los impuestos o los aportes sociales de sus empleados, que en muchos casos trabajan casi esclavizados, día y noche, en enormes galpones. Pero no es fácil que la Policía Tributaria detecte las irregularidades: muchas funcionan por 18 meses, cierran sus persianas y luego vuelven a abrirlas con otro nombre y en otro lugar, según explica Cenni.

Aunque lo más preocupante para el alcalde, de 56 años, es la increíble cantidad de dinero que circula en la zona. "Acá hay una capacidad financiera de la que no se entiende el origen y esto da miedo", señala.

Cenni no cree que la nueva ley inmigratoria aprobada por el gobierno de Silvio Berlusconi, que considera un delito la clandestinidad, pueda cambiar las cosas: "Hasta que en la Toscana no haya un CIE [centro de identificación y expulsión de inmigrantes], va a ser imposible combatir a los ilegales".

La semana pasada, cuando por primera vez los militares pisaron las calles del Chinatown , fueron recibidos como un "ejército de liberación" por los pocos italianos que no se fueron del barrio chino. Simone, uno de los militares de patrulla, no ocultó su asombro: "Yo siempre quise hacer un viaje a China, pero después de esta experiencia voy a renunciar a esa idea".


La Nación, 23-8-09

sábado, 22 de agosto de 2009

LOS SOSPECHOSOS OBJETIVOS DE LA ARREMETIDA ETNOSEPARATISTA MAPUCHE


Horacio Calderón
……

A las amenazas y riesgos anteriormente mencionados se han sumado durante los últimos tiempos -como serio factor de desestabilización-, las acciones desarrolladas por activistas mapuches, mediante la ocupación de tierras que incluyen la toma de propiedades fiscales e incluso pertenecientes al Ejército Argentino, entre otras acciones al margen de la ley.

Las organizaciones mapuches que tantos escándalos y atropellos han cometido recientemente en la argentina y Chile, deben encontrar una firme respuesta legal a su intento de erigirse en un “pueblo originario” de la Argentina, cuando en realidad eso se opone a la realidad histórica de la Patagonia. Esto ha sido muy bien reflejado en un estudio del entonces oficial del Ejército Juan Domingo Perón, escrito entre 1935 y 1936, en el que trata el idioma de los indios araucanos originarios de la región patagónica [1]. Brevemente y para explicar su falta de derechos como “pueblo originario” resulta suficiente recalcar que los araucanos, a quienes hoy se denomina "mapuches", ingresaron a la Argentina desde Chile en 1830, cuando nuestra país ya era una nación independiente.

Este escrito no pone en duda los derechos individuales de los mapuches como ciudadanos argentinos de varias generaciones, pero jamás las reivindicaciones territoriales que intentan esgrimir, transgrediendo gravemente las leyes y alterando el orden público en cuanta oportunidad se presenta a varios de sus dirigentes.

¿Por qué este apartado tan especial y largo sobre los mapuches en un trabajo sobre una potencial intervención militar extrarregional en la Argentina en un futuro lejano, sea esta unilateral o de una alianza del momento?: Por aquello de que “más vale prevenir que curar” y aunque el planteo resulte aún un tanto “futurista”, debería tenerse en cuenta que cualquier situación fuera de control manejada en un futuro por la minoría indígena mapuche de origen foráneo y sus aliados exteriores, podría poner a la Argentina bajo el peligro de que sean aplicadas sanciones según el Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que autoriza el uso de la fuerza militar.

Debería en consecuencia evitarse el reconocimiento de los mapuches como “pueblo originario” de nuestro país, sencillamente porque no lo son, a efectos de desactivar con la debida anticipación el crecimiento de esta nueva y singular amenaza para la defensa y seguridad de la Nación, frente a reivindicaciones carentes de todo derecho y que son violatorias de la Constitución y de las leyes fundamentales de la República Argentina.

El despliegue internacional de los denominados mapuches, “pueblo originario” de origen chileno y no argentino, que fue responsable del genocidio de los tehuelches, sí originarios de nuestro país y muchos de cuyos dominios ocuparon, permite suponer que existe una coordinación exterior de sus acciones. En qué medida intervienen en ello servicios de inteligencia extranjeros y corporaciones dispuestas a utilizar las causas esgrimidas por los “pueblos originarios”, como sucede en otros países, para hacerse con el control de recursos naturales, es algo que deberían investigar nuestros propios servicios de inteligencia y seguridad en el marco de la legislación vigente.

Una mención aparte merece el hecho de que el gobierno chileno ha descubierto nexos de organizaciones mapuches domésticas con las FARC, e incluso con extremistas enrolados en la organización internacionalista vasca “Askapena”, nacida en 1987, que opera también en Bolivia, Uruguay, Venezuela y Cuba, entre otros países.

Cabe señalar que se trata nada menos que de informaciones oficiales del gobierno socialista de Michelle Bachelet y no del de Álvaro Uribe Vélez, a quien tanto se cuestiona por su guerra contra las organizaciones narcoterroristas que operan en su país y también desde bases en países vecinos como Venezuela y Ecuador.

Si llegaran a darse las condiciones, las acciones etnoseparatistas mapuches podrían pasar del bajo nivel de violencia actual en la Argentina, menor al que se observa estos días en Chile, a fases de lucha más cruentas, incluyendo el uso de tácticas terroristas.

El debilitamiento de la defensa nacional de la Argentina, acompañado también por el de su seguridad interior, sería no sólo una invitación para que operen dentro de territorio argentino actores estatales y no estatales que nos amenazan con base en la región y hasta en países limítrofes; también el mediano a alto grado de probabilidad de ocurrencia de que veamos una suerte de Palanquero mucho más cerca y rápido de lo que pueda pensarse.

[1] “Toponimia Patagónica de Etimología Araucana” (Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación), Imprenta Julio Kaufman, Buenos Aires, 1952

Politicaydesarrollo, 19-8-09

viernes, 21 de agosto de 2009

"LA PEOR AMENAZA ES LA FALACIA"


En relación al programa La Liga de TELEFE

A raíz de las imágenes y la información parcial difundida por el programa La Liga emitido el 11 de agosto de 2009 con el titulo “La amenaza del oro” y que involucra a empresas mineras de la Provincia de Santa Cruz, la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) desea expresar que no hay peor amenaza para una sociedad que la impune emisión de falacias en los medios masivos de comunicación, y manifestar a la opinión pública su mas firme rechazo a la total falta de objetividad y veracidad de la información allí vertida.

Los mineros santacruceños accedimos a las requisitorias de la producción del programa. No obstante, merced a una compaginación incompleta y antojadiza, se han sembrado sospechas que se hacen eco de opiniones infundadas contra la minería, que desde hace tiempo se repiten en los medios de comunicación social, sin más fundamentos que suposiciones sin ningún tipo de basamento fáctico ni científico, las que en definitiva opacan el crecimiento sostenido de una provincia que acompaña el desarrollo de la minería, al haber comprobado que es generadora de trabajo, mejor calidad de vida, responsable en el cuidado ambiental y racional en el uso de los recursos, en el marco de las leyes vigentes y bajo los máximos estándares de esta industria a nivel mundial.

Es importante destacar que:

-La industria minera es la única actividad económica que cuenta con una Ley de Protección Ambiental (Ley Nacional N° 24.585) y que deviene imposible la realización de cualquier actividad minera si antes no se realiza un Estudio de
Impacto Ambiental y un constante monitoreo y actualización del mismo;

-La industria minera genera inversiones millonarias y a largo plazo en la provincia.

-Las compañías mineras generan importantes ingresos para la Nación y para la provincia: se paga un 35 % de Impuesto a las Ganancias, hasta un 3 % de Regalías Provinciales, un 5 % de Retenciones a las Exportaciones para el metal doré y un 10 % para el concentrado entre otros impuestos, tasas y contribuciones, en las alícuotas establecidas para todos los proyectos que obtuvieron que empezaron a producir desde el 2001 en adelante.

-Actualmente la alícuota de reintegro de exportaciones por puertos patagónicos que rige para todo tipo de industria se encuentra en “0” % (cero por ciento) para los Puertos que están al norte del Río Santa Cruz y de un 1% para los Puertos de Punta Quilla y de Río Gallegos, llegando al 0% el año que viene para todos los Puertos.

-La industria minera hace un uso racional del recurso agua y realiza periódicamente monitoreos y estudios hidrogeológicos para asegurarse que no se afecte la calidad ni la cantidad.

-De ninguna manera las actividades mineras afectan o afectarán el sitio Cueva de Las Manos, el Río Pinturas, el Lago Buenos Aires o la Cueva Grande del Arroyo Feo como falazmente se pretendió desinformar.

-No existe ninguna denuncia formal y fundada presentada ante ninguna autoridad de aplicación o autoridad judicial provincial acerca de contaminación a causa de la actividad desarrollada por la minería;

-La industria minera en la provincia de Santa Cruz le brinda empleo y capacitación a mas de 5000 personas en forma directa mas de 10000 puestos de trabajo en forma indirecta a través de numerosos contratistas y proveedores locales de bienes y servicios.

-Las empresas mineras interactúan constantemente con las autoridades y Universidades locales a fin de respetar y hacer respetar conjuntamente toda la legislación vigente en materia minera, ambiental, turística, faunística, patrimonial, arqueológica, etc., monitoreando constantemente las actividades que desarrolla.

-La industria minera tiene numerosos programas de Responsabilidad Social Empresaria y cuenta con profesionales de alta calidad para hacer sus controles internos; profesionales que han egresado de Universidades Nacionales y ponen todo su conocimiento al servicio del desarrollo de actividades sustentables.

-Las empresas que componen la CAMICRUZ poseen una política de visitas a los proyectos mineros para informarse directamente en las fuentes de manera de poder trasmitir información objetiva a la opinión pública.

-Por todo esto y mucho más es que CAMICRUZ, junto con las empresas que la conforman, desea hacerle saber a la opinión pública su total rechazo al accionar tanto un tanto prepotente de los productores de dicho programa así como de sus periodistas y actores, ajeno a toda norma de ética y responsabilidad social y profesional, que puede ejemplificarse por el hecho de haber ingresado con total ilegalidad, a campos de superficiarios sin haber solicitado autorización previa y haber invadido el espacio de la Cueva Grande del Arroyo Feo que contiene registros arqueológicos milenarios, sin solicitar autorización a la Dirección de Patrimonio de la Provincia, a pesar de existir la prohibición expresa de acceder a las mismas hasta tanto se apruebe el Plan de Protección y/o Manejo, en flagrante oposición a lo que estipula la Ley Provincial N° 2472 de Protección del Patrimonio Cultural, lo que se comprueba con el simple análisis de las imágenes emitidas, desconociéndose si se ha incurrido en otras violaciones”.

Señalamos también que los santacruceños no debemos dejarnos influir por un grupo de personas que sentadas en un escritorio a kilómetros de nuestra tierra, se creen con derecho a opinar sobre un territorio que no habitan y una sociedad que no conocen, y por cuyo desarrollo y progreso parecen carecer del más mínimo interés. Para hablar de nuestra tierra y nuestro trabajo, hay que conocer, informarse y vivir lo que nosotros vivimos todo el año, y no sólo unas pocas horas, mirando cómodamente la vida desde la cabina de un avión. Las puertas de los emprendimientos mineros han estado siempre abiertas para que puedan recorrerlos no solo los organismos de control y las autoridades, que tienen la obligación de hacerlo, sino para nuestra comunidad en general, que desee hacerlo.

Seguiremos pues el camino que nos hemos marcado como industria y que es nuestro compromiso con todos y cada uno de los vecinos de Santa Cruz: persistir en el trabajo seguro, responsable, racional y sustentable, en conjunto con las localidades que habitamos, a fin de contribuir al desarrollo y crecimiento de las mismas, de la provincia, y de sus habitantes actuales y futuros.

CAMARA MINERA DE SANTA CRUZ
Enviado por: Raúl Roldán

Estrucplan, 13-8-09

miércoles, 19 de agosto de 2009

HIPÓTESIS SOBRE NUEVAS BASES ESTADOUNIDENSES EN LA REGIÓN



Por Horacio Calderón

Introducción

Proyecto que podría ser parte de una agenda no declarada aún públicamente por los EE.UU. y que, de concretarse, incluiría la instalación o uso de bases en territorios continentales y/o espacios insulares de países vecinos, y/o aquellos usurpados a la Argentina por Gran Bretaña.

Uno de los países en que el caso Colombia podría replicarse posteriormente es Paraguay, donde no debería descartarse un futuro acuerdo estratégico para el uso de la controvertida base de Mariscal Estigarribia; este caso sería en principio de menor envergadura al que los EE.UU. acaban de firmar con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, concretado en el marco de una relación bilateral de cooperación militar preexistente de larga data. Basada fundamentalmente en el “Plan Colombia”, encuentra tal relación militar bilateral una plena justificación en la necesidad de derrotar de manera definitiva al narcoterrorismo encarnado en organizaciones como las “Fuerzas Armadas de Colombia” (FARC), el “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) y la autodenominada “Autodefensa de Colombia” (AUC). También, a los grupos de narcotraficantes que operan todavía en el país como remanente de los otrora poderosos carteles del tráfico ilegal de alcaloides, como así mismo a las fuerzas marxistas-leninistas, castro-comunistas y trotskistas que atentan contra la estabilidad del país y se expanden desde él a toda la región.

No obstante y al margen de lo expuesto ut supra, la firma de otros acuerdos de cooperación militar bilaterales de parecido tenor en la región -por ejemplo con Paraguay-, permitiría confirmar que se trata de un eslabón más de la proyección estratégica estadounidense en el Atlántico Sur, hasta alcanzar la región antártica y el mismo Polo Sur.

Quien escribe estas líneas, también pudo tomar conocimiento de manera fortuita, años atrás, sobre la existencia de estudios de prefactibilidad por parte de grupos inversores extranjeros, que parecían interesados en el desarrollo de un puerto de gran magnitud en La Paloma o en algún otro punto con aguas profundas de la costa de Rocha en Uruguay, incluso más cercano a la frontera con Brasil que el primer lugar mencionado.

Eso no hubiera llamado mayormente la atención, si en una de las “exploraciones” y sondeos realizados, no hubieran intervenido especialistas vinculados con al menos una firma consultora estadounidense de importancia global, dedicada a proyectos especiales en los campos de la defensa y la seguridad internacionales. También, de operaciones de inteligencia encaradas por “contratistas” de agencias gubernamentales que, por razones obvias, no pueden intervenir de manera directa en los países blanco para tal tipo de estudios e investigaciones.

Si bien al exponer su preocupación por cualquier presencia militar extrarregional en América del Sur, este autor ha mencionado en diversos medios de comunicación, a nivel hipotético y desde 2005 la probabilidad de instalación de una futura base estadounidense en el Uruguay, optó por no hacer públicas las bases de dichas sospechas, a la espera de mayores indicios de la potencial existencia de planes orientados a concretar este tipo de desarrollos.

El tenor de ciertos documentos estadounidenses que han tomado estado público recientemente, como el “White Paper - Air Mobility Command - Global En Route Strategy” [1], arroja más luz sobre las presunciones arriba mencionadas, acerca de una futura expansión de las bases colombianas hacia el Atlántico Sur y con alcance hasta el sector antártico.

Con respecto a la cuestión de los plazos potenciales para tal proyección estratégica estadounidense, cabría agregar que si la base aérea colombiana de Palanquero estará operativa en 2025 -según se anuncia oficialmente-, cualquier expansión posterior como la que aquí se comenta, sería probablemente viable en años posteriores. Sin embargo, tales plazos podrían adelantarse bruscamente en caso de mediar el estallido de una conflagración regional, que los actores estatales involucrados deberían evitar a toda costa, junto a los pretextos que justifiquen futuras intervenciones extrarregionales. Planes desestabilizadores en la región como los desarrollados por el presidente de Venezuela, ya descriptos, no son sino actos casi formales de invitación para una expansión de la presencia militar extrarregional en teatros de operaciones allende Colombia.

Pero de eso trata precisamente la ciencia de la prospectiva a la que los hacedores de decisiones deberían acudir más a menudo: determinar los grandes escenarios del futuro, con el objeto de adoptar políticas de Estado acordes a las tendencias que conducen a ellos y que cuenten con una mediana a alta probabilidad de ocurrencia.

El Acuerdo Militar entre los EE.UU. e Colombia

Aunque todavía no se conocen los aspectos públicos -o reservados pero accesibles- sobre los instrumentos firmados entre Colombia y los EE.UU., es muy probable que el presidente Álvaro Uribe brinde en la próxima reunión de la UNASUR mayores detalles que los expuestos a la Presidente Cristina F. de Kirchner durante su reciente visita al país.

No obstante, el meollo de la cuestión y del escándalo desatado -al margen de los derechos soberanos que permitieron su firma al gobierno de Álvaro Uribe-, no radica tanto en las bases militares mismas, sino en la naturaleza de los documentos estadounidenses en el marco de los recientes acuerdos, que tienen como eje regional al Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. Parece ser ello sólo una parte de la gigantesca expansión de los objetivos para los próximos quince años, consistentes en asegurar la mayor capacidad estratégica de movilidad global aérea en ruta (“Global En Route Strategy”) para las fuerzas armadas estadounidenses.

América Latina no es una prioridad inmediata como otras regiones altamente hostiles y/o inestables del mundo, que podrían requerir en un futuro no muy lejano un esfuerzo aerotransportado masivo hacia teatros de operaciones bélicas en Asia, Corea, África, Eurasia e Indonesia, como afirma el documento mencionado sobre movilidad aérea.

Desde luego y descartando derechos aceptados por la misma presidente chilena Michelle Bachelet y hasta su colega uruguayo Tabaré Vázquez, la plataforma territorial colombiana -y también sus espacios marítimos llegado el caso-, no sólo permitirían cumplir con las misiones estratégicas brevemente mencionadas en materia de movilidad a escala global, que son ya semipúblicas, sino de hecho convertirse también en un importante espacio de operaciones en toda la región, si las circunstancias políticas así lo aconsejaran.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, tiene una enorme responsabilidad en lo que acaba de suceder con la extensión y nuevo alcance de los acuerdos militares bilaterales entre Colombia y los EE.UU. No sólo ha montado una extensa red subversiva, para desestabilizar especialmente aquellos gobiernos de la región que no están de acuerdo en cooperar con sus planes de fundar un megaestado en los antiguos territorios de la Gran Colombia soñada por Simón Bolívar. También interactúa con organizaciones narcoterroristas como las FARC para atacar al gobierno de Álvaro Uribe; respalda grupos etnoterroristas como las que operan en Perú y en este caso en una estrecha alianza con su par boliviano Evo Morales; mantiene una alianza estratégica con Irán que incluye al movimiento terrorista Hizballah, a quienes facilita el territorio venezolano para desarrollar acciones que pueden culminar en atentados terroristas en blancos de la región; y ha contribuido a debilitar la lucha contra el tráfico ilegal de alcaloides, alentada entre otras causas por el alto nivel de corrupción en su Gobierno. Como si eso no bastara, ofreció a Rusia el territorio de su país para instalar bases similares a las que ahora reprocha a Colombia, mientras dilapida sumas siderales de dinero comprado armamento al primer país, que a su vez y paradójicamente abona con los jugosos dividendos que obtiene con los negocios petroleros que realiza con sus socios “pitiyanquis”.

En cuanto a la temida relación y actividades conjuntas con Irán, el punto en común más importante que puede unir las agendas de mandatarios como Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad y sus mandantes dentro de la conducción clerical extremista chiíta duodecimana, es la aversión mutua a la agenda política internacional de los EE.UU. y sus aliados.

Con todo ello, ha servido en bandeja de plata los pretextos necesarios para que el acuerdo sobre las bases en entredicho culminara incluso fortalecido. Ha quedado fertilizado así el terreno para que cualquier acontecimiento de envergadura, mutatis mutandis, permita desencadenar en un futuro una intervención militar estadounidense en cualquier lugar de América Latina.

Dejando por un momento al margen la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, que de hecho constituyen graves amenazas que todos los gobiernos de la región deberían enfrentar mancomunada y coordinadamente, el sismo creado por la firma de los acuerdos con Colombia tiene su epicentro en cuestiones geopolíticas y geoestratégicas, que algunos países y especialmente Brasil perciben -no sin razón- que ponen en peligro su seguridad nacional.

En realidad, todo parecería indicar que el blanco final de la estrategia estadounidense a largo plazo no sería Venezuela sino Brasil. Pero mientras Hugo Chávez utiliza el pretexto de las bases y aparenta batir tambores de una guerra, como parte de maniobras de distracción en el desastroso frente interno de su país, su inteligente colega Luiz Inacio da Silva pergeña la estrategia dirigida a mitigar daños futuros sin levantar mayormente la voz ni la polvareda.

Analizando la situación desde el prisma de la geopolítica, así como EE.UU. derrocó a Saddam Hussein y ocupó Irak, paso previo a provocar un cambio de régimen en Irán (como afirmó esta autor en la conferencia dada en el Ministerio de Defensa en el marco del Proyecto RAEM en 2007), no sería tampoco descartable que se intente crear un anillo similar en torno a Brasil. Tal vez para cambiar un determinado régimen político y/u ocupar parte de su territorio en un futuro, dado que la Amazonía brasileña o parte de ella se encuentra en peligro por ser un blanco apetecible permanente. Pero por sobre todas las cosas -y sería ingenuo dudar sobre esto-, con el objeto de limitar el acelerado crecimiento y también la proyección continental y global del Brasil como potencia emergente de primer orden.

La integración de Brasil en el llamado “Grupo BRIC”, junto a Rusia, la India y China, convierte de manera automática a este país en un actor estatal de gran importancia en la arena mundial, cuya gravitación los EE.UU. intentarán controlar con todos los medios a su alcance.

La importancia estratégica de la base colombiana de Palanquero

Tal vez no puedan conocerse oficialmente los aspectos más confidenciales de los acuerdos de los EE.UU. con Colombia, que incluyen siete bases consideradas “centros operativos de avanzada”, traducción de “Forward Operating Locations” (FOLs) y “centros de seguridad cooperativa”, que viene a su vez de “Cooperative Security Locations (CSLs).

Afirma asimismo y cándidamente la documentación estadounidense consultada, con referencia a Palanquero, que el Comando Sur se ha interesado en establecer un lugar en América del Sur, que pueda ser utilizado tanto para operaciones antinarcóticos, como para contar con una base desde la cuál estén en condiciones de ser ejecutadas operaciones de movilidad aérea, obviamente globales [2].

Es en ese punto donde Palanquero cobra primordial importancia, conjuntamente con su aeropuerto “Germán Olano”, identificados como un “centro de seguridad cooperativa” en “misión actual”. Según acredita el Pentágono, el presupuesto base para el proyecto de desarrollo de dicha base colombiana asignado al año fiscal 2010 es de 46 millones de dólares estadounidenses [3]. No se conocen todavía las cantidades anuales estimadas a desembolsar para los años subsiguientes a 2010, como tampoco el monto total de un proyecto que se pretende terminar en 2025.

Según el “White Paper” citado, Palanquero permitiría cubrir la mitad del continente sin necesidad de reabastecimiento aéreo, utilizando los aviones de transporte militar pesado “C-17 Globemaster III”. Además y según las estimaciones de dicho documento, si se contara con la disponibilidad del combustible apropiado hasta su destino, los C-17 podrían cubrir enteramente el continente, exceptuando la región del Cabo de Hornos en Chile y la Argentina. También se aclara, por si quedaran más dudas, que hasta el momento en que el Comando Sur establezca un plan de empeñamiento más sólido en este teatro de operaciones, la estrategia de poner un “centro de seguridad cooperativa” en Palanquero debería ser suficiente para alcanzar la movilidad aérea en América del Sur[4].

No se elabora sin embargo qué sucedería con los aviones de combate que despeguen de Palanquero y otras bases, en caso de una guerra declarada en la región, ni tampoco con el resto de las fuerzas armadas, especiales y de seguridad estadounidenses establecidas en las bases colombianas, si se desatara en su plena conjuntez todo el poder militar necesario por parte de los EE.UU.

La periodista Eleonora Gosman del diario Clarín, en un artículo titulado “Brasil teme que el acuerdo con Bogotá amenace al Amazonas” abordó hace días y con acierto parte de las conjeturas aquí analizadas, agregando irónicamente que para la región hay una "tranquilidad" que se extenderá hasta 2025, fecha en que estaría plenamente operativa la base de Palanquero.

Pero el proyecto americano también aclara que la estrategia establecida por el Comando Sur para alcanzar los objetivos generales señalados de la “movilidad en ruta” no puede ser estática, y que debe adaptarse a cambios en las prioridades nacionales, al paisaje político y a las restricciones fiscales. Para ese fin recomienda que cada dos años dicho Comando realice una revisión de la estrategia y que con esos resultados podría continuar con ella, ajustarla a recomendaciones o a una puesta a punto basada en requerimientos cambiantes. En síntesis, Palanquero o cualquier proyecto de desarrollo similar de bases en o fuera de Colombia, podrían acelerarse y terminarse mucho antes en caso de guerra o previsiones de conflictos de alta intensidad.

Debe quedar muy claro que la decisión del gobierno de Álvaro Uribe de firmar los acuerdos con los EE.UU., queda plenamente justificada frente al conjunto de amenazas que enfrenta Colombia y que concretarlo forma parte de sus derechos soberanos inalienables.

Un capítulo aparte es la alta probabilidad de ocurrencia de nuevos acuerdos bilaterales de cooperación de los EE.UU. con otros países de la región, lo cual podría poner en peligro la soberanía nacional de la Argentina, si se dieran las condiciones y/o pretextos para que se desencadene una intervención militar directa.

Hipótesis sobre nuevas Bases Estadounidenses en la región

Otro de los eslabones fundamentales de la estrategia de “movilidad” que podría llegar hasta el Polo Sur (¿nuestra Antártida en peligro?) por parte de los EE.UU., sería muy probablemente la Base Militar paraguaya Mariscal Estigarribia, ya mencionada, que en caso de un acuerdo podría cobrar tanta importancia como la que se encuentra en desarrollo en Palanquero.

Así como el actual presidente venezolano, por las breves razones ya mencionadas, cooperó sensiblemente para que Colombia profundizara aún más sus compromisos militares con los EE.UU., Paraguay es sin duda alguna uno de los mayores centros criminales de América del Sur, conjuntamente con algunas ciudades limítrofes e interiores del Brasil y, en menor medida, de la Argentina [5].

No en vano el presidente de Brasil Luiz Inacio Da Silva está realizando importantes esfuerzos para combatir el crimen organizado doméstico, vecino y transnacional, y también muy sutilmente contra el terrorismo islamista que irradia la Triple Frontera, dentro de las grandes limitaciones de todo orden que enfrenta desde el punto de vista político, diplomático, estratégico y táctico-operacional.

Uno de los principales objetos de ese capítulo de la estrategia brasileña, que muy probablemente continuarán los próximos presidentes, es restringir la capacidad de maniobra de los EE.UU., e impedir que pueda sentar sus reales en Paraguay, so pretexto de terminar con las amenazas del crimen organizado y su convergencia con el terrorismo regional y extracontinental.

Resulta muy probable que el perspicaz presidente Da Silva, al igual que Itamaratí, una de las cancillerías históricamente más calificadas a nivel mundial, sospechen que si se dieran los pretextos necesarios, como los que otorga Hugo Chávez desde Venezuela, podría quedar colocada en Paraguay una pieza más en la maniobra de cercado de su territorio (percepción similar a la de Rusia en cuanto a la OTAN), aunque públicamente las relaciones bilaterales con los EE.UU. aparezcan más cordiales de lo que realmente son.

La virtud del presidente Da Silva ha sido comprender precisamente que el combate contra las amenazas multifacéticas y multidimensionales representadas por el narcotráfico y toda forma de criminalidad organizada en la región de la Triple Frontera, no implica aceptar imposiciones de los EE.UU., sino por el contrario defender su propia soberanía nacional. Porque la Soberanía, que es la autoridad suprema del Estado, podría desaparecer por sí sola si no se contara con los recursos humanos y materiales necesarios para proveer a la defensa y seguridad de su país, como cuando las fuerzas de seguridad y policiales del Brasil quedaron prácticamente sitiadas hace pocos años por las organizaciones narcocriminales, tanto en destacamentos como en otras instalaciones fijas de algunos Estados.

Si hay países de la región que permiten crecer dentro de sus territorios soberanos todo tipo de amenazas criminales contra su defensa y seguridad, al punto de quedar al borde del colapso, podrían verse obligados en un futuro a imitar el ejemplo de Colombia, para preservar su continuidad histórica y terminar con la firma de tratados o acuerdos bilaterales de asistencia militar que incluyan tropas extranjeras en su territorio. Máxime, si tales acuerdos van acompañados por beneficios económicos y bases militares que suelen convertirse en una fuente importante de ingresos, no sólo para el Estado huésped sino también para los lugareños y todo tipo de negocios que proliferan en torno a ellas.

Continuando con el mismo razonamiento y experiencias observadas por este autor en otras latitudes, si existieran los pretextos suficientes, brindados gratuitamente o como consecuencia de graves errores de discernimiento o cálculo político (caso Saddam Hussein en Irak), podría desatarse la intervención de una potencia extrarregional -con o sin aliados- en contra de uno o más países de Ibero América y/o del sur del continente.

En cuanto a la Argentina, de suscitarse una situación caótica interna fuera de control, que afectara intereses estratégicos extrarregionales u otorgara simplemente los pretextos necesarios, podría quedar libre el terreno para una intervención directa militar foránea sin permiso alguno; y no necesaria y exclusivamente de los EE.UU.

Volviendo al gran teatro de América de Sur, la combinación de factores como un Estado reacio a aceptar los compromisos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, sumado a la utilización de esas organizaciones como palancas para intervenir en los asuntos internos de otros países por razones de orden geopolítico, y no necesariamente ideológicas, no son sino una generosa invitación a la presencia militar extrarregional.

El autor de este trabajo compara por ello regularmente la relación entre el Estado venezolano y las FARC en su permanente confrontación con Colombia, con la de Paquistán y el movimiento Talibán, más grupos terroristas musulmanes, utilizados como instrumentos por este último país en sus históricos litigios con la India y Afganistán. En este último caso el resultado ha sido exactamente el mismo que en el primero.

Los temores de Brasil tienen plena justificación; dependerá en consecuencia del desarrollo de una gran estrategia de seguridad nacional basada en políticas de Estado, que este país logre prevenir las consecuencias de cualquier maniobra de cercado de su territorio soberano.

Debe tenerse en cuenta además, que la sospechada proyección estadounidense hacia el Atlántico Sur -con una base en territorio continental de algún país vecino de la Argentina o tal vez una isla-, podría colisionar con los intereses geopolíticos permanentes de Gran Bretaña, potencia ocupante de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos adyacentes. Salvo -claro está-, que como en el caso de la Isla de Ascensión y otras bases, no mediara un acuerdo previo entre ambos viejos aliados atlantistas.

No sería la primera ni la última vez que EE.UU. y Gran Bretaña se enfrentaran en defensa de sus intereses geopolíticos en América del Sur y específicamente en cuanto a la Argentina, como sucedió en las postrimerías del gobierno peronista derrocado en 1955. O por el contrario, que funcionaran como estrechos aliados, tal lo ocurrido durante la guerra entre nuestro país y Gran Bretaña en 1982, en que la Casa Blanca hizo trizas -previsiblemente- el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR). Este hecho constituyó el punto de partida del proceso de defunción todavía no aceptado de la Organización de Estados Americanos (OEA), con ese tratado traicionado tanto en su espíritu como en su letra. Institución -la OEA- “capturada” actualmente por los principales socios presidenciales del ultraizquierdista “Foro de Sao Paulo”: Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, como también por el mismo Secretario General del alto organismo interamericano, José Miguel Insulza.

Chile sería para esos probables planes de expansión estadounidense un capítulo aparte, porque dicho sea de paso tampoco ha abandonado su propio sueño de proyección bioceánica, que incluye una pretendida soberanía marítima e insular en el llamado “Arco de las Antillas del Sur”, conjunto de pequeñas islas que forman un ambiente específicamente argentino, que une nuestro extremo continental con el área de la Península Antártica que nos pertenece.

Un riquísimo botín, el arriba mencionado, del cual que muchos actores estatales desearían apoderarse, más allá de lo que ya ha adquirido por la fuerza Gran Bretaña. Es que las riquezas naturales a defender de la Argentina no se agotan en nuestros reservorios acuíferos, ni en nuestra plataforma marítima, ni tampoco en el sur profundo de nuestra Patagonia, sino que llegan también hasta las heladas tierras y mares que constituyen nuestra Antártida.

¿Es Uruguay otro eslabón en la probable cadena de Bases Estadounidenses?

Lo dicho a título de introducción sobre el potencial papel de Uruguay como último eslabón en la cadena de proyección estadounidense hacia el sur, es algo que debería estudiarse con bases empíricas más sólidas que lo anteriormente expuesto.

La instalación de un puerto de aguas profundas en el Uruguay en las décadas por venir, debería contar con la máxima capacidad multimodal posible, porque eso es lo que identifica los grandes proyectos estadounidenses en desarrollo. Si uno intentara compararlo con un modelo actual, por ejemplo, este se aproximaría a la base de Rota en España. En la actualidad es un puerto naval militar de uso compartido, que sirve como lugar de paso para aviones de carga “C-5 Galaxy”, “C-17 Globemaster III”, navíos de guerra y buques de todo tipo de EE.UU. y otros países pertenecientes a la OTAN, que lo usan para repostar.

A título exclusivamente referencial y con un perfil más futurista, podría citarse el monumental proyecto de Iwakuni en la costa de Aki, Japón, que según el Pentágono permitiría realizar transbordos de barco a aviones o viceversa, maximizando el espacio limitado disponible en ese teatro. En el caso japonés la ventaja radicaría en que el combustible para los aviones sería descargado desde barcos dentro de los confines de la base, reduciendo significativamente los riesgos de seguridad existentes en otros lugares.

Cuando arreciaban las tensiones creadas por el conflicto no resuelto con la pastera Bosnia y las asimetrías existentes en el MERCOSUR, crecieron también los rumores sobre una ruptura del Uruguay con el organismo regional, junto a amenazas de negociaciones para arribar a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU.

Si en un futuro llegara a presentarse un escenario de tales características -aunque por el momento pueda apreciarse como de baja probabilidad de ocurrencia-, Uruguay buscaría contar con los acuerdos extrarregionales de seguridad necesarios, con el objeto de evadir el peligro de convertirse nuevamente, aunque fuera de facto y no de jure, en una versión actualizada de la antigua “Provincia Cisplatina”. Es que el hermano país oriental debería temer más al ascendente y poderoso Brasil que a la Argentina, cuyas fuerzas armadas están siendo reducidas a chatarra y si esta situación no se revirtiera, tampoco estaría en condiciones de disuadir militarmente cualquier intento de alteración de la condición de Estado “tapón” del Uruguay entre sus poderosos vecinos.

Esa suerte de necesidad de contar con un patronazgo protector extrarregional por parte de Uruguay, coincidiría con los intereses estratégicos estadounidenses y sus planes de desarrollo de nuevas bases aliadas, en el marco de una dura competencia por el poder -también global-, entablada primariamente contra los actores estatales enrolados en el desafiante Grupo BRIC. Ello, sin mencionar un segundo pelotón de países que ha comenzado a surgir hace tiempo en el horizonte de la arena mundial.

Una proyección estratégica hacia el Polo Sur por parte de los EE.UU. no es una simple construcción intelectual, sino uno de los objetivos altamente probables de esa superpotencia para un futuro, cuya proximidad o lejanía en materia de concreción dependerá de factores que no resulta posible establecer en un escrito de esta naturaleza.

La Argentina debería tener en cuenta muy especialmente los riesgos y amenazas a los que podría enfrentarse si prosperara la proyección mencionada hacia el mismo Polo Sur; no sólo en lo que concierne a la defensa de nuestros vastos recursos naturales, acuíferos, pesqueros, etc., sino también a la potencial y definitiva pérdida de territorios y espacios marítimos y aéreos.

Deberían analizarse indicios existentes y hechos portadores de futuro relacionados con ese objetivo, aunque estos últimos parezcan poco relevantes en la actualidad. Asimismo, monitorear de manera permanente la factibilidad real de un proyecto de tal magnitud y de comprobarse el mismo determinar el grado de probabilidad de ocurrencia, aunque su concreción pudiera hacerse realidad más allá de 2025. También, suponiendo y esperando que la Argentina no ingrese en un estado de desintegración territorial mucho tiempo antes y quede ya para ese entonces poco o nada vital que defender.

Los sospechosos objetivos de la arremetida etnoseparatista mapuche

A las amenazas y riesgos anteriormente mencionados se han sumado durante los últimos tiempos -como serio factor de desestabilización-, las acciones desarrolladas por activistas mapuches, mediante la ocupación de tierras que incluyen la toma de propiedades fiscales e incluso pertenecientes al Ejército Argentino, entre otras acciones al margen de la ley.

Las organizaciones mapuches que tantos escándalos y atropellos han cometido recientemente en la argentina y Chile, deben encontrar una firme respuesta legal a su intento de erigirse en un “pueblo originario” de la Argentina, cuando en realidad eso se opone a la realidad histórica de la Patagonia. Esto ha sido muy bien reflejado en un estudio del entonces oficial del Ejército Juan Domingo Perón, escrito entre 1935 y 1936, en el que trata el idioma de los indios araucanos originarios de la región patagónica [6]. Brevemente y para explicar su falta de derechos como “pueblo originario” resulta suficiente recalcar que los araucanos, a quienes hoy se denomina "mapuches", ingresaron a la Argentina desde Chile en 1830, cuando nuestra país ya era una nación independiente.

Este escrito no pone en duda los derechos individuales de los mapuches como ciudadanos argentinos de varias generaciones, pero jamás las reivindicaciones territoriales que intentan esgrimir, transgrediendo gravemente las leyes y alterando el orden público en cuanta oportunidad se presenta a varios de sus dirigentes.

¿Por qué este apartado tan especial y largo sobre los mapuches en un trabajo sobre una potencial intervención militar extrarregional en la Argentina en un futuro lejano, sea esta unilateral o de una alianza del momento?: Por aquello de que “más vale prevenir que curar” y aunque el planteo resulte aún un tanto “futurista”, debería tenerse en cuenta que cualquier situación fuera de control manejada en un futuro por la minoría indígena mapuche de origen foráneo y sus aliados exteriores, podría poner a la Argentina bajo el peligro de que sean aplicadas sanciones según el Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que autoriza el uso de la fuerza militar.

Debería en consecuencia evitarse el reconocimiento de los mapuches como “pueblo originario” de nuestro país, sencillamente porque no lo son, a efectos de desactivar con la debida anticipación el crecimiento de esta nueva y singular amenaza para la defensa y seguridad de la Nación, frente a reivindicaciones carentes de todo derecho y que son violatorias de la Constitución y de las leyes fundamentales de la República Argentina.

El despliegue internacional de los denominados mapuches, “pueblo originario” de origen chileno y no argentino, que fue responsable del genocidio de los tehuelches, sí originarios de nuestro país y muchos de cuyos dominios ocuparon, permite suponer que existe una coordinación exterior de sus acciones. En qué medida intervienen en ello servicios de inteligencia extranjeros y corporaciones dispuestas a utilizar las causas esgrimidas por los “pueblos originarios”, como sucede en otros países, para hacerse con el control de recursos naturales, es algo que deberían investigar nuestros propios servicios de inteligencia y seguridad en el marco de la legislación vigente.

Una mención aparte merece el hecho de que el gobierno chileno ha descubierto nexos de organizaciones mapuches domésticas con las FARC, e incluso con extremistas enrolados en la organización internacionalista vasca “Askapena”, nacida en 1987, que opera también en Bolivia, Uruguay, Venezuela y Cuba, entre otros países.

Cabe señalar que se trata nada menos que de informaciones oficiales del gobierno socialista de Michelle Bachelet y no del de Álvaro Uribe Vélez, a quien tanto se cuestiona por su guerra contra las organizaciones narcoterroristas que operan en su país y también desde bases en países vecinos como Venezuela y Ecuador.

Si llegaran a darse las condiciones, las acciones etnoseparatistas mapuches podrían pasar del bajo nivel de violencia actual en la Argentina, menor al que se observa estos días en Chile, a fases de lucha más cruentas, incluyendo el uso de tácticas terroristas.

El debilitamiento de la defensa nacional de la Argentina, acompañado también por el de su seguridad interior, sería no sólo una invitación para que operen dentro de territorio argentino actores estatales y no estatales que nos amenazan con base en la región y hasta en países limítrofes; también el mediano a alto grado de probabilidad de ocurrencia de que veamos una suerte de Palanquero mucho más cerca y rápido de lo que pueda pensarse.

El presente trabajo quedaría inconcluso, si no se expresara la preocupación y angustia que produce el debilitamiento de nuestro poder militar, que ya ni siquiera es disuasivo, lo cual exige perentoriamente el fortalecimiento urgente del sistema de defensa, que se encuentra en proceso de virtual demolición, acelerada a partir de la reciente reducción presupuestaria.

Uno de los principales puntos de partida y que debe citarse aunque no pertenezca al sector de la defensa sino al de seguridad interior -extraña división propia de la agenda política del presente Gobierno al nivel de la Presidente y Comandante en Jefe y no de niveles inferiores-, es sin duda quitar a cualquier potencia extrarregional el más mínimo pretexto para establecerse cerca de nuestras fronteras, cumpliendo por nuestra parte con todos los acuerdos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La Argentina debería tal vez entonces y desde su propia identidad nacional, imitar las decisiones inteligentes del presidente Luis I. Da Silva; no la estrategia y actitudes perniciosas de su par venezolano Hugo Chávez Frías, que tanto daño le siguen causando a la seguridad regional.

Horacio Calderón

[1] http://www.au.af.mil/awc/africom/documents/GlobalEnRouteStrategy.PDF
[2] Ibídem.
[3] Pentágono, “DoD FY 2010 Budget Request Summary Justification”, con acceso web en: http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2010/fy2010_SSJ_Special_Topics.pdf
[4] Op. cit.
[5] Cfr. Calderón Horacio, “Terrorismo y Crimen organizado en la Triple Frontera”, Buenos Aires, 10 de agosto de 2007, con acceso web en: http://www.horaciocalderon.com/Articulos/HC_TBA_Crimenorganizadoyterrorismo.doc
[6] “Toponimia Patagónica de Etimología Araucana” (Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación), Imprenta Julio Kaufman, Buenos Aires, 1952

Politicaydesarrollo, 19-8-09