Por Paz Rodriguez
Niell
La declaración del
tribunal, que lleva la firma de 31 camaristas, critica la reforma en general,
pero hace especial énfasis en el peligro que a su juicio tienen dos de los
proyectos: la modificación del Consejo de la Magistratura y la
creación de las nuevas cámaras de casación. Advierte que podrían provocar la
violación de compromisos internaciones del Estado, así como de normas
constitucionales, y que dejan "desprotegidos" a los ciudadanos.
En cuanto al proyecto
de reforma del Consejo, los camaristas advierten que somete "temas de
trascendencia institucional, como la elección y remoción de los jueces, a la
decisión del partido gobernante de turno, vulnerando el principio de
independencia judicial y el derecho de todo habitante de la República Argentina
a un juez imparcial establecido por la Constitución Nacional ".
Sostienen, además,
que la elección de los consejeros jueces y abogados por el voto popular en las
listas partidarias podría constituir una violación de al menos siete artículos
de la
Constitución. Asimismo , afirman que la "inconveniente
politización" del Consejo y de sus integrantes podría afectar la
"división de poderes".
"Observamos que
los proyectos y las leyes cuestionados no contribuyen a una mejora y celeridad
de los procedimientos, sino que, por el contrario, retrasarán los procesos en
perjuicio de los justiciables, desatendiendo el requisito del plazo razonable
para el dictado de las sentencias impuesto por tratados internacionales."
La declaración ataca,
en concreto, la puesta en funcionamiento de las tres nuevas cámaras de
casación; entre ellas, la civil y comercial, que será alzada de la Cámara Civil , es
decir, revisará los fallos de estos magistrados.
"La creación de
nuevas cámaras de casación podría causar una demora en los procesos", dice
el documento, que advierte, además, que "el método de integración previsto
para su constitución inicial [en referencia a las casaciones] importaría una
violación de la
Constitución Nacional , conforme lo decidiera el más alto
tribunal".
Lo que cuestionan los
camaristas es que la presidenta Cristina Kirchner podrá elegir, de inmediato y
sin esperar los concursos del Consejo de la Magistratura , a los
jueces que integrarán las tres cámaras de casación. Esto fue previsto en un
agregado de último momento al proyecto de ley que crea las cámaras. Permitirá
que tribunales enteros empiecen a funcionar sin jueces titulares, una situación
sin precedente.
"La
independencia de los jueces no es un privilegio, sino una garantía de los
ciudadanos, los que resultarán desprotegidos por la reforma", reza el
último párrafo de la declaración, que los camaristas remitieron a la Corte Suprema , al
Consejo de la
Magistratura y a las dos cámaras del Congreso Nacional.
El texto lleva la
firma de 31 de los 39 jueces del tribunal, entre los que se encuentran algunos
subrogantes. Algunos de los que no firmaron estaban en desacuerdo con el
contenido de la declaración y otros estaban de viaje, dijeron fuentes del
tribunal.
Los antecedentes de
esta declaración hay que buscarlos en una nota que envió la presidenta de la Cámara Civil , la
jueza Patricia Barbieri, al titular de la Corte Suprema ,
Ricardo Lorenzetti, el 25 de abril pasado. Allí le pedía a Lorenzetti:
"Que siga ejerciendo con firmeza y convicción el rol de cabeza de uno de
los tres poderes del Estado, en aras de garantizar la independencia de la Justicia , el respeto de
los derechos y la efectiva división de poderes, bases indiscutibles de un
sistema republicano de gobierno".
Esas líneas son parte
de una lluvia de apoyos que enviaron presidentes de las cámaras de la justicia
nacional y federal de todo el país a la Corte , cuando se discutía que retuviera sus
funciones de administración del Poder Judicial..
