¿Quién pone en duda
que la ciudad de Córdoba debe reformular el servicio público de transporte para
atender las necesidades de una geografía humana que no deja de crecer? ¿Quién
pone en duda que la
Municipalidad de Córdoba ha asegurado por escrito en los
pliegos de la licitación del transporte público y ante el Ministerio de Trabajo
que se respetarán los puestos de trabajo?
La respuesta es
sencilla y decepcionante: unos pocos activistas gremiales y choferes de la Unión Tranviarios
Automotor (UTA), que parecen defender el privilegio de grupos minúsculos que
fueron tolerados hasta el hartazgo por las anteriores conducciones del Palacio
6 de Julio y por un aparato sindical que se resiste a los cambios.
Y es inadmisible que la UTA y los gremios que los
apoyan defienda a los deshonestos frente a los cientos de choferes que
desempeñan sus tareas como corresponde y son bien remunerados.
El gremio y sus
aliados violentos no pueden pisotear los derechos de todos, como ha insistido
este diario en reiteradas oportunidades, para moldear una licitación a su
imagen y semejanza. No pueden, no deben, destrozar la Municipalidad de
Córdoba porque se impedía el ingreso de una treintena de activistas a un acto
público y sumergir en el caos vehicular a miles de cordobeses que quieren
estudiar, trabajar y desarrollar sus actividades en paz.
El intendente Ramón
Javier Mestre y el gobernador José Manuel de la Sota , porque la violencia y el caos también los
alcanzan, no deben ser cómplices ni funcionarios pasivos ante la violencia, más
allá de cualquier especulación electoral con vista a los próximos comicios.
No es justo que el
derecho de todos sea avasallado por unos pocos. La ciudad no puede volver a
experiencias caóticas como la del último martes. Córdoba merece un destino
mejor para sus habitantes, porque ese es el anhelo unánime de su gente.
