SEPRIN, MAYO 27, 2013
Un post del 15 del
mes pasado nos revela datos muy interesantes a la luz del actual escándalo de
corrupción en torno a la red de lavado del kirchnerismo. El mismo señala que,
en enero pasado, el viaje que Cristina Kirchner hizo por La Habana (para
visitar infructuosamente a Hugo Chávez), Abu Dhabi (en los Emiratos Árabes
Unidos), Yakarta (Indonesia) y Vietnam (pasó por Ho Chi Minh y por Hanoi) no
terminó allí.
Según la
documentación oficial, también pasó por Victoria, capital de las lujosísimas
islas Seychelles, ubicadas en el océano Índico. Fue durante el regreso, entre
el 21 y el 23 de enero. Recordemos que el viaje se realizó en un moderno jet
privado que nos costó más de un millón de dólares. La información está
disponible en el Decreto 23/2013, publicado el 14 de abril en el Boletín
Oficial. La comitiva oficial que viajó junto con la Sra. de Kirchner estuvo
integrada, entre otros, por Pablo Barreiro, secretario adjunto de la
Presidente, Dr. Luis Buonomo, el médico presidencial, y Analía Olivera y Mónica
Llamedo, dos funcionarias de la Secretaría General. La gira en cuestión fue
organizada por Guillermo Moreno con el fin de “vender la Argentina” como suele
decir, o sea, para promover exportaciones. La escala en las Seychelles fue de
dos días -exactamente el 21, 22 y 23 de enero-, por lo que obviamente fue mucho
más que una simple escala técnica. Esas islas, ex colonias británicas, son un
paraíso turístico muy visitado por grandes potentados. Pero también son un
paraíso fiscal de primera línea en la nómina que integran Andorra, Islas Cook,
Malta, San Marino, Anguila, Chipre, Islas Marshall, San Marino, Antigua y
Barbuda, Dominica, Mauricio, Aruba, Gibraltar, Mónaco, St. Kitts y Nevis, St.
Lucia, Bahamas, Granada, Montserrat, St. Vincent and the Grenadines, Bahrein,
Guernsey, Nauru, Turks y Caicos, Bermudas, Isla de Man, Antillas Holandesas,
Islas Vírgenes, Belice, Jersey, Niue, Panamá, Vanuatu, Liberia, Islas Cayman,
Liechtenstein y Samoa.
Una trama en dos
etapas
Trascendió días atrás
que el fiscal José María Campagnoli pidió que Lázaro Báez sea indagado por
presuntas extorsiones y amenazas al financista Federico Elaskar con el objetivo
de quedarse con su financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. Campagnoli
solicitó, también, que todos los bienes de sociedades presuntamente vinculadas
al empresario en Suiza sean inhibidos. Por su parte, los abogados de Báez
presentaron un escrito ante el juez Sebastián Casanello para que determine si
existe una pesquisa paralela a la que este magistrado lleva adelante por
presunto lavado de activos. Hasta ahora no se conocía la existencia de esta
causa judicial, que fue iniciada el año pasado y apunta a lo que Campagnoli
describió, en un dictamen, una “trama societaria supuestamente usada por Báez
para lavar dinero negro obtenido a través de un complejo esquema de firmas
vinculadas entre sí”. La hipótesis del fiscal es que por esta cadena de
empresas con más de 200 eslabones circuló dinero obtenido por Báez a través de
negocios realizados al amparo del poder. Esta investigación marcaría que habría
dos etapas en el lavado de dinero que tiene como eje a Báez y Néstor Kirchner.
La primera empezó en el 2003 y finalizó en octubre del 2010 con el
fallecimiento del ex presidente. La segunda etapa se inicia con SGI de Federico
Elaskar, financiera que luego queda bajo el control del contador Daniel Pérez
Gadín, hombre Báez. En ambas etapas interviene una empresa madre, Helvetic
Service Group, financiera suiza creada en 2005, que habría adquirido SGI de
Madero Center. Esta trama incluyó que, durante los primeros ocho años de la era
K, los operadores del lavado oficial fundaran 148 sociedades en el estado de
Nevada en los Estados Unidos a partir de una sociedad madre, Aldine Ltd., con
sede en las Seychelles. Una de las firmas que se instalaron en ese archipiélago
fue justamente SGI, ya sin Elaskar y con Néstor Alejandro Ramos como presidente,
pero manejada desde las sombras por Daniel Pérez Gadín. Ramos le compró una
parte de las acciones de la firma al inefable banquero Jorge Brito.
En cuanto a la
primera etapa, donde se destacó Aldine Ltd., ésta fue manejada por Ernesto
Clarens, dueño de Credisol, una financiera ligada al gobierno de Santa Cruz y
también de Inverness, otra financiera que comparte su sede con Austral
Construcciones, que preside Báez. En Inverness se inventó la operatoria de
canalizar los retornos de la sobrefacturación y los subsidios en billetes de
500 euros, que se mandaban en bolsos a Río Gallegos y El Calafate a las casas
del matrimonio presidencial y a cuatro casas de Báez con sus respectivas
bóvedas, que fueron desmanteladas recientemente, como lo probó Lanata.
En la segunda etapa
del lavado K; que empieza en el primer semestre del 2011, se habrían creado 55
empresas en diversos paraísos fiscales, por ejemplo, SGI en las Seychelles. La
investigación avanza sobre este tramo, pero muy poco se sabe sobre la
operaciones que se realizaron entre el 2002 y octubre del 2010 y que se
centralizaron en Aldine Ltd., también registrada en las Seychelles. Allí donde
la presidente estuvo, sin agenda, entre el 21 y el 23 de enero pasado.
La Voz del Interior,
28-5-13
