Por Juan Manuel
Lozita*
Los argentinos
asistimos a momentos cruciales en los cuales la dirigencia política tiene la
posibilidad de darle solución integral a un problema estructural como lo es la
deuda pública. No hay solución a los déficits crónicos que tiene la realidad
social nacional sin resolver la lógica perversa de esa deuda que condiciona el desarrollo
y la gobernabilidad de la Argentina.
Intentaré demostrar
cómo este problema ha sido “pateado para adelante” en este decenio kirchnerista
2003-2013, y derribar el mito del desendeudamiento del Estado argentino.
Hace poco, la
presidenta Cristina Fernández se ha calificado como una “pagadora serial” y nos
ilustró con una cifra de 173 mil millones de dólares pagados a la fecha por la
Argentina a diversas entidades bancarias internacionales, organismos públicos
y organismos multilaterales de crédito.
El tema es serio
porque –a falta de datos– hay que dar por aceptado, en principio, los dichos de
la Presidenta en el sentido de que nuestro país pagó efectivamente esa extraordinaria suma por servicios de
deuda entre 2003 y 2013 (aunque no se sabe si comprende sólo amortizaciones de
capital o también el pago de intereses).
Sin embargo, este
punto no se entiende de manera lineal. Si los pagos hubieran sido cancelatorios
y definitivos, el stock de la deuda en cabeza del Estado central debería
haberse extinguido, porque abonar en 10 años más de 173 mil millones de dólares
tendría que haber eliminado la deuda post canje 2005 declarada por el Gobierno
y, en consecuencia, haber terminado con el problema.
Obviamente no fue
así, porque el stock actual de la deuda suma –último dato del Ministerio de
Economía, del 31 de diciembre de 2012– 209 mil millones de dólares.
Nuevas deudas
Lo que pasa es que la
Presidenta, cuando dice que el país ha pagado el récord de 173 mil millones de
dólares, omite decir algo sustancial: que esos pagos no se han hecho con
recursos genuinos sino con nuevas deudas; es decir, que se ha privilegiado el
pago de unos acreedores a costa de pasarle la deuda –una deuda impagable, por
cierto– a otro/s deudor/es, que en este caso son organismos del propio Estado
(Anses, BCRA, BNA, Afip, Lotería, etcétera).
La deuda intra Estado
constituye hoy el 58 por ciento de la deuda pública performing o regularizada
(114.800/197.500 millones de dólares) porque el gobierno del matrimonio
Kirchner –al privilegiar el pago a acreedores privados y a organismos
financieros internacionales– le ha venido traspasando la carga de una masa de
deuda que no tiene capacidad de repago a las agencias del propio sector
público, lo que en buen romance es equivalente a decir que “le pasó el muerto”
al pueblo argentino.
Esto significa
descapitalización del Banco Central de la República Argentina (que tiene
préstamos al Tesoro por 66.400 millones dólares: el 58 por ciento de su
activo), desfinanciamiento del sistema previsional (que tiene el 60 por ciento
de los fondos de jubilados prestados al Gobierno), desafectación de créditos
oficiales del sector productivo por parte del Banco de la Nación Argentina (que
tiene la mitad de su cartera prestada al Tesoro) y virtual desvío de fondos de
las agencias oficiales que sostienen el reciclado permanente de los préstamos a
corto y mediano plazo del fisco.
La deuda intra sector
público se ha transformado así en una suerte de vaciamiento financiero
potencial del Estado, porque el Gobierno no tiene fondos para pagarla. Para
2014, ha previsto destinar al pago de intereses de la deuda “eterna e
ilegítima” de la Argentina la “módica” suma de 80.300 millones de pesos o
12.700 millones de dólares (a la cotización oficial prevista para 2014).
Además, deberá
cancelar vencimientos de capital por 9.855 millones de dólares, que tomará de las reservas del Banco Central, para continuar con el eufemismo
del “desendeudamiento”.
Por lo tanto, el
servicio de la deuda pública se va a llevar nada menos que el nueve por ciento
del total del presupuesto y ocupa el tercer lugar de erogaciones nacionales luego
del gasto efectuado en el sistema previsional argentino y del superpoderoso
Ministerio de Planificación Federal.
Estos montos pueden
compararse no sólo con el presupuesto destinado a la asignación universal por
hijo, sino también con los haberes infringidos y postergados de los jubilados,
con las necesidades de inversión en seguridad ciudadana, en salud, educación, transporte y en energía, para recuperar el
autoabastecimiento perdido de petróleo y gas con una YPF verdaderamente nacional
y con sus propias capacidades institucionales (y no con entrega de soberanía a
una multinacional contaminante como es Chevron). Y podríamos seguir con una
lista larga de necesidades insatisfechas del pueblo argentino.
Modelo en problemas
Con este panorama,
Cristina Fernández se encuentra jaqueada por una nueva y más grave instancia
dentro de la crisis de deuda que vive la Argentina desde el fracaso del
Megacanje Néstor Kirchner-Roberto Lavagna 2005-2010, atenazado por los fallos
de Nueva York favorables a los holdouts y habiendo llegando aparentemente a un
límite de sus posibilidades en el manejo de la deuda intra Estado.
Al mismo tiempo, la
pérdida de los superávits gemelos –fiscal y externo–, que compromete la
continuidad del llamado “modelo k”, el agravamiento del perfil de vencimientos
de la deuda y la presión financiera interna y externa, podrían acelerar la
vuelta argentina al mercado internacional de capitales en caso de que se
arregle la cuestión de los holdouts y la deuda con los países del Club
de París (hoja de ruta propuesta por Amado Boudou antes del caso Ciccone), lo que implicaría nuevamente caer en el error histórico e inducido de la trampa de deuda perpetua y eterna en que sigue sumido el país.
de París (hoja de ruta propuesta por Amado Boudou antes del caso Ciccone), lo que implicaría nuevamente caer en el error histórico e inducido de la trampa de deuda perpetua y eterna en que sigue sumido el país.
Frente a estas
condiciones, la mejor alternativa para la Argentina sería dejar que el nuevo
fallo de la Cámara de Apelaciones “arrastre” al país a un nuevo default , de
modo que ello conduzca a un replanteo de los términos de negociación de la
deuda y que el Gobierno utilice la suspensión de pagos previa a las futuras
discusiones para encarar la investigación integral –a través de una auditoria
pluripartidista y con mandato especial– y bloquear la lógica prioritaria de los
servicios de la deuda pública como política de Estado, en desmedro de las
urgencias sociales que realmente tiene la Argentina.
Estas urgencias son
el hambre, la pobreza, una educación con estándares de calidad, una salud
pública accesible, la seguridad-defensa nacional del territorio y el
desarrollo de la infraestructura de transporte multimodal, de energía y de las
telecomunicaciones.
Por último, la
Presidenta debería cumplir el requisito que fija la Constitución Nacional –artículo 75, inciso siete y otros– relativo
a la participación real y efectiva del Congreso de la Nación en el arreglo de
las deudas interna y externa, y evitar que este se transforme en una “chequera
en blanco o escribanía de lujo” del Ejecutivo nacional.
No puede ser que este
negocie lo que quiera y como quiera, pues hasta hora lo hizo de manera sistemática
en línea con los intereses de los acreedores antes que con los intereses
nacionales. Ejemplos: los arreglos Proceso-Wehbe en las postrimerías de la
dictadura cívico-militar, los acuerdos de Nueva York 1985 y 1987, bajo la
administración de Raúl Alfonsín; el Plan Brady 1992-1993, bajo la
administración de Carlos Menem; el Blindaje 2000 y el Megacanje 2001, de
Fernando de la Rúa-Domingo Cavallo, y también el Megacanje Kirchner-Lavagna
2005-2010.
*Politólogo,
presidente de la Fundación “20 de Noviembre”.
La Voz del Interior,
6-10-13
