lunes, 7 de octubre de 2013

LA JUSTICIA Y SU VERGONZOSA DEUDA CON RÍO TERCERO



    
El atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, que en 1995 mató a siete civiles e hirió a centenares, es uno de esos casos en los que, a la crueldad del hecho en sí, se ha sumado la indiferencia de la sociedad y una actitud más que sospechosa del Estado y de algunas instancias judiciales. Basta recordar que ni siquiera ha comenzado el juicio oral.

Por eso, a sólo un mes de cumplirse 18 años de la voladura con la que, según la Justicia, se intentó borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador durante el menemismo, es auspicioso que la Cámara Civil y Comercial Federal haya ordenado indemnizar con 5.462.817 pesos a nueve personas y a los familiares de otras tres ya fallecidas, quienes sufrieron daños en sus casas y comercios cercanos a la fábrica militar, además de las lesiones físicas y psíquicas.

De todos modos, cabe plantearse cómo es posible que esas víctimas y los familiares hayan tenido que aguardar 18 años para ser indemnizados. Tengamos presente, además, que ya existen sentencias de similar tenor resueltas por juzgados federales de Córdoba, como la que autorizó pagar una suma total de cerca de diez millones de pesos a unos 500 habitantes de Río Tercero que habían reclamado por daño moral. Para desgracia de los afectados, en virtud de la ley de emergencia, el Estado nacional pagará con bonos.

En total, suman alrededor de 12.000 los pobladores que iniciaron juicios civiles contra el Estado nacional, pues hubo varios barrios que resultaron arrasados por la sucesión de explosiones del 3 de noviembre de 1995. Muchos obtuvieron sentencias favorables, pero los abogados del Estado las apelaron. Si bien es cierto que esos letrados están obligados a apelar, debería haberse contemplado el caso especial que representó este atentado del que fue víctima la ciudad entera, de forma tal de evitar la apelación estatal y así acortar los tiempos judiciales y permitir una más rápida indemnización a los damnificados y sus familias.

Pero además, algunos de esos abogados que representan los intereses del Estado han ido más allá de su obligación y, con injustificado celo, han incursionado en la mentira insultante al afirmar, por ejemplo, que no se ha probado la responsabilidad estatal y que las explosiones pudieron obedecer a un ataque terrorista.

A esta altura de las investigaciones, sostener esos disparates resulta francamente ofensivo y muestra una ignorancia absoluta e imperdonable respecto de las pruebas y peritajes realizados que obran en el expediente del fuero penal federal. En efecto, allí se encuentra el extenso y detallado peritaje oficial realizado en 2003 en la localidad cordobesa de Serrezuela durante varios días, con distintas pruebas explosivas efectuadas en escala, que permitieron desechar para siempre la absurda hipótesis que contra todas las evidencia sostuvo la Justicia durante los primeros ocho años: que los hechos obedecieron a un accidente.

El peritaje de Serrezuela mostró una realidad mucho más siniestra al comprobar que la serie de explosiones fueron intencionales y requirieron una compleja ingeniería, pues se emplearon contraexplosiones que dirigieron las ondas expansivas de los estallidos principales sobre la ciudad para preservar los sitios más valiosos de la planta y también las fábricas químicas privadas que la rodean. Por esta razón, todos los muertos y casi todos los heridos fueron vecinos de la ciudad.

Estas características son las que deberían convencer a las autoridades de que ha sido mucho el tiempo que se ha hecho perder a los riotercerenses, tiempo que para ellos se mide también en términos de dolor. De ahí que debería haberse materializado ya la vieja promesa incumplida del kirchnerismo de sancionar una ley que permitiera pagos indemnizatorios extrajudiciales. Pero por lo visto fue sólo uno más de las tantos compromisos hipócritas con que se quiso captar votos, pues el proyecto duerme en el Congreso.

Finalmente, es preciso que comience cuanto antes el demorado juicio oral a los cinco ex directivos de Fabricaciones Militares, procesados por estrago doloso seguido de muerte. Algunos de ellos carecían de capacidad operativa como para haber ordenado y realizado el atentado. No hay justificativo para tanta demora, como no lo hay tampoco para resolver definitivamente la situación en la causa del ex presidente Carlos Menem, hoy procesado, y del ex jefe del Ejército, teniente general (R) Martín Balza, cuyo sobreseimiento fue apelado.

A casi 18 años de los hechos, es una vergüenza que aún esté lejos el día en que la Justicia pueda castigar a quienes decidieron volar parte de una ciudad argentina para ocultar un contrabando.


La Nación, editorial, 7-10-13