La Comisión sobre el Status de la Mujer, al término de sus sesiones en la sede de la ONU en Nueva York, aprobó una declaración sobre “Eliminación de la mortalidad y morbilidad materna predecible, a través del empoderamiento de la mujer”.
El documento fue patrocinado por los Estados Unidos, y copatrocinado por los Estados de Colombia, Armenia, Australia, Camerún, Canadá, Gabón, Guatemala, India, Mongolia, Namibia, Nueva Zelandia, Noruega, Senegal, Islas Salomón, Panamá, Filipinas, Sudáfrica y Zambia, Papúa-Nueva Guinea, Lesoto, Egipto, Angola, Guinea, Congo, Guinea ecuatoriana, Reino Unido, Cabo Verde, Eritrea, Níger, Mali y Haití.
La resolución, cuestionada por las delegaciones de varios países en vías de desarrollo, parte de la base de que el 13% de las muertes maternas en el mundo se producirían a causa del aborto en condiciones inseguras. Por ese motivo, la mayor parte del texto está dirigido a promover la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, así como la perspectiva de género en todas las dimensiones de la vida pública. Paradójicamente, la resolución deja de lado las cuatro principales causas de mortalidad materna las que, en su conjunto, representan casi el 90% y son, según los más recientes informes de la OMS, previsibles: hemorragias severas luego del parto, procesos infecciosos, alteraciones de hipertensión durante el embarazo –eclampsia- y obstrucciones en el parto.
La referencia al aborto, presente en el texto consensuado bajo el concepto de "aborto inseguro", así como la mención de los "derechos sexuales y reproductivos” suscitó las mayores tensiones, tanto durante la negociaciones, como en la sesión plenaria final, momento en el que los representantes de países como Jordania, Polonia, Chile, Polonia, Santa Lucía e Irán expresaron duras consideraciones. Los representantes de los gobiernos de Chile y de Polonia, expresaron que cualquier referencia a los derechos sexuales y reproductivos no constituía para ellos un aliento a la promoción del aborto. Lo mismo hizo la delegada de Santa Lucía, agregando que su país establecía una reserva en torno al término “aborto inseguro”. El vocero de Irán afirmó que las actividades relacionadas con la salud reproductiva, incluida la educación sexual, debían tener en cuenta los valores éticos y morales de cada país y de cada religión, haciendo hincapié en que el contenido de la resolución no debía suponer un avance sobre los conceptos ya admitidos en el marco de las conferencias de la ONU.
La delegación de la Santa Sede, con la intervención del P. Phillip Bené, tomó la palabra para afirmar la necesidad de reducir la mortalidad materna, mediante el acceso a los cuidados obstétricos adecuados. El P. Bené reafirmó las reservas de la Santa Sede respecto de los derechos reproductivos y recalcó que no consideraba el aborto como parte de los servicios de “salud reproductiva”, ya que violaba los derechos de la mujer y de los niños. Hizo también hincapié en el deber de tener en cuenta las características culturales de todos los pueblos y respetar su legislación nacional y religiosa. Destacó en primerísimo lugar la obligación universal de proteger la vida de la madre y de los niños.
Una particular mención merece el discurso final del representante de Malta quien, al explicar su posición, expresó su reserva con términos como “salud y servicios reproductivos”, así como “derechos sexuales y reproductivos”. En este sentido, sostuvo que Malta no acepta recomendaciones ni decisiones de la Comisión que promuevan una obligación de considerar estos conceptos como una forma de legitimizar el aborto. Recalcó que “la terminación del embarazo es ilegal”. Por esa razón Malta se reservó su posición acerca del término “aborto inseguro”, ya que puede significar que a corto o largo plazo el así llamado “derechos al aborto” puedan ser “libre y seguro”. La delegación de Malta se refirió a los párrafos 94, 95 y 106 del informe de la Conferencia de Beijing, y elogió la meta de la resolución, en cuanto referida a la eliminación de la mortalidad materna, pero pidió que se respetaran las legislaciones nacionales.
Las negociaciones, que deberían haber concluido el jueves 11 de marzo por la tarde, concluyeron el viernes 12 por la mañana de forma abrupta, presentándose en el plenario el texto a ser aprobado, con el total desconocimiento de gran parte de los países miembros de la Comisión (sobre todo países los países islámicos y latinoamericanos). Es útil recordar aquí que algunos delegados de países africanos y latinoamericanos mencionaron la existencia de ciertas presiones internacionales para promover un texto acorde con la perspectiva de género y con las exigencias de los organismos mundiales.
Finalmente, y a pesar de estar anunciada en el programa, la Secretaria de Estado Hillary Clinton no acudió a la clausura de la Conferencia. Algunas fuentes mencionaban que esta ausencia se debió a la resistencia que encontró el proyecto de resolución sobre mortalidad materna, y a la importante cantidad de reservas, comentarios y aclaraciones que merecieron los términos allí impuestos.
Destacamos la participación de la Lic. María Inés Franck, junto con una importante delegación de líderes latinoamericanas en temas de vida y familia, quien ha registrado lo acontecido y ha tenido activa participación en la elaboración de informes técnicos y dictámenes para brindar asesoramiento a las diversas delegaciones.
FUNDAR
Servicio a la Vida
www.politicaydesarrollo.com.ar, 15-Mar-2010
