Por Juan Archibaldo Lanús
En un acto de autoridad que celebro, la Presidenta por decreto del 16 de febrero, impuso a todo buque que transite entre puertos argentinos y las Malvinas o atraviese aguas jurisdiccionales, la obligación de solicitar una autorización previa ante autoridades nacionales. Es un acto de autoridad del Estado frente al inicio de la exploración petrolera en aguas que son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
A principios de febrero, la Prefectura Naval inspeccionó en el puerto de Campana al buque Thor Leader con bandera de la Isla de Man, que había llegado de Malvinas, y estaba cargando 7.099 ton de tubos sin costura destinados a la explotación petrolífera costa afuera.. Invocando no haber acreditado “la salida y el despacho otorgado por autoridad nacional en Puerto Argentino “, la Prefectura prohibió la operación del buque, y descargó los tubos que quedaron en tierra.
Que los británicos no cumplen las resoluciones de la ONU ni la obligación de no innovar, ello es una realidad; pero no es menos cierto que la Argentina carece de una política conocida respecto a las Malvinas y las islas y espacios marítimos del Atlántico. La loable decisión presidencial cae, a mi juicio, en el vacío diplomático que impera en las relaciones bilaterales, donde no hay diálogo ni acción. Con Malvinas se practica el método de “prueba y error”, y el uso de declaraciones principistas pretende dar contenido a una política que no va a ninguna parte pues carece de visión estratégica, se guía por prejuicios ideológicos, y siempre está tentada por el oportunismo mediático o de coyuntura. Ninguna decisión importante se consulta, y ni por casualidad se intenta buscar consensos amplios entre las fuerzas políticas o en la sociedad civil.
La cuestión del petróleo no debe evaluarse en si misma sino en el contexto general de la relaciones bilaterales argentino-británicas. En primer lugar, la Argentina denunció unilateralmente y en forma sorpresiva, el 27 de marzo del 2007, la Declaración Conjunta de Cooperación sobre actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental referida a hidrocarburos, suscripta el 27 de septiembre de 1995 luego de cuatro años de dificultosas negociaciones. - Esta Declaración estableció actividades coordinadas, por primera vez se logró la referencia a un “compromiso” de ambas partes de no extender el área en disputa y se delimitaron 6 áreas de 3.500 km cuadrados de cooperación especial. Se creó una Comisión Especial, un sistema de consultas e información y otras previsiones para reducir incidentes, y se encargo a un Subcomité la promoción la exploración y explotación del área especial. Ambas partes habían dejado a salvo sus derechos, en caso de convocarse a una licitación para el desarrollo de hidrocarburos.
Si bien desde el primer momento se plantearon divergencias sobre la aplicación de la Declaración, que en el año 2000 quedaron explicitadas por escrito en la octava reunión de la Comisión y, sin duda Gran Bretaña actuó unilateralmente violando la buena fe -no fue la primera vez- dicha Declaración era el único instrumento que teníamos para controlar y estar informados sobre la cuestión vital del “oro negro” e intercambiar puntos de vista en un espacio bilateral propio. Había que hacer lo necesario para que los ingleses cumplieran sus compromisos.
Era nuestro interés que así fuera.
La administración Kirchner consideró “agotado el ejercicio de reflexión abierto en 2000 sobre la marcha de la Declaración Conjunta” y decidió “dar la misma por terminada” (comunicado de Prensa del 27.3.207) Al denunciar el compromiso les dejamos las manos libres.
El segundo frente es la incapacidad de la diplomacia argentina de anticipar lo que sucedería con la ratificación del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, y de organizar a nivel europeo una campaña informativa ante la Comisión, el Parlamento Europeo, y la opinión pública de los 27 países miembros de la Unión sobre los derechos argentinos a las Islas. Cuando los argentinos se enteraron por los diarios que las Malvinas formarán parte de la “región ultraperiférica de la Unión Europea” prevista en el Anexo II del Acuerdo de Lisboa, el Canciller, cumpliendo con el ritual, hizo llegar una nota de protesta ante esta nueva afrenta de Gran Bretaña que, sigilosamente, aprovecha nuestra inacción.
Un tercer factor del “vacío” que comento, es el fracaso del intento de reanimar la relación bilateral, de restablecer un dialogo político de Alto Nivel, de vencer la apatía por parte británica. Muchos acuerdos están en suspensión, p.e. el grupo de trabajo del Atlántico Sur para crear medidas de confianza no se reúne desde hace años, las comisiones y subcomités de pesca tampoco. Se ha instalado un “diálogo de sordos”, sobre lo cual la Cancillería nada informa al Congreso ni a la opinión pública.
En fin, un cuarto factor, es lo que Andrés Cisneros en su artículo del Clarín del 19 de febrero, llama “la filosofía del todo o nada” que siempre termina en nada para el más débil. En el caso de Malvinas, consolida un Statu Quo que favorece a los británicos y los isleños La búsqueda de principios absolutos es una forma de escapismo o de impotencia. En nuestro caso hay historias patéticas, como lo que sucedió cuando fracasó, por las condiciones impuestas por el gabinete en 1914, “la cesión de soberanía” de las Islas Orcadas que ofrecieron los británicos a cambio de un terreno para la legación británica en Buenos Aires; o el silencio a las propuestas que, en Abril de 1982, hicieron al gobierno argentino el Secretario General Javier Pérez de Cuellar y el gobierno del Perú de establecer una administración transitoria de la ONU para las Malvinas.
Para construir una política frente a la exploración de hidrocarburos en las Malvinas, debemos contar con la solidaridad de Brasil, Chile y Uruguay, pues estos países hermanos deben compartir plenamente nuestros objetivos. - Deben acompañarnos. ¿Qué estamos haciendo para ello? ¿Y las Pasteras? ¿Y el Mercosur? ¿Y la energía? No se trata de transformar las embajadas en receptoras y emisoras de notas de protesta y creer con ello que nuestra diplomacia es activa.
Un nuevo incidente nos enfrenta con Gran Bretaña. Gordon Brown, el premier británico, sostuvo que la búsqueda de petróleo está “perfectamente en nuestro derecho”. El partido Conservador pide reforzar la defensa de las Islas. La Asamblea de las Malvinas expresa que la “exploración continuará como está planteada”. Guillermo Makin, asociado al Centro Latinoamericano de la Universidad de Cambridge, que aprueba la medida de nuestra Presidenta, dice que hay que hacer incómodo el Statu Quo para los ingleses pero “bajar el tono de las declaraciones, pasar a hablar con los hechos y la parquedad”. Mientras la Plataforma Ocean Drive llega a las aguas del archipiélago, la Presidenta defiende, con acierto, nuestros derechos sobre las Islas en la Cumbre de la Unidad de América Latina y Caribe donde logra apoyo en su cruzada contra la “pérfida” Albión. Pero no olvidemos que, como lo dijera en su discurso de aniversario Javier Pérez de Cuellar, la defensa es parte de la política exterior. Adonde estarán nuestros barcos y aviones para controlar el espacio oceánico que nos une a las Islas Malvinas, para interceptar barcos que pasen sin permiso por las aguas territoriales.
La política exterior respecto a las Malvinas es una cuestión crucial para los argentinos que debe encararse con seriedad, inteligencia y sin sectarismos.
Debe ser una Política de Estado y por ello debe dejar de ser el patrimonio exclusivo de un gobierno. La recuperación de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur no es esperanza sino destino.
InformadorPublico, 08.03.2010