Por Gustavo Ferrari
Diputado Nacional
En una oscura
realidad que lleva al Gobierno a acordar con un país que niega el Holocausto,
que propugna la desaparición del Estado de Israel y está acusado de fabricar
armas de destrucción masiva, el envío al Congreso del memorándum de
entendimiento con Irán en el caso AMIA para darle fuerza de tratado es aun más
oscuro.
Si una vez más las
obedientes mayorías levantan públicamente las manos y bajan sus privadas
resistencias, estarían dando formalmente a este acuerdo el carácter de tratado.
Así, lo transformarían en una norma superior a las leyes, con objeto de validar
procedimientos y resultados que serían muy diferentes de aplicarse la ley
argentina, como corresponde ante todo crimen cometido en nuestro territorio.
Y otra vez está el
"relato" para tratar de justificar lo inexplicable: apelando como es
costumbre a una visión parcial, la Presidenta nos dice -remitiéndose exclusivamente
a la actuación del destituido juez Juan José Galeano- que la investigación no
mostró avances en más de 18 años. Omite que, desde su gestión, otro juez y un
fiscal especial intervienen en la causa y han conseguido identificar a los
ideólogos del crimen y conseguir que Interpol apruebe por unanimidad sus
capturas internacionales.
Pero también nos
miente cuando dice que el acuerdo con Irán supondrá un avance en la
investigación, ya que permitirá "interrogar" a "algunos" de
los imputados. Ese acto procesal será sólo una parodia sin efecto alguno,
porque no se encuentra previsto por la ley argentina. Si fuera una declaración
indagatoria, los "interrogados" deberían quedar inmediatamente
detenidos y el juez debería resolver su situación procesal, y eventual prisión
preventiva, dentro de los 10 días. Nada de ello ocurrirá. Todo lo contrario: el
acuerdo garantizará la inmunidad de tránsito de los investigados, ya que
ciertamente supone la tácita renuncia de nuestro país a las órdenes de
detenerlos. Y será denigrante y vergonzoso para el país que caigan las capturas
internacionales, pretensión inocultable de Irán.
Esta grave
inconsistencia legal -dolosa o culpable- es la que pretende ser morigerada
ahora por el kirchnerismo llevando al Congreso a legitimar todo lo que se haga
bajo el paraguas del acuerdo. Se nos dice así que el "interrogatorio"
tendrá validez legal para la
Justicia.
Tampoco es verdad. De
aprobarse la ley por el Poder Legislativo -una vez más como una escribanía- se
estará sancionando una ley absolutamente inconstitucional porque estará
aprobando un tratado que viola la garantía del debido proceso y la defensa en
juicio que consagra el artículo 18 de nuestra Constitución. Esto es así porque
se restringe la participación nada menos que de las víctimas -la querella- en
los actos que lleve adelante la
Comisión de la
Verdad. Ni la
AMIA ni la DAIA
ni ningún familiar o representante legal de los cientos de víctimas
intervendrán ni serán escuchados.
El mal entendido
garantismo que profesa el kirchnerismo olvida que no sólo los imputados tienen
garantías procesales. La
Corte Suprema , en el fallo "Otto Wald", le
reconoció expresamente a la querella las mismas garantías al señalar que éstas
amparan "a toda persona a quien la ley le reconoce personería jurídica
para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como
querellante o acusado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien
postula el reconocimiento de un derecho".
De esta forma, el
Congreso no sólo es conducido a sancionar una ley inconstitucional que supone
una vergonzosa prórroga de soberanía. Lo más grave es que lo hará aun ante la
rotunda oposición de los principales interesados en el esclarecimiento del
atentado: sus cientos de víctimas y familiares, que están convencidos de que
detrás de este acuerdo se pone en riesgo la posibilidad de condenar a los
responsables del brutal crimen de 1994.
Es inaceptable que el
Congreso valide un acuerdo tras el que se puedan esconder otros intereses que
no sean éstos, los del las víctimas, los de la sociedad toda..
