Sebastián García Díaz
Miembro de Esperanza
Federal (Civilitas)
¿Qué diferencia a
Córdoba del país? Desde esta provincia, estamos luchando para que no se
consolide un modelo hegemónico K a nivel nacional. Pero ¿y Córdoba? Hace tiempo
que en este territorio se montó un esquema institucional con todos los defectos
que nos enervan de la avanzada kirchnerista.
Lo que ocurre es que
no se hizo con ese estilo tosco que tanto nos enoja. Pero, a los efectos
prácticos, la mala organización de nuestras instituciones republicanas debería
generarnos la misma indignación.
En Córdoba, con la
excusa de la “gobernabilidad”, garantizamos en la Constitución de 1987
que las mayorías legislativas se las llevara en forma automática el partido que
triunfa. También para los municipios.
En la reforma de 2001
establecimos una unicameral que –de manera indirecta– siguió priorizando ese
objetivo.
Nuestro Poder
Legislativo es, por tanto, al igual que a nivel nacional, una “escribanía del
Ejecutivo” y lo mismo los concejos deliberantes de las ciudades, por más empeño
que puedan poner los opositores.
Falta de control.
Respecto del Poder
Judicial, la comparación no es mejor. El fiscal General de nuestra provincia –que
es jefe de todos los fiscales que lideran las investigaciones (incluidas las de
corrupción)– es nombrado por el gobernador.
Es muy difícil que
sea independiente. Si resulta vergonzoso que no haya un “Jaime” preso o un
“Boudou”, deberíamos preguntarnos por qué –en 12 años de gestión continuada– no
hay un solo preso por corrupción en Córdoba.
El Tribunal de
Cuentas (tanto provincial como municipal), que se encarga de auditar que se
gaste el presupuesto con todos los requisitos de transparencia, es elegido en
la misma boleta.
En la práctica, esto
provoca que ganen siempre los candidatos del mismo partido que el gobernador o
el intendente triunfante. ¿Se controlan entre sí? En los organismos
provinciales de control, como el Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos),
de los seis miembros del Directorio, tres son representantes elegidos por el
gobernador.
Ciertos organismos
creados por la propia Constitución Provincial, como el Consejo de Partidos
Políticos o el Consejo Económico y Social, fueron cerrados con la misma
impunidad con la que se avasallan algunas instituciones en la órbita nacional.
No tan distintos.
Los directorios de
las empresas públicas provinciales no tienen representantes de la oposición ni
independientes y, en general, el manejo de sus fondos no está actualizado on
line.
Si nos enoja que La Cámpora ponga a su gente
en los directorios de las empresas estatizadas, debemos saber que aquí el
gobernador pone a los suyos con la misma discrecionalidad en Epec, Banco de
Córdoba, Lotería o en la estatizada Terminal de Ómnibus o en la Tamse (Transporte Automotor
Municipal Sociedad del Estado) el intendente.
¿Nos enoja que
Cristina abuse de las cadenas y la publicidad oficial? Pues el presupuesto en
publicidad del Gobierno provincial es escandaloso (192 millones de pesos
anuales), así como el de la
Municipalidad , y está claro que no se usa para campañas de
prevención. Con esa plata no se han llegado a comprar medios como hace el
entorno K, pero sí se alinea a varios mediante la presión de la pauta oficial.
¿Nos alarma el manejo
político con el que se reparten fondos nacionales sólo a los amigos? Pues la Provincia no es mejor a
la hora de decidir en poner plata a un Festival y no a otro o en apoyar a un
intendente o al de al lado.
Graves similitudes.
¿Acaso no estamos
luchando contra el modelo K por su presión impositiva asfixiante? Pues está
pasando lo mismo a nivel provincial y municipal.
En todos los casos,
hay gastos desopilantes. Allá se gasta en refaccionar salones de la Casa Rosada o en
carteras; aquí, en centros cívicos y faros. Allá en festejar el 9D llenando la
plaza con números musicales. Acá en montar un show por terminar un demorado
desagüe o en un “cuartetódromo” en luga r de destinar esos fondos a mejorar, por ejemplo, los institutos de salud mental.
desagüe o en un “cuartetódromo” en luga r de destinar esos fondos a mejorar, por ejemplo, los institutos de salud mental.
Hasta en ciertas
sutilezas del “relato” nos parecemos.
Justificamos el
boleto gratuito invocando “la noche de los lápices” con el mismo cinismo con el
que Cristina usa las Malvinas o la fragata Libertad para montar su show
nacionalista. Unos le ponen la cara de Evita a un billete. Otros llaman Evita a
un museo provincial.
Hay similitudes mucho
más graves. Coinciden en que siempre ganan las mismas empresas (o nuevas, pero
de origen muy dudoso) las grandes licitaciones y concursos.
¿Estamos pidiendo un
país con instituciones más serias y transparentes? Empecemos por Córdoba, donde
podríamos dar el ejemplo avanzando en un largo listado de reformas pendientes.
