Por Esteban E.
Gorriti*
La Voz del Interior,
19-7-14
Del informe mensual
sobre victimología vial publicado por este diario el 1º de julio pasado, surge
que durante el primer semestre de este año se registraron 232 muertos, la mitad
de los cuales eran motociclistas. En junio, casi el 70 por ciento de las
víctimas fatales no había cumplido los 35 años de edad. El promedio diario de muertes
por siniestros viales resulta tan alto como la media registrada desde 2007 a
esta parte. Y la ciudad de Córdoba fue, nuevamente, la jurisdicción con más
tragedias: 10 fallecidos.
Ignorando por
completo esta dura realidad, el jefe provisorio de la Policía Caminera, el
comisario mayor Daniel Miroldo, declaraba a este diario, respecto de la marcha
del programa Alcoholemia-Tolerancia Cero: “Estamos contentos con el primer
balance”.
La frase suena como
una burla cruel al dolor de quienes han perdido a sus seres queridos en los
hechos ilícitos de tránsito cometidos durante dicho período. ¿Cómo se explica
semejante desatino expresivo?
El funcionario
policial se ufana de que sólo el 0,5 por ciento de los conductores controlados
por la fuerza a su cargo resultaran multados (118 por circular con menos de 0,4
gramos de alcohol por litro de sangre).
Con habilidad
burocrática, celebra la estadística que más le conviene, participando así en el
juego de las falsas apariencias orquestado por sus superiores, que pretenden
ver un éxito de gestión gubernamental allí donde sólo sigue habiendo muerte y
dolor.
La contradicción debe
ser aclarada. Cuando se sancionó la ley 10.181, advertimos a la opinión pública
a través de distintos medios que la premisa “alcoholemia cero” era un notorio
error de concepto, puesto que los siniestros viales causados por ebriedad de
los conductores exhiben valores en sangre mucho más elevados que 0,4 gramos,
registro ínfimo que en modo alguno supone ni siquiera un principio de
intoxicación neurológica. Antes bien, es la prueba viviente de una ingesta
etílica moderada, de la debida prudencia por parte del bebedor.
Dijimos también que
el problema es que miles de borrachos al volante (portadores de alcoholemias
superiores a 1,5) egresan cada madrugada de fin de semana del gran emporio de
la diversión nocturna sin ser detectados por los supuestos controles de
tránsito policiales ni municipales.
Denunciamos que eso
ocurre porque los boliches tienen “zona liberada” y gozan de impunidad para
intoxicar a la concurrencia juvenil, cosa que no podrían hacer con controles de
alcoholemia en sus puertas que alejaran a sus clientelas.
Tal como afirma
Natalia García en su nota publicada el 9 de julio pasado en este diario, “la
mayoría de los municipios no ejerce controles de alcoholemia en áreas urbanas
con sus propios inspectores”. Gran verdad que debería ser investigada.
La Caminera sólo se
ocupa de controlar los tramos viales interurbanos, casi exclusivamente de día.
Es decir que en evidente equívoco de procedimiento, el Estado provincial ha
decidido intervenir en un campo social distinto del realmente problemático,
puesto que el usuario diurno de las rutas no representa el peligro público que
sí configuran los ebrios trasnochados, que se desplazan sin control por las
zonas urbanas. Por eso se sigue concentrando en estas la estadística fatal.
Mientras que la baja
en la cantidad de “infractores” a la exigencia de alcoholemia cero indica que
el contingente controlado ya se ajustó prácticamente en forma absoluta (99,5
por ciento) a la nueva exigencia legal.
En suma, se
vanagloria por nada el Gobierno, pues el flagelo de la inseguridad vial pasa
por otro lado, mucho más oscuro que su ingenioso marketing político.
*Abogado, centro de
estudios Por Nuestros Queridos Hijos.
