Por Urgente 24, 06 de junio de 2017
Sacar gas y petróleo ha sido y es una de las mayores
prioridades del gobierno de Mauricio Macri, que les otorgó a las empresas todo
tipo de facilidades para poner en marcha la producción. Pero siempre aparece un
obstáculo nuevo: esta vez YPF iba a poner a trabajar 20 equipos en los
yacimientos de Loma de la Lata y Loma Campana, en Neuquén, y estalló un
conflicto al no llegar YPF a un acuerdo con la comunidad mapuche para soslayar
controversias medioambientales, que ahora ingresaron a la Justicia.
Según los
medios especializados de la zona, las negociaciones que solían hacerse tras las
bambalinas fracasaron por la diferencia entre lo que ofrece pagar la petrolera
estatal y lo que pretenderían las comunidades originarias, entre $250 y 300
millones, además de la contratación de servicios a empresas vinculadas. Todo
ésto desmentido por los voceros mapuches. Los potenciales inversores siguen las
alternativas de estos tiras y aflojes que recrudecieron a partir de que los
precios internacionales no paran de bajar e YPF viene del primer balance que
dio pérdida en su historia reciente.
Ya flexibilizado el convenio laboral del sindicato de
petroleros de Neuquén para adaptarlo a las características de la explotación no
convencional que exigieron las potenciales compañías inversoras, estalló un
nuevo conflicto que traba la esperada puesta en marcha de la producción.
En el ambiente petrolero se denomina a ese plus bajo
cuerda “paz social”, según la publicación regional ADN.
El periodista especializado Federico Aríngoli, en su
nota de hoy, 06/06, publicada en el periódico de Roca señala que la tasa
“usual” rondaría $1,4 millón por equipo, pero que en esta oportunidad la
demanda mapuche se habría triplicado ya que la disputa subió de tono y los
representantes de los pueblos originarios presentaron un apreciable paquete de
denuncias por contaminación en la Justicia Federal.
En argentinatoday se afirma que YPF había ofrecido
esta vez más de $2 millones, pero que esa oferta fue rechazada de plano por los
mapuches, que pretenderían entre $250 y 300 millones en total, más la
contratación de determinadas empresas de servicios petroleros vinculadas a los
jefes mapuches, lo cual Gabriel Cherqui, vocero de los Kaximaiñ, lo negó de
plano, lo mismo que la exigencia de pagos extraordinarios: “Jamás se habló de
una negociación económica. Las compensaciones son por servidumbre y están
establecidas por ley. No entendemos lo que dice YPF cuando habla de
negociaciones millonarias. No hay números. El medio ambiente y la salud no se
negocia”. Y agregó: “Sólo necesitamos saber y tener la garantía que no se va
envenenar”.
Fuentes de la compañía replican la desmentida del
líder Kaximaiñ, aduciendo que la cancelación del plan para Loma La Lata
dispuesta en los últimos días obedeció a que la comunidad Kaxipayiñ le había
exigido a YPF un pago de $ 50 millones para perforar en la zona.
También advirtió YPF que los líderes de la comunidad
“imponen a la consultora Femun como contralor técnico de todas las actividades
que se desarrollen en su territorio, cuyos honorarios están muy por encima del
promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo se hace el proceso
de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas”.
La modalidad de estos arreglos privados con los popes
mapuches para mantener la calma en los yacimientos vienen de larga data. Más
precisamente de la época de Repsol, cuando se asegura que los ejecutivos que
respondían a las directivas españolas obsequiaban 4x4 y daban otras ofrendas a
los caciques, lo cual se siguió haciendo con la reestatización de YPF. Tuvo un
pico crítico en 2013, cuando se firmó el contrato “secreto” con Chevron por
Vaca Muerta. Los conocedores del paño están convencidos de que siempre el Movimiento
Popular Neuquino (MPN) que gobierna la provincia tiene participación en esta
suerte de paritaria entre las sombras.
Las comunidades –que gozan de un considerable respeto
a nivel internacional- ejercen una incesante presión sobre la petrolera estatal,
contando con la rápida credibilidad que tienen estos asuntos en el contexto de
una industria que no se distingue por la limpieza y el respeto al ambiente,
muchos menos en términos ancestrales, según ArgentinaToday.
YPF descalificó el carácter ambiental del reclamo de
la comunidad Kaxipayiñ en una velada acusación de usar esa temática para
encubrir intereses económicos.
En un comunicado enfatizó: "En todas sus
operaciones y equipos de trabajo, YPF promueve la implementación de las mejores
prácticas y la innovación tecnológica con el objetivo de minimizar el impacto
ambiental". Y además recordó que en 2008 presentó un inventario con las
situaciones ambientales, que -aseguró- se generaron antes de 1991.
"De las situaciones presentadas en zona de la
comunidad Kaxipayiñ, un 55% se encuentran resueltas con aval de autoridad
competente -los resultados de la caracterización concluyeron que no había
evidencia de afectación por ninguno de los componentes establecidos en la
legislación vigente- mientras que un 16% están en proceso de trabajo y el
restante 27%, bajo análisis para incluir en el calendario de tareas",
remarcó YPF.
Agregó que en los últimos 6 años remedió 370.000
metros cúbicos de suelo afectado en zona de otras comunidades, pero sólo 4.170
metros cúbicos en el territorio de Kaxipayiñ. Y culpó por esto a los “líderes
de esa comunidad”, que “han realizado sistemáticos impedimentos de tareas por
intereses ajenos a la preocupación ambiental”.
La empresa denunció que en el yacimiento Loma Campana
(el primer desarrollo comercial sobre el yacimiento Vaca Muerta, ya que la
mayoría aún son experiencias piloto) “referentes de la comunidad Campo Maripe
impiden la construcción de obras necesarias para la operación”. Agrega que,
además, YPF financió obras de regadío, emparejamiento de suelos y plantación de
unas 60 hectáreas de alfalfa para que la comunidad pudiera sustentar la cría de
sus animales, pero ahora también se denuncia que “han abandonado el cuidado del
emprendimiento productivo que YPF y la provincia construyeron para sus
familias”.
La ruptura del esquema prebendario instituido en las
negociaciones se desencadenó a partir de los resultados del primer balance de
YPF, el año pasado, que por primera vez en toda su historia arrojó pérdidas.
Justo en la semana en que bloqueos de la comunidad mapuche condicionaron las
actividades en Neuquén, el vicepresidente de Comunicaciones de la compañía,
Sebastián Mocorrea, denunció que de ese quebranto, US$ 89 millones son
atribuibles a los conflictos.
El entuerto tiene su historia: en 2011, YPF-Repsol
anunció el descubrimiento de la formación petrolera Vaca Muerta y su interés de
explotar la formación petrolera.
A partir de entonces, la comunidad Campo Maripe, que
vive en la localidad neuquina de Añelo desde 1927, comenzó a padecer un proceso
de hostigamiento por sus tierras.
La estatización parcial de YPF, el acuerdo con Chevron
para explotar Vaca Muerta (en la zona conocida como Loma Campana, donde se
ubican parte de las tierras del Lof Campo Maripe) y la ausencia de consulta y
consentimiento libre, previo e informado (convenio 169 de la OIT) aceleró el
conflicto.
La comunidad y la Confederación Mapuche exigen que se
implemente el derecho a consulta. Sin respuestas, y ante la aceleración de la
explotación (YPF-Chevron ya llevan más de 100 pozos de fracking), recrudeció el
conflicto en 2014.
El 19/07/2016, la comunidad Campo Maripe cerró el paso
a maquinarias de YPF-Chevron, que pretendían realizar nuevas perforaciones. Le
exigió que se reconozca el relevamiento territorial de 2015 (según se había
comprometido el gobierno provincial) y se realice la consulta previa.
En septiembre de 2016, la empresa Tecpetrol
(contratada por YPF) intentó ingresar por la noche para una tarea de
“exploración sísmica”; (con enormes camiones vibradores y explosivos realizan
una suerte de radiografía para precisar el potencial de hidrocarburos).
El Lof Campo Maripe se cruzó delante de las máquinas y
logró que, ese mismo día, se retiren del territorial comunitario.
Rubén Boggi, en argentinatoday, trae a la superficie
la gran sospecha política que alimenta ahora a Cambiemos. “¿El MPN participa
para ayudar al progreso, o para sacar tajadas de la torta en connivencia con
los líderes originarios?”, se pregunta.
Pero ratifica que “la sospecha está instalada, con
algunos indicios y algunas pruebas que probablemente no se den a conocer nunca,
porque el negocio está enredado en la maraña de la legalidad culposa desde hace
tanto tiempo ya, que se ha consolidado como normalidad”.
YPF, la empresa de energía controlada por el Estado,
prevé enfocarse solamente en Vaca Muerta en los próximos años y abandonar
progresivamente el resto de los yacimientos convencionales maduros que explota
en el país, según declaró el CEO de la compañía, Ricardo Darré, ex ejecutivo de
Total y Schlumberger.
De ahí que se hayan priorizado las inversiones
mediante “una hoja de ruta de la compañía en el no convencional y con un
horizonte de desembolsos, propios y de los actuales socios, de entre los US$
2.500 millones y los US$ 4.000 millones por año en 2019 o 2020", explicó
el ejecutivo a la prensa.
La idea de Darré es "acelerar el desarrollo de
Vaca Muerta a un punto que le permita al yacimiento proveer el 50% del gas a
2021 y el 60% del petróleo que el país necesitará en el 2020".
Entre este año y el siguiente, la petrolera prevé
tener 13 proyectos de exploración en etapa piloto y 6 en desarrollo, y en 2019
cambiará la ecuación: 17 áreas en desarrollo y 5 en piloto.
Para ello requiere definir en breve un plan quinquenal
de inversiones basado en bajar costos y mejorar la productividad en torno de un
20%, objetivo que obviamente requiere de la normalización de las tareas
productivas obstaculizadas por el conflicto con los mapuches.
Los gigantes internacionales (Exxon, Chevron, Total, Shell)
siguen de cerca la evolución del conflicto, como lo hicieron primero con los
precios en boca de pozo y luego con la flexibilización de los convenios
laborales, ya que si bien conocen el potencial de Vaca Muerta también tienen en
la memoria la historia argentina de idas y vueltas, con el cepo al dólar.
Pero después del episodio con los mapuches vienen
otros capítulos a resolver para que Vaca Muerta sea la estrella productiva del
país en los próximos años y convierta a Argentina en un exportador neto de
hidrocarburos, según coinciden diversas fuentes del sector: hará falta que el
Estado concrete junto a los privados millonarias inversiones en
infraestructura, como rutas, vías férreas, ductos, hospitales y hasta
conectividad en un área semi-desértica. Asimismo, apoyo estatal para mejorar el
transporte ferroviario desde el puerto bonaerense de Bahía Blanca hasta la
refinería de la empresa en la localidad de Plaza Huincul, en Neuquén.
Y todavía quedaría pendiente otra gran duda: de
retirarse EE.UU. de la postura de restringir la producción de petróleo y gas
por el negativo efecto climático, puede llevar a una caída del valor del
petróleo y gas, haciendo inexplicable la sumas de incrementos tarifarios
proyectado e improductivo el desarrollo de Vaca Muerta.
Mientras tienen para entretenerse con todas estas
condiciones, algunos ejecutivos plantearon que las próximas elecciones
resultarán importantes y consultores afirman que todavía falta seguridad
jurídica y garantías de que podrán llevarse al exterior el dinero cuando lo
requieran, según publica El Cronista Comercial.
