Por Mariano Bergero
La Voz del Interior, 9 de junio de 2017
El fiscal Gustavo Dalma regresó de la feria judicial
de verano y se encontró con los informes del equipo de peritos que le puso el
Estado provincial para que se investigara a sí mismo.
Desde hace al menos tres meses, sobre la base de esos
estudios, el funcionario judicial tiene decidido desestimar la denuncia penal
presentada por los legisladores Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y
Liliana Montero.
“De los informes contables, no surge la comisión de
ilícitos que amerite la persecución penal”, asegura en su escrito, plagado de
generalidades y sin datos ni cifras precisas que contrastar.
Con el archivo decidido, sólo restaba esperar el
momento más oportuno para hacerlo público.
Era de manual que el tema Ansenuza no podía extenderse
más allá del inicio de la campaña electoral, aunque la autoexclusión de José
Manuel de la Sota de participar de los comicios le sacó presión al calendario
del fiscal.
Pero de repente, la atención de los cordobeses se posó
sobre el conflicto de la UTA y los músculos del poder político provincial se
activaron como de costumbre.
Con la mayoría de la población preocupada por cómo
trasladarse, los titiriteros de siempre hicieron de las suyas. Cobardes.
La desestimación de Dalma engrosa una estadística que
duele tanto como el 40 por ciento de pobreza en la que está sumergida la
provincia.
Los poderosos siguen gozando del sistema que
construyeron. Las penas son para quienes roban 20 litros de gasoil o cobran
coimas de 300 pesos.
