beneficios
para cárteles y traficantes de marihuana en Estados Unidos
El Ojo Digital, 12 de
Diciembre de 2019
El pasado mes, la Cámara de
Representantes en el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley
conocido como Acta para Operaciones Bancarias SAFE o SAFE Banking Act,
iniciativa en apariencia inocua, pero que obsequiará acceso al sistema bancario
y financiero a la naciente industria de la marihuana legal.
En un desarrollo ciertamente
sorprendente, numerosos legisladores del Partido Republicano que otrora
supieron oponerse a la legalización de la mahiruana, votaron a favor del
proyecto.
Algunos de ellos
argumentaron que votar por el proyecto consignaba un respaldo por el principio
conservador que hace al federalismo. Otros citaron la inclusión de una enmienda
que impediría el resurgimiento de una Operación Choke Point, polémica
iniciativa claimed que en su momento desalentó a los bancos que pudieran hacer
negocios con comerciantes de armas de fuego.
Cualquiera sea la excusa,
algunos Republicanos en la Cámara de Representantes respaldaron el citado
proyecto y, naturalmente, los contrabandistas de estupefacientes y cabecillas
de cárteles de la droga sin lugar a dudas celebraron el hecho. Los Republicanos
en el Senado deberán tomar nota, a efectos de no cometer el mismo error que la
Cámara de Representantes, enriqueciendo potencialmente a sindicatos criminales
y cárteles.
En estados de la Unión que
han legalizado la tenencia, el uso y la comercialización de marihuana, los
mercados negros de la misma se han ampliado. Las falsas promesas de
erradicación de los mercados negros cayeron por su propio peso, dada la
realidad que explicita que se ha detectado una mayor actividad ilegal, aspecto
que ha involucrado la exportación de marihuana a estados en donde ésta no ha
sido legalizada.
En lo que consigna un
costado más preocupante de este problema, pandillas criminales y cárteles
extranjeros utilizan el status legal de la marihuana como cobertura para
enmascarar operaciones de cultivo, en complejos residenciales estatales y
tierras federales.
En abril de 2018, las
autoridades en California ejecutaron redadas en 74 domicilios del área de
Sacramento, conforme se informó que los mismos fueron adquiridos por un
sindicato criminal de origen chino. Más aún, se verificó que estos grupos
vinculados al crimen organizado empleaban viviendas para cultivos, pero también
para dedicarlas al tráfico de personas y a esclavitud.
De acuerdo al Gobernador de
California, Gavin Newsom, los cultivos ilegales en el norte del estado 'están
empeorando; la situación no mejora'.
A modo de esfuerzo para
combatir el crecimiento del mercado negro, que se evidencia fuera de control,
Newsom convocó a tropas de la Guardia Nacional, para destruir algunos de los
masivos emprendimientos de cultivo ilegal. El funcionario incluso promocionó
una campaña multimillonaria, financiada con impuestos de los contribuyentes, a
modo de alerta. En ella, se arengaba a los californianos a adquirir marihuana
en tiendas con licencia, y no a vendedores callejeros.
Numerosos players del sector
-aunque no tienen licencia legal- cuentan con comercios, servicios de delivery,
e incluso pagan por publicidad en el Internet. No es descabellado concluir que
también aplicarán para la apertura de cuentas bancarias, ni bien se les brinde
la oportunidad de hacerlo.
En este frente, un grupo
bipartidista compuesto de cuatro ex administradores de DEA y seis ex zares
antidroga de la Casa Blanca, urgieron recientemente al Congreso a que rechace
el Acta SAFE, habida cuenta la potencial exposición del sistema financiero
estadounidense frente al delito.
Naturalmente, al abrirse el
sistema bancario a drogas del catálogo Schedule I, el Congreso estaría
alentando a los bancos a participar de un delito que aún está catalogado como
de orden federal, con las severas penas que involucra el particular.
Otro vecino al norte de los
Estados Unidos, Canada, ofrece un vistazo a lo que próximamente los ciudadanos
estadounidenses habrán de enfrentar. Después de que ese país legalizó la
marihuana desde el plano federal durante el pasado año, se informó que
numerosos productores de marihuana a gran escala y cuentas de inversión del
tipo offshore exhibían vínculos con el crimen organizado y con el contrabando
de drogas.
Una importante firma de auditoría financiera debió desautorizar
todos sus informes, luego de que una firma privada que cotizaba en la bolsa
local fue sorprendida cultivando ilegalmente cuotas extras de marihuana en
habitaciones secretas, práctica alejada de los alcances permitidos por su
licencia.
A efectos de ser claros, el
Acta SAFE (también conocida como 'Acta VAPE', dada su infortunada proximidad de
esta legislación con la crisis del vapeo con ingredientes de la marihuana tales
como THC) le obsequiaría legitimidad a la industria de este cultivo,
garantizándole una veloz expansión y, de acuerdo a los refrendado por expertos
en cuestiones de seguridad, habilitando la apertura del sistema financiero para
el lavado de activos y las operaciones de contrabando de drogas perpetradas por
cárteles extranjeros.
* El autor, Garth Van Meter,
es vicepresidente para asuntos gubernamentales en la iniciativa Smart
Approaches to Marijuana (SAM).
