martes, 24 de marzo de 2020

LA DEUDA PÚBLICA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS



Por Héctor GIULIANO

(22.3.2020)

La pandemia del Coronavirus (Covid 19) ha desplazado lógicamente a segundo plano las pocas noticias que se tienen con respecto al agravamiento de la Crisis de Deuda Pública que vive la Argentina.
Las negociaciones en curso para una nueva Reestructuración de Bonos del Estado Nacional y gran parte de los Bonos Provinciales se mantienen bajo secreto informativo: no se sabe quiénes son los Acreedores con los cuales el Gobierno está negociando, qué montos y por qué títulos de deuda lo está haciendo ni bajo qué condicionamientos y/o qué tipo de “apoyos” internacionales se estaría llevando a cabo (léase FMI-Fondo Monetario Internacional, gobierno de los Estados Unidos, de Israel, de países de la UE-Unión Europea, etc.).

Con un agravante: que mientras el país – y gran parte del Mundo – está parado, mientras la cuarentena social ha detenido la actividad económica y social de la gente, mientras la Pobreza y la Indigencia castigan a más de la tercera parte de la población, mientras la Inflación sigue carcomiendo los Salarios Reales de los Trabajadores, el valor de las Jubilaciones/Pensiones y de los Planes Sociales, mientras el Estado tiene que aumentar el Gasto Público – se estima entre 500 y 700.000 M$[1] - para poder atender la Emergencia Sanitaria y Socio-Económica de “los más necesitados” (incluso a costa de los que no lo son tanto), mientras el Fisco deja de recaudar por la caída de la actividad y la necesidad de atenuar la presión impositiva, mientras los ingresos del Comercio Exterior pueden entrar en una zona comprometida y mientras la tormenta financiero-cambiaria arrecia en el Mundo Globalizado; mientras todo esto ocurre … nuestro país sigue pagando los altísimos Intereses de su Deuda Pública.

Según datos oficiales, el Tesoro Nacional tiene Intereses a Pagar por más de 1.3 B$ anuales[2]. Son exactamente 1.344.600 M$, equivalentes a unos 23.400 MD (al tipo de cambio de 57.56 $/US$ vigente a la fecha de corte de la información). En promedio, unos 3.700 M$/Día (≡ 64 MD).
Según el Proyecto de Ley (PL) de Presupuesto 2020 – enviado al Congreso por el presidente Macri a mediados de Setiembre pasado pero cuyo tratamiento y/o reformulación ha quedado en suspenso hasta que se logre un acuerdo de nueva reestructuración de Deuda – los intereses a pagar este año estaban previstos en algo menos, en el equivalente a unos 18.000 MD (1.2 B$, al tipo de cambio de 67.10 $/US$).

Ello representaba un promedio aproximado de 3.300 M$ diarios (≡ 50 MD), cifra que – comparada con las proyecciones de Deuda antes citadas – motiva ahora por prudencia tomar un quantum de Intereses a Pagar por año de nivel intermedio, digamos de unos 20.000 MD, al sólo efecto de tener un importe de referencia, lo que mantendría hoy un discutible promedio diario cercano a los 50 MD (55).

Paralelamente a lo que ocurre con el Tesoro, el BCRA – que es la cara oculta de la Deuda Bicéfala del Estado Argentino - tiene Pasivos Totales de corto y cortísimo plazo por otros 4.874.000 M$ (casi 5.0 B$ ≡ 78.400 MD)[3], que a su vez devengan Intereses Diarios por 2.700 M$ en promedio (≡ 43 MD)[4], y que anualizados son casi 1 B$ (≡ 16.000 MD).

Esto es, que si sumamos los Intereses a Pagar por parte del Tesoro y del BCRA[5] tenemos que el Estado Argentino afronta actualmente vencimientos de servicios – sólo por Intereses - del orden de los 2.2 B$ (1.2 del Tesoro más 1.0 del BCRA), equivalentes en conjunto a 36.000 MD (20.000 del Tesoro más 16.000 del BCRA).

En términos de promedios diarios esto significaría unos 6.000 M$ (≡ 100 MD) sólo por concepto de Intereses.
Dado que la mayor parte de estos intereses no se pagan sino que se capitalizan por anatocismo, la Bola de Nieve de tales servicios viene aumentando en forma inmanejable por el mecanismo de los intereses compuestos.
Este mecanismo financiero irracional fue llevado al paroxismo bajo la gestión Macri pero no ha cesado con la nueva administración Fernández.

Tal el cuadro de situación del costo financiero del Sistema de la Deuda Pública Argentina que pesa hoy sobre las finanzas del Estado bajo el actual esquema de Crisis de Deuda y que en estos días se habría directamente descontrolado con la emergencia por la pandemia del Coronavirus.
En estas  circunstancias, a la  patética situación financiero-fiscal existente se le agrega entonces la carga adicional por combinación de incremento del Gasto Público y baja de la Recaudación, con el consiguiente agravamiento del Déficit Fiscal. 
  
El sometimiento de la administración kirchnerista del presidente Alberto Fernández a las exigencias de los Fondos Buitre, que hoy son la mayoría de los nuevos bonistas de la Argentina, se pone de manifiesto en una realidad tan cruenta como escandalosa: la fórmula de “pagar mientras se negocia”.

Es decir, que el gobierno está haciendo lo contrario de lo que por lógica y por necesidad debiera hacer en momentos de una flagrante situación de incapacidad de pago.
Un problema insoluble de Iliquidez e Insolvencia del que por un lado las autoridades se lamentan en sus declaraciones públicas pero que paralelamente soslayan en la práctica “cumpliendo” en forma financieramente ruinosa con los servicios del endeudamiento: los de Capital, a través del reperfilamiento sistemático de los plazos de pago a medida que los vencimientos se van produciendo, y los de los intereses devengados de dichas deudas por vía de capitalizaciones continuas.

Es la fórmula tradicional – y también terminal - con la que el gobierno argentino no reconoce la realidad y vive pateando para adelante sus compromisos de la Deuda Pública en lugar de blanquear el default o verdadera imposibilidad de cumplimiento de tales obligaciones – dado que los reperfilamientos unilaterales ya configuran Default Técnico - aumentando así día a día la sangría financiera del país y el acumulado de sus pasivos inmanejables mientras se aproxima la cuenta regresiva de la fecha del 31.3 en que tendría que llegar a un “acuerdo” con los nuevos Fondos Buitre acreedores de la Argentina bajo supervisión de un  convenio renovado con el FMI.

Y así se da el caso que mientras el país está dramáticamente parado en su Economía los capitales financieros, en cambio, siguen gozando de las ganancias extraordinarias derivadas del Sistema de la Deuda del Estado – por Capital e Intereses, del Tesoro, del BCRA, de las Provincias y demás Entes Públicos - y también de las rentas por las operaciones especulativas por arbitraje entre tipo de cambio y tasas de interés.

Es una muestra trágica de cómo, bajo condiciones de Crisis de Deuda Perpetua, la premisa financiera del Valor Tiempo del Capital se contrapone a las necesidades del Crecimiento Económico: una verdadera lección gráfica de divorcio entre Finanzas y Economía.

Dicho en términos simples: que el País está económicamente parado – por efecto de  la Deuda y del Coronavirus – pero la Deuda no: la Deuda no para nunca … y por eso mismo agrava las condiciones en que necesita recuperarse la Economía.

Y cuando trabajosamente, mediante los grandes sacrificios económicos y sociales derivados de los sucesivos planes de ajuste fiscal, se llegue a una nueva Reestructuración de Deuda, a un enésimo Megacanje – como el que está actualmente en curso de negociación – el país va a tener así otra vez, como “premio”, la oportunidad de regresar al Mercado de Capitales, es decir, la puerta nuevamente abierta para volver a endeudarse.    




[1] Las abreviaturas M$/MD y B$ significan Millones de Pesos/Dólares y Billones de Pesos respectivamente y las cifras se expresan siempre con redondeo, razón por la cual pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
[2] Fuente: Ministerio de Economía/Secretaría de Finanzas Públicas (MECON/SF) correspondiente al último Informe Trimestral de Deuda Pública, al 30.9.2019.
El cálculo resulta de tomar el stock de la Deuda a esa fecha, que es de 324.000 MD (≡ 18.7 B$ ó 18.651.100 M$) aplicándole la Tasa de Interés Promedio Ponderada de 7.21 % anual.
El 80 % de la Deuda está en Moneda Extranjera y sólo el 20 % en Pesos.
Aunque el 37.2 % de la Deuda Total está contraída con Entes del propio Estado – fundamentalmente Banco Central (BCRA), Fondo Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y Bancos Oficiales (con el BNA-Banco Nación a la cabeza) – y consecuentemente no implican una exigencia negociable, la proporción de la Deuda con Terceros - Acreedores Privados y Organismos Multilaterales de Crédito/Bilaterales (Club de París) – mantiene una incidencia elevada y agravada a su vez por una fuerte concentración del perfil de vencimientos.
[3] Según el Balancete del BCRA al 29.2.2020 el desagregado de estos pasivos a esa fecha es el siguiente: 1. Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera: 658.800 M$ (≡ 10.600 MD), 2. Letras de Liquidez (Leliq, a 7 días de Plazo): 1.639.700 M$ (1.64 B$ ≡ 26.400 MD), 3. Pases Pasivos (a sólo un día de plazo): 1.324.800 M$ (1.32 B$ ≡ 21.300 MD), y 4. Otros Pasivos (Swap con China): 1.250.700 M$ (1.25 B$ ≡ 20.100 MD). En total, 4.874.000 M$ (casi 5.0 B$) equivalentes a los 78.400 MD citados.
[4] La estimación resulta del siguiente cálculo (según datos a esa fecha, que no difieren sustancialmente de los actuales, al 15.3): 1. Stock de Leliq de 1.639.700 M$ (1.64 B$ ≡ 26.400 MD, al tipo de cambio 62.208 $/US$) por 0.40 (40 % anual) = 656.000 M$/Año (≡ 10.500 MD) y 2. Stock de Pases Pasivos de 1.324.800 M$ (1.32 B$ ≡ 21.300 MD) por 0.25 (25 % anual) = 331.000 M$/Año (≡ 5.300 MD).
En total: 2.964.500 M$ (3.0 B$ ≡ 47.700 MD) de Stock de los dos principales pasivos a corto y cortísimo plazo, que devengarían en conjunto 987.000 M$/Año (casi 1.0 B$ ≡ 15.900 MD, prácticamente 16.000 MD).
No se computan los encajes por depósitos en dólares ni los intereses del swap con China.
[5] Aquí no tomamos en cuenta los servicios por la Deuda de Provincias – que sumarían un stock entre 26 y 30.000 MD – de Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, Deudas Flotantes ni Juicios contra el Estado con sentencia en firme.
Esa deuda conjunta, que constituye la Deuda Pública Nacional  y  pesa como carga financiera fiscal junto a la principal del Estado Central y del BCRA, es una información que no es suministrada por las autoridades de Gobierno.