que la jefa de la asociación ilícita era
Cristina Fernández”, dijo el fiscal Luciani
Infobae, 19 de
Agosto de 2022
El fiscal federal
Diego Luciani dijo hoy que Cristina Kirchner fue la jefa de la asociación
ilícita que organizó el fraude a la administración pública en la obra pública
al empresario Lázaro Báez. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela
como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, dijo el fiscal esta
tarde en su octava jornada de alegatos,
Luciani analizó la
figura del delito de la asociación ilícita y dijo que se encuentra en el caso y
acusó de integrarla a Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación
Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex
titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y de Báez. “Está
acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera
permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.
El fiscal agregó
que “el objetivo era sustraer fondos públicos millonarios mediante la aparente
licitación de la obra publica en Santa Cruz y después darle apariencia legal a
esos fondos en las causas conocidas como “Los Sauces-Hotesur”.
Sobre López, De
Vido y Periotti, la Fiscalía dijo que fueron los organizadores de la asociación
ilícita porque “tenían competencias claves para influir en el desarrollo de la
maniobra”. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex funcionario de
Planificación Federal, Luciani dijo que no se demostró que haya prueba que haya
participado de la asociación ilícita.
Por la mañana, el
fiscal exhibió nuevos mensajes del celular de López que dan cuenta de lo que
llama el “plan limpiar todo”: antes de la asunción en diciembre de 2015 de
Mauricio Macri como presidente de la Nación, la administración de Cristina
Kirchner le pagó 537 millones de pesos a las empresas de Báez y ordenó que se
abandonen las obras, las compañías y se despida a los empresas. Para el fiscal
los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible”
para Baéz.
“Después de ver
estos mensajes, sobran las palabras. Austral construcciones fue una estructura
creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No
fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y
soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado
mediante licitaciones”, concluyó el fiscal.
En la primera
audiencia, la Fiscalía mostró los primeros mensajes del plan “limpiar todo”:
reuniones de López con Cristina Kirchner, de la entonces presidenta con Báez y
conversaciones del ex secretario de Obras Públicas con Julio Mendoza,
presidente de Austral Construcciones, sobre cómo se debían cerrar las empresas.
Todo en noviembre de 2015, días antes de que Cristina Kirchner deje la
presidencia.
Luciani retomó hoy
con mensajes que no se conocían. “El mensaje debería ser, esto es 15 de enero,
limpiar todo. Ok”, le dijo López a Mendoza el 28 de noviembre de 2015. “No
dejar sensación nunca más de retomar las obras”, agrega López. Y Mendoza le
contestó: “El lunes o martes limpiamos a todos. No queda nadie”.
Luego el ex
secretario de Obras Públicas le dijo a Mendoza que había que pensar la
comunicación: “comunicación hacia adentro, a la comunidad y a la empresa. Y
establece un relato para los tres actores”.
“Tal fue así, que
cuando culminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la empresa
desapareció. Sí señores jueces, desapareció. Se esfumó. Y esto fue así porque
sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”,
agregó Luciani en un encendido inicio de la audiencia.
“El Grupo Austral
nació y vivió durante los tres mandatos presidenciales”, agregó Luciani. El
fiscal sostuvo que las empresas de Báez terminaron la gestión sin plata en la
caja y con deudas con el fisco, a pesar de los cobros millonarios que tuvo. “Se
transformó en una empresa fantasma después de diciembre de 2015″, señaló.
A pesar de esa
situación, el fiscal destacó que Báez compró estancias en Santa Cruz. En total,
adquirió 415 mil hectáreas de campo. “La Capital Federal tiene una superficie
de 20 mil hectáreas. Báez compró el equivalente a 20 ciudades de buenos aires”,
señaló.
A las 8:30, se
reanudó el juicio oral y público de manera semipresencial con los fiscales
Luciani y Sergio Mola, quienes ya anunciaron que culminarán su exposición con
pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se
encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si no piden más tiempo, la
última audiencia será el próximo lunes. Luego será el turno de los alegatos de
cada defensa que tendrán tres audiencias: la primera defensa en alegar será la
de Báez y la de CFK la sexta.
La expectativa del
Tribunal Oral Federal (TOF), si se llega con los plazos por la dinámica que
tienen los juicios orales, es que antes de fin de año de a conocer su veredicto
en el caso.
En la causa se
debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con la adjudicación de
51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas de
manera irregular. La fiscalía aseguró en las audiencias anteriores que en esas
adjudicaciones hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos
inconclusos, mientras las defensas, que esperan su turno para alegar,
plantearán que las obras fueron realizadas y que si alguna no se terminó fue
por abandono atribuido al gobierno de Juntos por el Cambio.
En la audiencia
del pasado martes, la Fiscalía desvinculó de los hechos a quienes fueron los
jefes de Gabinete de Cristina Kirchner durante sus dos mandatos como
Presidenta. Se trata del actual mandatario, Alberto Fernández, del ministro de
Economía Sergio Massa, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del
gobernador de Chacho Jorge Capitanich y de Juan Manuel Abal Medina.
Luciani señaló que
durante los gobiernos de Fernández de Kirchner “los jefes de Gabinete fueron
cambiando pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo”, en
referencia a que Julio De Vido se mantuvo como ministro de Planificación Federal
y Nelson Periotti como titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante los
12 años de gobierno, incluyendo el mandato de Néstor Kirchner.
Al respecto, el
fiscal señaló que todos los expedientes para ampliar el presupuesto de las
obras que recibió Báez se iniciaban en la cartera de Planificación: “Seria
desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir ordenes
de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de
direccionar o beneficiar a Lázaro Báez. Esto es así porque la obra púbica ya
venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que
tenían los jefes de gabinete”.
Los ex jefes de
Gabinete declararon como testigos en el juicio porque en ese rol eran los
encargados de firmar las modificaciones de partidas presupuestarias, entre
ellas las de las obras de Báez. Todos hablaron sobre cómo era ese mecanismo y
descartaron que Cristina Kirchner haya cometido irregularidades.
Los fiscales
Luciani y Sergio Mola también hablaron de la falta de controles sobre las obras
del empresario. Luciani expresó que las cuentas de inversión sobre las obras el
Congreso las aprobaba con tres, cuatro o cinco años de demora.
Mola agregó que
eso pasaba porque “los acusados conocían el funcionamiento de la administración”
y detalló la falta de controles de otros organismos. Uno de ellos la
Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz que nunca
designó a los funcionarios que debían hacer los controles. Situación similar a
la del Tribunal de Cuentas santacruceño, al que calificaron de “órgano
parasitario” en aquellos años en los que no hizo ninguna auditoria sobre las
licitaciones ni de las obras públicas.
También se puso el
foco en la falta de controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
donde fue designada como sindica general adjunta la esposa de De Vido,
Alessandra Minnicelli.
Si la Fiscalía no
pide más tiempo, el lunes será la novena y última audiencia, en la que se hará
el pedido de pena para los 13 acusados del juicio.
Con información de
Agencia Télam.
