de recursos pesqueros de Buenos Aire… y se
viene el RIGI
César Augusto
Lerena
STDP, mayo 23,
2024
Todos estamos
afectados por décadas de gobiernos nacionales incapaces, que mal administran el
recurso pesquero que pertenece a la Provincia de Buenos Aires y a todos sus
pobladores. Se apropian de los recursos pesqueros de dominio de la Provincia en
su territorio; los migratorios originarios de éste y los que forman parte del
ecosistema y, no realizan ninguna acción para impedir la pesca ilegal de las
especies migratorias en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en alta mar, por
parte de buques extranjeros. Es decir, administran irregularmente.
La Argentina tiene
una Zona Económica Exclusiva de 3.757.124 Km2, dentro de la cual, unos 520
buques nacionales capturan anualmente unas 800 mil toneladas; ello, pese a la
potencialidad del atlántico sudoccidental de unos 1,7 millones de toneladas de
peces y calamares que son extraídos en su mayoría por buques españoles-
británicos, chinos, coreanos y taiwaneses, sin ninguna acción por parte del
gobierno nacional, con un evidente perjuicio biológico al ecosistema y a las
economías provinciales.
Mientras ello
ocurre, unos 10 mil barcos chinos superan sus 200 millas marinas y se dedican a
la pesca a distancia en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países,
entre ellos, de España, Japón, Corea, Taiwán y el Reino Unido asociado a
España. Ello explica -junto a la producción de la acuicultura que representa el
49% de la explotación mundial- las razones por la que Argentina es
insignificante en el comercio mundial pesquero.
Por ejemplo,
España, “con una ZEE de 1.040.000 Km2 de un tercio de la de Argentina, tiene
8.972 buques pesqueros; captura un millón de toneladas/año; importa 1,8
millones de toneladas; exporta 1,2 millones de toneladas; consume 23 Kg per
cápita y tiene 231 buques pescando en aguas internacionales” (CEPESCA, 2018).
Nuestros vecinos
capturan en altamar. Chile tiene cuatro flotas que pescan fuera de la ZEE: la
industrial de jurel, krill y bacalao y la artesanal de pez espada y, Perú,
donde sus embarcaciones artesanales salen fuera de las 200 millas en busca de
perico y los industriales van a la captura de jurel, caballa y atún.
La Argentina, no
revertirá su situación si -además de implementar un importante desarrollo en la
acuicultura y maricultura- no sale a competir con la flota internacional en
alta mar y administra adecuadamente los recursos migratorios en la ZEE y alta
mar. Nada de ello es posible si el gobierno no lanza un proyecto de desarrollo
y apoyo financiero a estas actividades. Lejos de ello, este gobierno, promueve
una reforma para extranjerizar la explotación pesquera y aplicar un Régimen de
Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que van en contra de la industria
nacional.
El gobierno
nacional, el perro del hortelano
El gobierno
nacional se comporta como “el perro del hortelano”, se queda con la
administración de los recursos pesqueros de las Provincias y va camino a
regalarles la pesca a quienes tienen el mercado mundial.
Es muy difícil de
explicar, que la Argentina en 1975 con una captura total de 504 mil toneladas
ocupó más personal que con una captura total de 800 mil toneladas en 2023.
Varias son razones y entre ellas que gran parte de las exportaciones se
reprocesan en países importadores transfiriéndoles a estos la mano de obra
directa e indirecta. Una política que promueve la desocupación, aunque elemental
frente a la que sería entregarles el mar (la reforma de la ley de pesca) o
directamente todos los permisos (RIGI).
Es “el cuento de
la buena pipa” ya que el modelo que impera lleva a los municipios a entender
como nacional la actividad; la Nación no lleva adelante proyectos de desarrollo
local o regional y el gobierno actual va camino a enajenar una actividad
productiva nacional que ha generado pueblos y empleo.
Los datos
estadísticos de la Subsecretaría de Pesca por su parte refieren a número total
desembarcos que es absolutamente inconsistente, donde no distingue si se trata
de especies enteras; sin cabeza-cola (H&G); filetes, etc. y, para iniciar
una administración sostenible y sustentable del recurso debe establecerse el
tipo de proceso sufrido previo a la descarga; los volúmenes y especies ciertos
desembarcados; los descartes y residuos en el mar; el stock en las cámaras y,
por cierto, los valores ciertos de exportación, entre otras cosas. La falta de
control de la actividad hace inviable una administración eficiente del recurso
por parte del Estado Nacional. No imaginamos el descontrol de una pesca
extranjerizada.
Los enormes
descartes
Hay descartes en
el mar estimadas en el 30% de las capturas según la FAO, el INIDEP, la AGN y el
Banco de Desarrollo, en un país con 48,3% de pobres, es decir 22,6 millones de
personas y 11,9% de indigentes que comprenden 5,5 millones de personas. La
pesca puede ser una herramienta fenomenal para la provisión de proteínas de
alto valor biológico a las poblaciones vulnerables, resolviendo el problema del
hambre y desnutrición de la Argentina.
Si reguláramos el
descarte al mar de pescados, como ya lo estableció la Unión Europea en 2004 y
la Argentina en 1998 por el artículo 21 de la Ley 24.922, tendríamos 3 millones
de raciones diarias de alimentos proteicos todo el año para los niños y
adolescentes argentinos. Nada que haya resuelto el gobierno nacional y que
habrá de agravarse con la política extractiva y de desindustrialización que
lleva este gobierno.
La mayoría de los
buques congeladores pueden producir mecánicamente unas mil toneladas de filetes
de pescados congelados listos para exportar, utilizando una tripulación
promedio de unos 40 operarios y realiza al año unas 6 mareas. Para elaborar
esas mil toneladas, el buque debió capturar unas 2.700 toneladas de pescado; es
decir, que al año se habrán tirado al mar unas 10.200 toneladas de residuos.
Si llevamos este
número a 35 buques congeladores arrastreros se habrán tirado por año un total
de unas 357.000 toneladas de residuos de pescados al mar. Si nos retrotraemos a
veintiséis años atrás, cuando se promulgó la ley 24.922, se habrán tirado al
mar más de 9,3 millones de toneladas de residuos además de los millones de especies
capturadas descartadas.
Imaginemos
entonces, la contaminación marina y analicemos las pérdidas que significan para
la Argentina. Según la FAO, con una tonelada de residuos de pescado se obtienen
225 kg de harina y 50 kg de aceite. El procesamiento a bordo y el descarte al
mar de las 10.200 toneladas de residuos citados nos impide usarlos para la
fabricación de 2.295 kg/año de harina y 510 kg/año de aceite de pescado; por lo
cual, a un valor de exportación de U$S 1.490 la tonelada de harina, significa
una pérdida de 3,4 millones de dólares, más el valor de U$S 2.348 la tonelada
de aceite, provoca una pérdida de U$S 1,2 millones de dólares
Es decir, que la
Argentina pierde con el procesamiento a bordo y el descarte de los residuos de
cada buque la suma de 4,6 millones de dólares por año, lo que multiplicado por
los 35 buques congeladores-procesadores arrastreros significa una pérdida total
anual de unos 161 millones de dólares, a lo que deberían sumarse las pérdidas y
la contaminación derivadas de los descartes al mar de las especies “llamadas no
comerciales” o de “pesca incidental”.
La utilización de
los residuos
Deberíamos agregar
que se requieren unas 4,9 toneladas de residuos de pescado salvaje para obtener
la harina y el aceite necesario para producir una tonelada de salmón. Es decir
que, si la Argentina quisiera incursionar en la acuicultura o maricultura, a la
usanza de la política de China o España, debería tener muy en cuenta la
utilización plena de los residuos.
No se pueden tirar
toneladas de proteínas al mar, mientras hay millones de niños pobres,
indigentes y desnutridos. Por supuesto, que esto se agravará de continuarse las
políticas actuales o aún peor, extranjerizando el mar o vendiendo las empresas
nacionales.
La Argentina con
4,9 kg per cápita/año es el país que menos consumo tiene en Latinoamérica que
consume un promedio de 9,8 Kg. Aún más bajo que África que consume un promedio
de 11 Kg. y por supuesto que la Unión Europea que alcanza un consumo promedio
anual per cápita de 22 Kg.
Si todas las
exportaciones de pescados blancos, calamar, anchoítas y conservas se destinasen
al mercado interno, los argentinos alcanzarían a un consumo de 11,5 kg. aún por
debajo del promedio de consumo mundial de los 20 Kg. No hay plan nacional de
consumo de pescado y la Provincia de Buenos Aires no puede quedar a la espera,
a partir de recuperar el recurso.
La industria
pesquera no puede escapar a las generales de la ley en un país con un gobierno
sin proyecto nacional marítimo y pesquero, que está dispuesto, incluso, a
extranjerizar la explotación del mar argentino sin exigir el desembarque en los
puertos nacionales de las capturas y utilizando tripulación extranjera.
Parece el límite
que se puede tolerar y, pese a ello, los propios interesados permanecen inermes
ante un Estado Nacional que primero se apropia de los recursos provinciales y
luego avanza en entregarlos a empresas extranjeras por el mero pago de un
canon, destruyendo la industria, el desarrollo regional y el empleo.
Los costos
internos
Ello, en medio de
un costo interno desmesurado que dificulta la explotación de los recursos del
atlántico sur y su proceso industrial, dejando fuera de competencia, a esta
actividad de interés económico, social y estratégico. Un verdadero cuento de la
buena pipa.
Nadie puede
imaginar un presente ni un futuro promisorio en esta u otra actividad
exportadora en un país con una inflación altísima, cuando los principales
competidores pesqueros y compradores en el mundo tienen una inflación
interanual (abril/2024) de 2,2% (Alemania); 2,2% (Francia); 3,3% (España); 0,3%
(China); 3,4% (Estados Unidos); 2,7% (Japón); 0,9% (Italia); 3,2% (Reino
Unido); 3,1% (Corea del Sur); 17,7% (Rusia); 3,2% (Brasil) mientras que la
Argentina tiene una inflación de 289%.
Hoy, mañana o
pasado los productos dejan de ser competitivos o se exporta a pérdida, mientas
que la actividad agropecuaria y las capturas en alta mar se subsidian en la
Unión Europea y los países asiáticos, mientras en nuestro país, los altos
costos de la energía, los combustibles, las cargas impositivas, la falta de
crédito a la producción y las altas tasas de interés, terminan transformando en
financieras a las empresas industriales para obtener las utilidades que sería
de esperar fuesen el resultado de la actividad productiva. No puede esperarse
en este escenario un gran desarrollo empresario, donde el Gerente Financiero
reemplaza al de Producción.
El viejo aforismo
de que “el dueño de la pesca es el dueño del pescado” está siendo utilizado por
la Nación, quien a través de un andamiaje de leyes destinadas a administrar la
totalidad de los recursos está perjudicando a la Provincia de Buenos Aires y a
otras provincias del litoral marítimo, ya que sus ingresos por la explotación
pesquera se ven seriamente disminuidos y, la pesca, no es solo una actividad
económica, sino una herramienta de radicación industrial, poblacional y de
generación de empleo.
La Nación lleva
adelante un modelo que no beneficia a los intereses provinciales. Una
investigación sin la necesaria participación de la provincia; los mares sin
control y una pesca ilegal creciente que depreda el ecosistema, en el que
intervienen los recursos pesqueros provinciales.
Y aparece el RIGI
Sus políticas
están destinadas a profundizar la desindustrialización, a desnacionalizar la
actividad y a concentrar en pocas empresas extranjeras la actividad. A través
de la “ley de bases” y la instauración del “Régimen de Incentivos a las Grandes
Inversiones” (RIGI) por el que «se otorga exenciones tributarias, aduaneras y cambiarias
por 30 años a aquellos proyectos que inviertan más de 200 millones de dólares
en bienes de capital; que alcanzan a reducciones del impuesto a las ganancias
de 35% al 25%; la libre disposición del 20% de las divisas generadas por sus
exportaciones al cabo del primer año, del 40% a partir del segundo año y de la
totalidad (100 %) a partir del tercero; el pago de IVA con crédito fiscal;
podrán aplicarse al pago de impuesto a las ganancias, a los impuestos a los
bienes personales y al cheque, implicando de hecho la exención de esos
tributos.
Estas compañías
podrán importar bienes libres de aranceles y no pagarán el impuesto PAIS;
además de quedar exentos del pago de impuestos inmobiliarios, ingresos brutos y
tasas municipales” (Pulti, Gustavo “Proyecto de Declaración de rechazo al
Proyecto de Ley de Bases…”, 2024).
Una verdadera
inequidad que afectará seriamente a los recursos de la Provincia y los
Municipios y a todas las empresas pesqueras y proveedoras de insumos que
instaladas en la Provincia de Buenos Aires (y en otras provincias) carecerán de
todo incentivo compensatorio y, ante tanta desigualdad las sacará de
competencia en el mercado internacional y nacional y quedando tentadas de poner
la bandera de remate a sus instalaciones, buques y concesiones poseedoras de
permisos, cuotas y autorizaciones de pesca.
Tendrá un efecto
peor al proyecto de reforma de la ley de pesca que integraba la “ley de Bases”
que fue desestimado ante la presión de expertos, los medios, el sector pesquero
y distintos referentes políticos; ya que, no se quedarán estas empresas solo
con el mar y sus recursos, sino con toda la industria radicada en tierra,
seguramente reduciendo el agregado de valor y, el consecuente desempleo
argentino, en favor de los mercados de los que procedan las inversiones.
Cuando se eligen
los gobiernos nacionales, los votantes no pueden imaginar que los recursos
naturales de sus provincias serán apropiados en favor del tesoro nacional,
mantener una estructura centralista y administrar la política sectorial; pero,
los sectores directamente interesados que invierten en la Provincia debieran
preocuparse sobre qué políticas van a llevar los administradores del Estado
Nacional, ya que no debieran quedar la política pesquera en poder de un
subsecretario o de un Consejo Federal Pesquero (CFP), integrado igualmente por
un representante provincial quien, aun teniendo una política clara provincial,
deberá actuar en minoría frente a los funcionarios nacionales que integran el
cuerpo.
Aquí aplica el
viejo dicho de «a río revuelto ganancia de pescadores», ya que la participación
atomizada de las provincias en ese Consejo, en ocasiones con intereses
contrapuestos, sobre los que actúan políticos, empresarios y sindicatos ha
facilitado la tarea de monopolizar la administración por parte de la Nación.
Dos son los
aspectos centrales sobre los que estamos prestando atención: los derechos
provinciales no delegados a la Nación sobre los recursos pesqueros y la
administración provincial de los recursos migratorios y asociados.
El gobierno de la
Nación se queda con los recursos naturales de la Provincia. ¿Los pioneros y
hacedores de la pesca dónde están? «…Cuando vinieron a buscarme, no había nadie
más que pudiera protestar» (Martin Niemöller, 1946).
