parpadeos
Por Horacio
Verbitsky
El Cohete a la
Luna, septiembre 7, 2024
La célebre foto
del hematoma en el ojo se tomó 72 horas después de que Fabiola Yáñez se
sometiera a un tratamiento estético de la cosmetóloga María Florencia Aguirre,
quien le realizó una aplicación de plasma rico en plaquetas para reducir
arrugas, ojeras y bolsas. Así lo afirmó el portal El Disenso y lo reprodujeron
otros medios sin citar la fuente. En el primer año de la presidencia de
Fernández, 148 veces su pareja fue atendida por distintos esteticistas, entre
ellos Aguirre. Sin embargo, Aguirre declarará el 5 de septiembre, ofrecida como
testigo por Yáñez, no por Fernández. En un caso tan contencioso corre un doble
riesgo: ser imputada por ejercicio ilegal de la medicina y/o por falso
testimonio.
El Cohete no tiene
elementos para establecer la veracidad o falacia de las afirmaciones de Yáñez
de haber sido golpeada no una sino muchas veces, refrendadas por sus diálogos
de aquel momento con la secretaria del Presidente, María Cantero. Tampoco
acerca de la réplica de Fernández, quien insiste en el relato del tratamiento
estético. La denuncia es verosímil, pero
esa presunción debe confirmarse con pruebas válidas, que superen los descargos
del ex Presidente.
El tratamiento
consiste en la
Extracción de una
pequeña cantidad de sangre del paciente, generalmente de un brazo.
Centrifugación de
la sangre, para separar el plasma rico en plaquetas (PRP).
Preparación del
plasma, mezclado con otros agentes activadores.
Aplicación en las
áreas a tratar a través de microagujas.
La aparición de
hematomas en la zona de la aplicación es una de las complicaciones posibles. El
plasma rico en plaquetas no se recomienda en personas que toman anticoagulantes
o con consumo excesivo de alcohol, que afecta la coagulación de la sangre,
debilita los vasos sanguíneos y aumenta la probabilidad de moretones. El globo
de masaje facial que se observa en la última foto entregada por la denunciante,
es de uso habitual en tratamientos estéticos.
Aguirre y la
publicidad que levantó de sus redes antisociales.
La planilla de
control de ingreso a RPO de la cosmetóloga, consigna que estuvo allí entre las
13.16 y las 16 del 19 de junio de 2021. Las fotos que Yáñez le envió a María
Cantero son del 22 de junio.
La descripción de
El Disenso coincide con la del ex Presidente Fernández en la entrevista que
concedió al Cohete al conocerse el caso. Hay además otro testimonio en el mismo
sentido, de la niñera de Francisco Fernández Yáñez.
¿Alguien vio los
golpes?
Entre quienes han
declarado hasta hoy en la causa que el juez Julián Ercolini delegó en el fiscal
Ramiro González nadie dijo haber visto las agresiones denunciadas. El ex
intendente de RPO, Daniel Rodríguez, afirmó que había mal clima entre la
pareja, desde que Fernández señaló que su querida Fabiola había organizado la
fiesta de cumpleaños, y que él cometió el error de permitirla. Rodríguez
escuchó discusiones subidas de tono, pero nunca supo de golpes. Agregó que el
ama de llaves le dijo que Yáñez se había caído dos veces en la bañadera y le
sugirió que se lo contara al primer mandatario.
Esa ama de llave
mencionada por Rodríguez es la Testigo A, de identidad reservada. Durante más
de una década trabajó en el departamento de Fernández en Puerto Madero y luego
fue contratada en RPO. Su relato ante el escribano no atribuye los moretones ni
a golpes ni al tratamiento estético, sino a las caídas, que a su vez endilga a
la ebriedad.
Estos son algunos
fragmentos de la declaración de la Testigo A, cuyo nombre es Teresa:
"Le salían
los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol".
"Un día Yáñez
se había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fui a buscar la
encontré tirada en el piso en el medio de las plantas en la zona de la
pileta"
"Cada vez que
se reunía con sus amigas terminaba tomando demasiado".
Una vez, en la
residencia de Chapadmalal, "tomó alcohol hasta el amanecer con su hermana
Tamara y en un momento de la madrugada bajó en estado de ebriedad adonde yo me
encontraba cuidando al niño para llevarlo con ella. Sube al primer piso
quedando sola con el bebé y se le cae". No tuvo otra consecuencia que un
chichón.
"Yo me
ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el Doctor
Fernández no se enterara”.
Yáñez guardaba el
alcohol bajo llave en la casa de huéspedes, donde había un armario en el
vestidor. El peluquero se lo llevaba a escondidas.
"También su
amiga Sofía ingresaba bolsos con bebida alcohólica".
"Además
tomaba Rivotril y Clonazepan", que ella le buscaba.
Fernández también
aportó al tribunal veinte fichas médicas del tratamiento que su pareja siguió
en 2016 en el Instituto de Neurología Cognitiva creado por Facundo Manes
(INECO), que incluyen anotaciones manuscritas de la paciente. La historia
clínica que el fiscal Ramiro González solicitó a INECO contiene este
diagnóstico: trastorno de personalidad, bipolaridad y adicción al alcohol.
También consigna que antes de su relación con Fernández ya había tenido dos
abortos. Esa constancia de los problemas que la afectaban podría ser un
agravante, en caso de que se comprobara que existieron los golpes a una persona
vulnerable. Pero el propósito del ex Presidente es cuestionar la veracidad de
los hechos denunciados. Según Yáñez, su inestabilidad emocional y su alcoholismo
son consecuencia del maltrato recibido y de la pérdida de un embarazo. Con la
historia clínica y las fichas, el acusado intenta demostrar que esos problemas
ya existían cinco años antes.
La niñera de su
hijo Francisco, que forma parte de una iglesia evangelista, fue identificada
como Testigo G. Sostuvo que Yáñez desatendía al bebé. Más de una vez debió
sostenerla porque llegaba borracha. También dijo que varias veces vio a su
empleadora mientras le realizaban el tratamiento estético de PRR, después del
cual le quedaban moretones en los ojos. Fernández afirma que entregó el
testimonio de las dos mujeres ante un escribano, que deberán ser ratificadas
ante el tribunal, por su profunda desconfianza del juez y el fiscal.
Según la señal de
noticias por cable de La Nación, con la declaración de la testigo A ofrecida
por Fernández, "comienza la operación de desprestigio" de Yáñez. Ese
medio no solo da por probada la denuncia. Además señala como responsable a CFK,
porque algunas expresiones suyas de entonces sugieren que no ignoraba que el
Presidente se distraía de su función en coqueteos extraconyugales. El
linchamiento mediático del Doctor Fernández, que ya ha sido condenado en el
liviano tribunal de los opinators, procura destruir no solo al ex Presidente, sino
a todo el peronismo, comenzando por Cristina.
De Olivos a Ezeiza
La triste saga de
Olivos coincide con
El escándalo de la
visita de los diputados del oficialismo a los condenados por Crímenes de Lesa
Humanidad recluidos en la cárcel de Ezeiza.
El posterior
estallido del bloque, con gritos, amenazas, renuncias y expulsiones.
Las discusiones
sobre la designación de nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
La provocación de
la Vicepresidenta Victoria Villarruel al postular la reapertura de causas contra
militantes populares, y
El rechazo de CFK
a cualquier acercamiento con quien la sucedió en el despacho del Senado.
La afirmación de
Villarruel de que la reapertura de esas causas para que todos los Montoneros
estén presos es la tarea más importante de su vida descolocó a quienes venían
de negar que fuera "procesista" y la caracterizaron como nacionalista
y peronizable. Entre ellos el panelista 0,8% Moreno y el ex ministro de
Seguridad Sergio Berni.
Esas
aproximaciones forman parte de la fantasía de promover el juicio político y la
separación del cargo del Presidente Javier Milei por su desequilibrio
psiquiátrico, como lo sugirió el senador José Mayans, luego de que ambas
cámaras del Congreso llegaran a los 2/3 que permitieron derogar la ley
previsional. Milei anunció que la vetaría, pero con 2/3 de Diputados y del
Senado quedaría firme. Por flojo que sea el desempeño del oficialismo en las
elecciones legislativas de 2025, se alejaría de esa zona de riesgo, porque
aumentaría sus bancadas.
Cristina envió a
sus senadoras más próximas a cuestionar esa jugada. La ex Presidenta dijo que
la responsabilidad institucional del peronismo desecha tal peripecia y sugirió
realizarle el peritaje psiquiátrico a quienes dicen que Villarruel es
peronista.
La ex Presidenta
cree que si el gobierno de Milei no se sostiene, como desean/vaticinan algunos
entusiastas, lo que vendría sería mucho peor. Apuesta a imponerle correcciones
del rumbo, pero no a derrocarlo, y es consciente de la debilidad de la fuerza
propia en este momento. No está claro que piense lo mismo el ex Presidente
Maurizio Macrì.
El gobierno
prefiere atribuir esos pujos al kirchnerismo, porque le resulta más cómodo que
explicitar la amenaza de Macrì. El subsecretario de prensa de la presidencia,
Javier Lanari, sostuvo por escrito que "pasaron del Club del Helicóptero
al Club del Juicio Político. Lo dicen abiertamente". Se basa para eso en
una entrevista radial de Mayans, para quien "Macrì está en la suya, Macri
le dice: acá están los dos tercios, te hacés el loco y te damos matraca. Tiene
la llave para sustituirlo, y Milei ayuda mucho, porque está totalmente
alienado". Antes había bromeado sobre el Presidente con Villarruel en el
recinto.
La Nación sumó su
granito de arena al afirmar que Perón, como Villarruel, era nacionalista de
derecha. Tal descripción podría
aplicársele a sus años en el GOU, hasta el golpe del 4 de junio de 1943. Pero
pierde validez desde que fue bautizado aquel 17 lustral en las aguas de la
fresca corriente popular.
Mayans encabezó la
conferencia de prensa en la que el interbloque en pleno del kirchnerismo en el
Senado repudió a Villarruel. En una declaración con el fuerte título "El
Senado no es lugar de los genocidas", dijo que se propone derrotar a Milei
en las urnas, no deponerlo en un enjuague parlamentario. Concluye afirmando
"Nunca más".
Las cuatro causas
Hay cuatro causas
en las que se discute la punibilidad de militantes populares por su
participación en acciones armadas, ocurridas entre septiembre de 1973 y julio
de 1976:
El asesinato del
secretario general de la CGT, José Rucci, el 25 de septiembre de 1973.
El secuestro del
teniente coronel Argentino Larrabure, el 12 de agosto de 1974, cuyo cadáver fue
hallado un año después.
El asesinato el 1°
de diciembre de 1974 del capitán del Ejército Humberto Antonio Viola y su hija
María Cristina.
El atentado el 2
de julio de 1976 en el comedor de la Inteligencia de la Policía Federal.
En los cuatro
casos ha habido pronunciamientos judiciales que contradicen la pretensión de la
Vicepresidenta Victoria Villarruel, de promover el enjuiciamiento y la condena
de quienes resulten responsables. Villarruel dijo que el país "merece no
ser un nido de impunidad". El CELS le respondió
Lo que sigue es
una síntesis de la deriva de cada caso en los tribunales:
El atentado contra
Rucci tuvo nombre, pero no firma. Se
conoció como Traviata, por la galletita cuya publicidad destacaba que tenía 23
agujeritos. Pero ninguna organización lo asumió. La causa judicial no avanzó en
la identificación de los autores ni durante el gobierno peronista ni bajo la
dictadura. Entre 1973 y 2008, el expediente rebotó como pelota de pingpong
entre distintos juzgados, ordinarios y de excepción que rehusaban su competencia.
Los hijos del
sindicalista, Aníbal y Claudia Rucci, señalaron como responsable a la Triple A,
del ministro de Bienestar Social José López Rega. En consecuencia, en 1998 el
ministro Carlos Corach ordenó pagarles una indemnización de 224.000 dólares por
ese crimen de Estado y el Presidente Carlos Menem así lo hizo en 1999.
Pero en 2008,
Claudia Rucci denunció a "la cúpula montonera", pidió la reapertura
de la causa y que se citara a declarar al periodista Ceferino Reato, según
quien los ejecutores fueron Juan Julio Roqué, Marcelo Kurlat y Héctor Arrue.
Los tres ya habían sido asesinados por las Fuerzas Armadas. El entonces
secretario general de la CGT Hugo Moyano los apoyó, el fiscal Patricio Evers
dictaminó a favor de esa pretensión y el juez Ariel Lijo, en cuyo tribunal
había quedado el polvoriento expediente, dispuso reabrir la causa.
En septiembre de
2011 Claudia Rucci acusó a Montoneros ante Lijo y le pidió que citara a
declarar a Mario Firmenich y al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.
Aníbal Rucci sostuvo que su hermana estaba politizando la causa por razones
electorales ya que era candidata a vicegobernadora de Eduardo Amadeo, en la
boleta que llevaba a Eduardo Duhalde para la presidencia. Sólo los eligieron el
5,9% de los bonaerenses.
El 10 de agosto de
2012, Lijo determinó que el crimen fue cometido por Montoneros pero que estaba
prescripto, ya que al no ser un delito de lesa humanidad "no puede quedar
sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad". El juez destacó las contradicciones
entre las investigaciones periodísticas de Eugenio Méndez y Ceferino Reato.
Claudia Rucci apeló, alegando que "se contó con ayuda del Estado o de sus
organismos". En diciembre de ese año, la sala II de la Cámara Federal,
integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, revocó el
archivo por prematuro y ordenó profundizar la pesquisa en ese sentido.
Después de varios
años, Lijo descartó esta línea de investigación calificándola de "no
novedosa", "carente de sustento", "apoyada en fuentes que
no sólo no pudieron ser corroboradas, sino que fueron descartadas". Cuando
el gobierno de los Hermanos Milei propuso a Lijo para integrar la Corte Suprema
de Justicia, Villarruel se declaró en desacuerdo, porque "dejó en el
limbo" la causa Rucci.
También el senador
Francisco Paoltroni se opuso a esa designación, por otros motivos: sostiene que
Lijo favoreció a su adversario político formoseño, Gildo Insfran. La antipatía
es recíproca, y cuando Villarruel propuso a Paoltroni para presidir la bancada
libertaria, Insfran consiguió frenarlo. Ahora, el gobierno decidió expulsar al
senador díscolo.
El 22 de
septiembre de 2022, el fiscal federal Franco Picardi dictaminó que como no se
corroboró la participación de agencias estatales o para-estatales, no se
trataba de Crímenes de Lesa Humanidad, de modo que operó la prescripción penal.
Hasta ahora, Lijo no respondió. Es la causa ideal para las provocaciones de
Villarruel, aunque la probabilidad de cualquier cambio en la jurisprudencia
vigente es desdeñable. Sin duda, Carlos Rosenkrantz podría incurrir en esa
desviación. Pero en ninguna hipótesis podrían acompañarlo Horacio Rosatti,
Ricardo Lorenzetti y Juan Maqueda.
El secuestro y
muerte de Larrabure. Si la hija de
Rucci colabora con Villarruel en el Senado, el hijo de Larrabure, Arturo, ha
sido designado en Defensa por Luis Petri. El cuerpo del militar secuestrado por
el ERP apareció el 19 de agosto de 1975. El hijo del militar sostuvo que las guerrillas
eran organizaciones paraestatales argentino-cubanas, de modo que sus delitos
tampoco habían prescripto. El expediente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, a
cargo de Pedro Alegría Cáceres llevaba la carátula "Larrabure, Argentino
del Valle - su muerte". Incluye la autopsia realizada en el momento del
hallazgo, y no menciona ni torturas ni asesinato. Esa narración fue uno de los
argumentos que justificaron el golpe de 1976. Recién en agosto de 1979 los
jueces de la Capital Federal René Daffis Niklison y Ramón Ojeda Febre le
ordenaron a su colega rosarino Aguirre Stegmann que lo recalificara como
homicidio. En todas las instancias judiciales se rechazó la pretensión de que
se trataba de Crímenes de Lesa Humanidad. Así lo dispusieron el juez de primera
instancia Marcelo Bailaque, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y la
Cámara Federal de Casación Penal. Sólo resta el pronunciamiento de la Corte
Suprema de Justicia, donde el expediente viaja de vocalía en vocalía. El obispo
católico castrense, Santiago Olivera, inició los procedimientos para elevar a
Larrabure a los altares. Los acusados, Amorosa Brunet de González, Ruth y
Estrella González, Dardo José Tosetto y Héctor Antonio Vitantonio, fueron
detenidos-desaparecidos sin juicio. La
hija de Tosetto y Ruth González, Josefina, era una bebé de cinco meses. El jefe
de policía Agustín Feced la torturó para presionar a su madre, a raíz de lo
cual perdió el bazo. Nunca se juzgó ese delito.
El atentado contra
el capitán Viola y su familia. El
atentado fue el 1ª de diciembre de 1974. Al día siguiente una patota militar
secuestró a Berta Molina, esposa del dirigente gremial de los vitivinícolas
tucumanos Oscar Montenegro. Los secuestradores la mataron a golpes contra las
alambradas del autódromo en el Parque 9 de Julio. Dos días más tarde también
fue secuestrado, torturado y asesinado el hijo de ambos, Luis Montenegro, de 18
años. El ERP asumió la responsabilidad del atentado y lo repudió como un grave
error. Al cumplirse un año del atentado, frente a la casa de los padres de
Viola, los militares del Operativo Independencia hicieron volar un auto con
siete personas secuestradas.
El 28 de diciembre
de 1979 José María Paz, Rubén Emperador, Alberto Vivanco, Francisco Carrizo y
Fermín Ángel Núñez fueron condenados como autores del atentado a cadena
perpetua por el juez Manlio Martínez. En 1989, Menem indultó a quienes aún
vivían. En 2009, la viuda reclamó la anulación del indulto por tratarse de un
crimen de Lesa Humanidad y pidió la detención de Fidel y Raúl Castro Ruz. En
2011 la solicitud fue rechazada por el juez federal Daniel Bejas, por la Cámara
Federal de Tucumàn y luego por la Corte Suprema, porque no formó parte de una
política de Estado. En 2016 la familia recurrió a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que en 2022 declaró admisible el recurso y corrió vista al
estado de Argentina.
El comedor de la
inteligencia policial. El
estallido del 2 de julio de 1976 causó 23 muertes y heridas a un centenar de
personas en la SS Federal. Los servicios de informaciones sindicaron como autor
material del atentado, por colocar el explosivo, al oficial de la Policía
Federal José Salgado y como responsables a Rodolfo J. Walsh y Marcelo Kurlat,
pero la dictadura nunca impulsó la apertura de una causa judicial. Recién
ocurrió cuatro décadas después. El fiscal Jorge Álvarez Berlanda y la jueza
María Servini fueron los primeros en cerrar la causa por estar prescripta, al
no constituir un crimen de lesa humanidad o de guerra.
Lo confirmaron en
2008 los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah y luego la
Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Juan Fégoli, Mariano González
Palazzo y Raúl Madueño).
Pero en 2021 la
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el policía condenado
por torturas Emilio Eduardo Kalinec reclamaron su reapertura, alegando
contactos entre la conducción guerrillera, la Organización para la Liberación
de Palestina y Cuba. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo
Bruglia ordenaron reabrir la investigación, por razones técnicas y sin
pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
En agosto de 2022,
el fiscal Guillermo Marijuan insistió en la clausura de la causa, cosa que
Servini confirmó en septiembre de 2023. La decisión ha sido apelada ante Bruglia,
Llorens y Bertuzzi.
En definitiva, un
fiscal y una jueza de primera instancia, un fiscal y tres jueces de Cámara de
Apelaciones, un fiscal y dos jueces de Casación, el Procurador General de la
Nación y cinco jueces de la Corte Suprema, quince magistrados de distinta
formación, ideología y antigüedad en la justicia, coincidieron en que no era
posible la persecución penal por un hecho realizado tres décadas antes sin
intervención de lo que el Procurador General llamó “un ejercicio despótico y
depravado del poder gubernamental”.
El único camarista
que no consideró prescripto el hecho, Raúl Madueño, dijo que no había prueba
alguna de la participación de los acusados: una imputación penal “no puede
construirse sin resguardo probatorio mínimo que vincule al sujeto que se acusa
con el hecho investigado. Aceptarlo constituiría una grave lesión a principios
básicos de debido proceso legal”. Cuando la justicia pidió el desarchivo del
expediente original constató con asombro que nunca existió, porque la dictadura
mataba sin ley. Por eso Madueño dice que no hay “elementos de juicio que
permitan fundar mínimamente una sospecha respecto de las personas que sindica
la parte querellante”.
En varias de sus
últimas entrevistas, el ex dictador Jorge Videla me involucró en aquel hecho
para lo cual citó “informes de Inteligencia del Ejército”. Es otra falsedad de
Videla. En marzo de 1977 la Marina y la Policía Federal ya habían secuestrado y
asesinado a José María Salgado, Rodolfo Walsh y Marcelo Kurlat, sin intervención
judicial. Si algún informe de Inteligencia del Ejército me hubiera incluido, lo
cual tampoco sería una prueba de verdad, me hubiera ocurrido lo mismo que a
ellos. Pero en diciembre de 2004 un policía sobreviviente del atentado, con el
patrocinio del ex juez de la dictadura Norberto Giletta, solicitó la reapertura
y sin otro sustento que versiones incriminó a una larga lista de personas, que
La Nación y Clarín redujeron en su cobertura a dos: Mario Firmenich y el autor
de esta nota. Hasta incluyeron en la denuncia a la madre de uno de mis hijos,
de quien me había separado cinco años antes del golpe, porque no compartía mi
militancia.
La denuncia
presentada después de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia
debida, en la causa Simón, no es otra cosa que una represalia por mis actos
como presidente del CELS, que condujeron a esa decisión judicial y al
descuelgue de los retratos de Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar,
que propusimos a Néstor Kirchner. Desde que la Corte Suprema confirmó la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y ante el avance de los
juicios, los defensores del Estado Terrorista han propiciado “la memoria
completa”, una versión soft de la doctrina de los dos demonios. También
Ceferino Reato, que investigó el episodio en un libro que quiso hacer historia
dijo que no encontró ni testimonios ni documentos que me vincularan con el
atentado, aunque los buscó con el empeño que todos ponen en asociar a
Montoneros con los Kirchner.
Con menos
información pero más gracia, la diputada Lilia Lemoine preguntó si Victoria
Villarruel también se propone poner presa a la ministra de Seguridad, Patio
Bullrich, quien mantiene un cauto silencio.
