Por Miguel
Ángel Iribarne
Foro Patriótico,
06/09/2026
Además de la
estratificación social, que alude a las diferencias de nivel en materia de
riqueza, poder o influencia, existe otro fenómeno sociológico que viene a
cuento: el de la diferenciación social. Esta se refiere a los diversos roles o
funciones que las personas pueden desempeñar en el orden de la convivencia.
Naturalmente, también este discernimiento es necesario para comprender cómo se
constituyen las infraestructuras políticas.
Según observa
MONNEROT, «la conducción política de la república es asunto particular (…) de
cierto número de personas. La teoría no engendra la realidad, y ninguna teoría
llamada democrática puede hacer que todos los ciudadanos se ocupen de política.
Es un hecho de estructura«¹⁹. Ciertamente, una concepción normativa de la
democracia puede afirmar que todos los ciudadanos deben ocuparse de política.
Quizás. Pero no pueden, no saben o no quieren. En la agenda existencial de la
inmensa mayoría de los miembros de determinada unidad política, la atención, el
tiempo y la energía dedicada a tales cuestiones cede el paso a tres o cuatro
focos de atracción más imperativos. Y esto al margen de cualquier determinación
por parte de los regímenes políticos establecidos. Aun en los que
convencionalmente consideramos más «democráticos», existe una «curva de
involucramiento» que va desde los políticos profesionales en un extremo hasta
los que ni siquiera hacen uso del derecho a votar, pasando por distintas
gradaciones: los militantes políticos, los simplemente simpatizantes, los meros
votantes regulares y los votantes ocasionales. Ciudadanos activos y ciudadanos
pasivos, incluyendo toda una diversidad de matices. Sólo los primeros integran
la clase política.
Ahora bien: dada la estructura oligárquica de la unidad política (polis, regnum, Estado), el sujeto de la misma es la clase política.
De ello deriva que todos los conflictos internos a aquélla resulten conflictos entre fracciones de la clase política, sean ellos previamente reglados o no. Estos pueden incluir, desde las intrigas y tensiones entre bandos y clanes propias de los regímenes no electivos hasta la competencia interpartidaria plenamente institucionalizada, que proclama el fair play, aunque no por ello carezca de fouls en abundancia.
En este último
caso –el conflicto político como «juego» reglado– es fundamental considerar la
distancia ideológica entre los actores. Si ella es demasiado reducida,
cualquier situación de insatisfacción pública generalizada puede conducir a un
rechazo masivo del conjunto de ellos; en otras palabras, a una rebeldía
«populista». Si, en cambio, la distancia es excesiva, si cada actor se hace
portador de una weltanschaung incompatible con las restantes, es grave el
riesgo de colapso del sistema. Cuando la estructura de la familia, la
subsistencia o no de sectores privados en la economía o la libertad religiosa,
por ejemplo, dependen del resultado aleatorio de las urnas, se reduce
dramáticamente la posibilidad de que la alternancia sea respetada. Es el caso
de Alemania en 1933, España en 1936 y Chile en 1973, entre tantos ejemplos.
¿Ha existido
siempre una clase política? Sí, sin duda, en tanto y en cuanto, en función de
la división del trabajo social, siempre ha existido un sector de personas que
se han ocupado específicamente de lo público. Sin embargo, este sector no ha
estado siempre perfilado con la misma nitidez. En las monarquías estamentales,
por ejemplo, ha sido habitual que los «notables» de los distintos órdenes
fuesen asociados al consejo del Rey y a la toma de decisiones sin abandonar
necesariamente sus respectivos «oficios». En la medida en que se fue afirmando
la forma estatal se desarrolló un conjunto de operadores que fueron desde los
«legistas» bajomedievales hasta los parlamentarios (tanto en la acepción
francesa como en la británica de la palabra) que compartieron con los
remanentes feudales y eclesiásticos el asesoramiento y la gestión pública. Pero
habría que llegar a las democracias emergentes en el siglo XIX para asistir a
la aparición de profesionales de la política; es decir, de gente que no sólo
«vive para la política, sino que vive de la política», como observara WEBER. En
este caso la aplicabilidad del concepto de clase resulta incontestable.
Cabe apuntar que
en el devenir histórico los fenómenos de estratificación (jerarquía) y
diferenciación (división del trabajo) se entrecruzan. De allí que la clase
política no se identifica sin más con la élite política, en el sentido que
PARETO asigna a éste último concepto. Dentro de la CP existen escalas. En el
nivel superior se encuentran aquéllos que acceden a los centros decisionales
más significativos. Con lo que –de ese modo– cumplen con los requisitos
paretianos de performance. Más abajo, los que se inscriben en, o aspiran a,
ámbitos de poder de menor alcance territorial o sectorial. Y así hacia abajo,
donde pululan los bosses o punteros que aseguran el enraizamiento de la clase
en el conjunto de la sociedad.
Desde un punto de
vista dinámico, de entre la misma elite política se destaca un «equipo de
poder«. Este es el núcleo activo de aquélla, y lo compone el conjunto de
hombres inmediatamente ligados al vértice del poder (vid. infra «Monocracia»),
es decir «todos los hombres del Rey» o «todos los hombres del Presidente«.
Naturalmente, la fluidez permanente de la vida política hace que los equipos se
sucedan con mucha más velocidad que las élites, y éstas que las clases
políticas, las cuales apenas si desaparecen como resultado de profundas
transformaciones de índole revolucionaria.
El conjunto de
este replanteo explica el porqué de la «fecunda intuición» de PARETO y de
WEBER, quienes vaticinaron que la eventual abolición socialista de la propiedad
privada de los medios de producción no eliminaría ni la estratificación ni la
diferenciación sociales, aseveración a la cual todo el siglo XX aportó una
clamorosa confirmación.
Ahora bien: cuál
es la relación entre la CP y las clases económico-sociales en las que la
concepción marxiana ha identificado los verdaderos sujetos de la historia,
hasta el punto de radicar inequívocamente el poder en la «burguesía» y
calificar a los políticos como meros «apoderados» o «mandatarios» de aquélla?
La investigación histórica de la centuria pasada y lo que va de la presente ha
ido desmontando prolijamente los presupuestos de tan simplista concepción.
JULES MONNEROT sintetiza los resultados de tal trabajo: «Se puede, o más
exactamente se ha podido en el siglo XIX, considerar como menos inexacta en los
EE.UU. que en otros países la fórmula de Marx (…) pero es un caso extremo, y
ello ha sido, aún en ese caso extremo, solo relativamente verdadero para un
tiempo determinado, extrapolando el movimiento de la historia de Inglaterra a
mediados del siglo XIX en la línea de la economía política inglesa (…) A decir
verdad ese caso límite no se produjo en Inglaterra donde la revolución
industrial y capitalista no destruyó en el siglo XIX las estructuras políticas
preexistentes, sino que pactó con ellas de un modo muy flexible (…) Marx elevó
al rango de ley general un hecho mucho más limitado de lo que creía»²⁰.
En un sentido
análogo, GIANFRANCO MIGLIO recupera los trabajos de MOSCA, PARETO y el propio
WEBER, para todos los cuales, «de frente a aquellos que sostenían que la
historia es exclusivamente una lucha de clases económico-sociales (…) oponen la
tesis en base a la cual para el estudio de los fenómenos políticos es esencial
la identificación de aquel estrato particular de personas que luchan por el
poder (y que obtienen seguidores en esta lucha) que definimos como ‘clase
política'». Abundando en este razonamiento, juzga MIGLIO que las clases
económico-sociales no tienen más que una realidad estadística, y que aquella condición
que, de acuerdo a la interpretación marxiana las convertiría en sujetos, es
decir «la autoconciencia de clase» apunta a transformarlas en base de apoyo de
la CP²¹. Tal lo ocurrido con la «burguesía» y tal lo ocurrido, igualmente, con
el «proletariado».
Si la relación
entre la CP y las clases socioeconómicas es la que MIGLIO formula –hipótesis a
la que adherimos– podría proponerse como una de las invariantes de la Política
la «primacía (relativa) de la oferta«. ¿Qué queremos decir con ello? Va de suyo
que dentro de toda sociedad existe una multiplicidad variopinta de demandas
que, en algún momento, se dirigen centralmente al Poder. Si la relación entre
las distintas fracciones de la CP y los diversos segmentos sociales tiene
ciertas analogías con el Mercado, la probabilidad de que alguna de aquéllas
demandas llegue a incidir eficazmente en la elaboración de las políticas
públicas tendría que ver, fundamentalmente, con la eventualidad de que una
fracción decisiva de la CP se haga cargo de la misma, la visibilice y la
articule (oferta), sin lo cual el más profundo de los malestares resulta
políticamente inocuo. Y eso vale tanto para el caso de las transformaciones
realizadas dentro de la institucionalidad vigente como en las de carácter
revolucionario.
De lo que no cabe
duda es de que la CP sí posee la antes aludida «autoconciencia». La expresa, en
primer lugar, negándose a aceptar su catalogación como «clase», que pondría en
riesgo la ideología de la representación que invoca para legitimarse. Y, por
otro lado, denunciando permanentemente las interferencias de raíz «corporativa»
o «tecnocrática» que limitarían su gestión.
¹⁹ Sociologie de
la revolution, Fayard, Paris, 1969, cap. 14. ²⁰ Op. Cit., cap. 14. ²¹ Lezioni
di Politica II, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 394 y sgts.
