del dicho al hecho
Cnel My (R)
Gabriel Camilli
La Prensa,
05.09.2026
El mensaje
presidencial recupera principios históricos verdaderos. Pero la soberanía no se
demuestra mediante anuncios: se ejerce con continuidad, autonomía de decisión y
Poder Nacional.
La sabiduría
popular suele condensar en pocas palabras aquello que los discursos procuran
disimular: del dicho al hecho hay mucho trecho. En materia de soberanía, ese
trecho se mide en presupuesto, capacidades militares, desarrollo científico y
tecnológico, control territorial, inteligencia estratégica, infraestructura y
libertad de decisión frente a las grandes potencias.
Las Malvinas son
argentinas. Fueron ocupadas por Gran Bretaña en 1833 mediante un acto de
fuerza. Sus habitantes actuales constituyen una población implantada y, por lo
tanto, no pueden invocar legítimamente el principio de autodeterminación para
resolver una disputa territorial. La Constitución Nacional establece que la
recuperación de las islas, respetando el modo de vida de sus habitantes y
conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Hasta aquí, en esa
enumeración de verdades, el reciente mensaje presidencial no merece objeciones.
Su introducción histórica y jurídica recupera principios que la Argentina nunca
debió relativizar. También corrige algunas ambigüedades peligrosas que durante
los últimos años otorgaron una importancia indebida a la voluntad de los
isleños, aproximándose al argumento sostenido por Londres.
¿CAMBIO
ESTRATEGICO?
El problema
comienza después. Porque de la verdad de aquellas premisas no se desprende
necesariamente la conclusión que el discurso pretende instalar: que nos
encontramos ante una nueva política soberana, que la Argentina ha comenzado a
reconstruir su Poder Nacional y que los anuncios realizados demuestran un
cambio estratégico profundo.
¿Estamos ante un
razonamiento falaz en el sentido estricto de la palabra? No porque todo lo
afirmado sea falso, sino porque se utilizan verdades indiscutibles para otorgar
credibilidad a conclusiones que los hechos todavía no permiten demostrar.
La secuencia
argumental parece sencilla: la explotación británica de nuestros recursos
constituye una amenaza; el Estado argentino habría comprendido finalmente la
dimensión estratégica del problema; por consiguiente, las medidas anunciadas
demostrarían que el país ha comenzado a ejercer efectivamente su soberanía.
El primer
enunciado es verdadero. El proyecto petrolero Sea Lion representa una amenaza
concreta y urgente. Porque es una apropiación indebida que deriva de la
usurpación. Pero los otros dos enunciados necesitan ser probados.
Una administración
puede pronunciar correctamente la doctrina argentina sobre Malvinas y, al mismo
tiempo, debilitar los instrumentos necesarios para sostenerla. Puede anunciar
una política de seguridad nacional mientras reduce recursos destinados a la
Defensa. Puede invocar el Poder Nacional y, simultáneamente, subordinar
decisiones estratégicas a los intereses de otra potencia.
Puede presentar
como novedosas iniciativas concebidas, financiadas y comenzadas muchos años
antes. (y que, en julio pasado dispuso vender terrenos en esa zona estratégica)
Ya lo señalamos en estas páginas: la soberanía no se declama, se ejerce.
Ejercerla exige continuidad, autonomía de decisión y capacidades materiales.
Exige Fuerzas Armadas equipadas, industria naval, vigilancia y control del mar,
protección aeroespacial, inteligencia estratégica, ciencia, tecnología,
diplomacia e infraestructura.
Nada de eso nace
con una cadena nacional ni pertenece exclusivamente al gobierno que
circunstancialmente ocupa la Casa Rosada. Son políticas permanentes de la
Nación.
UNA OBRA CON
HISTORIA
La denominada Base
Naval Integrada de Ushuaia ofrece una primera oportunidad para contrastar el
discurso con la realidad. Fue presentada como una decisión vinculada con el
fortalecimiento de la Defensa y con una nueva proyección argentina sobre el
Atlántico Sur y la Antártida. Sin embargo, la iniciativa posee una historia
mucho más extensa.
Desde la década de
1990, los gobiernos de Tierra del Fuego promovieron diferentes proyectos para
convertir a Ushuaia en un centro logístico antártico. En 2011, la provincia
presentó formalmente, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, la
propuesta de un enclave logístico multimodal. En 2017 cobró impulso el
denominado Polo Logístico Antártico, concebido principalmente desde una
perspectiva civil y comercial.
La Base Naval
Integrada, con ese nombre y con una finalidad específicamente militar y
conjunta, tampoco nació con el anuncio reciente. Su piedra fundamental fue
colocada el 3 de marzo de 2022. El
proyecto contemplaba la participación de las tres Fuerzas Armadas y de
Tandanor-Cinar, debía financiarse con recursos del Fondo Nacional de la Defensa
y tenía como objetivo fortalecer la presencia argentina en el extremo austral.
La obra ya poseía
antecedentes, presupuesto, organismo ejecutor y una fecha estimada de
finalización y fue paralizada por esta administración. Por lo tanto, no estamos ante la creación de una nueva
base, sino frente al anunciado reimpulso de una infraestructura concebida,
iniciada y parcialmente ejecutada con anterioridad.
Reconocer esta continuidad
no disminuye la importancia de terminarla. Por el contrario, permite comprender
que las obras estratégicas pertenecen a la Nación y deben trascender a los
gobiernos. Lo que resulta discutible es apropiarse de una iniciativa
preexistente y presentarla como demostración de un cambio histórico.
También aparece
una contradicción que no puede soslayarse. ¿Cómo puede utilizarse esta obra
como prueba de una nueva política de Defensa cuando, al mismo tiempo, se
debilita o elimina el instrumento presupuestario creado para garantizar su
financiamiento?
Una base naval no
existe porque sea mencionada en un discurso. Existe cuando posee recursos
asegurados, muelles terminados, talleres, depósitos, sistemas de
comunicaciones, defensa aérea, vigilancia marítima, unidades asignadas,
personal capacitado y una cadena logística sostenible.
El decreto
anunciado podrá constituir un primer paso. Pero todavía pertenece al terreno de
la intención. La voluntad estratégica se demostrará mediante recursos
presupuestarios, obras concluidas, medios incorporados y capacidad operacional
efectiva.
Del dicho al
hecho, también en Ushuaia, queda todavía mucho trecho.
