domingo, 3 de diciembre de 2017

EL PAÍS DONDE SE MUERE ANTES DE TIEMPO



Pablo Sirvén
La Nación,  03 DE DICIEMBRE DE 2017

A un cuando se presente por causas naturales, la muerte suele producirnos intolerables angustias filosóficas a quienes transitamos por la vida. Pero en la Argentina ese pesar se multiplica de manera exponencial por los múltiples factores tan evitables que aceleran sus tiempos increíblemente con inusitados grados de crueldad. Y no sólo por los miles de desaparecidos que dejó la dictadura militar, sino por la mortífera combinación de desidia, corrupción y esa inconsistente convicción de que estamos preparados para superar imponderables aun cuando todo nos juegue en contra. Por ese tríptico nos damos cíclicos porrazos fatales que se podrían haber evitado.

De Cromagnon a la fiesta electrónica de Costanera, de la tragedia de Once a los 42 gendarmes que se desbarrancaron en Salta, de la luctuosa inundación en La Plata a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, pasando por los miles de muertos por rutas en mal estado, la inseguridad generada por el delito y el paupérrimo estado de la salud pública, en todos los casos inciden déficits presupuestarios, ausencia de protocolos y las malditas irregularidades que desvían recursos para enriquecer bolsillos personales o que son pésimamente asignados a actividades menos importantes.


A toda esta lista monumental de víctimas a las que se les tronchó la vida se suman en menos de cuatro meses dos muertos más en zonas y circunstancias similares: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. También ellos bastante parecidos entre sí: demasiado jóvenes, demasiado idealistas y demasiado manipulables por quienes los atrajeron hacia sus irregulares convocatorias, con las que poco parecían tener que ver, sin advertirles de los peligros a los que los sometían, ni cuidarlos mínimamente cuando las situaciones se desmadraron. En el primer caso, un corte de una ruta nacional; en el segundo, la violenta resistencia a un desalojo de tierras públicas usurpadas. El tema de las últimamente reactivadas reivindicaciones mapuches, presentes en ambos casos. A pesar de estos y otros múltiples puntos de contacto entre el caso Maldonado y el caso Nahuel, poco y nada es lo que han aprendido el Gobierno y sus fuerzas de seguridad, la Justicia y los grupos que protestan para corregir y no repetir los garrafales errores que llevan hacia abismos mortales.

En estos días el jefe de Gabinete, Marcos Peña, explicó lo obvio: que no se puede poner en un plano de igualdad a efectivos armados que representan al Estado con grupos insurrectos. En tal sentido también fue categórico al respecto el presidente Mauricio Macri al decir que "nuevamente hemos visto cómo grupos minoritarios intentan llevarnos a la agenda de la violencia".


Pero sigue sonando mal, o exigiría al menos más matices por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando le da un respaldo incondicional a la Prefectura, máxime cuando Nahuel fue muerto por la espalda, mientras la hipótesis de armas mortíferas del lado rebelde no termina de corroborarse. Grave.

Está claro que el Estado actual ya no mira para otro lado en esta problemática, como sucedía durante el gobierno anterior y, además, se ve impelido a actuar con urgencia por el abrupto agravamiento del conflicto, que viene acompañado, por si fuera poco, por activos intereses políticos ajenos al tema, pero que ven allí una nueva oportunidad para minar la sustentabilidad de las actuales autoridades. La autopsia de Maldonado, avalada por 50 peritos, los dejó, por cierto, en una posición más que incómoda y evidenció lo mentiroso del manijeo por una "desaparición forzada" que nunca existió.


Eso no releva a la Gendarmería de explicar con claridad por qué llegó hasta el borde del río Chubut si lo único que tenía que hacer era despejar la ruta 40. Es evidente que Maldonado no se ahogó por una travesura turística. Pero también hay que investigar hasta qué punto hubo, o no, abandono de persona por parte de sus eventuales acompañantes.

Ahora que algunos cuantos mapuches no se sienten argentinos y se acordaron de que viven aquí desde hace 14 mil años (¿se imaginan que descendientes actuales de los remotos troyanos y etruscos reivindicaran la posesión de tierras en Roma porque fueron sus antiguos habitantes?), el Gobierno se enfrenta a una situación beligerante si la escalada sigue su curso y se agrava. Y no alcanza para nada el atisbo de diálogo iniciado. Hay que trabajar más en ese aspecto.

Tenemos fuerzas de seguridad que evidentemente no están capacitadas para enfrentar esa grave hipótesis porque sólo saben manejarse en dos extremos: o mantenerse inermes (como las obligó el kirchnerismo cuando gobernaba) o matar. En el medio, nada.

Urge un profundo reentrenamiento que las deje en condiciones óptimas para saber disuadir sin sangre como sucede en el mundo desarrollado sin que haya que lamentar las víctimas que aquí se vienen generando por acción u omisión.


Mucho temple debe tener en estos días el Presidente, por el drama del submarino y el conflicto con los mapuches. Y como no hay dos sin tres, llegó ayer desde las huestes de Elisa Carrió un planteo fuerte contra los radicales porteños, chisporroteos que pueden afectar a Cambiemos. Días agitados.

LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS DENUNCIAS POR LA REPARACIÓN DE LA NAVE


El gobierno de Mauricio Macri , a través de la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso , evalúa reabrir causas judiciales archivadas y formular más presentaciones judiciales por el submarino ARA San Juan , al tiempo que un ex marino denunció que la nave perdida con 44 tripulantes habría salido a navegar sin señales humosas o bengalas y sin el funcionamiento de su radiobaliza.

El ex suboficial primero José Oscar Gómez dijo ayer a LA NACION que "la cúpula de la Armada no obró con la verdad", aunque rescató la tarea del vocero Enrique Balbi, y dijo que "el submarino habría salido de la Base Naval Mar del Plata sin señales humosas o bengalas y con la radiobaliza no funcionando".

"Estaríamos ante la presencia de la comisión del delito de estrago doloso", agregó. Según normas navales, los buques no pueden salir a navegar sin esos instrumentos.

Buscan determinar qué indicaciones recibió el submarino

De todos modos, Gómez subrayó que hablaba en potencial, pero con información de fuentes militares que vislumbran desidia en la cadena de mandos de la Armada. "Lo estoy aportando y hablo en potencial, porque se debe investigar", dijo Gómez. "Muchos quieren ver presos y no retirados", agregó el ex marino.

No descartó que el pedido de pase a retiro del ex jefe de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, se haya vinculado con esa irregularidad. "El contralmirante Gabriel González es comandante de la base de submarinos y rápidamente pidió el retiro. ¿Por qué lo hizo? Eso llama mucho la atención. Está diciendo que algo no se hizo bien", dijo.


Gómez fue destituido en 2010 tras denunciar a la cúpula de la Armada de entonces por defraudación y asociación ilícita en la reparación de media vida de los submarinos, entre ellos el ARA San Juan.

"Es muy fuerte. Pero se debe investigar a fondo. La Armada nunca va a reconocer que el submarino salió a navegar con alguna insuficiencia técnica", dijo Gómez.

Precisamente, Gómez se reunió el viernes último con Laura Alonso, titular de la OA. Alonso ya había pedido al juez federal Sebastián Casanello copia de la causa de Gómez que había sido archivada en 2010 por el ex juez federal Norberto Oyarbide. Tal como informó LA NACION el lunes último, Gómez denunció en 2007 al entones jefe de la Armada, Jorge Godoy, y otros altos mandos como Jorge Dacharry, Ricardo Dasso, Efrain Lepron y Carlos Ferraro.


El ex suboficial, que luego del cierre de la causa fue destituido sin goce de haberes, había denunciado irregularidades en la reparación de baterías, sobreprecios, cobro irregular de dinero de ciertos jefes, contratación de empresas simuladas que no habrían trabajado sino por medio de los marinos de la Armada y la intervención del empresario Daniel Adrián Fornes y de Claudio Di Bartolo, de la empresa Marena SRL.

Alonso analiza ahora ese expediente y otros materiales para actuar en varios frentes. "No vamos a abandonar a las víctimas ni a sus familiares", dijo una fuente de la OA. Entre los documentos, la OA estudia los contratos de compra de materiales a las empresas Ferrostaal y Hawker y todas las características de reparación y recambio de las baterías Varta que llevaba el submarino.


Las irregularidades en la reparación del ARA San Juan

Esos contratos se vinculan con un pedido de informes de 2010 del ex diputado radical Miguel Giubergia. Se consignaban esos contratos, entre la Armada y Hawker GMBH por reparación de baterías del submarino ARA San Juan por 5,1 millones de euros ($ 17.650.000) y entre el astillero Tandanor y la empresa Marlog & Co KG para asistencia técnica en la reparación del submarino ARA San Juan, por 270.000 euros ($ 1.200.000). Serían contrataciones directas, sin licitación, pese a que los montos superaban el máximo permitido para esa modalidad.


Ese pedido de informes consignaba que en Alemania se investigaba a Ferrostaal porque, según un testigo encubierto, ex directivo de esa misma empresa, la compañía constructora de barcos y submarinos habría pagado coimas por 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

LAS RAZONES DEL PESO DEL EMPLEO PÚBLICO EN LAS PROVINCIAS




La Nación,  03 DE DICIEMBRE DE 2017
Gabriela Origlia

 La cantidad de empleos públicos está en la mira de las reformas que impulsa la Nación y el congelamiento de las nóminas es parte del pacto fiscal con las provincias. En el conjunto de jurisdicciones, mientras la población creció 12,3% entre 2005 y 2015, el número de trabajadores estatales aumentó un 49,1 por ciento. Es decir, cuatro veces más.

El fundamentado planteo de que la dinámica es insostenible coincide con una realidad objetiva. En muchos distritos la demanda de mano de obra privada es baja por la falta de infraestructura, los altos costos logísticos y los limitados mercados de consumo. Pero hay un dato clave: lo que mejor explica la cantidad de empleados públicos por habitante en las provincias no es el nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI), sino los recursos que disponen para gastar, sean propios o provenientes de transferencias nacionales.

Según un trabajo del Ieral basado en datos del Ministerio de Hacienda, el interior muestra casos como el de Tierra del Fuego, con 121 agentes cada 1000 habitantes, o el de Córdoba, con 35 estatales cada 1000 habitantes. Del trabajo se desprende que las jurisdicciones con más empleo estatal son las que reciben más dinero por transferencias automáticas medido por habitante, mientras que, en otros casos de provincias con alto nivel de ocupación en el sector público, hay recursos propios per cápita altos, como en la Patagonia.

En ese contexto, aplicar premios y castigos con las transferencias no automáticas podría actuar como ordenador de los nombramientos de personal. Por el lado del trabajo en el sector privado, la propuesta sobre contribuciones patronales, al incluir la eliminación del esquema de reducción de esas cargas según zonas geográficas del decreto 814, beneficia más a centros urbanos como la ciudad de Buenos Aires, mientras que en provincias como las del norte, el costo laboral aumentará.

Para Diego Coatz, economista de la Unión Industrial Argentina, es "claro" que una "segunda reforma" debe abordar el tema de las diferencias regionales. "Hay provincias como Catamarca y La Rioja que ya vienen con problemas en los sectores textil y de calzado, y que quedarán con un costo laboral más alto" grafica.


Su colega del Instituto de Economía de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Diego Dequino, advierte que, a lo largo del tiempo, la Argentina renunció a "ciertos dinamizadores" para el interior, como el ferrocarril o el complejo de defensa nacional. Y no hubo reemplazos para lo que esos sectores o servicios representaban.
A su entender, más que hablar de regionalismos hay que pensar en "complejos productivos". Según Dequino, la primera asimetría se da en la escala urbana frente a la "no urbana". "El fenómeno de las migraciones internas no tiene contrapeso, salvo algunos hallazgos puntuales como pueden ser plantas de Arcor o de Aceitera General Deheza; es muy difícil competir contra las economías de aglomeración urbana".

Desde el Ieral, el economista Marcelo Capello advierte que la Argentina debe pasar a una estrategia basada en la creación de empleo privado de calidad. Para eso, es "vital" que a las provincias más rezagadas -que a veces son las más alejadas de Buenos Aires- se les mejore la infraestructura. Y deberían existir recursos para el fomento del empleo privado.
Aunque los analistas coinciden en que las reformas planteadas por el oficialismo van en el sentido correcto, estiman que faltan aspectos. Capello insiste en que para que se cree empleo privado de calidad en las economías regionales es "fundamental una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones, lo cual requiere, entre otras cosas, un plan de mejoras en la competitividad".

Coatz señala que las provincias deben "hacer su esfuerzo y colaborar" con políticas impositivas. Pero reconoce que, por ejemplo, el costo del financiamiento es un limitante crucial. "Donde hay más costos logísticos, menos mercado y menos capacidad tecnológica, hay que buscar algún impulsor de empresas", dice.
Mientras que en la ciudad de Buenos Aires hay seis industrias cada 1000 habitantes, en el NEA hay una y en el NOA, 0,53. Respecto de los préstamos, por cada $ 31 que se entregan en CABA, se da $ 1 en el NOA.
Según Dequino: "El sistema crediticio es patrimonialista y no apunta a proyectos. En las zonas más rezagadas no hay cómo apalancar".


Respecto a las diferencias regionales en el caso de las contribuciones patronales -que se eliminarían-, Capello explica que se justifican por distorsiones preexistentes. Por caso, menciona la discusión centralizada de salarios que hay en muchas actividades. Otro factor es el de los altos costos de transporte, que responden a las distancias, pero también a regulaciones o decisiones estatales.

Fuente: Fundación Mediterránea

TIEMPOS, PASOS Y COSTOS PARA CONCRETAR TRÁMITES



Indicador
(Argentina y el mejor)

Tiempo anual dedicado al pago de impuestos (en horas)
311,5 – 55 Luxemburgo

Días para completar la inscripción de una empresa
24 – 0,5 Nueva Zelanda

Pasos para obtener el servicio de electricidad
6 – 2 Emiratos Árabes

Número de pasos para el permiso de construcción de un local para la actividad
22 – 7 Dinamarca

Días para resolver una disputa, contado desde la presentación de una demanda
995 – 164 Singapur
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De 190 países, Argentina figura 117, debajo de México (49), Perú (58), Colombia (59), Uruguay (94) Paraguay (108)


Fuente: Informe Doing Business, Banco Mundial, La Nación,  3-12-17


MAPUCHES RICOS



www.ateneo-estudiosnacionales.blogspot.com.ar/2017/12/mapuches-ricos.html


sábado, 2 de diciembre de 2017

LOS MÁRTIRES QUE DAN RÉDITO


por Malú Kikuchi
Informador Público, 2-12-17

Esto de que los mártires dan rédito, es tan viejo como la historia de la humanidad. La izquierda más revolucionaria sabe manejar la culpa real o instigada, en particular usando a los medios de comunicación, siempre dispuestos a comprar una “derecha fascista”.

Hay mártires reales y otros inventados. Hay derechas fascistas y otras que son absolutamente obedientes de la ley y del estado de derecho. Aclaración hecha, vamos a los hechos reales, probados, sin aditamentos de ninguna clase. 

1º, los mapuches no son originarios.

Los mapuches en Argentina son argentinos que descienden de la etnia araucana, inmigrantes chilenos, personas adaptadas al país que generosamente los acogió y del que reciben educación y salud, gratuitas. Gente que estudia, trabaja y respeta las leyes de su país: Argentina.

Definir un pueblo originario es simple, estaba en el territorio que hoy es Argentina antes que llegaran los españoles. Son previos a la conquista. Es el caso en la Patagonia de los ranqueles, puelches y tehuelches, todos ellos masacrados por los araucanos llegados de Chile. Empezaron a llegar en el siglo XVII, XVIII y la gran llegada fue en el siglo XIX, liderados por Calfulcurá.

Vinieron a caballo, aporte español a América. Prueba definitiva de que no son “originarios”. Alrededor de 1830 llegó, desde Chile, Yanquetruz con un grupo de 100 capitanejos. Probablemente la avanzada previa a la llegada de Juan Calfulcurá. Este armó una confederación de los pueblos originarios, a los que sometió, con el fin de robar ganado y mujeres, para venderlos en Chile a cambio de armas.

Calfulcurá llegó desde Chile a territorio argentino en tiempos de Rosas, alrededor de 1840 y se estableció en el sur de la provincia de Buenos Aires. Armada su confederación, asoló el sur de San Luis, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires desde Mar del Plata hacia La Pampa.

Eran los temidos malones, a los que, por lógica, los sucesivos y diferentes gobiernos de un país que cambiaba permanentemente, debía combatir. Era un problema de supervivencia ante una invasión extranjera. ¿Por qué nos encanta haber ganado las invasiones inglesas y nos avergüenza esta? Por 1950 nació del partido comunista boliviano “el indigenismo”.

En los 70 la lucha de la extrema izquierda pasaba por otro lado. El “Che” era profundamente xenófobo. Perdida la guerra (con las armas, la ganaron en los medios), las políticas radicalmente izquierdistas se volvieron, entre otros temas, a la defensa del indigenismo. Acá inventaron, delinquieron, usurparon terrenos con dueño, incendiaron, se hicieron temer. El grupúsculo de auto llamados guerrilleros, crearon de este lado de la frontera la Resistencia Ancestral Mapuche, RAM, hermana de la chilena Coordinadora Arauco Malleco, CAM.

En Argentina se calculan 500.000 argentinos de ascendencia araucana. En RAM deben militar unos 5.000, siendo generosos en la apreciación. El problema es difícil de entender. ¿Por qué las pobres, casi nulas actuaciones de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, frente a los desmanes de la RAM? Desmanes que aumentan con el correr de los días ante la falta de respuesta del poder judicial de la zona en las que se cometen los delitos. ¿Desconocimiento de la ley, políticas correctas o simplemente, miedo?

Si un argentino descendiente de la etnia vikinga, china o maorí, pasando por la española y la italiana, las más comunes, incendia una estación de tren (La Trochita, de larga historia), lo detiene la policía y es juzgado por el delito. Si un argentino descendiente de la etnia que fuere, usurpa tierras con dueño, es detenido, juzgado y condenado. Si un argentino, descendiente de cualquier etnia, extorsiona a los petroleros de la zona, tala árboles de un Parque Nacional, lo ocupa y no deja pasar a nadie, es detenido y juzgado y condenado.

Si un argentino de los del montón, que presumiblemente ha delinquido, le prohíbe al juez entrar en su casa porque es “territorio sagrado”, sin lugar a dudas iría a parar a un psiquiátrico. Y si el juez obedeciera la orden de no penetrar en “territorio sagrado”, también ameritaría un estudio psiquiátrico. El único territorio sagrado en la Argentina, es el territorio de la ley. Y la ley no se cumple con los integrantes de la RAM. Es tanto el terror a que los medios, casi todos, llaman “salvaje represión”, que tanto los judiciales como los periodistas, han olvidado que “reprimir”, de acuerdo al RAE, es volver a poner las cosas en su lugar.

Para colmo de males, desgraciadamente le sumamos dos mártires, Santiago Maldonado en Chubut y Rafael Nahuel en la usurpada Villa Mascardi. El poder judicial se repliega, los medios endiosan a los muertos y por supuesto la culpa de todo la tiene el gobierno nacional, que ha cometido el pecado mortal de ganar las elecciones. Imperdonable. Las muertes de dos muchachos jóvenes, Santiago 28 años y Rafael 22, son hechos tristísimos, lamentables y muy dolorosos.

Maldonado no formaba parte de la RAM y murió ahogado en el río Chubut, huyendo de la gendarmería (dictamen de los peritos de ambas partes, sin golpes ni agresiones de ninguna clase). Ni Rafael formaba parte de la RAM. Su madre declaró que lo habían reclutado para hacer número. Como hay que respetar los 4 días de duelo que impone el rito ¿? mapuche, el juez Villanueva no puede buscar casquillos de las armas que pudieran haber usado los usurpadores. La culpa, entonces, recae solo en el grupo Albatros.

Un grupo de argentinos descendientes de araucanos, se llegó hasta Buenos Aires para hablar con Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, y con la humildad que los caracteriza le dijeron: “su hermano se juntó con gente mala”. Algo para recordar cuando hablemos de mapuches.

El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro ha puesto el obispado a disposición de distintos grupos de la RAM, venidos de varios lugares, para que concilien sus políticas y lleguen a un acuerdo entre ellos sobre cual va a ser su accionar. Dicen, contradiciendo todo lo declarado hasta ahora, que la decisión será tomada dentro de las leyes de la nación. Una nación que hasta ahora desconocen, leyes que no son las suyas y una Constitución que les es ajena.


Mientras todas las contemplaciones son pocas hacia los miembros de la RAM que delinquen, nuestro poder judicial camina sobre huevos, con miedo a romperlos, quizás por que saben que dentro de ellos hay serpientes.

viernes, 1 de diciembre de 2017

EL FBI DERRIBA LAS PRUEBAS DEL SUPUESTO CONDUCTOR SUICIDA DEL ATAQUE CONTRA LA AMIA


El organismo informó que no hay coincidencias genéticas entre restos encontrados con familiares del supuesto terrorista.

 Rafael Saralegui
 Big Bang! News, 30-11-17

Otra presunta prueba que se cae. El FBI norteamericano informó a la Justicia argentina que no se pudo corrobar la identidad del supuesto conductor suicida de la camioneta Trafic que estalló en la sede de la AMIA en 1985 y que provocó la muerte de 85 personas y cientos de heridos.

El fallecido fiscal Alberto Nisman había sostenido en su momento, a partir de informes de organismos de inteligencia, que el supuesto conductor de la camioneta cargada con explosivos había sido identificado como Ibrahim Hussein Berro, a quien se "atribuye haberse inmolado para provocar el atentado".

Pero esa información no había sido corroborada por otros medios. Por eso los nuevos fiscales a cargo de la UFI AMIA pidieron colaboración al FBI para determinar si los restos humanos que estaban sin identificar y no se correspondían con ninguna de las víctimas del atentado podrían ser los de Berro.


Nisman dio un dato que no se pudo corroborar.
De todos modos, la familia de Berro siempre negó que hubiera sido el conductor suicida y lo desmintió con un dato contundente: su muerte había ocurrido en El Líbano en septiembre de 1994. Es decir, murió varios meses después del ataque contra la mutual judía en Buenos Aires.

Para determinar si los restos que estaban sin identificar y que habían sido hallados en un depósito de la Policía Federal por los nuevos fiscales corresponden a Berro, se pidió la colaboración del FBI para hacer pruebas de ADN con dos hermanos del sospechoso que viven en los Estados Unidos.

Después de varios trámites e intercambios de información, las autoridades del FBI informaron que los cotejos habían dado resultado negativo. “El 6 de noviembre de 2017 el laboratorio del FBI entregó su reporte a los fiscales en el que explicó que luego de practicar la tipificación de ADN de STR autosómico, Y-STR y mitocondrial del supuesto hermano del atacante y realizar la comparación con el perfil genético enviado se determinó que éste último “no pudo haberse originado de un pariente paterno o materno […] para incluir a un hermano o medio hermano”, informó la página Fiscales.


La investigación por el ataque sigue en pie.
El sitio de la Procuración recordó que “luego de concretarse el hallazgo de material biológico hasta entonces desconocido en el Laboratorio Químico de la PFA en diciembre de 2016 y realizar un cotejo con la colaboración del CMF, el EAAF y el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA que permitió determinar que un fragmento de tejido no correspondía a ninguna de las víctimas fatales registradas, la UFI AMIA emprendió una serie de acciones para reconstruir su cadena de custodia y dispuso medidas en el ámbito de la cooperación internacional para intentar cotejar el perfil obtenido con muestras de familiares del individuo sospechado que residen en los Estados Unidos de Norteamérica”.

Aunque los restos no identificados no se corresponden con quien Nisman había dicho que era el conductor suicida, los fiscales de la AMIA quieren corroborar de todos modos que pertenecen a un terrorista que se inmoló en el atentado. Por eso ordenaron un nuevo peritaje para establecer si lo restos tienes rastros de explosivos.


“Los fiscales también mantuvieron una serie de reuniones con científicos del Conicet especializados en análisis de isotopos estables y análisis por activación neutrónica y profesionales del Laboratorio de Histopatología de la Morgue Judicial a fin de analizar los procedimientos a disposición para obtener la mayor cantidad de información posible del material hallado, y el 10 de octubre de 2017 ordenaron la realización de un peritaje sobre las muestras biológicas que empleando técnicas de espectroscopía raman o infrarroja intentará determinar si éstas contienen restos de los explosivos utilizados en el atentado contra la sede de la AMIA”, agregó la página oficial.