lunes, 30 de noviembre de 2009

ANIVERSARIO DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD CON CHILE



Con motivo de haberse cumplido 25 años de la firma del Tratado que puso fin al conflicto entre Argentina y Chile por el Beagle, queremos necesario reproducir –ratificando su contenido- lo que manifestamos en vísperas de la consulta popular realizada el 25-11-1984.

VOTE NO O NO VOTE
[1]
Análisis del Tratado de Paz y Amistad con Chile

1. En la introducción del Tratado se expresa que el mismo “constituye una transacción”, lo que aclara, una vez más, que la mediación es un procedimiento diplomático destinado a buscar un acuerdo político entre dos Estados en conflicto. Por ello, nuesto país no podía pretender, después de haber aceptado la Mediación de Su Santidad, el reconocimiento pleno de su derecho, que abarca toda la superficie en disputa.

2. Lo grave es que el acuerdo logrado no representa en realidad una transacción, sino un reconocimiento total de la pretensión chilena, que obtiene: a) las islas Picton, Lennoz y Nueva; b) todas las otras islas, hasta el Cabo de Hornos; y c) 9.800 km2 de mar.

3. Conforme al Tratado de 1881 (Art. 3º), todas las islas corresponden jurídicamente a la Argentina, por estar al oriente y no al sur del Canal Beagle, que concluye en Punta Navarro. Esta aseveración está avalada científicamente por las conclusiones de la XXXIX Semana de Geografía, realizada en Buenos Aires, en Octubre de 1977.

4. Asimismo, la zona de mar adjudicada a Chile pertenece en derecho a nuestro país, por estar al oriente del meridiano del Cabo de Hornos, que es límite –reconocido universalmente por geógrafos y oceanógrafos- que divide al Océano Pacífico del Atlántico, correspondiente este último a la Argentina, según lo estipulado por el Tratado de 1893 (Art. 2º).

5. El Artículo 8º deja constancia de que cada país puede invocar, frente a terceros Estados, la anchura máxima de mar territorial que le permita el derecho internacional. Esto implica que Chile podrá en el futuro obtener beneficios de las posibles explotaciones realizadas en la zona de mar que se le reconoce a la Argentina.

6. El General (R) Etcheverry Boneo, que durante seis años representó a nuestro país, en las negociaciones ante el Vaticano, ha demostrado que este acuerdo es más desfavorable para la Argentina que la Propuesta original del Papa, formulada en 1980. En efecto, si bien se suprime la zona de actividades comunes de 118.000 km2, donde a Chile le correspondía el 50 % de los beneficios que se obtuviesen, dicha zona quedaba fuera de la plataforma continental, donde los recursos no son económicamente redituables, al menos por ahora. En cambio, este acuerdo le adjudica 9.800 km2 de jurisdicción exclusiva, en la parte más rica del Océano Atlántico. Además, se pierde el control del Pasaje Drake, que por la propuesta de 1980 quedaba en jurisdicción argentina, aspecto muy grave por la importancia estratégica del Pasaje (La Prensa, 22-10-84).

7. También quedan seriamente afectados los derechos argentinos sobre territorio antártico, al quebrarse la continuidad geográfica desde el continente; incluso se restringe severamente la libertad de navegación de que siempre gozó la Argentina en la zona austral.

8. Por todo lo expuesto, no puede extrañar que un dirigente radical, el Dr. Mario Roberto, Diputado Nacional por Córdoba, haya expresado que “acaba de cometerse el error más grave de toda la historia de nuestro país en materia de política internacional”, y que, de aprobarse este Tratado, “no solamente perderemos las islas y las riquezas que ellas proyectan, sino que perderemos la dignidad y la imagen internacional” (La Prensa, 9-10-84).

9. El peligro de guerra, que algunos esgrimen para promover la aprobación del Tratado, no resiste el menor análisis, puesto que en Enero de este año se firmó un documento con Chile, por el cual se ratifica la decisión de ambos países de mantener la paz, Lo que sí debe recordarse es que la paz es fruto de la justicia, y de no lograrse un acuerdo que satisfaga, aunque sea parcialmente, los derechos argentinos, ninguna declaración retórica podrá garantizar la paz en el futuro. Este criterio es el que llevó –en vísperas de la anulación del Laudo Arbitral- a un grupo de personalidas, encabezado por el Dr. Raúl Alfonsín, a declarar que “ningún principio internacional debe prevalecer frente al interés legítimo y vital de la Nación, de hecho comprometido y vulnerado” (La Nación, 4-10-77).

10. Los errores y vacilaciones de los gobiernos anteriores, hacen admisible una transacción que conlleve la renuncia argentina a una parte de sus derechos, a fin de terminar con un conflicto centenario, pero, ningún motivo puede justificar la renuncia total a la soberanía que le corresponde en la zona austral, pues ello implicaría afectar mortalmente su futuro como Estado independiente.

11. En conclusión, consideramos:

a) Que es inconveniente la Consulta Popular sobre el Conflicto Austral, dispuesta por el Gobierno Nacional, por tratarse de un problema complejo, cuya solución debe ser adoptada por el Congreso Nacional, debido a que sus miembros poseen –además de las facultades constitucionales para hacerlo- la necesaria experiencia política, el tiempo suficiente y la posibilidad de obtener asesoramiento especializado.

b) El Tratado propuesto es inaceptable, y debería continuarse negociando con Chile, en el marco de la Mediación Papal, hasta lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

c) Dada la gravedad del peligro que involucra la Consulta, es deber moral del ciudadano que comparta la convicción expuesta, de abstenerse de votar o votar por el NO.

[1] Centro de Estudios Cívicos, Boletín Acción, Nº 12, noviembre de 1984.

CANDIDATURAS TESTIMONIALES SON UNA BURLA A LA CIUDADANÍA



Por Mons. Héctor Aguer

“Periódicamente surge entre la gente común, en la opinión pública podríamos decir, quejas contra lo que suele llamarse “la política”… No sólo contra las personas que participan activamente en la política o tienen cargos de orden político sino en general contra la actividad política misma, la cual se ha cubierto de un cierto velo de sospecha como si fuera algo que contamina a aquel que se atreve a introducirse en ese campo”.

“Esto es realmente penoso, porque si lo pensamos bien, tanto desde el punto de vista humano, natural, cuanto considerando la enseñanza social de la Iglesia, la actividad política tiene un carácter nobilísimo”.

“La Doctrina Social de la Iglesia exhorta a los laicos católicos a participar activamente en la vida política. Presenta esa participación como un ejercicio de la caridad, porque se trata de un servicio público, de un servicio a la sociedad”.

“Ahora bien: ¿a qué se debe que se haya convertido “la política” en una especie de campo minado, y objeto de continuas sospechas? Muchas veces se debe a que incluso sus mismos protagonistas principales no advierten la nobleza de esa actividad”.

“Voy a poner un ejemplo muy reciente. En la pasada elección de cargos legislativos hubo muchos candidatos, tanto en el orden municipal como en el provincial y en el nacional, que se presentaron, ofrecieron su nombre -generalmente encabezando las listas- con el rotulo de “candidaturas testimoniales”. Se sospechaba, ya desde entonces, y se discutió en su momento la cosa, que no tenían la intención de asumir los cargos para los cuales se postulaban. Era lógico sospechar, ya que los “testimoniales” o eran personajes que provenían de otros campos o estaban desempeñando importantes cargos ejecutivos. Eran nombres con “gancho” para arrastrar votos”.

“Ahora, cuando llega el momento de asumir esos cargos para los cuales han sido elegidos, se advierte que efectivamente no tenían la intención y que no los asumirán. Mucha gente se siente burlada, con razón, y esto es otro de los elementos que añade descrédito al mundo de la política”.

“Pienso, por ejemplo, la reticencia de tantos jóvenes, que porque participan de esa sospecha general, no quieren adentrarse en un terreno pantanoso. Con este nuevo episodio de las “testimoniales” que es una burla a la ciudadanía, van a retraerse aún más”.

“Porque se trata de eso: de una burla a la ciudadanía. A esos candidatos que han sido votados para que desempeñaran determinados cargos les corresponde, efectivamente, no defraudar a quienes los votaron y asumir esos cargos”.

“Se trata entonces de la seriedad de la acción política misma. Lo que está detrás de todo este asunto es, en definitiva, que la Argentina necesita de una vida política sana, y que estamos todavía lejos de lograrlo”.

“Muchas veces se habla de la calidad de las instituciones, se reconoce que hay que mejorar la calidad de las instituciones de la República, pero esa calidad es menoscabada continuamente por gestos que desvalorizan la actividad política, como si la relación entre quien vota y el candidato votado no implicara un compromiso que tiene un fundamento ético importantísimo”.

“Entones es el carácter, la cualidad ética de la actividad política la que está aquí en juego. Desgraciadamente, nos vamos acostumbrando a que, en nombre de la democracia, reducida a una defectuosa gimnasia electoral, se vulneren las instituciones de la República y se postergue indefinidamente la solución de los problemas crónicos de la Argentina”.


Un envío de HECTOR TITO GARABAL
Conductor y Director “Claves para un Mundo Mejor”
www.diario7.com.ar, 29-11-09

CALDERÓN: HA CAMBIADO LA ESTRUCTURA DEL NARCOTRÁFICO


Ante los problemas de seguridad que se viven en el país el Presidente de la Republica Felipe Calderón Hinojosa hablo respecto a la difícil situación que se vive y el cambio que se ha presentado en los últimos diez años.

El cambio de estructura del crimen organizado según dijo el presiente a provocado variaciones importantes en la vida de los mexicanos.

“La estructura del comportamiento criminal en el país, por lo menos en los últimos diez ó 15 años, porque provocó que una actividad no intrusiva en la vida de los ciudadanos, aparentemente, se convirtió en una lucha por clientelas, por plazas y por rutas.

“Lo que había ocurrido, como explicaba yo el dos de septiembre, es que esa actividad delictiva pasó de lo, entre comillas, tradicional, que era simplemente el trasiego de drogas hacia Estados Unidos; es decir, literalmente narcotráfico, nada más. Y tenía entonces, un perfil más bajo, un perfil ajeno a la gente, generalmente no se metían con ciudadanos de bien, era un modelo orientado nada más a la exportación”, dijo el presidente.

Esta situación expresó Felipe Calderón se incremento debido a factores como ejemplo, tolerancia, pasividad y la franca complicidad en algunas autoridades. Y esta transformación del modelo de negocio de la delincuencia hizo que la criminalidad empezara a afectar directamente la vida de los ciudadanos.

A través del delito de extorsión, que es un delito que todavía agravia enorme y preocupantemente a muchos lugares del país; el cobro de piso, que hizo la criminalidad a las actividades de muchos ciudadanos productivos y, desde luego el secuestro.

Por ello el mandatario reafirmo su compromiso y prioridad al combatir al crimen organizado con la ayuda de la fuerza del Estado y las Fuerzas Armadas del país.

En el ultimo año se ha logrado un avance esto dicho por Calderón, que según cifras proporcionadas se ha decomisado 25 mil vehículos, más de 400 aeronaves en el país; varios millones de cartuchos, casi siete millones de cartuchos, por ejemplo, casi tres mil granadas.

En cuestión de droga el gobernante dijo que “si reuniéramos la droga que hemos decomisado, nos alcanzaría a darle casi cien dosis, cien dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad”.

En materia legal se ha aprobado la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y un nuevo conjunto de leyes que mejorarán el Sistema de Seguridad Pública: la Ley de Extinción de Dominio, la Ley que Regula el Sistema de Seguridad Pública o Seguridad Nacional.

Otras que están aún pendientes, son la propuesta de cadena perpetua para los secuestradores en el país, que no ha sido dictaminada en el Congreso.

(Notired)

ESPAÑA: POLÍTICOS, ABORTO Y SAGRADA COMUNIÓN

Por P. Juan C. Sanahuja

En su Nota final del 27 de noviembre, la 94º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo referencia al pecado público en el que incurrirían los legisladores que voten a favor del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, propuesto por el gobierno socialista español. (...)
Declaraciones del Prefecto de la Signatura Apostólica
Recordamos la intervención del 18-09-09 del Prefecto de la Signatura Apostólica, Mons. Raymond Burke, en el InsideCatholic's 14th Annual Partnership Dinner, en la que reafirmó la doctrina tradicional, expresando que a quienes se declaran católicos y ocupando cargos públicos escandalizan a los otros fieles, se les debe corregir públicamente y su rectificación también debe ser pública. Escandalizan, aclaró Mons. Burke, los que promueven políticas y leyes que "permiten la destrucción de la vida humana inocente e indefensa" y "violan la integridad del matrimonio y la familia". (...)

domingo, 29 de noviembre de 2009

MÉXICO MANTENDRÁ AL EJÉRCITO EN COMBATE AL NARCOTRÁFICO



El presidente mexicano Felipe Calderón reivindicó este domingo la lucha contra el narcotráfico emprendida por su gobierno y anunció que mantendrá la participación del Ejército pese a las críticas, pues este combate sigue siendo una “prioridad“ para la seguridad nacional, aseguró.

“Ha sido y seguirá siendo una prioridad combatir al crimen organizado con todas las fuerzas del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas“, señaló Calderón en un acto público en el Palacio Nacional en el que hizo un balance de sus tres primeros años al frente de la presidencia que se cumplen el martes.

El presidente mexicano se pronunció antes de partir para Portugal donde participará en la Cumbre Iberoamericana, ante más de un centenar de invitados especiales.

Hemos emprendido “una estrategia de fortalecimiento del Estado y liberación de la sociedad“ de las consecuencias del crimen organizado, manifestó Calderón durante cuyo gobierno más de 14.000 personas han muerto como resultado de disputas entre carteles de las drogas, según conteos de prensa.

Tras su llegada al poder en diciembre de 2006, electo por estrecha ventaja, Calderón involucró al Ejército en la persecución de los carteles, para lo cual desplegó unos 50.000 militares especialmente en el norte del país, en las zonas fronterizas con Estados Unidos.


yucatan.com.mx

AMENAZA DE GOLPE CONTRA EL CONGRESO

Joaquín Morales Solá

Un par de días antes de la deserción ante el Papa, el ex presidente decidió hablarles a los intelectuales kirchneristas de Carta Abierta. En ese compadreo entre incondicionales, maltrató primero al periodismo (que ya es para él como la oración diaria para los que tienen fe) y luego se ocupó, enfurecido y desafiante, del problema nuevo que descubrió con precisión: el Congreso.

Que nos echen de todas las comisiones , bramó, y provocó: Nosotros tendremos al pueblo en la calle. Fue la amenaza más directa y brutal que recibió el Poder Legislativo desde que Menem insinuó su cierre temporal en la década del noventa.

Kirchner no tiene retorno. Las cuatro encuestadoras más serias y prestigiosas del país han terminado mediciones que indican que los dos Kirchner perforaron el piso de los 20 puntos de imagen positiva en el país y ya están en sólo 18 puntos. Se trata sólo del carozo de cualquier caudal político. Y es, también, una tragedia política para los líderes de una administración que todavía debe gobernar dos años másido.

No es lo único que han hecho. Salvo que algo contundente se interponga, los Kirchner intervendrán Papel Prensa, la empresa que abastece de papel a una enorme mayoría de diarios argentinos.

La oposición no kirchnerista dio algunos pasos en el buen sentido. Tomó la iniciativa en el Congreso y se mostró unida. No obstante, el ritmo imperioso y arbitrario de Kirchner está necesitando también de una Comisión de Enlace de los principales dirigentes opositores. ¿Podrán hacerlo cuando todavía prevalecen entre algunos el agravio y la ofensa?

Las instituciones (el Congreso y el periodismo libre, entre ellas) están en riesgo. La oposición calla demasiado sobre los cotidianos martirios de la prensa. Esos líderes opositores deberían aparcar las ambiciones políticas y los rencores personales. Deberían, en última instancia, dejar de lado las inexplicables agresiones entre ellos compitiendo por un destino que nadie ve. Deberían hacerlo antes de que el país se quede hasta sin diarios.

Extractado de La Nación, 29-11-09

KIRCHNER, AMO Y SEÑOR


Los seres humanos suelen advertir los signos de las enfermedades que padecen cuando el mal ya hizo estragos. La capacidad de las personas y de las sociedades para ignorar lo obvio es siempre llamativa. A los argentinos nos está sucediendo eso con un síntoma muy expresivo de nuestra descomposición institucional con el que hemos pasado a convivir con naturalidad. Ese síntoma es el ejercicio que hace Néstor Kirchner de un poder que está al margen de la ley.

El lenguaje, con sus automatismos, es un gran delator. Desde hace tiempo, el discurso político y periodístico se refiere a Kirchner como el sujeto único de decisiones oficiales sin que eso signifique una ironía ni entrañe algún juicio de valor. Es apenas una constatación rutinaria. Manda quien no debe mandar, pero eso ya no parece inquietar a nadie.

La novedad de que Kirchner no pudo tolerar la limitación republicana al período que la Constitución fija para desempeñar la Presidencia llegó muy temprano. A los tres días de haber asumido sus funciones, Cristina Kirchner debió enfrentar su primera crisis. Un venezolano había afirmado ante la justicia de los Estados Unidos que los 800.000 dólares que trajo Guido Antonini Wilson en su valija estaban destinados a financiar la campaña que ella acababa de finalizar. El país entero se preguntaba cómo resolvería ese desafío su flamante mandataria. Pero el esposo no la dejó demostrarlo. Salió al ruedo para decirle a su señora que debía quedarse tranquila, que él estaba ahí, que nadie daría un paso atrás. Ese día fue el final simbólico de la presidencia de Cristina Kirchner.

Después vinieron otros desbordes que terminaron de anonadar a la jefa del Estado: desde una excursión chavista por las selvas colombianas digna del realismo mágico de Gabriel García Márquez, hasta el fatídico conflicto con el campo.

El desajuste es, desde el punto de vista institucional, de una enorme gravedad. Los argentinos votaron a una persona para que termine gobernando otra. En español eso se llama fraude. No debería extrañarle a la clase política el bajísimo aprecio que consigue del resto de la sociedad cuando este tipo de aberraciones constituyen un dato cotidiano. No hace falta quebrar ningún hermetismo para saber que en la Argentina de hoy es Néstor Kirchner, no su esposa, quien toma las principales decisiones del Gobierno, sobre todo en el terreno de la economía, la inversión pública, las relaciones federales, las negociaciones con el Congreso o el vínculo con la Justicia. Es un secreto a voces que entre nosotros el valor del dólar o la tasa que pagará el Estado para endeudarse los decide un diputado electo que salió perdedor en los comicios. Cualquier funcionario sabe que desde Olivos se puede boicotear la acción de un ministro dándole instrucciones divergentes a un secretario. Amado Boudou no ignora, como no lo ignoraban sus antecesores inmediatos, que lo que él decide con la Presidenta lo puede modificar Kirchner en una charla con Guillermo Moreno. Gracias a su vínculo marital, Kirchner puede decidir si se disuelve un piquete o si se le otorga un subsidio a una organización de piqueteros en detrimento de otra.

Está a la vista de todo el mundo que el ex presidente desarrolla una campaña de exaltación personal utilizando los recursos del Estado. Está menos a la vista que se sirve de esos recursos para indagar en la intimidad de las personas, gracias a una manipulación facciosa de los organismos de inteligencia que la Argentina jamás conoció desde la restauración democrática de 1983. Los secretos de Estado que concentra el dispositivo de la seguridad nacional se vuelcan en el oído de Kirchner, no de su esposa.

La consecuencia más inmediata es una degradación de la institución presidencial de la que tendrá que hacerse cargo el jefe del Estado que reemplace a los Kirchner. La responsabilidad de la Presidenta es enorme en este sentido, ya que es ella la que transfiere a quien la acompaña en Olivos un poder que le fue otorgado de manera indelegable. No la excusa en esa operación el grado de dependencia emocional que pueda tener respecto de su esposo, que sólo ella conoce y que pertenece al orden privado.

La irracionalidad en la toma de decisiones termina contaminando todos los procesos de la vida pública con dosis intolerables de imprevisión. Nadie puede estar demasiado seguro de lo que ocurrirá si las cuestiones de Estado las resuelve un particular en una instancia inapelable por lo privada. Magnífica metodología para atraer inversiones.

La llegada de Cristina Kirchner al poder venía acompañada de la promesa de una mejora institucional. Ella misma alentó la fantasía de que modernizaría el ejercicio de su función. Su acceso a la máxima magistratura fue pintada, incluso, como una conquista de la lucha de las mujeres por la igualdad. Esas promesas quedaron en palabrerío. La Presidenta rindió un lamentable homenaje a su género, al que tanto se refiere, poniendo las responsabilidades que se le confiaron en manos de un varón que decide por ella.

Estas deformaciones pueden convertirse en una anécdota cuando se evalúe el paso de los Kirchner por el poder. Importan por otros motivos. Porque la emergencia de un liderazgo caudillesco es siempre la otra cara de una inconsistencia social. Porque nos recuerdan la increíble dificultad que tenemos para construir instituciones, acaso consecuencia de haber vivido tanto tiempo ajenos a ellas, y porque nos hacen ver el gigantesco desafío que tenemos por delante para despersonalizar el poder, restaurar la ley y someternos a ella.


La Nación, Editorial, 29-11-09

CORRUPCIÓN: POR FALLAS JUDICIALES, LAS CAUSAS DURAN UNOS 14 AÑOS



Claudio Savoia.

La noticia, hace dos semanas, dejó un regusto amargo en tiempos de fuerte desconfianza hacia la honestidad de los funcionarios públicos: después de catorce años de juicio, por un acuerdo entre las partes para evitar que el proceso se siga extendiendo y todo quede en nada, los siete acusados por el pago de coimas en un contrato entre la empresa IBM y el Banco Nación recibirán penas de dos y tres años de prisión en suspenso. ¿La parte buena? El Estado recuperará más de 17 millones de pesos. Aunque nadie irá preso, es todo un triunfo: en Argentina, los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del uno por ciento termina en condenas. Jueces y fiscales que no planifican lo que van a investigar, carpetas que acumulan papeles inútiles, trampas formales para dilatar el proceso y peritos que no aportan pruebas importantes, son las causas repetidas. Y nadie hace algo por corregirlas.

Clarín tuvo acceso a un informe preliminar de la investigación que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comenzó a elaborar analizando el trámite de doce causas por corrupción investigadas en distintos juzgados federales de la Capital. Una experiencia inédita, por la resistencia habitual de los tribunales a que las organizaciones no gubernamentales monitoreen su trabajo (ver página 42). Este diario intentó conocer la opinión de varios jueces federales, pero fue en vano. En síntesis, los motivos que vuelven interminables estos juicios hasta burlar cualquier noción de justicia, son:

Investigaciones mal organizadas

Los juicios por corrupción suelen ser complejos, con varias personas involucradas y distintos delitos que pueden investigarse. "Pero esto no se hace", explica Luis Villanueva, coordinador del programa de Fortalecimiento Institucional de la ACIJ. "Ni los fiscales ni los jueces trazan una hipótesis general que ordene todo el caso y le dé un norte. Se siguen líneas difíciles de concretar, mientras se abandona la persecución de delitos clarísimos. También se desperdician los recursos: se pide la misma información a distintos organismos, o se reclama varias veces lo mismo".

Veamos un ejemplo: en base a una nota de Clarín, la diputada del ARI Elsa Quiroz denunció hace cuatro años posibles manejos fraudulentos en un Fondo Fiduciario dependiente del ministerio de Economía, a través del cual se realizaron préstamos a 26 bancos entre 1995 y 2002. Tras estudiar el expediente, los abogados de la ACIJ estimaron que al menos 14 de los bancos habían realizado maniobras dudosas. Pero dos años después, en diciembre de 2007, el fiscal a cargo del caso sólo centró su trabajo en dos entidades y archivó las investigaciones al resto.

Meses enteros sin avances.

Los investigadores piden diligencias de a una, y no siguen trabajando hasta que no les contestan. Por ejemplo, en los juicios analizados la feria judicial de enero se extiende por tres meses sin medidas. "Como bien dicen los propios empleados judiciales: 'las causas se llevan, no se investigan'. Pero ni siquiera se llevan hacia algún lado", dice Villanueva.

Procedimientos tardíos, burocráticos y mal resueltos

Casi en ningún caso se cumplen los plazos procesales. La instrucción de una causa no debería tardar más de cuatro meses, y lleva años. Las declaraciones indagatorias de los acusados se realizan sin muchas pruebas, y también se incumple el plazo de diez días para procesarlos o declarar su falta de mérito. "Los imputados soportan procesos de décadas, lo que -sean o no culpables- viola sus garantías constitucionales. Por lo que vimos en Tribunales, es muy problable que durante 2010 no haya ninguna condena por corrupción", anticipa el abogado de la ACIJ Dante Leguizamón.

Más tardanzas increíbles: las notificaciones a quienes se convoca a declarar las hace en todo el país la policía federal, y tardan meses; un formalismo asfixiante establece que en cada cita se copien resoluciones que confunden a quien las lee. Además, el juez tiene que firmar cada papel que emite o que recibe. ¿Un ejemplo? En la causa "Ricillo, Antonio y otros sobre malversación de caudales públicos", iniciada en el año 2000, el juzgado federal número 2 consideró que la instrucción estaba terminada el 9 de agosto de 2006. Desde entonces, y hasta el 13 de noviembre de 2007, el expediente acumuló 54 actos procesales, entre notificaciones a las partes, recepción de esas notificaciones, citaciones que se repitieron varias veces por distintos errores, notas cruzadas, planteos de los defensores y otros trámites (el desopilante detalle completo se ofrece en www.clarin.com). Al día de hoy, casi una década después de iniciada la causa, el juicio oral todavía no tiene fecha.

Otro ejemplo: en el año 2000, el titular del juzgado federal número 2 comenzó a investigar los supuestos gastos desmedidos en unas Jornadas de Capacitación realizadas en Mar del Plata por el PAMI. Para empezar, esas jornadas se habían realizado en 1994, seis años antes. Para seguir, el expediente fue minado por diligencias repetidas, otras incompletas, y algunas simplemente increíbles: ni el juez ni el fiscal viajaron nunca a Mar del Plata, por lo tanto pedían cada dato a través de exhortos al juez federal marplatense. Así solicitaron el testimonio del contador local del PAMI, Mario Barboni, que para entonces ya no trabajaba más en aquella oficina. Al final se lo ubicó, y su declaración fue sumada a la causa cuatro meses después. Pasados dos años, el juez creyó necesario ampliar esa declaración, y volvió a pedírselo a su colega, sin consignar la dirección de Barboni. Como había pasado antes, el exhorto fue devuelto sin respuesta.

Uso dilatorio de las herramientas procesales.

Se sabe: los abogados usan todos los recovecos legales posibles para beneficiar a sus clientes, y en las causas por corrupción lo más fácil es recurrir ante la Cámara cada decisión del juez. "Según lo que vimos, cada uno de estos recursos se resuelve en un promedio de seis meses", dice Leguizamón.

Una buena pintura de esta ordalía de chicanas la ofrece el famoso expediente por coimas en el contrato con la empresa Siemens para realizar 42 millones de DNI. El 31 de agosto de 2004, el juez a cargo dispuso pedir las declaraciones indagatorias de Carlos Menem, Carlos Corach, Aldo Carreras -ex funcionario del ministerio del Interior- y dos directivos de Siemens. Desde ese día, los distintos defensores presentaron cinco incidentes de nulidad cuya resolución en la Cámara llevó trece meses. Aún así, hasta hoy esas declaraciones indagatorias no se realizaron.

Pericias sin rumbo.

En casi todos los juicios por corrupción se deben analizar balances, declaraciones juradas y otros documentos que requieren de la intervención de peritos contables. "Pero a veces los jueces les mandan todo el expediente sin hacerles preguntas claras, o interrogándoles 'si hubo delitos', algo que deben determinar ellos", dice Villanueva.Las pericias, a su vez, tardan siglos. Un detalle: por su flojo desempeño, la Corte Suprema decidió en enero pasado investigar al cuerpo de peritos contables.

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) participa en varios juicios por corrupción, y desde hace años analiza el desarrollo de cientos de estas causas.

Su base de datos no alienta el optimismo: entre 1980 y 2007, el Estado perdió unos 13.000 millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios, y sobre un total de 750 juicios sólo el 5 por ciento terminó en condenas (10 personas). Las causas tardan un promedio de 14 años en resolverse, y ya vemos cómo. El director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, va al grano: "Los jueces no definen con claridad cuál es el objetivo político-criminal. Además, pierden tiempo porque investigan sobre el caso y no sobre la maniobra fraudulenta. Esto es más trabajoso y menos útil, porque la clave es descubrir y desarmar las maniobras delictivas que después se repiten en varios casos. Sólo se busca saber si tal o cual funcionario cobró coimas, y encima tampoco se logra".

Biscay recuerda que "en las facultades de Derecho no se estudian delitos económicos", y señala otras causas más profundas y menos tangibles que atentan contra la posibilidad de justicia: "existen relaciones de poder muy fuertes entre los investigados y los investigadores, que sin ser de complicidad constituyen una barrera invisible. Todos pertenecen a la misma clase socioeconómica, integran círculos comunes, hasta tienen personas en común: son poderosos investigando a poderosos".

Los abogados de la ACIJ agregan otro ladrillo: "los jueces y fiscales federales retienen las causas, las impulsan y las congelan según el clima político y su relación con el gobierno de turno. Eso les da poder, estabilidad laboral y, en algunos casos, también beneficios económicos o ascensos a camaristas", dicen Villanueva y Leguizamón.

Aunque las críticas a los juicios por corrupción son genéricas y desnudan las fallas estructurales del sistema más que los errores de cada juez, todas las miradas se concentran en el edificio de Comodoro Py, sede de los doce juzgados federales porteños. Uno de ellos está encabezado por Daniel Rafecas, quien aceptó compartir su visión con Clarín. Para él, los motivos que más retardan los juicios son la demora con que los casos llegan a Tribunales, la burocracia en la etapa de la instrucción, la "amplia posibilidad de apelaciones que tienen los defensores" -primero ante la Cámara de Apelaciones y luego ante la Casación Penal-, y la falta de recursos y de rapidez de los peritos contables. "Esto también es responsabilidad de los jueces y fiscales que no les ponen plazos razonables a los peritos. Mi Juzgado lo hace, y logramos recortar mucho esos plazos", dice el titular del juzgado federal número 5.

Pero no todos los problemas anidan en los tribunales. Rafecas, que entre otras causas famosas investiga las presuntas coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa, también se refiere a la "inflación" de denuncias por corrupción: "Se hacen muchas denuncias con el diario de la mañana. Y así los juzgados tramitan muchas causas por hechos que la mayoría de las veces no encajan en delitos", dice. "Se usa el fuero penal federal para hacer denuncias inconsistentes con el solo propósito de que salga un cable de noticias afirmando que alguien fue denunciado ante la justicia".

La opinión del juez es compartida por varios de sus colegas y algunos fiscales que no quisieron ser identificados. "Así se termina judicializando la política. Este es uno de los principales factores del desgano judicial", sentencia uno de ellos, con un muy alto cargo en Tribunales.

Muchos expedientes, sin embargo, reflejan otros yerros. El titular de la ONG Contadores forenses, Alfredo Popritkin, los analiza desde su propia experiencia como ex perito contador de la Corte Suprema: "economistas, contadores y administradores pueden ayudar mucho en la planificación y organización de la investigación judicial", opina. "Pero los peritos deberían interactuar mucho más con los fiscales y jueces." Para el especialista en fraudes contables, "si los jueces tuvieran un asesoramiento especializado antes de llamar a un perito, rápidamente se mejoraría la calidad de las pericias para que sirvan en el juicio oral". Popritkin recuerda que un juicio para sancionar la corrupción debería "evitar el uso indebido de fondos públicos, pero también recuperar el botín obtenido por los defraudadores".

El investigador de la fundación Justicia y Mercado Alejandro Drucaroff Aguiar trabaja desde hace años en ese sentido: "La Constitución y las leyes imponen a los funcionarios públicos ser idóneos y responder con su propio patrimonio por los daños causados al Estado. Ello incluye, por supuesto, los efectos de la corrupción, pero también la administración negligente o imprudente. Muchos acusados de corrupción se amparan en que sus conductas fueron fruto de "decisiones políticas" que no pueden ser reclamadas en la Justicia, pero las leyes vigentes dicen lo contrario, y ordenan que los servicios jurídicos de cada repartición y la Sindicatura General de la Nación determinen el monto de cada perjuicio y reclamen a los causantes que lo abonen de su bolsillo."

Desilusionado con los magros resultados penales de su labor, el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas Manuel Garrido renunció en marzo a su puesto y hoy dirige los programas de Justicia y Transparencia del CIPPEC. "Varios de los juicios iniciados por mis denuncias sufrieron demoras increíbles", repasa ante Clarín. "En la causa por la adulteración del índice de precios del INDEC, por ejemplo, el fiscal y el juez reprodujeron la misma prueba, y el juez ordenó una pericia irrelevante. A su vez, ni siquiera fue hasta el INDEC para constatar las cifras registradas en la base de datos. La denuncia por el pago de sobreprecios en la remodelación de los vagones de subte, contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, estuvo años parada sin que el juez ni siquiera ordenara el peritaje sobre los costos, que finalmente se realizó en medio de presiones a los peritos. Así puedo contar decenas de ejemplos..." dice el ex fiscal.

Creada en el año 2000 para levantar el pobre estándar de transparencia que el gobierno de Carlos Menem había dejado en la opinión pública, la Oficina Anticorrupción (OA) tiene la potestad legal de empujar los juicios participando como parte querellante, como lo hace en varios juicios contra los ex funcionarios menemistas Víctor Alderete, Armando Gostanian, Raúl Granillo Ocampo, Ricardo Cossio, María Julia Alsogaray y el propio Menem. Clarín quiso saber por qué, en cambio, la OA no decidió querellar en causas relacionadas con las administraciones kirchneristas, como el destino de los fondos recolectados en las facturas de electricidad destinados a Santa Cruz, la supuesta malversación de fondos de la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti, las posibles irregularidades en el manejo de subsidios por parte del Instituto de Cine bajo la presidencia de Jorge Coscia, el uso irregular de fondos de ENARSA en la contratación del avión que trajo al país a Guido Antonini Wilson, entre otras.

Por escrito, el organismo dirigido por el kichnerista Julio Vitobello recordó que la OA no tiene la obligación legal de presentarse como querellante, y que sin embargo en algunas de esas causas "aportó documentación, pruebas e información", mientras continúan "bajo investigación preliminar" para decidir si en alguna de ellas se interviene como parte acusadora. "Sólo los casos bien probados y fundados garantizan el éxito del proceso", advierte la carta.

El abogado de la ACIJ Luis Villanueva vuelve al principio: "La corrupción socava la democracia y produce un daño social enorme. Si no se la sanciona, es impensable que disminuya. Y el modo en que la Justicia investiga estos delitos es absolutamente ineficiente." Su colega Dante Leguizamón cree que "hay un desinterés muy grande en los tribunales porque las causas lleguen a algún lado, sea la condena o la absolución. Se conforman con multiplicar el papeleo y que pase el tiempo. Parece que no le importara a nadie." Parece.

Clarín, 29-11-09




sábado, 28 de noviembre de 2009

CÁMARA DE CASACIÓN: MALVINAS NO FUE UN CRIMEN MÁS DE LA DICTADURA



La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal consideró que vejámenes de militares contra conscriptos argentinos en Malvinas no son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, las acciones penales que por esos hechos están prescriptas. Así lo dispuso al revocar dos resoluciones de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, por las que había rechazado dos recursos de apelación presentados por el subteniente Jorge Taranto y el capitán Daniel Polano, contra la decisión que había calificado a esos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Ante un recurso de apelación presentado contra el polémico fallo de agosto pasado, donde la Cámara de Casación de Cómodoro Rivadavia (2 votos contra 1) expresaba que Malvinas había sido un crimen más de la dictadura. Sin embargo, en el día de hoy, la La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal (todos votos positivos) le dio la razón a la defensa.

Dos casos

El caso de Río Grande, el fallo "Pierre", donse se acusa (entre varios acusados) al por aquel entonces subteniente Jorge Taranto (conductor del famoso programa radial "Malvinas, la verdadera historia" de Radio 10) de haber cometido cinco actos ilícitos en las Islas Malvinas, entre ellos estaqueos a sus soldados.

El caso de Comodoro Rivadavia, el fallo "Vassel", donde su acusa a Daniel Polano, por entonces Capitán, y a Hugo Álvarez de haber estaqueado por dos horas en Comodoro Rivadavia (previo a Malvinas), a un soldado.

Comodoro Rivadavia: El fallo polémico

La jueza Eva Parcio de Seleme, titular del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, rechazó en febrero último una excepción de prescripción en una causa similar. La magistrada sostuvo que los hechos investigados están enmarcados en el contexto histórico que atravesó el país entre 1976 a 1982, en el marco del denominado Proceso de Reorganización Nacional, “coincidente con las ilegítimas e ilegales acciones y crímenes aberrantes cometidos por la última dictadura militar”. Agregó que “la guerra de Malvinas formó parte de ese nefasto proceso con un inusitado proyecto de mantenerse en el poder. Que el hecho investigado forma parte en su generalidad, de un conjunto de hechos similares en relación a que las víctimas resultaban ser soldados conscriptos en el conflicto armado de Malvinas y que fueran cometidos en su perjuicio por algunos Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas cometidos tanto en el continente como en el territorio de las islas”. A raíz de ello, la defensa apeló a la Cámara Nacional de Casación Penal, tribunal de mayor rango.

El fallo de la Cámara Nacional

Con el fallo conocido hoy, se declara prescrita la causa, por no ver que en ella haya un delito de lesa humanidad. El fallo Polano sienta precedente en la jurisprudencia, que la Guerra de Malvinas, fue un hecho distinto al accionar aberrante de la dictadura, y que si el acusado merecía una pena, no podrá ser más que un reproche por medio de los fueros militares o bien, una sanción administrativa.

Resumen del fallo "Polano": El doctor Juan E. Fégoli dijo: "En consonancia con los autos traídos aquí a estudio, en la causa "Taranto, Jorge Eduardo s/recurso de casación" del registro de esa Sala I señalé que tanto los crímenes comunes como los crímenes contra la humanidad tienen la peculiar característica de atentar contra bienes jurídicos individuales. Es por ello que en este sentido resulta de vital importancia trazar una línea teórica que sirva como criterio de distinción al respecto, la que, como se verá, permitirá concluir que en el sub lite, realizado un juicio de tipicidad a partir de los elementos del tipo del delito de lesa humanidad, no resultará posible calificar conforme aquél los hechos imputados a Polano.

En el caso considero que por más aberrantes que puedan resultar las acciones que presuntamente se habrían desarrollado, no se encuentran acreditados los requisitos de sistematicidad ni generalidad del ataque, como elementos que elevarían los delitos supuestamente cometidos a la categoría más grave de delitos contra la humanidad. Y es que aún cuando pudieron haber existido numerosos hechos, las constancias de los autos principales revelarían que los mismos habrían respondido a la propia iniciativa de sus ejecutores ante la eventual comisión de una infracción, cuestionable o no... pudiendo colegirse de ello la inexistencia de un plan preorganizado.

Al respecto, corresponde señalar que no resulta plausible dar por probada la denominada pauta de contexto en que debe verificarse el delito a partir del momento histórico en que se desarrollaron los hechos y que, en función de esa coincidencia temporal con otros actos perpetrados por el gobierno de facto que detentaba el poder, aquéllos deban quedar subsumidos en la misma calificación que éstos. Una elaboración de esta índole no solamente adolece de falta de logicidad, sino que además, podría conducir a resultados jurídicos de manifiesta arbitrariedad, llevando a considerar crímenes de tal entidad a delitos aislados por la sola circunstancia de haber sido cometidos por personal o autoridad de alguna fuerza y durante la última dictadura militar.

La pretensión de que el hecho que se denunció en esta causa constituye un crimen de lesa humanidad no es en absoluto correcta. No sólo no resiste el análisis relativo a los textos legales internacionales contemporáneos. Tampoco puede subsumirse el hecho en la categoría de delitos de lesa humanidad si se atiende a la idea central que ha constituido la motivación histórica con la que ha sido modelada la categoría, es decir, en el propósito de distinguir los crímenes de lesa humanidad de los delitos comunes..."

"Así las cosas, sentado cuanto precede, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, debiendo remitirse las actuaciones a su procedencia a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con la doctrina aquí sentada, sin costas."

Jueces Raúl R. Madueño, Juan E. Fégoli y Juan C Rodrñiguez Basavilvaso.

La postura de la defensa, avalada por unanimidad de los jueces de Casación:

"Queda descartada la calificación como delito de lesa humanidad toda vez que, no solo la supuesta víctima pertenecía al ejército..., sino que en la especie se investiga un acontecimiento que aparece claramente como circunstancial y aislado, que no tuvo ninguna conexión con la ideología política del damnificado, ni fue parte de una política general del Estado...".

"La aplicación de la ´Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Delitos de Lesa Humanidad´ a esta especie es inconstitucional por implicar una aplicación retroactiva de la ley penal contraria al art. 18 de nuestra Carta Magna."

"La pretensión de englobar al conjunto de los militares profesionales como verdugos de sus propios soldados, es falsa, malintencionada e injusta. Los casos de inconductas o delitos, deberían haberse denunciado y juzgado a través del Derecho Penal Argentino y el Código de Justicia Militar, oportunamente. Hoy sólo queda la instancia de sancionarlos administrativamente mediante decisiones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional...".

Soberania Nacional, 25-11-09



jueves, 26 de noviembre de 2009

ORDENAN LA CAPTURA DE 5 NARCOS SERBIOS


Al menos 500 kilos de cocaína fueron secuestrados hoy en un departamento del barrio de Núñez, y los investigadores creen que la droga pertenecía a la banda de un serbio que el mes pasado embarcó más de dos toneladas de cocaína en un yate rumbo a Montevideo. Fuentes policiales citadas por Télam detallaron que el procedimiento se realizaba en Vedia al 1600, casi esquina Del Libertador, en el marco de la operación conocida como "Guerreros de los Balcanes"

La droga fue hallada en la falsa pared de un ascensor. El lugar ya había sido allanado anteriormente, tras descubrirse la operación del yate que había salido de Buenos Aires, y que debió anclar cerca de Montevideo por una tormenta. La idea, según se sospecha, era cargar la cocaína en un barco de mayor envergadura, que luego viajaría con destino a Europa o Africa. Este cargamento valdría 22 millones de dólares puesto en Europa.

Clarín, 26-11-09

miércoles, 25 de noviembre de 2009

DECLARACIÓN DE ZARAGOZA


El Foro Azul y Blanco adhiere a la Declaración que se transcribe:

Los representantes de organizaciones nacionales e internacionales, defensoras de la vida, la familia y la dignidad humanas, provenientes de diferentes partes del mundo, reunidos en Zaragoza del 6 al 8 de Noviembre del 2009, en el IV Congreso Internacional Provida (CIP), en continuidad con los CIP realizados en Madrid, Lima y México, nos dirigimos a:

Todos los Gobernantes, Legisladores, Magistrados, médicos y parteras; líderes políticos y religiosos; intelectuales, educadores y comunicadores sociales; Organizaciones de la Sociedad Civil; padres y madres de familia; y a todas las personas de buena voluntad, como responsables naturales de la promoción de los Derechos Humanos.


CONVENCIDOS QUE:

1. Está científicamente comprobado que la vida humana comienza con la fecundación del ovocito. En esa primera célula humana (cigoto), se encuentra no sólo todo el programa genético del desarrollo de ese ser humano, sino también la capacidad de realizar por sí mismo dicho progreso, como lo muestra experimentalmente la fecundación extracorpórea.

2. Se dice que lo peor que le podría suceder a una madre sería la muerte de su hijo. No es así. Lo peor que le puede suceder a una madre, es hacer matar voluntariamente a su propio hijo. Aún cuando algunas lo nieguen de momento, decidir la muerte de su bebé les provoca un sentimiento de culpa y una herida imposibles de borrar.

3. Los seis millones de muertes “legales” en los campos de concentración nazi, constituyen el delito internacional de genocidio. Parecía la violación más flagrante de los derechos humanos que registra la historia.

4. Sin embargo, los más de ochocientos millones de muertes, provocadas hasta el momento mediante abortos “legales”, en los países del mundo que lo han autorizado, constituyen un delito de lesa humanidad que, por su número y extensión, proponemos se denomine a partir de ahora como mega-genocidio.

5. Además de estar “legalizado” en muchos Estados, el mega-genocidio es fomentado -a veces de modo directo y en ocasiones utilizando eufemismos-, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias; los organismos multilaterales de crédito; ciertos organismos internacionales, como la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), IPAS, las Fundaciones Rockefeller, Ford, Bill y Melinda Gates, Soros, etc.; el actual presidente de los Estados Unidos de América y la burocracia de la Unión Europea; entre otros grupos de poder global.

6. Por otra parte, hacen “invisible” y aumentan el número de víctimas del mega-genocidio, diversos contraceptivos capaces de matar seres humanos en sus primeros días de vida –por ejemplo, impidiéndoles anidar en el útero materno-, tales como: dispositivos intrauterinos, píldoras postcoitales, pastillas anticonceptivas de uso sistémico, inyectables o implantes subdérmicos. Además, en estos últimos años se está promoviendo el aborto, dispensando la droga misoprostol, en especial en los países donde el aborto es ilegal, todo ello con la connivencia de las autoridades sanitarias. Finalmente, diversas prácticas de fecundación artificial, donde según las estadísticas más fiables, sólo nacen poco más del 4% de los embriones –seres humanos- producidos; provocan un número difícilmente determinable de víctimas.

7. Toda sociedad que tolera con indiferencia el mega-genocidio del aborto –sea quirúrgico o químico-, ha perdido hasta el más elemental signo de humanidad, y será proclive a vulnerar de modo violento otros derechos humanos de sus ciudadanos.


A ELLOS LES EXIGIMOS QUE SE OBLIGUEN A:

1. Promover soluciones racionales, siempre respetuosas de la vida, para las necesidades humanas, tales como:

• Propiciar acceso y atención calificada del embarazo, parto, puerperio y el recién nacido.
• Articular con la sociedad civil instituciones que atiendan a las embarazadas en situación de conflicto, para ayudarlas a superar sus problemas y, de ese modo, llevar una maternidad plena de gozo.
• Promover y financiar programas que fomenten la castidad antes del matrimonio, y la fidelidad dentro de él.
• Ejecutar programas para fortalecer la familia basada en el matrimonio heterosexual, y la educación de la juventud en las virtudes, y en el auténtico significado de la feminidad y la masculinidad.
• El embarazo no es una enfermedad; por lo tanto el control de la natalidad, nunca podrá ser una política sanitaria.


2. Hacer respetar toda vida humana, desde la concepción/fecundación/fertilización, hasta su muerte natural. Reconocer la personalidad jurídica de todo ser humano, desde el instante inicial de su existencia; y siempre obrar en consecuencia.

3. Punir y eliminar toda práctica abortiva, eugenésica, eutanásica, o que manipule la vida humana, cualesquiera sean los medios utilizados para ello.

4. En los supuestos de no punibilidad de los atentados contra la vida humana, jamás podrán considerarse “derechos” de nadie, ni practicarse en el sistema sanitario. Ningún médico o personal de salud podrá ser obligado, bajo ningún concepto, a matar a ningún ser humano. En cualquier caso la práctica de un aborto –aunque no sea punible-, implicará una falta deontológica inhabilitante.

5. Quitar la personería jurídica a toda entidad que –directa o indirectamente-, promueva el mega-genocidio.


NOSOTROS NOS COMPROMETEMOS A:

1. Promover todas las organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad sea la:

▪ Visibilización y atención del síndrome post-aborto.
▪ Centros de ayuda para la mujer.
▪ Centros de orientación familiar.
▪ Difusión de la enseñanza de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad humana.
▪ Difusión de un enfoque humanista de la sexualidad, basado en una educación en virtudes y para el amor.
▪ Promover la adopción como opción digna para las madres en situación de embarazo inesperado y para los niños por nacer.


2. Vigilar de manera permanente el grado de observancia del derecho a la vida. Denunciar públicamente a quienes violen este derecho fundamental, en especial si son funcionarios públicos o políticos en campaña electoral.

3. Articular actividades con “Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia”, constituida en Santiago de Chile, recogiendo la Declaración de Lima de nuestro II CIP.

4. Promover la cancelación de la pena de muerte por aborto, en el ámbito de la ONU y los organismos regionales. Promover una Convención Internacional que tutele la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

5. Crear y promover partidos políticos que tutelen la vida humana, desde su inicio y hasta la muerte natural.

6. Hacer revocar democráticamente los mandatos de los funcionarios públicos, que participen de modo directo o indirecto en el mega-genocidio del aborto, la eugenesia o la eutanasia; y hacerles responder jurídicamente por tales actos.

7. Patrocinar gratuitamente demandas de las mujeres víctimas del mega-genocidio del aborto, para que obtengan un justo resarcimiento de sus daños, contra el Estado y demás responsables de sus padecimientos.

En los participantes de este Congreso, que adhieren a esta Declaración, están representadas las siguientes Naciones: Alemania, Argentina, Austria, Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, India, Gran Bretaña, Irán, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Perú, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Venezuela.


Zaragoza, 8 de noviembre de 2.009.

Adhiera a la Declaración de Zaragoza clickeando aquí




LÍMITES DE TIERRA DEL FUEGO


Ley Nº 26.552

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Incorpórase al artículo 1º de la Ley 23.775 el siguiente párrafo: La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende: la parte oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile, la isla de los Estados, las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la isla Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las islas Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos territorios de conformidad con lo previsto en la Ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo 60° Sur, las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que comprende la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

Promulgada de Hecho: Diciembre 9 de 2009

REGISTRADA BAJO EL Nº 26.552

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Congreso de la Nación Argentina, a través de la ley 23.775, declaró la provincialización del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La misma fue sancionada el 26 de abril del año 1990 y promulgada el 10 de mayo del mismo año. En esta última fecha, el Poder Ejecutivo por medio del Decreto 905, vetó parcialmente dicha ley, observando la parte de su artículo 1º que describía los límites de la Provincia

En los Considerandos del referido Decreto 905, el Poder Ejecutivo Nacional señaló que "la delimitación contenida en el art. 1º del texto sancionado requiere de mayores precisiones, para adecuarlo al orden jurídico vigente". En los mismos, también se señaló que "el Poder Ejecutivo Nacional someterá a la consideración del H. Congreso de la Nación, a la mayor brevedad, un texto sustitutivo".

Desde que se emitió dicho veto en el año 1990, y hasta el día de la fecha, la fijación de los límites de nuestra provincia ha quedado irresuelta. A lo largo de estos años fueron muchos los proyectos legislativos que se elaboraron para sustituir la parte observada del referido artículo 1º, ninguno de los cuales ha sido sancionado por el Congreso de la Nación.

De conformidad con lo previsto en los Considerandos del referido decreto y lo dispuesto en el artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional, que contempla la facultad del Congreso de la Nación para "el arreglo de los límites del territorio de la Nación y de las provincias", el presente proyecto de Ley tiene como objeto dar contenido a la parte observada del artículo 1º de la Ley 23.775 y precisar, en esa misma disposición, los territorios que forman parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según el orden jurídico vigente.

El presente proyecto establece que el territorio terrestre, marítimo y aéreo que conformaba histórica, geográfica y jurídicamente el Territorio Nacional de Tierra el Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Dicha provincia comprende la Isla Grande de Tierra del Fuego en su parte oriental hasta el límite con la República de Chile; y las demás islas e islotes del archipiélago de Tierra del Fuego y las Islas de los Estados y Año Nuevo, incluidas todas las islas, islotes y rocas situadas en el Canal de Beagle, al Sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, hasta el límite con la República de Chile.

Asimismo, la provincia incluye las Islas Malvinas, la Isla Beauchêne, las Rocas Cormorán y Negra, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sándwich del Sur. También todas las islas, islotes y rocas situadas en las aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos territorios, de conformidad con la Ley 23.968.

También comprende todos los territorios en la Antártida Argentina entre los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º Sur. Todas las otras islas, islotes y rocas situadas entre los territorios provinciales antes mencionados, también integran la Provincia.

Creemos que luego de 19 años es tiempo de que Tierra del Fuego tenga su situación limítrofe resuelta, dado que la indeterminación de los mismos ha provocado un perjuicio que se refleja en el no ejercicio de la plena jurisdicción provincial.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley

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Reflexiones de un Veterano de Guerra

Las consideraciones a las que me refiero son las siguientes, decía el texto de la ley 23775 en su artículo 1º

“La nueva Provincia tendrá los siguientes limites: Al Norte, el paralelo 52° 30' Sur hasta tocar el meridiano 65° Oeste; continuará por él hasta su intersección con el paralelo 49° Sur; desde este punto seguirá por dicho paralelo hasta tocar el meridiano 25° Oeste; continuando por dicho meridiano en dirección al Sur hasta el mismo polo geográfico en la latitud 90a Sur.
Desde el polo proseguirá el límite por el meridiano 74° Oeste hasta su cruce con el paralelo 60° Sur; continuará por este paralelo hasta su intersección con el meridiano de Cabo de Hornos, siguiendo por dicho meridiano hasta alcanzar la línea divisoria con la República de Chile. Además de los territorios y espacios marítimos señalados que incluyen a la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, islas Sándwich de Sur, grupos insulares y demás territorios comprendidos en el Sector Antártico Argentino, integrarán la nueva Provincia las demás islas e islotes comprendidos dentro de dichos limites y las islas internas del Canal de Beagle tales como: Redonda, Estorbo, Warden, Conejo, Bridges, Lucas, Bertha, Willie, Des-pard, Colé, Eclaireurs, Casco, Dos Lomos, Lawrence, Gable, Warú, Upú, Yunque, Martillo, Petrel, Chata, Alicia y los demás territorios insulares conforme los limites con la República de Chile”

Con el nuevo texto además de las correcciones de derecho efectuadas, se deja en tela de juicio la situación del mar que circunda a nuestros archipiélagos ya que queda en virtud de la ley mencionada 23968, que cada uno de los islotes islas o rocas como una parte con distribución marítima propia y no como lo mencionaba (y no estaba en tela de juicio) la ley 23775.

Con el criterio aplicado, el de la ley 23968, se pierden ingentes cantidades de mar que, al ser considerados como mar interior nos darían potestad sobre sus recursos aún respetando el tratado antártico y las consideraciones nacionales del conflicto con Malvinas.

La riqueza de todo tipo contenida así en nuestro territorio provincial, que, no dudamos en coparticipar con la nación es de una magnificencia tal que solo esta brevemente bosquejada en el informe schacleton, ingles si los hay, pero que hacen irrenunciable e incomprensible esta nueva voluntad.

Es cierto que llevamos 20 años bregando por tener limites concretos, pero no por ello debemos renunciar a nuestro territorio, habrá que discutir mas, o con mas vehemencia, pero lo que no podemos hacer, es que, por una mirada intempestiva o porteña, dejemos de lado tanto territorio y tanta riqueza.

Yo me preguntaría y les pregunto en posición de ciudadano británico en las Malvinas, no aprovecharía usted este desmembramiento para exigir con más ahínco que las Falkland son mías, yo lo haría, porque bien nos enseñaba don José Hernández “los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera..., porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”

Por esa cuestión de “se nos pasa el tren de la historia” nos encontramos que perdimos a manos de Chile miles de kilómetros cuadrados, por esa misma situación y por la distancia que hay desde el congreso al resto de nuestros territorios, perdimos a manos del Paraguay miles de kilómetros cuadrados, con la misma pasividad vimos como Brasil se apropio de las misiones y no por lejos sino por políticas destituyentes perdimos también los territorios de Uruguay y Bolivia.

No podemos tratar el tema de la soberanía provincial desde la unicidad insular, tal lo plantea la ley 26398, o la declamación política, creemos y queremos que la misma se trate como una unidad periférica en la cual los limites externos de la misma sean los establecidos por la posición geográfica de cada una, haciendo del total una unidad cerrada de la cual los límites externos sean tomados en igualdad de condiciones al resto de las provincias argentinas.

Nuestra historia esta jalonada de pérdidas por apuro o por distancias, o lo que es peor, (hoy podemos decir con la tranquilidad que nos da el tiempo y la realidad vivida), por voluntades extranjerizantes. Que no sea ésta otra oportunidad que nos deje expuestos a la rapiña de los poderosos del mundo, CONSENSUEMOS con quienes habitamos nuestra provincia puntos de vista diferentes, que no quede a manos solo de quienes a miles de kilómetros de distancia opinen y promuevan una nueva cercenación de lo que nos pertenece, sí, esperamos 20 años, no será por voluntad propia, ahora trabajemos con mas ahínco para que nuestra provincia sea vista y respetada como la mas grande del país y desde la cual en un futuro cercano podamos proveer a todos nuestros compatriotas de las riquezas que nuestro territorio contiene, no hacerlo nos condenará a que nuestras generaciones futuras nos reclamen como lo hacemos hoy con nuestros prohombres que sin sentido o por apuro fueran capaces de entregar la soberanía que no era de ellos, sino nuestra.

Nunca mas un abrazo de puerto Mont, nunca mas una guerra con el Paraguay, nunca mas unitarios y federales, nunca mas un tratado Roca-Runciman, nunca mas un tratado de paz y amistad, nunca mas la entrega de bienes del estado, no podemos repetir la historia y mucho menos por un apuro, no tenemos derecho.

No se trata aquí de maltratar o desprestigiar a nuestros legisladores, a ellos el respeto por la labor realizada, lo que si se trata y de lo que no hemos tenido acabada información es, sobre el trabajo realizado, de él es de lo que hablamos y hemos hecho las consideraciones ut supra vertidas, por ello nadie se sienta encausado, nuestra historia nos obliga a participar en esta oportunidad, para ejemplo y solo para ejemplo, no podemos olvidar la mascarada de paz o guerra que terminara con la entrega de las islas Picton, Lenox, y Nueva solo por nombrar algunas. Viva la patria.

Juan Roberto VERA
Veterano de Guerra


ABOLICIONISMO PENAL Y/O GARANTISMO

por José Antonio Riesco
Instituto de Teoría del Estado

(A propósito de una conferencia del Dr. Carlos Tale, en el Centro de Estudios Cívicos “Tomás Moro”; el nombrado es profesor de las Universidades : Nacional y Católica de Córdoba, autor de varias obras sobre temas de derecho y filosofía jurídica).

La indiferencia, o el apañamiento, ante el auge de la criminalidad parecen haberse convertido en un atributo del más alto nivel de la Judicatura en la Argentina. En fecha reciente la doctora Carmen Argibay (vocal de la Suprema Corte de Justicia) rechazó enfáticamente que la “seguridad” sea un problema urgente y grave : ”primero debemos ver que los hospitales funcionen bien, y en otra oportunidad nos ocuparemos de la seguridad”. Los ministros del Poder Ejecutivo tienen una opinión similar : los delincuentes en operaciones son trabajadores sin empleo, “víctimas de una sociedad injusta”. Sin aclarar, de paso, que a la sociedad la maneja el kirchnerismo desde hace más de un lustro y con plenos poderes.

Tales enfoques de la “alta política” oficial responden a una concepción del tema que se elabora y difunde con inocultable originalidad y peso, se viene extendiendo en parte de la magistratura, en numerosos legisladores y, para mayor daño, en las cátedras universitarias donde se forman los jóvenes que en un futuro no lejano ejercerán la profesión de abogados y muchos serán fiscales, asesores y jueces. Lo que se predica, con el liderazgo intelectual del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni (también miembro de la Suprema Corte y reconocido cofrade de Michell Foucault) es nada menos que la carencia de legitimidad del Estado para reprimir los delitos; a éste se le niega, pues, el “jus puniendi” (derecho a punir) y apenas si se le reconoce una cierta y precaria “potentia puniendi”, también ilegítima aunque rija provisoriamente. Es preciso –sostiene dicha filosofía de la impunidad-- eliminar el Derecho Penal y dejarle sólo la función de “acotar, contener y reducir” el llamado poder punitivo del Estado.

Sobre esta alarmante problemática --la destrucción del Estado desde el mismo Estado, para garantizar la impunidad de los criminales, ladrones y violadores-- versó la disertación de Carlos Tale, en el segundo coloquio de la Escuela de Dirigentes “Tomás Moro” que se realizó el 21 del cte. en Córdoba. Con notoria prolijidad en las citas y los argumentos, el profesor Tale reseñó las tesis principales de los “abolicionistas” :

a) quien delinque lo hace sin culpa, pues se ve llevado a la transgresión por circunstancias sociales que determinan fatalmente su conducta y por ello no merece la pena; b) el delito no existe, es un mero rótulo para designar hechos singulares muy distintos unos de otros; c) la potestad penal es un abuso; los policías, jueces y guardia cárceles han cometido peores crímenes y mucho mayor número de crímenes que los demás; cada uno de los fines propuestos para las penas (prevención, retributivo, pedagógico,.); d) conforme al Evangelio no se debe resistir el mal con al violencia; e) la cárcel es castigo excesivo, lesiona la dignidad de la persona humana: g) la pena es sufrimiento inútil; e) la punición estatal es una usurpación del poder, ya que “confisca” a la víctima su derecho a reclamar por su derecho individual afectado; f) el poder penal castiga sólo a las clases oprimidas. (La obra más destacada de Zaffaroni, citada por el disertante, entre otras, es el Manual de Derecho Penal, en coautoría con A. Alagia y A. Slokar, 2005 ).

Luego de refutar todas y cada una de las afirmaciones del “abolicionismo”, en la parte final de su exposición --y antes del debate que fue intenso y amplio-- el Dr. Tale se refirió al Anteproyecto de nuevo Código Penal Argentino, elaborado por una comisión designada por el Ministro de Justicia. Acorde al mismo con excepción de seis tipos delictivos que deben recibir penas; para todos los demás los jueces no están obligados a decidir su punición, pudiendo incluso quedar impunes a criterio del magistrado actuante. Entre estos : cualquier asalto o robo a mano armada, la reducción de una persona a servidumbre, las lesiones gravísimas causadas a la víctima de un secuestro, cualesquiera lesiones gravísimas, la sustracción de un menor de 10 años del poder de sus padres, la producción, preparación y venta de estupefacciones para consumo ajeno, el organizar o financiar la producción o venta de estupefacientes, la extorsión para obtener dinero o cosas mediante intimidación.

Con semejante filosofía de la impunidad se corresponde (como está a la vista en el país) el persistente rechazo del Gobierno a los reclamos por la inseguridad que viene saturando de tragedias a la población, sin distinción de clases y/o lugares. Así quedó en claro con las groserías que Luis D’Elía, vocero autorizado del oficialismo, lanzó sobre algunos líderes del espectáculo que se atrevieron a expresar el clamor de la sociedad al respecto.

LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA ARGENTINA. IRREGULARIDADES EN LOS JUICIOS



por Gerardo Palacios Hardy



Así como el hombre perfecto es el mejor de los animales,
apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos.
Aristóteles, Política, I, 2

1. La Argentina y la guerra revolucionaria.

Haciendo a un lado tanto eufemismos cuanto hipocresías, como también subjetivismos e ideologías, es decir, con sustento nada más que en la rotundez de los hechos, es de toda evidencia que en la Argentina, a partir de la década del ’60 (y con mayor virulencia durante la del ’70), grupos o bandas entrenadas y armadas en países extranjeros (Cuba, entre ellos), lanzaron una ofensiva de violencia creciente y sostenida contra personas e instituciones privadas y estatales.

Dichas bandas pretendieron justificar sus acciones argumentando que se sublevaban contra estructuras culturales, políticas, sociales y económicas radicalmente injustas, pero, al mismo tiempo, violentas y poderosas. Por lo tanto – sostenían - no había otro medio para destruirlas que la guerra revolucionaria. Así, sus robos a bancos y empresas eran llamados “expropiaciones”, sus secuestros eran “detenciones en cárceles populares”, sus asesinatos “ajusticiamientos” o “ejecuciones” .

Ello no obstante, esos grupos jamás ocultaron que su objetivo final no era tan sólo la demolición de esas estructuras, sino la imposición a la comunidad política de un Estado socialista o (más directamente) comunista, ya en su variante marxista-leninista, ya en su variante trotzkista. La Argentina, igual que otros países, se vio de esa manera involucrada en una situación de guerra revolucionaria, es decir una de las tantas formas que asumía en el mundo de ese entonces un extendido conflicto político-ideológico y también militar, que muchos confundían o insertaban sin mayores precisiones en el llamado estado de “guerra fría” que disputaban las grandes potencias.

Siendo esto por demás obvio, porque como dije hasta los mismos integrantes de las organizaciones guerrilleras lo reconocían, el Estado argentino reaccionó. A título personal creo que, dicho de modo general, lo hizo bastante mal, entre otros motivos porque gran parte de la dirigencia nunca llegó a comprender cabalmente qué clase de guerra se estaba librando.

Esto se vio con claridad a partir de mayo de 1973, cuando apenas instalado el gobierno constitucional que había sucedido al régimen militar establecido cinco años antes, los flamantes diputados y senadores, casi por unanimidad, amnistiaron sin condiciones a los guerrilleros presos (entre ellos la mayor parte de los jefes) y dispusieron la eliminación de la Cámara Federal en lo Penal creada en 1971, en lo que había sido el intento tal vez más acertado de terminar legalmente en todo el país con las bandas armadas. La noche del 25 de mayo de 1973, mientras las más altas autoridades del nuevo gobierno celebraban su asunción en los salones del Consejo Deliberante, turbas organizadas y armadas, a cuyo frente iban legisladores y funcionarios de ese mismo gobierno, tomaron las cárceles de varias ciudades y pusieron en libertad a los guerrilleros presos y condenados por crímenes aberrantes. Poco tiempo después, ante el hecho evidente de que el llamado “gobierno popular” no tenía la menor intención de fundar un Estado socialista, aquellos volvieron a los robos, los secuestros y los asesinatos.

Sin embargo, no se vio entonces (ni después) en los responsables de estos hechos, el más mínimo gesto de arrepentimiento, ni siquiera de reconocimiento del error funesto que se había cometido. Y esto no fue olvidado por quienes habrían de venir después. La clase de los políticos en particular, en una actitud reiterada en nuestros días, eligió hacerse la distraída y, en los hechos, puso en evidencia su incapacidad para cerrar la caja de Pandora que había abierto con frivolidad, cuando no con malicia. La tragedia argentina se acentuó entonces, y el país fue entregado a la violencia de una guerra civil larvada, a veces ostensible, a veces subterránea, en la que, como en todas las guerras, hubo tanto hechos sórdidos cuanto de auténtico heroísmo.

2. Primera judicialización de la guerra interna.

Tras el final traumático del régimen militar que había gobernado la Argentina entre 1976 y 1983, el ciclo constitucional reinaugurado con la presidencia de Raúl Alfonsín trajo como hecho novedoso una marcada ideologización en el análisis y tratamiento de las políticas de Estado, tales como las relaciones exteriores, la defensa, la educación, la cultura y el orden familiar. Pero donde esa ideologización se dio con particular encono fue en el modo de encarar las secuelas de aquella guerra interna, imponiéndose desde el Estado una lectura asimétrica, intencionada y, por esas mismas razones, completamente falsa, que hizo aparecer a las fuerzas armadas y de seguridad como ejecutoras de un programa de exterminio (se lo llegó a llamar – y así se lo sigue llamando – genocidio, con lo que la falsificación histórica se extendió al lenguaje), cuyas víctimas habían sido miles de jóvenes que nada más se habían atrevido a soñar un país diferente.

Aquello estuvo lejos de ser un mero debate histórico-político, ya que fue mudado y transplantado al ámbito más inapropiado, los tribunales de justicia, ante los cuales comenzaron a ser citados militares de distinta graduación, imputados de toda clase de crímenes. La reacción que esto produjo y la perspicacia de unos pocos, que les hizo advertir que se estaba reabriendo la caja de Pandora, hicieron que el Congreso sancionara las leyes 23.492 y 23.521, instituyendo una amplia amnistía, para cerrar heridas que al país no le convenía que siguieran sangrando. Sin embargo, la hipocresía que ha venido signando todo este proceso, la falsificación que se pretendía del pasado reciente, el vicio de no llamar a las cosas por su nombre, hicieron que a estas leyes se las bautizara como de “punto final” y de “obediencia debida”, escamoteándose de ese modo su real significado.

La caja de Pandora no había quedado bien cerrada pero, pese a ello, los años siguientes, aún en medio de abundantes contradicciones, hicieron parecer que la Argentina estaba clausurando ese terrible período de su historia, como lo habían hecho otros muchos países después de haber vivido situaciones similares o aún peores. El indulto a los máximos jefes militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional, en 1989, hizo creer, en efecto, que el pasado quedaba sellado, para que sirviera como experiencia para los dirigentes y como tarea para historiadores honestos.

3. Segunda judicialización y aberraciones jurídicas.

Pero, parafraseando el título de un libro célebre, la paz no fue posible. Más de quince años después de su sanción, las leyes de amnistía fueron declaradas insanablemente nulas por el Congreso, a instancias de un gobierno que ha construido su poder avivando la discordia y fomentando la venganza. Como bien ha escrito uno de los directivos de nuestra Asociación, Oscar Vigliani, esta nulificación fue una “sonora cachetada a la seguridad jurídica, impropia de un país civilizado, pues el Congreso no puede anular, es decir, privar de todo efecto a una ley; sólo puede derogarla hacia el futuro, sin afectar derechos adquiridos...”.

Esta monstruosidad jurídica fue sin embargo convalidada por la Corte Suprema, integrada con parientes ideológicos del gobierno, la cual, a través de fallos esperpénticos, ha violado o directamente desconocido los principios de non bis in idem, de legalidad o de reserva, de cosa juzgada, de igualdad ante la ley y de congruencia. Pero además quedaron habilitados nuevamente los tribunales para intervenir en hechos que claramente no son de su incumbencia, donde, como bien ha dicho el Instituto de Filosofía Práctica, “asistimos a juicios públicos conducidos por jueces prevaricadores, que convierten sus juzgados en remedos de tribunales revolucionarios, donde una plebe debidamente organizada grita sus consignas ideológicas e insulta y amenaza a acusados y testigos de la defensa”. Jueces que, para mayor escarnio de su investidura, han confundido la imprescriptibilidad de los delitos con la aplicación de la ley procesal y olvidado que la presunción de inocencia y el tipo penal son dos conquistas del derecho penal.

No me corresponde a mi hacer la crítica de estas aberraciones jurídicas, en base a las cuales se ha encarcelado ya a alrededor de 600 ex integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras se espera hacerlo con muchos más. Lo hará mi colega, consocio y amigo, Ricardo Saint-Jean, quien mostrará que se trata de presos políticos, puesto que sus procesos son simulacros y el derecho que se les aplica el disfraz de una ideología en plan de revancha.

Quiero decir simplemente que a partir de un núcleo inicial por cierto pequeño, pero que con mucha rapidez creció en cantidad y calidad, un grupo de abogados advirtió que aquí se trataba de algo mucho más grave que la culpabilidad o inocencia de aquellos hombres. Lo que se había puesto en riesgo era incluso más que el derecho; era su mismo ideal, su fin propio, esto es, la justicia. Al ponerse de un lado al gobierno y al Estado, y del otro al derecho y la justicia, la nación misma estaba otra vez en peligro. Estos abogados recordamos entonces las palabras de un gran jurista español: “Planteado un antagonismo entre el Estado y el derecho, al lado y en defensa de éste debemos militar cuantos le reverenciamos como ideal, le practicamos como ministerio elevadísimo y le tomamos como inspirador, luminar y bandera, persuadidos de que sin su amparo la sociedad retrocedería a la barbarie y el alma se hundiría envilecida” .

4. Justicia y Concordia. La paz social.

Con esa convicción y ese espíritu, el último 12 de agosto más de 200 abogados, reunidos en asamblea casi espontánea, fundamos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Y en el manifiesto que aprobamos entonces dijimos que estamos, como el Quijote, prestos a entrar en fiera y desigual batalla. Pues bien, ¿qué combate es ese? ¿qué nos proponemos? ¿qué requiere la Patria de nosotros en este tiempo de sombras?

Nosotros tenemos la certeza de que no hay bien más precioso para la comunidad política que la paz social. San Agustín dice que la paz es un bien tan noble, que aún entre las cosas mortales y terrenas no hay nada más grato al oído, ni más dulce al deseo, ni superior en excelencia . Y en efecto es así, y por eso las apelaciones a la paz son constantes y ardorosas.

Pero por eso mismo existe el riesgo de que termine por convertirse en un lugar común, ya que muy a menudo no se va más allá del vocablo – paz – y, de tanto citar el objetivo, se olvida en qué consiste, se desconocen sus requisitos, se ignoran sus condiciones. No es extraño pues que cuanto más se proclama la paz, menos se la practique; como suele suceder también con el muy mentado diálogo .

¿Qué se necesita, entonces, para que un común propósito de paz tenga consistencia? Pues bien, para novedades los clásicos; ellos demostraron que la justicia y la concordia son las condiciones sin las cuales no puede haber verdadera paz.

5. La paz social y la justicia.

La paz social se funda en la justicia. La paz social resulta siempre de un determinado orden en la sociedad, pero de un orden resultante de la justicia. Si ese orden no está sustentado en la justicia, no habrá paz, aún cuando la fuerza del Estado logre mantener el orden público o la seguridad.

Una situación de injusticia hará que los hombres no vivan en tranquilidad, sino en constante desasosiego. Sus actividades y las relaciones entre ellos no serán normales, sino que existirá una tensión creciente. Sin justicia no hay orden posible. Como bien escribe Félix Lamas: “La justicia, [...] se constituye en el principio formal del orden social en su totalidad, tanto en sus dimensiones económicas como políticas. El orden social verdadero o recto, pues, es un orden de justicia, constituido materialmente por una innumerable cantidad de relaciones diversas, fundadas en títulos distintos, pero integradas armoniosamente entre sí” .

Aplicado todo esto a cuanto venimos diciendo, alguno podría argüir que la justicia exige, entre otras cosas, que los delitos sean castigados, y que de eso se trata precisamente con estos hombres, a los que se les imputan crímenes horrendos. Pero aún sin entrar a considerar cada caso individual (lo que sería muy necesario, porque debemos recordar que en el proceso penal se juzga a personas, no a sistemas o instituciones), basta para contestar la objeción con mencionar la clásica definición de justicia, ajustada por Santo Tomás: hábito por el cual con perpetua y constante voluntad es dado a cada uno su derecho . Con lo que se advierte de inmediato que a los presos políticos no se les da su derecho, por lo menos de dos modos: en primer lugar, por la violación y desconocimiento de los principios que informan ese derecho; y en segundo, porque en la mejor de las hipótesis (que no se da) el supuesto derecho se les aplica solamente en perjuicio de ellos, quedando a salvo aquellos que causaron estragos robando y matando en la guerra que ambos libraron.

Así pues, la justicia y el derecho se aplican a todos o no se aplica a ninguno. Como bien ha dicho Luis María Bandieri, “...en situaciones de guerra civil, sólo las falacias de la propaganda pueden presentar a un bando como representante del bien y la inocencia y otorgarle al contrario el monopolio de la malignidad y la crueldad. Ya hemos visto cómo, a través de la expresión ‘terrorismo de Estado’, queda en el campo un solo bando concentrador de la culpa, el bando demoníaco de los malvados”. Y más adelante agrega: “Se perpetúa así el karma de la mutua destrucción, ahora alegremente ante los tribunales, jueces de mente rebañega y sentencias armadas a fuerza de cortar y pegar, aplaudidos por el lobby de las únicas víctimas con status de tales (Madres, Abuelas, HIJOS), que han trasladado a designio la cuestión al plano moral y monopolizan la conciencia ética de la sociedad” .

6. La paz social y la concordia.

En la Argentina no hay justicia (muchos otros ejemplos podrían darse para probar este aserto), por lo que tampoco hay orden ni puede haber paz social. Esto se ha vuelto evidente para cualquiera que, aún sin ser abogado, tiene la mente un poco alerta. Pero aún cuando se restableciese la justicia, todavía con ello no bastaría, porque si bien la justicia es la condición de la paz, ésta no se alcanzaría si en la ciudad imperase la discordia.

En efecto, los intereses individuales suelen entrecruzarse y a veces chocan entre sí. Para evitar el conflicto y la lucha de todos contra todos, están la ley, el derecho, la justicia. Pero con eso sólo no alcanza, no basta para asegurar el orden. Es preciso buscar coincidencias, la unión de todos en pos de objetivos comunes. Caso contrario la ley, la justicia, se convierten en pura fuerza coactiva.

El hombre, ser social por naturaleza, sale de sí mismo para ponerse en contacto con los demás. Pero, ¿cómo ha de hacerlo? ¿Acaso imponiendo su voluntad, sus principios? A eso tiende por cierto el hombre moderno, que impregnado de individualismo y subjetivismo y adornado con una libertad cuya única medida es la propia libertad, se ha convertido en un ser aislado en medio de una sociedad egoísta.

San Agustín enseña que la sociedad ha de ser una multitud de hombres unidos por estar de acuerdo acerca de las cosas que aman. Pero lo primero que se debe amar es al otro. Eso implica saber renunciar a lo propio, suprimir el odio y la enemistad, evitar la generación de tensiones, abstenerse de proferir ofensas. Así se obtiene la concordia, para la cual es preciso reconocer en el otro la dignidad propia de su condición humana.

La mejor escuela del amor desinteresado es la familia. Por eso cuando aparece un hombre, como sucede entre nosotros, que propaga por cuanto medio existe que odia a esta o aquella clase de hombres, y éstos son además sus compatriotas, tenemos allí al enemigo real de una comunidad. Por eso, nada más que por eso, ese hombre debiera ser apartado, discriminado, como se hace con quien porta un virus mortal. Pero si en lugar de ello se lo protege, incluso se lo estimula y se ponen a su disposición abundantes medios de difusión, mientras que con leyes inicuas se arrincona o destruye a las familias, entonces tenemos una sociedad que marcha empecinada hacia su ruina.

Con razón pues escribe Lamas: “La paz social se funda en la justicia y consiste en una cierta concordia ordenada; implica una aceptación voluntaria (y consiguientemente, racional), de parte de los miembros del Estado, de algunos principios en función de los cuales la comunidad política puede encontrar la clave de su organización. Principios que regulan la transmisión y los límites del poder, establecen las competencias de cada uno dentro del contexto social y político y que constituyen a la vez la norma suprema y la máxima orientación de la vida colectiva” .

En la Argentina de nuestros días, exasperada por la siembra de enemistad y rencor entre hermanos que se hace desde los más altos niveles de poder, la concordia política es mucho más que una aspiración: es una necesidad.

Lejos de nosotros que esto se interprete como la pretensión de imponer un pensamiento único o de prohibir el disenso. Esto es precisamente lo que caracteriza a los tiranos, muchos de cuyos vicios exhiben sin pudor los mandones de turno. Por el contrario, como enseña Santo Tomás (siguiendo a Aristóteles): “la amistad no comporta concordancia de opiniones, sino en los bienes útiles para la vida, sobre todo en los más importantes, ya que disentir en cosas pequeñas es como si no se disintiera. [...] la discusión en las cosas pequeñas y en opiniones se opone, ciertamente, a la paz perfecta, que supone la verdad plenamente conocida y satisfecho todo deseo; pero no se opone a la paz imperfecta, que es el lote en esta vida” .

Por eso la concordia debe ser para nosotros “la unión de nuestras voluntades” respecto de bienes e intereses comunes. Y aunque pueda haber concordia y no paz genuina, como sucede en una banda de ladrones, no puede haber paz si no hay concordia. La concordia política es un elemento integrante de la paz. Si la Argentina, pues, no restablece la amistad política entre sus hijos, no tendrá paz.

Tiene razón pues Luis María Bandieri cuando escribe: “Hay que volver al plano propiamente político la cuestión del terrorismo/contraterrorismo del pasado, para no resultar sorprendidos a contrapié por la cuestión del terrorismo/contraterrorismo del presente. En el plano político, el recurso a echar mano, una vez que los juzgamientos en paridad de condiciones de terroristas y contraterroristas han perdido oportunidad y sazón, es y ha sido desde miles de años atrás la fuerza del olvido: la amnistía. Ella ha sido demonizada desde el poder y cancelada por los tribunales mediante una torsión argumental donde han debido incluso dar una vuelta de campana a sus anteriores criterios algunos notorios magistrados –como en la resolución de la Corte Suprema en el caso “Simón”-. A partir de la amnistía, será posible reconstruir la concordia política y desterrar la continuación de la guerra civil revolucionaria de los ‘70 por medio de la agencia judicial, que presenciamos. Ello permitiría enfrentar los gravísimos retos de las guerras del siglo XXI sin el lastre de los enfrentamientos pasados y prevenir las nuevas formas de terrorismo y de Terror legal subrepticio fuera del círculo vicioso de las venganzas circulares y recíprocas a que conduce la actual ideología judicial. [...]” .


7. Necesidad de líderes virtuosos.

Restablecer la justicia y la concordia entre nosotros no es pues tarea de los tribunales, sino de líderes, de dirigentes auténticos, de verdaderos jefes, aquellos que, en el decir de Thibon, “no son unos equilibristas cuyo papel se limita a contener el desorden, sino ‘armonizadores’ que aseguran la concordia, es decir, que actúan sobre las fuerzas sociales como un buen afinador sobre las cuerdas o las teclas de un instrumento de música ajustándolas de tal manera que cada una dé la nota hasta en el desarrollo de la melodía” .

Dirigentes de ese calibre deben estar formados en las virtudes, especialmente en las cuatro cardinales: justicia, fortaleza, prudencia y templanza. De ellas, es sabido que la prudencia es la virtud arquitectónica de la política y la que el buen hombre de gobierno debiera lucir por antonomasia. No voy a discutirlo, porque pienso igual, pero puesto a mirar los males de nuestra Patria, tengo para mi que el vicio tal vez más notorio es la cobardía, la falta de coraje – en especial entre los varones - para hacer frente a esos males y a quienes los promueven con grosera impunidad. Por eso es posible que necesitemos líderes impregnados sobre todo de la virtud de fortaleza.

Tomás de Aquino enseña que el temor o cobardía hace que la voluntad rehuya lo que, según la razón, no se debería rehuir; y revela además lo que en verdad se ama, ya que todo temor se basa en el amor, puesto que sólo se teme lo contrario de lo que se ama . Así, el dirigente cobarde rehuye lo difícil, rehuye combatir los vicios y maldades cuando están muy extendidos, porque teme la burla, el desprecio, el pasar por estar fuera de moda o del tiempo, la pérdida de la estima general, la figuración.

La virtud de la fortaleza viene en nuestro auxilio para ocuparse “principalmente de ese temor de las cosas difíciles, que pueden impedir que la voluntad obedezca a la razón”. Aunque también se ocupa de moderar la audacia, “cuando es conveniente destruir ciertos peligros para quedar seguros” . La fortaleza nos equipa de dos maneras, esto es tanto para atacar cuanto para resistir, pero de estos dos actos, el segundo - la resistencia - es más difícil.

Santo Tomás explica que, en efecto, resistir, esto es, permanecer inmóvil ante el peligro, es más difícil que atacar. “Por tres razones: Primera, porque el resistir parece decir relación a otro más fuerte que acomete, mientras que el que ataca acomete como más fuerte, siendo más difícil luchar contra uno más fuerte que contra uno más débil. Segunda, porque el que resiste tiene ya sobre sí el peligro amenazándole, mientras que el que ataca lo ve como futuro, siendo más difícil no conmoverse ante el mal presente que ante el mal futuro. Tercera, porque el resistir implica mucho tiempo, mientras el ataque puede ser repentino, y es más difícil permanecer firme mucho tiempo que dejarse llevar por un impulso repentino para realizar una empresa ardua” . Por lo cual las virtudes anejas o que acompañan a la fortaleza cuando de resistir se trata, son la paciencia y la perseverancia.

Líderes cultos, líderes virtuosos, líderes fuertes, líderes íntegros. No los tenemos y, sin embargo, los necesitamos con urgencia dramática. ¿Dónde encontrarlos? ¿cómo lograrlos? ¿habrá que trabajar sobre los individuos o sobre la sociedad? Nosotros sabemos que lo social no es la suma de lo individual y, por otra parte, ¿cómo lograr dirigentes de ese calibre en una sociedad descristianizada, secularizada, adormecida, superficial y poco valerosa? Si la sociedad no genera los líderes que necesita, ¿seguirá la sociedad culpando a los dirigentes? ¿no tendrá que hacer ella un profundo examen de conciencia?
8. Coda.
Estamos a las puertas del año 2010 y me pregunto si he hecho bien en hablar así de frente al inminente bicentenario de la Revolución de Mayo. Pero no puedo evitarlo. Creo interpretar fielmente a todos cuantos hemos fundado la Asociación Justicia y Concordia diciendo que no nos gusta la Argentina, nos duele la Argentina, pero por eso mismo nos damos cuenta de que la queremos. Si no la quisiéramos nos sería indiferente, no daríamos discursos, tal vez nos habríamos ido hace ya tiempo. No podemos resignarnos a vivir bajo liderazgos asentados en la vejación de la religión, de las sanas costumbres y de las instituciones, y que siembran rencor y deseos de venganza, al par que fomentan la discordia entre hermanos. No queremos aceptar que invoquen la democracia para violar los principios más elementales del orden jurídico, echar diputados electos, otorgar la suma del poder, intimidar a los jueces, destruir el federalismo, sobornar gobernadores y legisladores y ejecutar el presupuesto sin control alguno. No hay por qué soportar la extorsión, el patoterismo, la acción directa en las calles, el desorden convertido en rutina. Subleva la conciencia que hablen de ‘golpismo’ aquellos que han violentado de esta manera las instituciones.

Por todo eso hemos iniciado esta fiera y desigual batalla.

domingo, 22 de noviembre de 2009

EXTORSIONES DE UN MONARCA


Por Joaquín Morales Solá

Ningún ministro lo recibirá hasta que no lo autorice la política. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, lo notificó así sobre los códigos internos del poder al extenuado gobernador electo de Corrientes, Ricardo Colombi. ¿Y quién es la política?, preguntó el radical Colombi. Néstor Kirchner, le respondió Fernández, seco y tajante. Comenzó con ese diálogo uno de los casos más sorprendentes de travestismo político de los últimos tiempos, expresión diáfana de una manera de gobernar. El caso Colombi devela muchos otros desenfrenos de un poder desesperado en la hora de su crepúsculo. El método de la extorsión, en primer lugar. Víctimas de la extorsión han sido en días recientes líderes opositores, legisladores, empresarios y medios periodísticos. El resultado de esa extorsión masiva no fue malo para el Gobierno, pero todavía hay quienes resisten.

La política de ahora tiene también la dosis más alta de genuflexión que se haya visto en el vertical peronismo, ya sin Perón. ¿Qué hacían el jueves en Chubut cinco gobernadores al lado de Néstor Kirchner, perpetrando una venganza personal del mandamás contra el gobernador chubutense, Mario Das Neves? ¿Qué hacían como cortesanos de un monarca sin corona, derrotado e impopular? Kirchner ni siquiera es todavía presidente del justicialismo.

Colombi llegó a Aníbal Fernández después de tocar sin suerte la puerta de todos los ministros. Nadie lo atendió. Su provincia, Corrientes, no tiene dinero para pagar los sueldos de la administración. La breve y práctica lección del jefe de Gabinete lo depositó al gobernador electo en la residencia de Olivos. Salió de ahí diciendo que votaría a cualquier Kirchner (matrimonio o hijos, se supone) en las próximas presidenciales. Luego pudo hacer, por fin, un paseo por despachos ministeriales (Julio De Vido y Amado Boudou lo recibieron en el acto); concluyó su feliz excursión frente a la propia Cristina Kirchner.

Colombi merece un párrafo aparte. La necesidad política no debe ser incompatible con la dignidad personal. La indignidad que cometió (y que comprometió seriamente a su partido, el opositor radicalismo) lo exhibió como un dirigente político ciertamente marginal. Hace poco reclamó el apoyo de toda la estructura del radicalismo para ganar la gobernación, pero terminó contrayendo nupcias con el propio Kirchner. Alguien debería pedirle disculpas a Borocotó; su inexplicable brinco en 2007 fue, después de todo, el de un diputado más entre tantos que brincan más que él.

El sistema federal está destruido, según la prueba de Colombi. Un hombre sin cargos ni responsabilidades, Néstor Kirchner, es el que decide cuántos recursos, y cómo, recibirá cada una de las provincias. La política parece impotente para romper el círculo vicioso que canjea extorsión por disciplina. Quizás es el momento de que otra instancia (la Corte Suprema de Justicia es la única) restituya una idea del federalismo constitucional y contribuya a romper aquel círculo.

La propia institución presidencial termina seriamente desgajada cuando la instancia decisiva de "la política" no es la Presidenta, sino la sombra de su esposo. El sistema político resultó más arruinado que antes después de que Colombi decepcionara a todos sus votantes, que lo eligieron en nombre de proyectos opositores. Colombi no fue nunca un dirigente central de la política argentina, pero ¿conoce la gente común esos matices? El gobernador electo tenía un solo camino digno: denunciar el método extorsivo del Gobierno y negarse a asumir la gobernación en tales condiciones. No lo usó.

Hay otras extorsiones. Guillermo Moreno encontró un aliado imprevisto para su dura y brutal gestión destinada a desestabilizar Papel Prensa. Ese aliado es el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, quien siempre está un paso atrás del secretario de Comercio para presionar a la empresa que abastece de papel a gran parte del periodismo gráfico argentino. Moreno ya sacó de la administración al anterior titular de la Comisión Nación de Valores, Eduardo Hecker, y al ex jefe de la Sindicatura General de la Nación, Carlos Pacios, porque ninguno de los dos lo acompañó en su ofensiva final para derrumbar a Papel Prensa. Gabbi es, en cambio, funcional a la maniobra que aquellos dos ex funcionarios habían rechazado.

Sea como fuere, hubo tres días recientes en los que funcionarios de la Bolsa (Papel Prensa cotiza en Bolsa) hicieron una larga y pormenorizada inspección en la empresa. Fue la primera inspección de la Bolsa a Papel Prensa en toda la historia de ésta. Mientras hacían la inspección, innominadas llamadas telefónicas les indicaban a los inspectores qué cosas debían pedir. Hurgaron desde los movimientos diarios de IVA por compras y ventas hasta los libros referidos a sueldos y jornales. No existe ninguna denuncia sobre nada, en ningún lado, contra Papel Prensa.

Los propios síndicos del Estado se negaron a entregarles documentación que no era necesaria para la tarea que los inspectores decían cumplir. Los síndicos fueron despedidos poco después por orden de Moreno. En la tarde del viernes, la Bolsa envió otro requerimiento a Papel Prensa con absurdos reclamos. Moreno quiere que el Estado tome el control de la empresa papelera a cambio de nada. Es notable, sin embargo, que sea la Bolsa de Comercio la institución que mejor lo ayuda en sus aprietes. ¿No estaremos, además, ante un nuevo índice de "riesgo país" (el de una Bolsa funcional a la prepotencia de Moreno) para cualquier empresa que quiera invertir en la Argentina?

Todo se desmantelaría en un solo instante si LA NACION y Clarín , los principales dueños de Papel Prensa, aceptaran la colombización de sus páginas, aunque el precio sería insoportable: deberían entregar en Olivos la libertad del periodismo. Colombi fue un misil contra la estabilidad del radical Julio Cobos, el presidenciable mejor ubicado en las encuestas actuales. Mauricio Macri estaba derrapando seriamente cuando Aníbal Fernández acudió presuroso, sin quererlo desde ya, en su ayuda. ¿Qué mejor pergamino para alguien con ambición presidencial opositora que el acoso explícito del kirchnerismo? Es más valioso ese odio del oficialismo que las explicaciones que Macri nunca dio sobre el misterioso sistema de escuchas telefónicas en su policía.

La intervención de los teléfonos es una epidemia en la Argentina. Los comisarios macristas Palacios y Chamorro son hombres formados en la Policía Federal y tenían una agencia de seguridad que hacía investigaciones sobre la vida pública y privada de dirigentes. ¿No es la misma Policía Federal la que termina tercerizando en empresas privadas, aunque a cargo de personas de su confianza, el sistema de escuchas telefónicas? Chamorro, sobre todo, fue oficial en actividad de esa fuerza hasta hace poco tiempo. ¿Podía desconocer la Policía Federal que uno de sus comisarios andaba en tales correrías?

La SIE (la anterior SIDE) no se queda atrás en esa competencia por quién escucha mejor y más rápido. Por eso resulta hasta irónico por su duplicidad que Aníbal Fernández le haya pedido la renuncia a Macri por las escuchas de la policía de éste, cuando el gobierno nacional y la policía de Aníbal son viejos adictos de la información que surge de las conversaciones telefónicas privadas. Macri le debe todavía a la sociedad una explicación sobre sus problemas con la policía y sobre la información mal habida, aun cuando la ansiedad kirchnerista por destruirlo le haya abierto la puerta de la victimización.

Semejantes grescas de cantina están hundiendo a la política en un peligroso limo. Kirchner dispara sobre Cobos, sobre Macri y, en última instancia, sobre él mismo. ¿No está preparando acaso el escenario perfecto para que regrese aquella arbitraria cacofonía social que exigía que se vayan todos?

La Nación, 22-11-09