TRES MITOS

a desmontar en torno a la identidad política de los desaparecidos

Por Aldo Duzdevich

Perfil, 30 de noviembre de 2019

Un análisis de la metodología de la represión permite desmentir el mito de que la mayoría de las víctimas no tenía militancia política

En Poder y Desaparición, la politóloga y ex prisionera de la ESMA Pilar Calveiro, afirma: “Los desaparecidos eran, en su inmensa mayoría, militantes. Negar esto (…) es una manera más de desaparecerlos, ahora en sentido político. Lo de la corrección o incorrección de sus concepciones políticas es otra cuestión, pero lo cierto es que el fenómeno de los desaparecidos no es el de la masacre de “víctimas inocentes”, sino el del asesinato y el intento de desaparición y desintegración total de una forma de resistencia y oposición: la lucha armada y las concepciones populistas radicales dentro del peronismo y la izquierda.”

Los tres mitos más difundidos

El primero es la creencia de que la mayoría de los desaparecidos no tenía una militancia política activa.

El segundo, relacionado con el anterior, es que el terrorismo de Estado con desaparición y muerte se aplicó por igual a los militantes de todos los partidos de izquierda.

El tercero, muy en boga, es que la mayoría de los desaparecidos pertenecía a la clase trabajadora, en especial a comisiones internas o que eran delegados de fábricas.

Como voy a referirme a cantidades de desaparecidos, hago mío otro criterio de Calveiro: “Diez, veinte, treinta mil torturados, muertos, desaparecidos... En estos rangos las cifras dejan de tener una significación humana. (...) La misma masificación del fenómeno actúa deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un problema de registro. Como lo señala Todorov, ‘un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información"'.

Los desaparecidos de la izquierda no armada

El comunicado Nº45 de la Junta Militar publicado el 26 de marzo de 1976, declaraba “prohibidas las actividades de las siguientes organizaciones: Partido Comunista Revolucionario (PCR); Partido Socialista de los Trabajadores (PST); Partido Política Obrera (PO); Partido Obrero Troskista; Partido Comunista Marxista Leninista.”

Nótese que no figura el Partido Comunista Argentino (PC) el cual inicialmente saludó la llegada de los militares al poder. Sin embargo, Edo E. Balsechi en su libro Raíces y proyección antiimperialista contabiliza 117 militantes del PC desaparecidos.

Respecto el PST, según el trabajo realizado en 2016 por sus dirigentes Nora Ciapponi y Gustavo Reynoso, de 1976 a 1982, esa fuerza política tuvo 86 desaparecidos y/o asesinados.

El Partido Comunista Revolucionario (PCR), que manifestó su oposición al golpe desde el mismo 24 de marzo, contabiliza, según su órgano de prensa Hoy, 11 militantes asesinados antes del golpe y 23 desaparecidos con posterioridad a esa fecha.

El Partido Comunista Marxista Leninista, una organización pequeña heredera de Vanguardia Comunista, informa en su web PRML, que tuvo 19 desaparecidos, entre ellos sus máximos dirigentes Roberto Cristina, Elías Semán y Rubén Kriscautsky.

Según la publicación Historia de Política Obrera, de Laura Kohn, antes del golpe, el PO estableció una política de estricta clandestinidad y medidas de seguridad para resguardar a los cuadros más expuestos. No hay mención de militantes del PO desaparecidos, salvo el caso de su dirigente Pablo Rieznik, secuestrado y liberado en 1977. Es interesante la visión del PO, que destaca como un mérito de su organización el haber preservado la vida de sus cuadros, eludiendo la represión, a diferencia de muchos jefes sobrevivientes de organizaciones armadas que señalan como meritorio el tener miles de bajas en sus filas.

Entre todos los partidos de izquierda suman una cifra aproximada de 260 desaparecidos; un número enorme de jóvenes asesinados, pero que dista mucho de ser mayoritario en la cifra total.

Comisiones Internas y delegados de fábrica

Esta es una idea muy difundida entre quienes siguen la temática del terrorismo de Estado. Se dice que la mayoría de los desaparecidos pertenecieron a la clase trabajadora, en especial a comisiones de base. En “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” (2015), informe conjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y la FLACSO, se analiza a las 25 principales empresas involucradas en secuestros, torturas y desapariciones. Contabilizados y comprobados, son 354 los casos de personas desaparecidas y 65 los de asesinadas.

Nuevamente, 350 o 400 víctimas es un número horroroso, pero está claro que no se trata de la “mayoría de los desaparecidos”. Además, hay que considerar que muchos delegados obreros tenían la doble condición de militantes en partidos de izquierda o en alguna organización armada.

La mayoría fueron víctimas “inocentes”

A partir de 1983, en una democracia naciente todavía muy débil, jaqueada por permanentes desplantes militares, y quizás con la idea de que ello facilitaría el juicio a los culpables, se generalizó la hipótesis de que la mayoría de los desaparecidos no tenía militancia política, y se impuso la idea de “víctimas inocentes”.

Pero la palabra inocentes escondía una grave contradicción. Si había “victimas inocentes”, entonces existían otras que no lo eran. Y claramente ningún acto de las víctimas por grave que fueses habilitaba a los organismos del Estado a responder con el secuestro, tortura y asesinato. El prólogo del Nunca Más, el informe de la CONADEP sobre el terrorismo de Estado, alimentaba esa confusión: “Durante la década del 70 -decía- la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda(…) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido (…) ...se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpables de nada; porque la lucha contra los ‘subversivos’ se había convertido en una represión demencialmente generalizada... (…) Todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.”

Hoy suena chocante la calificación de “terroristas” y “subversivos”. Pero hay que recordar el contexto histórico. La guerrilla había llegado a 1973 con un importante consenso social. Ahora bien, cuando el ERP y luego Montoneros deciden continuar con la lucha armada durante el gobierno constitucional, rápidamente comenzaron a perder apoyo popular y a aislarse de la sociedad, lo que luego facilitaría su exterminio.

1975 es el año de la violencia en la Argentina. Las bandas de ultraderecha -digitadas por la Inteligencia militar- desatan una ordalía de sangre. Y los grupos guerrilleros llegan a su máxima expansión y operatividad militar. Los militares adoptan la teoría de la “fruta madura”: fomentar el caos y esperar el hartazgo de la sociedad para dar el golpe.

El 24 de marzo los militares asumen el poder, con el aplauso de las clases altas, el silencio cómplice de las clases medias y la resignación de la clase obrera. Los diarios celebran en sus titulares el “retorno a la normalidad” y la detención o la muerte de “elementos terroristas”.

El verdadero objetivo del golpe

El objetivo principal del golpe era terminar con el gobierno nacido en 1973, hacer desaparecer al peronismo de la escena política y reinstaurar un plan económico liberal y antinacional cuyo cerebro era José Alfredo Martínez de Hoz. Aunque fue presentado como la principal excusa, el objetivo del golpe no era combatir la guerrilla. Ya en marzo del 76 ésta estaba muy golpeada en el plano militar, y su accionar la había llevado al aislamiento político y a la pérdida de apoyo popular. Pero, para movilizar a los militares e impulsarlos a dar un nuevo golpe, el establishment debía dotarlos de una renovada mística. Las propuestas de Martínez de Hoz: “libertad del mercado cambiario”, “libertad de tasas de interés”, “libertad de importaciones”, “libertad de precios y congelamiento de salarios”, “privatización de empresas públicas”, etc. no seducían especialmente a los cuadros medios y jóvenes de las fuerzas armadas. Ni siquiera los militares más torpes sentían que valiera la pena la lucha por “la libertad de las tasas de interés de los bancos”.

Había que encolumnarlos detrás de un objetivo más movilizante: “defender la civilización occidental y cristiana de la amenaza del comunismo”; “defender la bandera nacional contra la intención de reemplazarla por un ‘sucio trapo rojo'”. Entonces destruir a la guerrilla pasaba a ser el objetivo central de las Fuerzas Armadas, mientras Martínez de Hoz y su equipo se ocupaban de los grandes negocios de y con el Estado. A tal punto existió esta “división del trabajo” que a las patotas represivas les dejaron la rapiña de los muebles y de los dineros que les pudieran sacar a los guerrilleros, mientras el establishment engordaba de millones de dólares sus cuentas en el exterior. Muchos años después, desde la cárcel, el dictador Jorge Rafael Videla se quejaría amargamente de aquellos hombres de negocios que los empujaron a tomar el poder y luego los dejaron solos en su desgracia.

La voz de las madres y familiares

Cuando madres y familiares comenzaron a reclamar por las desapariciones, era muy entendible que evitasen hacer mención a cualquier militancia política de sus hijos. Al riesgo, se le sumaba la estigmatización social, el “algo habrán hecho”; incluso algunas sufrieron pintadas en sus casas: “madre terrorista”.

Por otra parte, era razonable que la mayoría de los padres desconociera la militancia de sus hijos, sobre todo si era armada. La primera regla de la clandestinidad es el secreto, incluso en el núcleo más cercano. O no se les decía nada, o se mostraba militancia estudiantil, activismo social o gremial. Es por eso que, en la mayoría de los casos, genuinamente los padres pensaban que sus hijos “no andaban en nada”. La dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeyda, dijo: “Después de muchos, muchos años, me enteré de que mi hijo militaba en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)”.

En 1983, durante los juicios a las Juntas, el principal argumento de las defensas de los militares era acusar a los testigos de pertenecer a organizaciones “terroristas”. Los sobrevivientes de los campos de concentración que daban testimonio evitaron reconocer su militancia y se presentaban como simples simpatizantes o militantes de grupos juveniles.

Recién a fines de los 90, las agrupaciones de H.I.J.O.S. comenzaron a reivindicar la identidad política de sus padres. Y sólo después de las primeras condenas por delitos de lesa humanidad en 2006/7, se comenzó a tratar con mayor libertad el tema de la militancia de testigos y víctimas, y a relacionar la “secuencia de las caídas” según el área de la organización a la cual pertenecían.

La metodología de la represión

El 24 de marzo de 1976, a la madrugada, se inició la “Operación Bolsa”, como la llamó Videla. Consistió en detener a varios centenares de funcionarios y dirigentes peronistas, empezando por la presidente, Isabel Perón, que pasó 5 años detenida. La intención era anular cualquier intento de resistencia civil al golpe y mostrar hacia adentro y afuera del país una represión “civilizada”, de presos “a disposición del Poder Ejecutivo”, sin causa ni condena pero en cárceles oficiales.

Simultáneamente, en total clandestinidad, las fuerzas armadas aplicaron la doctrina antisubversiva que los franceses usaron en Argelia. La represión clandestina apuntaba primordialmente a ERP y Montoneros y seguía el procedimiento “captura-tortura-información-nueva captura”. Las primeras víctimas de secuestro eran los cuadros llamados “de superficie”, que no eran clandestinos pero tenían nexos hacia dentro de las organizaciones. Los más expuestos eran, en caso del ERP, la Juventud Guevarista y militantes del FAS (Frente Antiimperialista y por el Socialismo); y de Montoneros sus agrupaciones JUP, UES, JP, JTP y otras.

Es decir, se iba de los cuadros menos comprometidos a los cuadros combatientes. Con este mecanismo repetido infinidad de veces, avanzaban muy rápidamente hacia los niveles más altos de la organización. En el caso del ERP, en sólo cuatro meses, el Ejército aniquiló a todo su estado mayor. En Montoneros, el jefe de columna Paco Urondo cayó en junio del 76 y en diciembre fue el turno de Carlos Hobert, n°2 de la conducción nacional, lo que motivó la salida del país de Firmenich y el resto de la conducción.

La represión ilegal tuvo por objetivo principal destruir al ERP y Montoneros. Claro que sirvió a otros objetivos no menos importantes, como diseminar el terror en la población, disciplinar a los sectores más combativos de las grandes concentraciones fabriles, secuestrando y asesinando delegados y comisiones internas enteras.

No hay cifras exactas, pero se calcula que el ERP llegó a tener unos 6000 militantes de los cuales sólo diez o quince por ciento eran combatientes. Montoneros tenía unos 10 mil, con el mismo porcentaje de combatientes. La mayoría cumplía tareas políticas y/o de apoyo y logística. Por eso cuando se dice “militante montonero” no necesariamente se alude a jóvenes que hayan participado de alguna acción armada. Pero, al estar dentro de la organización, eran secuestrados y torturados para que dieran información sobre su “responsable” o jefe. En algunos casos luego de la tortura eran liberados y su relato contribuía a diseminar el terror.

El comandante montonero Juan Carlos Scarpati, que logró escapar de Campo de Mayo, afirmó que el 95% de las caídas de cuadros eran por la información obtenida en la tortura y solo el 5% por otras fuentes de inteligencia militar. La descripción de Pilar Calveiro del tratamiento en los campos de concentración deja claro que casi ningún ser humano podía resistir ese nivel de tortura sin hablar. Probablemente hubo excepciones o casos, como el de algunos altos jefes o personajes conocidos que les fueron más útiles vivos, para que los recién llegados al campo creyesen que estaban allí por haber delatado, quebrando así su voluntad de resistir.

Los desaparecidos vinculados a ERP y Montoneros

Aunque existe mucha literatura sobre el terrorismo de Estado, hay escasos análisis estadísticos de la militancia política de los desaparecidos. Solo a través de datos parciales podemos inferir algún tipo de conclusiones.

El listado más importante se lo debemos a Roberto Baschetti quien, con el aporte de militantes sobrevivientes, creó y actualiza la página web “Uno por uno los militantes del peronismo revolucionario”. Allí figuran aproximadamente 4500 nombres de desaparecidos con la historia militante de cada uno, todos de organizaciones peronistas y básicamente del Capital y GBA. Es una página en permanente construcción, es decir incompleta por definición.

La gran mayoría de los desaparecidos tenía militancia política, en las organizaciones armadas clandestinas o en las agrupaciones de superficie de esas mismas formaciones

La gran mayoría de los desaparecidos tenía militancia política, en las organizaciones armadas clandestinas o en las agrupaciones de superficie de esas mismas formaciones

Un relevamiento parcial de 560 casos, de los apellidos de A a D da como resultado: 41% en la categoría “militante montonero”; 22%, “militante JUP-montoneros”; 11%, “militante JP-montoneros”; 7,5%, “militante JTP-montoneros”; 3,3% “militante UES-montoneros”; y 15% “otros”, que engloba PB, FAP, y MR-17 y FR-17, dos agrupaciones poco conocidas, pero que tienen una cantidad importante de desaparecidos.

Otro ejemplo más acotado es el caso de la ciudad de Santa Fe. Luis Larpin, de ATE Santa Fe, y miembro del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, manifiesta que, en la capital santafesina, hubo 83 desaparecidos, de los cuales 7 estaban vinculados al ERP y el resto a Montoneros. Y que, si bien hubo casos de secuestrados sin vínculos con alguna organización, posteriormente eran liberados.

En el libro Las Viejas, historia de Madres Línea Fundadora, se entrevista a 29 madres. Cruzando la información que da cada una de sus hijos el resultado es que, sobre esos 29 casos, hay 19 vinculados a JP-Montoneros, 8 al ERP y sólo dos de militancia desconocida.

El Colegio N°4 D.E. 9 Nicolás Avellaneda publicó un listado de 17 ex alumnos desaparecidos: 8 pertenecían a Montoneros, 2 al ERP, 4 a partidos de izquierda y sólo 3 de militancia política desconocida.

De los veinte jugadores del La Plata Rugby Club desaparecidos, según publica en “ El Grito del Sur” la periodista Yair Cybel, once militaban en UES-JUP- Montoneros, cinco en el ERP y cuatro en el PCML.

Conclusión

Es innegable que hubo casos de secuestrados “por error”, personas sin militancia política. Incluso los hubo por venganzas personales, con el solo objeto de robo o por estar en el momento y lugar equivocados. Pero los represores tenían el olfato entrenado y, al poco tiempo de golpear o torturar, percibían si el secuestrado les era “útil” o no, según la información que podían obtener. El secuestrado por error podía morir en la tortura, ser asesinado si había visto la cara de los verdugos, pero también con frecuencia era liberado.

Lo importante es comenzar a dilucidar aspectos de la tragedia que nos tocó vivir. Uno de ellos es devolverle la identidad política a los desaparecidos, su pertenencia a una determinada organización y a un proyecto por el cual estaban dispuestos a dar la vida.

A partir de allí, se puede y se debe dar una discusión seria y madura respecto al acierto o al error de políticas que llevaron a un enfrentamiento abierto, dejando un doloroso saldo de miles de muertos, en su mayoría jóvenes.

Algunos ex dirigentes montoneros, entre ellos Mario Eduardo Firmenich, consideran un mérito de su organización tener semejante cantidad de bajas. Dos ex-montoneros replican ese argumento. “El martirologio –dice por ejemplo el historiador Ernesto Salas- es una característica de la guerra. Quien va al combate quiere morir como héroe. El problema es cuando el martirologio se convierte en tu única política. Cuantos más mueren, más ganamos”. Y Miguel Fernández Long (ex-columna norte) afirma por su parte: “Firmenich era un tipo convencido de que la mayor representatividad política se lograba trepando sobre los muertos”.

Aquí se abre otro debate. Si los desaparecidos murieron en una “guerra contra la dictadura”, como afirmaban las conducciones guerrilleras desde el exilio, o fueron víctimas de una feroz cacería de las fuerzas represivas contra las que nada podían oponer, ni siquiera la pastilla de cianuro que les habían dado para “proteger a la organización”.

Nuestra generación, en especial quienes fuimos participes de esa etapa, tiene la obligación hacia las nuevas generaciones de hacer un balance histórico que vaya más allá del dolor por el recuerdo de las víctimas o de la mera exaltación de la muerte heroica.