POR SILVANA BOSCHI
Los Kirchner más de
una vez hicieron caso omiso a los fallos de los Tribunales Superiores o de la
misma Corte Suprema que les resultaron adversos. No es que los apelen,
presenten recursos extraordinarios o planteen medidas cautelares, todos ellos
mecanismos procesales aceptados por nuestras leyes. Directamente ignoraron
algunos de esos fallos, hicieron como que no existían.
Para muestra bastan
tres botones:
las actualizaciones de las jubilaciones dispuestas por la Corte Suprema en
2007, en el fallo Badaro;
el caso del ex procurador general de Santa Cruz
Eduardo Sosa, desplazado de su cargo sin respetar su garantía de inamovilidad,
cuando Néstor Kirchner era gobernador de esa provincia;
o la negativa a cumplir
con la condena de la Corte
que ordena al Gobierno que le otorgue publicidad oficial a la Editorial Perfil ,
para evitar la discriminación hacia algunos medios en la distribución de la
pauta.
El nuevo fallo de la Corte sobre jubilaciones que
se acaba de conocer, y que establece en un caso puntual un piso del 70% del
sueldo promedio para el cálculo de la jubilación, podría correr la misma
suerte. Y -al igual que ocurrió tras el fallo Badaro- obligaría a los jubilados
que quieran obtener el mismo beneficio a recorrer un interminable camino
judicial, donde todos los recursos del ANSeS estarán orientados a perder
tiempo, un insumo que justamente es un bien escaso para muchos jubilados de
edad avanzada.
¿Qué hacen los jueces
de la Corte
ante estos incumplimientos? En dos casos, el de Sosa y el de la publicidad
oficial, dieron intervención a la
Justicia penal para que se iniciara una causa por
incumplimiento. En el caso del ANSeS, recientemente se reiteró un pedido de
informes al organismo para que explique cuántas sentencias judiciales tienen
pendientes de pago y en qué se utilizan los recursos. Esto último fue decidido
después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmara un decreto
estableciendo un plan de acceso a la vivienda propia (PROCREAR) financiado,
otra vez, con dinero de los jubilados.
Pero el caso que tal
vez irritó más a los jueces de la
Corte fue el del procurador santacruceño Sosa, una pelea
judicial que ya lleva 17 años y que aún no tuvo solución. En la Corte reconocen que varios
jueces realizaron en este caso innumerables gestiones para evitar llegar a una
situación extrema, pero ninguna de esas propuestas fue aceptada. “Hicimos todas
las gestiones posibles, hubo siete fallos donde ordenamos que Sosa fuera
repuesto en su cargo, y en octubre (de 2010) nos hicieron la trampa de proponer
el desdoblamiento del cargo, con la promesa de que iba a ser tratado en la Legislatura provincial.
Pero nunca se llegó a tratar y el incumplimiento de la orden de la Corte siguió generando
malestar”, resumió uno de los jueces.
En medio de este
clima, hace ya un par de años, el tribunal resolvió adoptar una solución de
fondo frente a la negativa del gobernador de Santa Cruz de reponer a Sosa:
decidió denunciarlo ante la justicia penal, por incumplimiento de los deberes
de funcionario público, y envió el caso al Congreso para que determine cómo se
va a hacer efectiva la sentencia.
El disgusto de los
jueces se mantuvo en reserva, hasta que Carmen Argibay, una jueza que llegó al
tribunal a propuesta del kirchnerismo pero que supo mantener un criterio
independiente del poder político, hizo público el malestar: “Hace mucho tiempo
que la Corte
dio una orden a la provincia de Santa Cruz y no la ha cumplido. Alguna medida
había que tomar, porque no podemos dejar que los fallos de la Corte no se cumplan”.
Sobre el conflicto de
los jubilados, quien más salió a hablar públicamente fue el presidente de la Corte , Ricardo Lorenzetti,
quien dijo que hay que acordar mecanismos “para que no exista el verdadero
padecimiento que tienen los jubilados” que aspiran a cobrar una sentencia de
actualización.
Aunque sus fallos
puedan ser ignorados, los jueces del tribunal tiene por delante otro desafío:
los reclamos de las provincias por la coparticipación de sus fondos.
Clarín, 5-7-12
