Por Javier Fuego Simondet
La Nación,
12-6-15
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
(ACDE) realizó una convocatoria amplia. Planteó un "debate sobre la
Justicia en la Argentina". Aunque se puntearon varios de los temas más
urgentes, la aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en Diputados fue
de lo que más se habló durante el encuentro en el Hotel Sheraton, que reunió a
juristas, empresarios y legisladores.
Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de
Magistrados, no dudó al calificar de "pésima" la regulación del
Consejo de la Magistratura. Lo hizo ante un auditorio que completaban, como
panelistas, María Laura Garrigós de Rébori, titular de la Cámara de Casación
Penal y presidenta de Justicia Legítima; los diputados Laura Alonso (Pro) y
Ricardo Gil Lavedra (UCR), y el senador Rodolfo Urtubey (FPV). Empresarios como
Juan José Aranguren y Sebastián Mocorrea, entre otros, formularon preguntas.
Las posturas se expresaron en orden, pero igualmente
quedaron claros los contrapuntos. Alonso consideró que el paquete aprobado en
la Cámara baja "tiene serios problemas de constitucionalidad" y, en
una intervención posterior, afirmó sentir "vergüenza" por la sanción
que, según dijo, se dio "sin debate".
Las palabras de la diputada encendieron a Urtubey, que
la acusó de "tener un gran desconocimiento, porque la ley tuvo más de 25
horas de debate en la [comisión] bicameral". La tildó de "irresponsable".
Gil Lavedra también se metió de lleno en la polémica.
Destacó que "el problema no está en el nuevo Código Procesal Penal, que es
un paso adelante. Lo que es absurdo es su implementación, que comienza por los
distritos más poblados. Además está la ley de subrogancias, que sólo busca
llenar cargos".
Ante la crítica del radical, Garrigós de Rébori
respondió: "En la ciudad de Buenos Aires ya rige el sistema acusatorio.
Ahora se va a implementar en lo federal". La titular de Justicia Legítima
destacó: "Hace 20 años que esperamos este Código".
Con matices, las diferencias por el CPP tuvieron una
pausa al referirse al lobby en el Poder Judicial. Sin dar precisiones, Recondo
y Garrigós de Rébori admitieron su existencia, como también la de nichos de corrupción..
