Por Laura Serra
La Nación, 12
de junio de 2015
El final era cantado. Tras ocho horas de debate y pese
al sinfín de críticas de la oposición, el oficialismo convirtió anteanoche en
ley el llamado "blindaje judicial", un paquete de iniciativas que
procura dotar al kirchnerismo de un resguardo que lo preserve de posibles
avatares en la Justicia cuando abandone el poder, el 10 de diciembre próximo.
Así lo denunciaron las distintas voces de la oposición
que votaron en contra de las iniciativas al final del debate, ya sobre la
madrugada de anteayer. Este polémico paquete incluye un nuevo régimen de
subrogancias, como también una serie de normas destinadas a instrumentar, a partir
de marzo de 2016, el Código Procesal Penal de la Nación (CPP) aprobado por el
Congreso el año pasado, el cual instaura el régimen acusatorio en la
investigación de causas penales.
Para la oposición no hay otra lectura: con estas leyes
el oficialismo busca impunidad. "Se pueden ir del gobierno, pero no se
quieren ir del Estado", advirtió el jefe del bloque de la UCR, Mario
Negri. Y agregó: "El paquete de leyes significan 3900 cargos nuevos y toda
la discrecionalidad para la procuradora Alejandra Gils Carbó y el Consejo de la
Magistratura para designar jueces y fiscales con el dedo. Terminan el mandato
sitiando a la Justicia".
Uno de los puntos más criticados por la oposición fue
que, a su juicio, la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal dotará de
facultades excesivas y discrecionales a Gils Carbó. "No tiene lógica que
los fiscales de distrito (un nuevo estamento creado en el nuevo Código) sean
designados a dedo por la Procuración General. Es grave, porque son fiscales que
tienen gran poder, tanto en la asignación de causas como en decidir cuándo se
desestima una acción penal", alertó Graciela Ciciliani (Partido
Socialista).
Esta misma preocupación la compartió su par Guillermo
Durand Cornejo (Conservador Popular-Pro) cuando alertó que, con estas leyes,
"se está formando a un déspota", en referencia al titular de la
Procuración General. "Tendrá a su cargo esta enorme cantidad de poder a
través de sus fiscales donde va a poder ordenarles a qué abocarse y a qué no y
a indicarles qué es delito y qué no", aseveró.
"Lo que se está buscando es impunidad; impunidad
para los amigos o impunidad para sí mismo", asestó, por su parte, el jefe
de bloque de Pro, Federico Pinedo. Y agregó: "Inventan un mecanismo por el
cual la mayoría kirchnerista puede designar a los jueces que juzgan y puede
designar a los fiscales que acusan. Entonces, si uno elige a los que lo van a
acusar y elige a los que lo van a juzgar, es impune".
Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (GEN)
advirtió que, con estas nuevas leyes, el kirchnerismo quedará habilitado para
nombrar más de 2000 cargos y sin controles "bajo la dependencia de una
procuradora que ya demostró su arbitrariedad y discrecionalidad en la
asignación de causas, en el archivo de otras, en la designación irregular de fiscales
y en la manipulación de los concursos".
El oficialismo cerró el debate en la voz del
vicepresidente del bloque, Pablo Kosiner, quien destacó las ventajas en materia
de agilidad y transparencia del nuevo CPP. "Queremos un sistema procesal
público, abierto, con control social, y no oscuro, con expedientes a los cuales
nadie puede acceder", enfatizó. Y, en respuesta a las críticas opositoras,
señaló : "No han entendido nada de este cambio de paradigma. No hay manera
de que un fiscal o un juez se aparte de los códigos porque el sistema pasa a
ser público".
