miércoles, 27 de septiembre de 2017

BUSCAN LIMITAR LA LEY QUE IMPIDE DESALOJAR A LOS ABORÍGENES DE LAS TIERRAS OCUPADAS


La Nación, 27-9-17

El Senado se dispone a aprobar hoy un proyecto que prorroga por tercera vez la vigencia de la ley 26.160, que mantiene suspendidos desde hace 11 años los desalojos de tierras ocupadas por comunidades aborígenes cuya titularidad se encuentra sometida a litigio judicial o reclamo administrativo.
...........................

Sin embargo, la Casa Rosada se resiste a una nueva extensión de la ley de cuatro años con el argumento de que la prórroga que propone la oposición mantendrá abierta la posibilidad de se sumen nuevas tomas de tierras que, aseguran, están motivadas por cuestiones políticas y no por reclamos legítimos de tierras ancestrales.

Citan como ejemplo el caso del grupo mapuche que ocupó terrenos en la zona del yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, que fue desalojado por la fuerza hace dos semanas.

La ley 26.160 fue sancionada en 2006 y estableció la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, tal cual lo establece su primer artículo. Para acceder al beneficio de la norma, los grupos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

En ese marco, declaró la suspensión por cuatro años de toda acción de desalojo de las comunidades asentadas en tierras sometidas a litigio judicial. También congelaba cualquier recurso administrativo ligado a este tipo de conflictos.

La norma estableció un plazo de tres años para realizar un relevamiento catastral de las tierras y corroborar la legitimidad de los reclamos de las comunidades aborígenes. La condición para legitimar las exigencias es que debían fundarse en que una posesión actual, tradicional y pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

Sin embargo, el relevamiento, que debió realizar el INAI no terminó de completarse en el plazo establecido. Esto motivó que la ley fuera prorrogada por cuatro años en 2009 y, de nuevo, por igual lapso en 2013.

Sin embargo, y más allá de los ocho años de extensión de la emergencia, el relevamiento sigue sin completarse.

...................