QUE NOS DA LA JUSTICIA BRASILEÑA
La Nación,
editorial, 26 de abril de 2019
No hace mucho,
se viralizó en redes sociales una frase que señalaba que mientras Brasil ya
tiene dos expresidentes en prisión la Argentina tiene otros dos en el Senado.
Hacía referencia a Luis Inacio Lula da Silva , condenado a más de 12 años de
prisión -aunque el Superior Tribunal de Justicia la acaba de reducir a 8 años y
10 meses- por corrupción y blanqueo de dinero, y a Michel Temer , detenido
recientemente en el marco del Lava Jato, en el que se investiga a
exfuncionarios y empresarios por sobornos a cambio de contratos públicos.
Cuando se
compara el avance de las causas judiciales por corrupción en la Argentina y en
Brasil, el contraste hasta el momento es de tal magnitud que obliga a
plantearse las razones de tan grandes diferencias. Más apropiado sería
preguntarnos por qué nuestras investigaciones no avanzan decididamente como
allá, sino que languidecen en medio de ocasionales espasmos.
Quizá lo que ha
venido sucediendo desde mediados del año pasado con la investigación ya
conocida como la de los cuadernos de las coimas, en la que la Justicia ha
comenzado a tomar las medidas que corresponden, sea el comienzo de un cambio.
Esperemos que con el ejemplo del país hermano continúen a fondo las
investigaciones y, respetando todas las garantías, se produzcan las condenas en
los casos que lo ameriten.
Pocos ejemplos
bastan para apreciar la disparidad. En Brasil, el gigantesco y escandaloso caso
del pago y cobro de coimas conocido como Lava Jato comenzó hace cinco años y el
expresidente Lula da Silva fue condenado en dos instancias por haber recibido
un lujoso departamento en compensación por beneficios otorgados a una empresa
constructora. Lula cumple prisión efectiva desde abril de 2018.
En la Argentina,
en los últimos días, fuentes de los tribunales federales admiten que algunas
investigaciones por corrupción entraron en un compás de espera frente a la
incertidumbre que domina el escenario electoral.
La expresidenta
Cristina Kirchner se encuentra procesada en 11 causas judiciales y suma cinco
pedidos de prisión preventiva, pero la falta de voluntad política de la mayoría
del Senado para quitarle los fueros parlamentarios impide su detención. Se
trata de un criterio parlamentario que desvirtúa el sentido que otorga el
espíritu de la Constitución a esos fueros, que es proteger a los legisladores
para que sus opiniones no se vean condicionadas y no para que utilicen los
fueros como un escudo de impunidad.
Otro
expresidente y actual senador nacional, Carlos Menem , ha sido absuelto hacia
fines del año último en la causa por el contrabando de armas del Ejército a
Croacia y Ecuador, que insólitamente se extendió a lo largo de 23 años. Hoy se
encuentra condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de
sobresueldos a funcionarios de sus gobiernos con fondos reservados para
inteligencia y seguridad. Esa condena no está firme, pues la Cámara de Casación
admitió que sea revisada por la Corte Suprema. También ha sido recientemente
condenado por peculado a prisión de tres años y nueve meses en otra causa por
la venta de un predio, sentencia que también será apelada.
Una de las
grandes diferencias entre la Justicia brasileña y la argentina radica en que
nuestros vecinos cuentan con jueces que se han especializado en delitos de
corrupción. Con el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, como figura
emblemática, el caso Lava Jato reveló la capacidad del Poder Judicial brasileño
para perseguir la corrupción sin importar quién sea el investigado. Hay ya
decenas de empresarios, legisladores y funcionarios procesados por coimas para
favorecer con obras públicas a ciertas empresas constructoras. Los acusados de
asociación ilícita, lavado de dinero y corrupción superan los 280, y más de 120
de ellos ya fueron condenados a un total de más de 1900 años de cárcel. Además,
se han recuperado más de 3000 millones de dólares aportados por empresas que
optaron por colaborar con la Justicia.
Moro ya condenó
a los máximos dirigentes de cuatro empresas. Para él, la corrupción brasileña
es un fenómeno "sistémico". Sostiene que "lo que no puede pasar
es que haya casos que se eternizan y de los que no se tiene respuesta".
Este compromiso judicial con el cumplimiento de la ley no es patrimonio exclusivo
de los jueces brasileños. Si prestamos atención a lo sucedido en otros países
latinoamericanos con las derivaciones que en ellos tuvo el capítulo Odebrecht ,
veremos que en casi todas esas naciones las causas han avanzado. En Perú, le
costó el cargo a un presidente, hoy preso por esta causa, y más recientemente
llevó al suicidio a otro expresidente. En Ecuador, provocó la destitución de un
vicepresidente. La Argentina, Angola y Venezuela son los tres únicos países
donde la investigación por el caso Odebrecht no ha logrado avanzar.
Tampoco
disponemos aquí de las herramientas legales que los magistrados brasileños han
empleado con tanto provecho, aunque sí contamos, desde su sanción en 2016, con
la ley del arrepentido, que ha permitido importantes avances en la causa de los
cuadernos.
Para poder
superar las diferencias entre los sistemas judiciales de la Argentina y Brasil
y permitir el aprovechamiento de la investigación llevada a cabo en el vecino
país, fiscales argentinos y representantes de nuestra Cancillería y de la
Oficina Anticorrupción analizaron un posible acuerdo que permita la utilización
legal de las confesiones de los imputados brasileños.
El jefe de los
fiscales del Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmó que están dadas las
condiciones para que la Justicia de su país envíe al nuestro datos decisivos
para avanzar en varios casos. En su opinión, nuestra corrupción y la brasileña
tienen en común "el capitalismo de compadres, de lazos personales, de
amigos, donde parte de la elite política y económica se aproxima para
intercambiar beneficios mutuos en detrimento de la sociedad".
El combate
contra la corrupción se parece a la de la lucha por los derechos humanos, pues
también consiste en disminuir el sufrimiento humano, dado que la corrupción
roba el dinero que debería destinarse a evitar las enfermedades causadas por la
falta de agua y cloacas, las colas en los hospitales, las muertes en las rutas
o trenes en mal estado, la desigualdad de oportunidades, la falta de educación
y la ausencia de seguridad pública.
La Argentina
requiere una renovación judicial para apuntalar un sistema de Justicia en
proceso de deterioro desde hace tres décadas y acelerado de manera exponencial
durante la administración kirchnerista. Es el fuero federal penal de la Capital
el que más imperiosamente necesita esa transformación. Recordemos que, por lo
general, es este fuero el que sustancia las principales causas de corrupción,
con el lamentable resultado de que, según la auditoría efectuada por el Consejo
de la Magistratura, solo el 8% de esos casos llega a juicio oral y apenas el 2%
logra una sentencia condenatoria. Pero hay que señalar que antes de que se
produjeran tales hechos fallaron los controles administrativos y la AFIP,
algunos de cuyos máximos funcionarios estuvieron durante el gobierno anterior
más preocupados por garantizar impunidad que por la defensa del erario.
Brasil ha
demostrado que un sistema judicial independiente, con jueces y fiscales probos
y tenaces, decididos a hacer cumplir la ley, es garantía efectiva de la
voluntad de poner coto a la corrupción impidiendo la impunidad.
