Joaquín Morales Solá
La Nación, 8 de
agosto de 2020
Es una situación casi sin
antecedentes en la historia. Dos Cámaras de apelaciones de la Justicia se
pronunciaron contra un proyecto del Gobierno (ni siquiera contra una decisión
firme) y sin tener un caso concreto que las habilitara a decidir. No lo pueden
tener, porque un propósito como es la reforma judicial, que debe ser aprobado
por el Congreso, no agravia a nadie por ahora. Esa fue la muestra más cabal del
hartazgo de los jueces por las arbitrariedades de los dirigentes políticos del
Gobierno.
Una reforma judicial cargada de consejeros, pero que carece de la
opinión de magistrados, de fiscales y hasta de los propios jueces de la Corte
Suprema. Desde la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, el
kirchnerismo insiste en la teoría de que la política debe tener más injerencia
en la estructura de la Justicia, porque esta es una corporación inexpugnable y
endogámica. Aquella reforma de hace 14 años se reservó para el oficialismo el
mayor número de miembros del Consejo, el organismo de la Justicia que debe
administrar las designaciones, los ascensos, las sanciones y hasta las
destituciones de los jueces. La ideóloga de aquella reforma fue Cristina
Kirchner, entonces senadora. Esa reforma fue declarada inconstitucional por la
Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ahora espera que la Corte Suprema
confirme o anule ese fallo.
La nueva reforma que anunció
Alberto Fernández nació herida porque vino acompañada por dos hechos que la
deslegitiman. Uno es la presencia del abogado Carlos Beraldi en la comisión asesora
sobre la reforma y sobre el futuro de la Corte Suprema. Vale la pena repetir
que Beraldi es el principal abogado defensor de Cristina Kirchner. Su presencia
en esa comisión fue un acto de poder claro, rotundo y explícito de la
expresidenta. Beraldi aconsejará sobre el destino de la Corte, que es la
instancia en la que se resolverán definitivamente todas las causas contra
Cristina, la mayoría por supuestos hechos de corrupción. ¿Qué influirá más en
Beraldi? ¿La necesidad de un tribunal mejor para el país en la cima de la
Justicia o los intereses de su defendida? La respuesta es obvia. Cobra
honorarios para lograr el sobreseimiento de la actual vicepresidenta. El propio
Beraldi debió advertir que su presencia en esa comisión entra en colisión con
cualquier noción de la ética. El Presidente también debió advertirlo.
Convulsión y malestar: el
clima que reina en los tribunales por la reforma judicial del Gobierno
El segundo hecho es la
abierta persecución política por parte del cristinismo contra el procurador
general, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales. Ocupa interinamente ese
cargo desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Casal es un funcionario de
carrera de la Justicia (tiene no menos de 45 años de antigüedad), quien llegó a
ese cargo porque la seguía en el orden jerárquico a Gils Carbó. Algunas cosas
son obvias, pero deben ser repetidas: a Casal no lo nombró Macri, sino la ley.
El problema del cristinismo es que no controla a Casal. Esto también es cierto.
El desempeño de Casal ha sido ejemplar desde que está a cargo de ese lugar
estratégico de la Justicia. Los fiscales tienen autonomía propia y son
virtualmente un cuarto poder del Estado. El kirchnerismo acusa a Casal de dos
hechos insignificantes y lo amenaza con un juicio político imposible, porque
necesita los dos tercios de cada cámara del Congreso para enjuiciar al
procurador general. No tiene ese número ni siquiera en el Senado. Una de las
acusaciones que le hacen a Casal consiste en que se negó a fusilarlo en la
Plaza de Mayo al fiscal Carlos Stornelli , una bestia negra para el
kirchnerismo porque investigó la causa de los cuadernos, el relato más
escandaloso de la corrupción kirchnerista. A Stornelli le hicieron una
operación en Pinamar para enlodarlo y le abrieron una causa en Dolores, donde
está un juez cercano al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla. Casal le abrió un
sumario a Stornelli y lo sancionó con un apercibimiento por "falta
grave". No se había cuidado. Ese fue el error de Stornelli, no una
inexistente complicidad. Demasiado poco, demasiado tolerante.
Cristina Kirchner logró otra
vez encoger el nosotros y ampliar el ellos. No sabe hacer política si no es
fracturando y maltratando, y no está dispuesta a cambiarlo
El segundo hecho consiste en
que Casal envió al consejo evaluador de los fiscales (que el propio Casal creó
para no quedar él solo con la suma del poder en la procuración) el caso de la
fiscal Gabriela Boquín, acusada de maltrato y de acoso laboral. El consejo
evaluador aconsejó por unanimidad abrirle un sumario a Boquín. Casal aceptó esa
disposición del consejo, integrado por fiscales de todo el país. Boquín no
forma parte de Justicia Legítima, pero es la fiscal del caso del Correo,
propiedad de la familia Macri; ella sostiene que Macri cometió todos los
delitos posibles. Heroína para el cristinismo.
Debería ser condecorada por
Casal. La fiscal y el procurador del Tesoro, el vengativo Carlos Zannini,
habían pedido a la Cámara Comercial que le negara a la familia Macri el recurso
ante la Corte Suprema por el caso del Correo. Boquín y Zannini quieren la
quiebra del Correo. En un trámite exprés, la Cámara, con las firmas de las
juezas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez de Díaz Cordero, aceptó el pedido
de Boquín y de Zannini. Cristina llegó siempre a la Corte Suprema. Macri, no.
El expresidente les donó a sus hijos las acciones que le pertenecen a él en el
Correo. Es una persecución no contra Macri, sino contra los hijos de Macri. Esa
inferencia es coherente con la certeza de los Kirchner: ellos, sostienen,
fueron perseguidos por la Justicia por orden de Macri. Tal convencimiento lo
comparte Alberto Fernández. No les queda otro atajo: hablar de una persecución
política abstracta e imprecisa les evita responder sobre las pruebas que
existen en la Justicia y que asedian a los Kirchner por la corrupción durante
sus gobiernos.
La obsesión contra Macri es
similar a la que tiene Cristina por su propia impunidad. En la semana pasada,
la vicepresidenta se quejó públicamente porque la Cámara Federal revocó una
decisión de la jueza María Servini María Servini por la que esta ordenó el
entrecruzamiento de llamadas telefónicas, incluidas las de Macri, durante más
de tres años de los cuatro en los que este fue presidente. Se trata de una
denuncia de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa contra Macri porque
este se habría querido quedar con sus medios de comunicación. La Cámara le
ordenó a Servini que acote la investigación al tiempo que considere esencial
porque estaba violando la Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos. Es el teléfono de quien fue jefe del Estado. Cristina aceptó
con aquella queja de que ella y Cristóbal López son lo mismo. Otra sala de la
Cámara Federal confirmó en esos mismos días el procesamiento de Cristóbal López
por el lavado del dinero que este obtuvo por defraudar al Estado en tiempos de
Cristina.
La preocupación de la
mayoría de los jueces se refiere a las amenazas de ampliar la Corte Suprema.
Muchos son críticos de algunas decisiones de la Corte, pero saben que si el
Gobierno logra arruinar a esos cinco jueces supremos, el destino de ellos será
mucho peor. Final de partida. Los presidentes de las asociaciones de
magistrados y de fiscales, Marcelo Gallo Tagle y Carlos Rívolo, criticaron
duramente la reforma. El Gobierno cambió el camino para llegar al mismo
destino. No se propone aumentar el número de jueces de la Corte, dice, sino
ampliar las funciones de esta para que pueda interceder en cualquier tramo de
los procesos. Cuando hayan convertido a la Corte Suprema en un tribunal más de
apelaciones, dirán que el aumento del trabajo justifica un aumento del número
de jueces. Todo se reduce a un juego dialéctico.
La Corte Suprema confirmó en
estos días la condena a Luis D'Elía por la toma de una comisaría. Podría
confirmar también en los próximos días la condena a Amado Boudou. Pero tiene
una bala de plata: confirmar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo
de la Magistratura de 2006. Si hiciera eso, los consejeros volverían a ser 20
(en lugar de los 13 actuales) y el titular de la Corte asumiría la presidencia
del Consejo.
La Corte nunca será indiferente, ahora o después, a la sublevación
de los jueces. Cristina logró otra vez encoger el nosotros y ampliar el ellos.
No sabe hacer política si no es fracturando y maltratando. Guiada por ese
estilo conoció el naufragio. No está dispuesta a cambiarlo.
