puede destruir la política
bipartidista hacia Colombia
El Ojo Digital, 11 de Agosto
de 2020
Ana Rosa Quintana
Aun cuando las iniciativas
bipartidistas pueden darse rara vez en los pasillos del Congreso de los Estados
Unidos, lo cierto es que la relación colombo-estadounidense desafía a ese
estereotipo. Durante décadas, los legisladores de ambos partidos en los EE.UU.
han comprendido la importancia del mantenimiento del compromiso de Washington
con la paz, la estabilidad y la seguridad en Colombia.
Mientras que los
legisladores suelen perder de vista el largo plazo en lo que respecta a
política exterior, la supervisión y el liderazgo legislativo en los Estados
Unidos han ayudado a transformar a Colombia, de los albores del Estado fallido,
a convertirse en líder regional -en pocas décadas.
En contrapartida, la
relación estratégica entre los EE.UU. y Colombia se ha convertido en un eje
central para la estabilidad en América Latina y para los intereses regionales
de los Estados Unidos -al tiempo que también se ha modelado en una historia de
éxito en el involucramiento externo de Washington.
Sin embargo, ciertas provisiones
ideológicamente motivadas, adoptadas recientemente en el Acta de Autorización
para la Defensa Nacional en la Cámara de Representantes del Congreso
estadounidense, recortarían el extendido convenio bipartidista frente a la política
oficial para Colombia. De llegar a ser activada, esta legislación debilitaría
la capacidad de Colombia a la hora de protegerse frente a organizaciones
criminales, toda vez que también empeoraría los aspectos vinculados a la
producción de cocaína (la cual evidenciaría un boom).
Una provisión en tal sentido
-patrocinada en la Cámara de Representantes por Alexandria Ocasio-Cortez,
Demócrata por Nueva York- busca eliminar todo financiamiento estadounidense
para la erradicación de cultivos de coca, ingrediente básico en la producción
de cocaína.
Considérense los siguientes
datos, a efectos de comprender el carácter irresponsable que hace a la política
propuesta.
En 2015, Colombia puso fin
al programa de erradicación aérea de cultivos que fuera financiada por los
Estados Unidos, lo cual condujo a una explosión en los cultivos de coca y en
las cifras de producción de clorhidrato de cocaína. Entre 2014 y 2018, tuvo
lugar un crecimiento histórico en los índices de cultivo de coca y, gracias a
esto, se evidenció un incremento en la producción potencial de cocaína.
En 2014, se cultivó un aproximado de 112 mil
hectáreas de coca, en comparación con las 208 mil de 2018. A lo largo de este
período, también se incrementaron las muertes por sobredosis de cocaína en
territorio estadounidense.
La agencia antinarcóticos de
los Estados Unidos (DEA) estima que el 90% de la cocaína confiscada en suelo
estadounidense es de origen colombiano.
Cuando Colombia puso fin a
su programa de erradicación aérea de cultivos, citó un informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde entonces fue desautorizado
por ese mismo órgano vinculado a Naciones Unidas.
El informe inicial afirmaba
que el glifosato utilizado como herbicida era 'probablemente cancerígeno para
los seres humanos'. En el término de un año, un informe posterior sentenció que
la capacidad del glifosato para provocar cáncer era 'improbable', en
consecuencia, desautorizando los fundamentos sanitarios de la decisión de
interrupción de cultivos.
En ese punto, el daño ya
estaba hecho. A pesar de las objeciones interpuestas por el entonces ministro
de Defensa colombiano, y por otros funcionarios del gobierno en Bogotá, el
programa fue clausurado.
Desde entonces, Colombia se ha respaldado
mayormente en la erradicación manual de cultivos de coca. Elementos de las
fuerzas armadas han sido forzados a eliminarlos manualmente, operando en áreas
bajo control de criminales y de organizaciones terroristas. Periódicamente, los
soldados se topaban con criminales armados, minas antipersonales y fuego de
francotiradores.
De acuerdo al presidente
colombiano, la erradicación manual está lejos de ser eficiente en el terreno, y
representa un perjuicio en materia de costos. El trabajo manual solo puede
erradicar entre dos y tres hectáreas diarias, mientras que la fumigación desde
el aire destruye entre 120 y 150 hectáreas -costando esta última hasta dos
veces menos.
De no mediar retrocesos
judiciales adicionales, Colombia retomará su programa de fumigación aérea -con
apoyo estadounidense- previo a fin de año. Estados Unidos no debería
comprometer los esfuerzos colombianos a efectos de contener sus problemas de
descontrolada espiralización en la producción de cocaína.
De igual manera, los
legisladores de los Estados Unidos no deberían obstaculizar el proceso de paz y
reconciliación colombiano, motivados por políticas con sustento ideológico.
Una enmienda interpuesta por
Jim McGovern -Demócrata por Kansas- le exigiría a los departamentos
estadounidenses de Defensa y Estado, así como también al director de
inteligencia nacional, entregar un informe de aquí a cuatro meses, que verse
sobre dieciséis años de actividades de inteligencia y de defensa
estadounidenses en territorio colombiano.
En sus propias palabras, la
intención de McGovern no consiste en supervisar, sino que más bien remite a una
intención de suspender toda asistencia estadounidense a Colombia. Recientemente,
McGovern declaró: 'Si fuera por mí, yo le pondría fin a la asistencia
estadounidense a Colombia, ahora mismo'.
A tal respecto, recientes
informes que versaron sobre actividades de espionaje ilegal contra miembros de
la sociedad civil en Colombia renovaron los llamados a implementar una
supervisión más estricta sobre ese país, para que Bogotá se atenga a estándarse
más estrictos sobre derechos humanos. En esta instancia, todos podríamos estar
de acuerdo. El espionaje ilegal no tiene cabida en una nación democrática, y
los funcionarios que fueren hallados responsables deberán ser reprendidos.
Sin embargo, la interrupción
del apoyo estadounidense a Colombia en modo alguno mejoraría el registro
colombiano en derechos humanos mientras que, de hecho, la ausencia de
supervisión e involucramiento americano empeoraría el escenario. Privar a
Colombia de los recursos estadounidenses reduciría su capacidad para
implementar su ambicioso acuerdo de paz y reconciliación, tras cincuenta años
de conflicto. Asimismo, dejaría a Bogotá con menos medios para cuidar de más de
dos millones de refugiados venezolanos y migrantes que han provenido desde
fuera de Colombia.
La relación bilateral y la
situación en Colombia no está exenta de desafíos. A pesar de las significativas
inversiones realizadas por los EE.UU. y Colombia, la producción de cocaína
continúa representando un desafío esquivo. Una implementación inadecuada del
plan de paz ha dejado a las víctimas colombianas del conflicto sin la
posibilidad de contar un justicia, y una participación significativa en la
sociedad civil. Un muy reducido núcleo de responsables por violar los derechos
humanos aún no ha sido reprendido legalmente por los delitos cometidos.
Con todo, la transformación
de Colombia en un país que había normalizado los secuestros y los atentados con
explosivos, en un líder de seguridad y también en una potencia económica
regional, es un logro que debería ser enaltecido.
En los Estados Unidos, el
esfuerzo bipartidista ha dado lugar a un compromiso sostenido de Washington,
allanando el camino para la consolidación de los ya citados logros. No
obstante, la conferencia en torno del Acta de Autorización para la Defensa
Nacional no debería permitir que agendas centradas en aspectos ideológicos
destruyan los beneficios obtenidos durante décadas.
