Por Martín Dinatale
Infobae, 25 de Agosto de
2020
Al ritmo de la pandemia de
COVID-19 y desde el inicio de la cuarentena, la pobreza en la Argentina se
extendió a niveles que preocupan seriamente al Gobierno: un incremento de más de 3,5 millones de personas que empezaron a
recibir planes alimentarios hasta llegar a 11 millones, el mapa de más de
11.335 niños menores de 6 años que están malnutridos y al menos 133 municipios
en donde los problemas de alimentación son hoy algo cotidiano.
Es probable que el INDEC no
pueda ofrecer en lo inmediato un porcentaje certero del incremento de la
pobreza en la pandemia porque la cuarentena frenó toda la labor de los técnicos
en la recolección de datos. Pero los números de aumento en ayuda alimentaria,
la aparición de nuevos pobres y el volumen in crescendo de chicos menores de 6
años con bajo peso cristaliza una situación social cada vez más complicada
según los datos oficiales que maneja la Casa Rosada.
En esta radiografía de la
pobreza se pueden ver datos concretos que abonan este panorama desolador en
términos de pérdida de ingresos, nuevos pobres y chicos con hambre en la
Argentina.
Según un relevamiento que
hizo el Ministerio de Desarrollo Social y al que accedió Infobae, el aumento de
8 a 11,2 millones de personas que en enero y febrero recibían la Tarjeta
Alimentar y que ahora se potenció se concentra en las provincias de Buenos
Aires, Entre Ríos y Santa Fe, sustancialmente.
El conurbano bonaerense es
donde hay mayor concentración de planes alimentarios. Según el informe
elaborado desde el ministerio que conduce Daniel Arroyo, mientras que en enero
de este año la provincia de Buenos Aires recibió 1.700.230 tarjetas
alimentarias, en julio pasó a recibir 2.831.150. Este reparto de alimentos se
vio aumentado por miles de personas que perdieron sus empleos en la cuarentena,
no logran llegar a fin de mes con los ingresos que tienen y se sumergieron en
la pobreza en apenas meses.
En Entre Ríos la situación
es más leve aunque el aumento en el reparto de la Tarjeta Alimentar fue
llamativo: pasó de recibir en enero 35.432 a tener ahora 226.076 beneficiarios
de este plan alimentario. Y en Santa Fe se pasó de repartir 248.810 tarjetas en
enero a 551.234 en julio pasado.
El resto de las provincias
mantuvieron desde que empezó la pandemia hasta ahora los niveles de recepción
de la tarjeta Alimentar que se vio desde enero aunque la ayuda social se
canalizó por otras vías: el incremento de comedores, merenderos o programas IFE
y Asignación Universal por Hijo.
“Sostener esta situación
implicó un esfuerzo del Estado pero también fue importante el rol de la red
social. Y un rol importante del sector privado. Con todo el sistema de
asistencia del Estado, más las redes sociales y el sector privado llegamos a
11,2 millones de personas”, dijo el ministro Arroyo a Infobae.
En
lo que va de la pandemia, el Gobierno inyectó $68.747 millones para diferentes
programas sociales. Esto incluye $2.277 millones en compras centralizadas de
alimentos, $4.092 millones de fondos para provincias y municipios, $52.413
millones para la Tarjeta Alimentar, $3.345 millones para comedores y
merenderos, $7.301 millones para comedores escolares y $319 millones en otros
rubros de ayuda alimentaria.
Sin dudas, la ayuda que más
creció en la pandemia fue para el rubro de la Tarjeta Alimentar que hoy llega a
1,5 millones de beneficiarios y unos 2,8 millones de chicos. Aunque los
comedores crecieron hasta ahora para dar de atención a 230.000 personas, los
merenderos a unas 202.000 beneficiarios y los fondos descentralizados COVID
alcanzaron a 232.000 personas. Los comedores escolares llegan ahora a 19.432
escuelas mientras que para los módulos COVID para los municipios se invirtieron
$600 millones.
“Argentina demostró estar a
la altura para sostener la situación. El Estado, la red social y el sector
privado lo lograron. La reconstrucción tiene varias partes: mejorar la
cobertura y la comensalidad en el hogar, producir alimentos y mejorar la
calidad nutricional”, dijo Arroyo sobre el despliegue de todos estos programas
de asistencia que crecieron exponencialmente en los últimos 160 días de
cuarentena.
En paralelo a todo esto, el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que conduce Victoria
Tolosa Paz elaboró junto con diferentes ministerios un “Mapa de Indicadores
Múltiples Georeferenciados” en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.
Ese
mapa al que tuvo acceso Infobae describe que al día de hoy hay 11.335 niños
menores de 6 años que tienen bajo peso o están malnutridos, aunque también hay
allí chicos con problemas graves de hambre.
“Estos chicos quedaron
totalmente excluidos del sistema y debemos garantizar su atención de manera
inmediata”, explicó Tolosa Paz.
Ese trabajo articulado dio
como resultado un mapa que tiene representado el registro de datos del programa
SUMAR, donde se identifica la “prevalencia de baja talla/peso”, obtenidas desde
centros de salud (CAPS y Hospitales Públicos) a nivel nacional y datos del
registro de Renabap.
En total se identificaron
232 ubicaciones (centros de salud), que están distribuidas en 21 provincias y
representan 133 departamentos o municipios distribuidos en todo el país.
De este análisis, que
constituye un primer recorte para el abordaje territorial con una mirada
integral, se identificaron 11.335 niños y niñas concentrados en estos puntos
con problemas de baja talla/peso.
Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “baja talla” de un niño determina
el retraso del crecimiento, o talla baja para la edad y se refleja en una
estatura inferior a la esperable de acuerdo a su edad. “Se define cuando la
talla se aleja en más de 2 desviaciones estándar de la mediana de los patrones
de crecimiento infantil”, sostiene el organismo internacional.
Con este mapa de nutrición
de la Argentina el Gobierno buscará ahora desde la Mesa contra el Hambre
planificar políticas sociales específicas y su impacto en el territorio, ya que
incorpora datos como vulnerabilidad educativa (registro por provincias de
servicios educativo, analfabetismo, repitencia y deserción escolar), servicios
Alimentarios escolares, registro de comedores PNUD, índice de carencias
múltiples (accesos a servicios y condiciones de vivienda) y registros de
Huertas Escolares y Comunitarias, con la idea de analizar desde que lugar se
puede mejorar los alimentos en los comedores comunitarios.
Los
133 municipios donde están concentrados estos 11.335 chicos con problemas de
alimentación y baja talla se ubican en mayoría de las provincias: Buenos Aires,
Catamarca, Chaco, Corrientes, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa
Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
Aunque prevalece un mayor
número de municipios del conurbano bonaerense, el gran Córdoba, Santa Fe
capital y varias comunas de Santiago del Estero.
En líneas generales, los
intendentes sufren de manera directa el impacto de aumento de la pobreza. La
ayuda nacional resulta insuficiente y deben contar con el respaldo de los
gobernadores o el sector privado, la ONG y los movimientos sociales para poder
atender tanto volumen de nuevos pobres.
La mayor parte de las
transferencias para ayuda social está concentrada en el conurbano bonaerense.
Según un informe de Desarrollo Social, el 46,8% de las transferencias
monetarias de impacto territorial para sustentar a los sectores vulnerables va
a parar al AMBA, el 19% a la zona centro del país, un 11% al NOA, el 9,4% al
NEA, un 7,1% a Cuyo y el 5,7% a las provincias de la Patagonia.
Desde que comenzó la
cuarentena el 19 de marzo pasado, el Ministerio de Desarrollo Social empezó a
girar a los municipios un fondo de $10 millones para la compra de comida que
luego se duplicó a $20 millones para cada distrito. Pero para muchos
intendentes no resulta suficiente esa ayuda si se tiene en cuenta que cada
bolsón de comida tiene un valor de unos $1.000 pesos y hay comunas donde se
gastan hasta $80 millones por mes en compra de alimentos para los sectores
vulnerables que aumentan diariamente.
El intendente de Merlo,
Gustavo Menéndez, explicó a Infobae que la ayuda de esos módulos de alimentos
sumada a los programas de asistencia de la Nación como el IFE o la AUH
aliviaron un poco la situación social. Pero el jefe comunal no dudó en
sostener: “Nunca hay nada que alcance”. Y graficó que antes de la pandemia
había en sus distrito unas 55.000 personas que llegaban a los comedores a pedir
alimentos y hoy son más de 110.000.
El intendente peronista de
Ituzangó, Alberto Descalzo, expresó que actualmente la situación en los barrios
está contenida por los aportes alimentarios que le gira la Nación o la
gobernación bonaerense. Aunque destacó que la solución de atención a la pobreza
debería pasar por unificar todos los programas en un ingreso único universal.
Desde la oposición del PRO,
el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dijo a Infobae que “hasta ahora el
gobierno nacional ha cumplido bien, en tiempo y en forma, con la entrega de dos
fondos rotatorios uno de 10 y otro de 20 millones que estamos ejecutando para
reforzar con alimentos secos los comedores sociales del municipio”. Pero está
claro que en Lanús se incrementó la ayuda alimentario y con ello los niveles de
pobreza como en gran parte del conurbano bonaerense.
Este aumento de la pobreza
en la pandemia ocurre en todos los distritos bonaerenses sin diferenciación
política alguna. Por ejemplo, en el municipio de Vicente López, Jorge Macri de
Juntos por el Cambio, antes de la pandemia se asistía a 4.500 familias en su
comuna y hoy la ayuda alimentaria llega a casi 19.000 familias, es decir, casi
tres veces más. “Estamos asistiendo al 35% de la gente de Vicente López con
alimentos o con elementos de limpieza”, dijo Jorge Macri. El intendente de
Vicente López destacó que hay una buena coordinación con la Nación en la tarea
contra el COVID-19 pero también recaló en que “hay mucho por hacer en materia
económica y de seguridad”.
Fernando Gray lidera la
comuna bonaerense de Esteban Echeverría donde los bolsones de alimentos se
llevan más de $70 millones al mes. “Estamos trabajando en una línea de ayuda
social directa del Ministerio de Desarrollo Nacional y los municipios,
básicamente del conurbano. El Estado en sus tres niveles está presente pero la
demanda social crece. Y estamos trabajando junto a la sociedad civil y las
organizaciones para mitigar este momento”, expresó Gray a Infobae al hacer un
análisis del aumento de pobreza.
En una línea similar se
mostró el intendente peronista de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien
remarcó: “estamos articulando muy fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social
para materializar la ayuda alimentaria. En Almirante Brown entregamos
mensualmente 87.000 cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en las
escuelas, recibimos fondos para la Asistencia Alimentaria Directa y desde enero
contamos con la Tarjeta Alimentar que le permite a casi 25 mil familias acceder
a los alimentos. En paralelo, ya estamos trabajando para potenciar la
producción de alimentos y mejorar en forma considerable la calidad
nutricional”.
En otros casos, los
intendentes bonaerenses del PJ o de la oposición prefieren no hablar públicamente.
Aunque en sus encuentros virtuales y en las reuniones últimas que mantuvieron
con el gobernador, Axel Kicillof, dejaron traslucir el nivel elevado de
preocupación que hay por el aumento de pobres desde la pandemia hasta hoy.
Es el mismo tono de alerta y
preocupación que se percibe en la Casa Rosada aunque allí prefieren mantener la
cautela y mantenerse activos. Tanto en el Ministerio de Desarrollo Social, como
en el Consejo de Políticas Sociales o en la Jefatura de Gabinete se percibe un
nivel de preocupación ante tanto incremento de pobreza.
Desde el presidente Alberto
Fernández para abajo, en la Casa Rosada saben que la reactivación económica
será el mayor reto que tendrá el Gobierno para salir de la crisis de la
pandemia y empezar a reducir los niveles elevados de pobreza que la pandemia
del COVID-19 elevó duramente y golpea a miles de argentinos.
