Más lejos de
Argentina que en 1982, más cerca del Reino Unido que en 2003
CÉSAR LERENA
10-6-2022
La afirmación de
los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, las
aguas correspondientes y la Antártida se sostiene vigente por esfuerzo de los
héroes de Malvinas y de cada uno de los ciudadanos que combaten diariamente
para mantener viva la llama de la soberanía nacional, la integridad
territorial, los valores de nuestros próceres y la dignidad y resguardo de la
Nación. Los derechos soberanos no se declaman, se ejercen y, hay muchos
funcionarios que no han estado ni están a la altura de este deber patriótico.
A 40 años de la
recuperación de Malvinas, la situación respecto a la reivindicación argentina
de sus derechos sobre los archipiélagos es mucho peor a la existente en el año
1982. Ese año el Reino Unido ocupaba 14.100 km2 del Archipiélago y tres millas
marinas a su alrededor; los isleños realizaban escasas actividades económicas
que no eran sustentables y Malvinas tenía una reducida guarnición militar.
La política
llevada a cabo por la Cancillería Argentina y, desde su creación, por la
Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas no ha sido inocua sino
francamente favorable a los intereses británicos en el Atlántico Sur y
Malvinas.
Desde la sanción
de la resolución 2065 donde la Asamblea General de la ONU “invitó” a la
Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña «a proseguir sin demora las
negociaciones recomendadas por el Comité Especial (…) a fin de encontrar una
solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones
y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514
(XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las
Islas Malvinas (Falkland Islands)» la Cancillería de nuestro país se ha
limitado a promover sin éxito el diálogo, obtener el apoyo de otros países para
iniciar las negociaciones sobre la disputa y, a llevar adelante actos
unilaterales de cooperación con los isleños y ruinosos actos contrarios al
interés nacional. Mientras ello ocurre, el Reino Unido en forma sostenida desde
1982 y creciente desde 2016 a la fecha, se consolida militar, económica y
estratégicamente en la región.
¿Qué quedó de la
Resolución 1514 (XV) del 14/12/1960?, donde la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró que «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente
la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» y qué del
mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución
Nacional (1994) que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía sobre
Malvinas (…) por ser parte integrante del territorio nacional” y donde “la
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…)
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Y ¿qué de la Res.
31/49 del 1/12/1976?, donde la Asamblea General, entre otras cosas «instó a las
dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la
introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas
están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba
mencionadas (1514, 2065 y 3160)».
Entre 1982 al 2002
ocurrieron cosas espantosas.
Se firmó el
Tratado de Paz y Amistad con Chile (1984) donde este país aliado estratégico
del Reino Unido obtuvo por primera vez acceso al Atlántico Sur; se inauguró un
aeropuerto en Malvinas (1985) facilitando el traslado aéreo de los isleños y
fuerzas militares;
los ingleses
establecieron un área de conservación de la pesquería alrededor de Malvinas
(1986) impidiendo el acceso a la pesca de embarcaciones pesqueras nacionales;
se iniciaron las negociaciones argentino-británicas (1987/88) que darían lugar
luego a la “fórmula del paraguas” congelando nuestra soberanía en las islas; se
concretaron luego los infames Acuerdos de Madrid (1989/90) que cedieron la
pesca a los británicos en el área de Malvinas y limitaron las operaciones
militares argentinas en el Atlántico Sur;
se acordó la
conservación e investigación conjunta británico-argentina de los recursos
pesqueros (1990/95), facilitando a aquellos el otorgamiento de licencias
pesqueras a buques extranjeros que son el principal sustento económico de las
Islas; se delimitaron las líneas de base del continente argentino (1991) dando
lugar al Reino Unido a establecer sus propias delimitaciones en las Islas con
la pretensión de acogerse al régimen de Estado ribereño previsto en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR);
se aprobó el
Convenio con el Reino Unido (1992) para la Promoción y Protección de sus
inversiones en la Argentina que se consolidó con la Ley 24.184 y beneficia al
Rino Unido sobre el resto de los países;
los británicos
amplían una ocupación de 200 millas alrededor de las Islas Georgias y Sándwich
del Sur (1993);
la Subsecretaría
de Pesca Argentina veda en la ZEE la captura del calamar (1994) permitiendo a
esta especie llegar a Malvinas para asegurar el sustento económico de los
isleños; se firma el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea (1994) sin otorgarle
cuota para la pesca del calamar patagónico para no interferir la llegada de
esta especie a Malvinas;
la Argentina
ratifica la CONVEMAR (1995) -al igual que el Reino Unido- un instrumento que
facilita las operaciones pesqueras en alta mar por parte de los Estados de
bandera (extranjeros) en perjuicio de los Estados ribereños que, como la
Argentina, pierde sus recursos migratorios en Malvinas en manos británicas y en
alta mar por buques extranjeros;
la Argentina
acuerda en Londres (1996) normalizar sus relaciones con el Reino Unido sin
discutir la limitación de los espacios territoriales y la explotación de los
recursos y, cooperar para evitar la sobreexplotación extranjera favoreciendo el
otorgamiento de licencias pesqueras británicas;
se firma un
Convenio de Cooperación Militar (1998) que no reduce la presencia militar
inglesa en el Atlántico Sur sino por el contrario el Reino Unido traslada a
Malvinas el Comando Sur de la Isla Ascensión; se sanciona la ley federal de
pesca (1998) que favorece la concentración extranjera de una actividad que era
100% nacional; la Cancillería Argentina acuerda (1999) con el Reino Unido,
entre otras cosas, “combatir a los buques pesqueros sin licencia inglesa”;
la Argentina aprueba el llamado Acuerdo de
Nueva York (2000) que transfiere la administración pesquera en el Atlántico Sur
a Organizaciones Regionales Pesqueras (OROP) que permiten la injerencia de
terceros países (y entre ellos el Reino Unido) en los recursos nacionales.
Entre el año 2000
y el año 2003 los funcionarios argentinos durmieron la siesta.
Entre el 2003 y
2019 pasaron algunas pocas cosas buenas y en su mayoría horribles.
Se firma el
Tratado de Lisboa (2005) donde los ciudadanos de Europa (entre ellos españoles
e italianos) acuerdan que Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida
se transformen en territorios británicos de ultramar;
se suspenden las investigaciones conjuntas
(2005) para evitar suministrar información biológica confidencial a los
británicos;
se otorga la
explotación petrolera (2007) hasta el año 2043 del yacimiento “Cerro Dragón” a
Pan American Energy de capital accionario británico;
la Argentina ratifica
sus derechos sobre la plataforma continental extendida (2007) ante la Comisión
de límites ad-hoc de las Naciones Unidas;
se legisla sobre
la prohibición de pescar en el continente y Malvinas (2008) pero no se
sancionaron hasta la fecha casos denunciados públicamente;
se inicia la
localización de los combatientes caídos en Malvinas (2008), permitiendo un
alivio a familiares; se inician exploraciones petroleras en Malvinas (2010) lo
que podría encaminar a consolidar económicamente a las islas;
se dicta el
Decreto 256 (2010) por el que se requiere permiso para trasladarse a Malvinas,
no obstante, más de 700 buques por año operan en puertos uruguayos; por la Ley
Solanas (2011) se restringen las operaciones petroleras en el continente a
quienes operan en Malvinas, ello no impidió la licitación de 100.000 km2 y el
otorgamiento de áreas a empresas británicas para la explotación offshore (2019)
entre el continente y Malvinas;
el gobierno
británico declara una reserva ecológica de 1.070.000 km2 alrededor de las
Georgias y Sándwich del Sur (2011) violando el Tratado Antártico, la soberanía
argentina e impidiendo la explotación de recursos pesqueros a buques
nacionales;
se realiza un
referéndum ilegal en Malvinas (2013) donde los isleños ratifican en un 99,83% seguir
siendo una colonia británica; la Comisión de Límites de las Naciones Unidas se
expide (2016/17) recomendando solo 350.000 km2 de los 1.782.000 km2 que
reivindicaba Argentina, por entender que 1.430.367 km2 se encuentran en disputa
con el Reino Unido.
No se conoce manifestación de rechazo del
gobierno argentino por esta limitación territorial de un grupo de técnicos; se
acuerda el indigno “Pacto de Foradori-Duncan” (2016) que ratifica los Acuerdos
de Madrid I y II donde se declara: «adoptar todas las medidas apropiadas para
remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento y desarrollo
sustentable de las Islas Malvinas» en abierta violación a la Constitución
Nacional; la Canciller Malcorra declara (2016) “las Malvinas no son más el tema
principal en las relaciones entre Buenos Aires y Londres” en una nueva
violación a la Carta Magna; Marcelo Kohen, actual consejero y asesor principal
del Secretario de Malvinas, viaja a Malvinas (2018) y les ofrece a los Isleños
quitarle a Tierra del Fuego las islas Malvinas y las aguas correspondientes,
mantener vigente el régimen de migraciones en manos de los isleños y promover
un referéndum para que los isleños definan si quieren seguir siendo británicos;
se aprueban vuelos a Brasil (2019) desde Malvinas facilitando las operaciones y
transporte desde las Islas.
Pero, veamos
ahora, qué ha hecho el gobierno asumido en 2019, su Cancillería y muy
particularmente la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona (2021) y
el Consejo Nacional de Malvinas (2020) que, en estos casi tres años, ha
ratificado las peores cesiones argentinas al Reino Unido de Gran Bretaña:
En primer lugar,
mantiene vigente y, de hecho, avala todo lo ocurrido en estos 40 años respecto
a la cuestión Malvinas, salvo la honrosa excepción de “suspender” las
investigaciones pesqueras conjuntas y los vuelos a Brasil y, el anuncio de
sanciones a las empresas petroleras que operen en Malvinas. No nos referiremos
aquí algunas acciones, de competencia del Ministerio de Defensa, como la
incorporación de cuatro patrulleros multipropósitos para la Armada encargados
por el gobierno anterior a Francia que a todas luces resultan insuficientes
para la tarea estratégica que debe llevarse en el Atlántico Sur, los mares
vinculados a los Océanos Pacífico e Indico y la Antártida.
1) Las tres leyes
sancionadas se transformaron en irrelevantes: La Ley 27.557 de plataforma
continental que muestra un plano ampliado es un fiasco. Como vimos 1.430.367
km2 de la plataforma está disputada por el Reino Unido según la propia Naciones
Unidas. La Ley 27.558 de creación de un Consejo Nacional de Malvinas se integra
con numerosos responsables de los desaguisados de los últimos 40 años, entre
ellos el citado Marcelo Kohen, Susana Ruiz Cerutti y otros. A dos años de su
creación no se le conoce plan estratégico y, algunos de sus miembros dicen por
los medios qué propondrían hacer como si no fueran parte y estar obligados a la
debida confidencial y consenso que exige la ley. La Ley 27.564 de aumento de
sanciones a las infracciones pesqueras, no ha colocado una sola multa a los
buques extranjeros que bajo licencia inglesa pescan en el área argentina de
Malvinas unas 250.000 toneladas anuales por un valor equivalente a todas las
exportaciones pesqueras argentinas, lo que podría constituirse en el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público por incumplir la ley
citada y la 24.922.
2) Mantienen en
plena vigencia el Convenio de Cooperación con el Reino Unido (ley 24.184), los
Acuerdos de Madrid I y II, el Pacto de Foradori-Duncan, donde estos dos
últimos, al margen de violar el Artículo 29º de la Constitución Nacional (“El
Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas
provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la
suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la
vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o
persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable,
y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y
pena de los infames traidores a la patria”) violan la citada Disposición
Transitoria de la Constitución Nacional y, muy grave: podría dar lugar a que el
Reino Unido manifieste que mantiene un diálogo activo y fluido con Argentina
respecto a Malvinas.
3) En 1982 el
Reino Unido tenía ocupado 11.410 km2, hoy tiene 1.639.900 Km2 de territorio
insular y marítimo argentino militarizado (equivalente al 52% de la ZEE
Argentina) y, disputa con nuestro país 1.430.367 km2 de la plataforma
continental y 965.597 km2 de la Antártida más las aguas correspondientes. El
gobierno declara no tener hipótesis de conflicto, a pesar de haberlo tenido con
Chile por espacios insulares y marinos de menor magnitud e importancia.
4) Entre 350 y 500
buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y británicos extraen del
Atlántico Sudoccidental un millón de toneladas anuales de recursos pesqueros
que duplican en dólares las exportaciones argentinas y, al igual que el
embajador Lucio García del Solar que despreció la pesca en las negociaciones de
1989 con el Reino Unido, el Secretario Carmona no ha tomado una sola acción al
respecto, permitiendo “la consolidación británica”, al decir del ex director de
pesca inglés en las Islas John Barton. Esta internalización del Atlántico Sur
genera, además de las pérdidas económicas y laborales de Argentina, un ambiente
de tensión en el área con la intervención de potencias extrarregionales.
5) Los españoles
se han transformado en el principal socio extractivo, productivo y comercial de
los británicos en Malvinas, quienes además facilitan el ingreso a la Unión
Europea de los productos de Malvinas libres de arancel facilitando la
sustentabilidad económica de los isleños.
6) El Reino Unido instaló en Malvinas la base
misilística y naval más moderna e importante de la región, absolutamente
desproporcionada a la población de las islas y, la Argentina carece de todo
poder disuasivo en el Atlántico Sur y de control de las operaciones que se
realizan en la región austral, mientras el actual Embajador Argentino
Javier Figueroa en Londres declara que: «el Rino Unido y Argentina “han
disfrutado” (sic) de una relación diplomática desde 1823», seguramente
olvidando los años 1833, 1845, 1933, 1982 y otras tantas fechas de agresión
británica.
7) El Reino Unido
tiene hasta la fecha impuestas limitaciones a la compra argentina de armas y
ello no impide a la Secretaría de Malvinas basar su estrategia en dialogar,
ampliar la base de apoyos y cooperar unilateralmente.
8) Pese a la
presencia naval y misilística del Reino Unido en Malvinas, que supone la
intervención de la OTAN en el Atlántico Sur, la Secretaría de Malvinas no ha
convocado a las acciones correspondientes de todos los países de África
occidental y América oriental de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico
Sur” ratificada por la Resolución 41/11 de las Naciones Unidas, destinada a
limitar la presencia de países extraños y la militarización de la región.
9) No hay acciones
argentinas que saquen de la posición de confort al Reino Unido en la región y
el sostén económico de los isleños. Tampoco, iniciativas diplomáticas
suficientes destinadas a evitar el uso de los puertos de Uruguay y Chile para
dar logística operativa y comercial de las islas. Por el contrario, ha
promovido vuelos humanitarios y autorizado la operatividad de la Empresa LATAM
desde las islas a Chile, donde los vuelos serían más caros a Río Gallegos
($81.450) que al destino más lejos de Punta Arenas ($55.344), según informa
AgendaMalvinasOK (9/6/2022) lo que dificultaría -aún más- la presencia
argentina en Malvinas, que el secretario Carmona califica de “hecho histórico
el restablecimiento de los vuelos” (Telam, 8/6/2022).
10) Contrario a lo
que ocurrió con la construcción de un puerto en Georgias del Sur y la
licitación de otro en Malvinas, la Argentina solo efectua anuncios; pero, a la
fecha no ha aumentado, modernizado ni tecnificado los puertos de Tierra del
Fuego para facilitar el control del área, el acceso a la Antártida y, otras
cuestiones relativas a la población; radicación industrial, profundización de
la investigación en la Patagonia, etc. Las declaraciones por twitter
(10/6/2022) del Gdor. Gustavo Melella sobre la responsabilidad de la
Cancillería en el manejo de la cuestión Malvinas es elocuente.
11) Se mantiene la
vigencia del Artículo 2º de la Ley 23.775 que establece “En lo que se refiere a
la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas
subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias
extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será
necesario consultar al gobierno provincial”, lo que debilita la posición
negociadora argentina y agravia a los habitantes de Tierra del Fuego, dando
lugar a proyectos secesionistas como el de Kohen.
12) El secretario
de Malvinas avala la postulación a la Corte Internacional de Justicia de
Marcelo Kohen quien, como hemos dicho, proponía la separación de Malvinas de
Tierra del Fuego, la continuidad del control de migraciones de los isleños y un
referéndum para que los isleños indiquen qué nacionalidad deseaban (En 2013
arrojó que el 99,83% deseaba seguir bajo la corona británica).
13) Los isleños
incrementan al nivel más alto en estos últimos 40 años las relaciones con
Brasil, Chile y Uruguay y, estos países contribuyen en la logística,
intercambio comercial y de tripulantes etc. con las empresas que operan en
Malvinas.
De persistir estas políticas nacionales e
internacionales argentinas y el escenario mundial, no parece que vaya a cambiar
la tendencia de fortalecimiento británico en el área. La política argentina
debería modificarse sustancialmente si se pretende acercar a nuestro país al
ejercicio de la soberanía plena, no solo de Malvinas, sino del Atlántico
Sudoccidental. Malvinas, es una cuestión de identidad nacional. Uno de los
tantos proyectos inconclusos argentinos; pero, con un fuerte compromiso
afectivo; que puede encolumnarnos en un proyecto de interés geopolítico,
económico, de soberanía nacional y, una deuda, que todos los argentinos tenemos
con los 649 combatientes caídos en Malvinas en 1982.
La afirmación de
los derechos soberanos no se declama. se ejerce
