POR JORGE P. MONES
RUIZ
La Prensa,
19.06.2022
El indigenismo
constituye un tema de características muy particulares, que debe ser
considerado un conflicto. Se trata de una nueva expresión ideológica, política,
cultural, y en algunos casos militar; es una corriente inserta en nuestro
continente y afecta en mayor o menor medida a todas las naciones.
El tema es
complejo y presenta varias aristas. Algunas de ellas constituyen realidades que
habrá que atender para solucionar problemas graves e inobjetables, relacionados
con ciertos reclamos legítimos de las comunidades aborígenes. Este caso
adquiere especial atención cuando percibimos que detrás de justas aspiraciones
se esconden intereses de otro tipo y que pueden afectar seriamente la Soberanía
Nacional.
La denominada
Reivindicación Indigenista va acompañada por una campaña psicosocial
internacional de considerable magnitud y gran impacto en la opinión pública
(The Mapuche Nation), que puede poner en peligro la integridad territorial.
Los países
desarrollados son usinas y, a la vez, eco de pretensiones cuasi
segregacionistas en diferentes territorios nacionales sudamericanos. En
Francia, años atrás y con el apoyo de intelectuales belgas, se generó la idea de
la "internacionalización del Amazonas para proteger a los aborígenes y a
los recursos naturales'' de esa región.
Al respecto, el
general brasileño Luis Eduardo Rocha Paiva, expresó la convicción de que
"Brasil debería estar muy atento a la posibilidad de que se produjeran en
la Amazonía conflictos con actores extranjeros debido, entre otros, a la
riqueza de sus recursos''. Asimismo, Rocha Paiva alertaba sobre la posibilidad
de injerencia de potencias extra regionales en este espacio.
En este sentido, nuestro
país comparte con Chile un problema común: La Nación Mapuche (Wall Mapu). Esta
nación originaria, que en realidad no lo es, incluye bajo una misma región una
porción de territorio chileno y argentino, que abarca la región del Bío Bío y
la Araucania en Chile y su proyección al territorio de la Argentina, hasta el
Río de la Plata y el Océano Atlántico.
Destaquemos que,
dentro de esta comunidad, la nación mapuche, existen posturas encontradas, ya
que la mayoría de sus miembros, aun sintiéndose discriminados en varios
aspectos, manifiesta su pertenencia y lealtad a la República Argentina,
compartiendo el espíritu nacional, el respeto a la Constitución y su identidad
como argentinos.
A partir de ello,
las tradiciones, la cultura y las costumbres de estas comunidades, merecen el
mismo respeto y consideración que las que profesan otras colectividades
integradas como connacionales en nuestra sociedad. En todo caso, la
discriminación aludida no es un tema sólo de los aborígenes, si consideramos la
situación socioeconómica, (v.g. jubilados) o el acceso a la educación, la salud
y al trabajo de otros ciudadanos pertenecientes a diversos sectores sociales de
nuestro país.
PSEUDOMAPUCHES
En la Argentina,
grupos pseudomapuches, como la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), por el
contrario, expresan un sentimiento netamente segregacionista, y reclaman
(usurpan) tierras públicas y privadas, aun ejerciendo la violencia, lo que
puede ser considerado como un primer paso hacia una partición territorial,
independencia y propia soberanía. El grado de violencia en nuestro país no
tiene, por ahora, la intensidad que se manifiesta en Chile. Sin embargo, la
campaña psicosocial es fuerte. La Universidad del Comahue, con sede en Neuquén
y Bariloche, promociona actos oficializando la "soberanía política y
cultural mapuche'' y el reconocimiento de "su propia bandera nacional''.
Las actividades de estos grupos marginales cuentan con el beneplácito, cuando
no de apoyos (logísticos y financieros) de organismos estatales, como el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas. Complicidad manifiesta oficial que contrasta con
el desamparo que sufren las fuerzas del orden cuando intentan resguardar las
vidas y bienes de nuestros conciudadanos.
En Chile, la
Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (más conocida como
Coordinadora Arauco-Malleco o CAM) vinculada a la RAM argentina, es una
organización política mapuche de naturaleza indigenista, cuyo brazo armado son
los denominados Órganos de Resistencia Territorial (ORT), que efectúan diversas
acciones de sabotaje y otros crímenes. Podemos incluir también a la Resistencia
Mapuche Malleco, la Alianza Territorial Mapuche y la Weichan Auka Mapu (Lucha
Territorial Rebelde). Es por ello que importantes sectores de la sociedad trasandina
le han otorgado la calificación de grupos terroristas, vinculados estrechamente
a las FARC de Colombia, a narcotraficantes, a la ETA española y a las
guerrillas kurdas.
UNA AMENAZA
LATENTE
El indigenismo
constituye una amenaza latente, que afecta sustancialmente al patrimonio
geográfico, a la cohesión territorial y los intereses nacionales.
Se hace necesario
determinar la evolución y proyección del problema en la región, y en particular
en nuestro país, a partir del auspicio de agentes exógenos que instrumentan una
nueva teoría del espacio vital para el control de los ecosistemas. Intereses
extranacionales potencian su actitud a partir de un mundo en el cual la
degradación ambiental, la discutible explosión demográfica y la escasez de
recursos naturales constituyen, entre otros, importantes generadores de
conflictos que caracterizan el contexto estratégico global del siglo XXI. Es en
las regiones de baja densidad demográfica, pero atractivas por sus riquezas
económicas y recursos naturales, donde muchos grupos pretenden instalarse.
El almirante
argentino Jorge A. Fraga (miembro de la Academia Nacional de Geografía)
refería, a comienzos los años 90, la cuestión mapuche como "una
circunstancia de particular relieve en el planteo geopolítico y geoestratégico
de la Patagonia".
Señalemos que los
territorios reclamados constituyen ecosistemas sobre el sector cordillerano en
lugares de gran atractivo e interés turístico, como ser Bariloche, El Bolsón,
El Maitén, San Martín de los Andes, Lago Escondido y Lago Mascardi. Otros
reclamos de tierras se asientan sobre tierras con recursos naturales de alto
valor estratégico y económico, como es Loma La Lata, Vaca Muerta, etc. En ambos
casos, algunos de ellos ya están siendo ocupados por sectores violentos de
estas organizaciones de pueblos originarios.
RESPALDO GLOBAL
Las diferentes
normativas, entre ellas el Convenio 169 de la OIT de septiembre de 2007
contemplado con rango constitucional constituyen el andamiaje jurídico básico y
necesario para avanzar en reclamos que ponen en peligro la integridad de los
estados y atentan contra cualquier "proyecto sugestivo de vida en
común", condición esencial para el desarrollo de las sociedades civilizadas
al amparo, cada una, de su propia identidad nacional.Este convenio, reemplaza
al 107 y, sutilmente, cambia el término de poblaciones por el de pueblo,
creando condiciones suficientes para una eventual, y no poco probable,
segregación territorial.
Años atrás, el dirigente
mapuche de origen chileno Reynaldo Mariqueo, secretario General de la
Organización General de Enlace Mapuche Internacional, con sede en Bristol,
Inglaterra, desde 1978, sostuvo: "El conflicto territorial que
organizaciones de derechos humanos han mencionado en sus informes ha sido
permanente desde la anexión por la fuerza de sus armas del territorio Mapuche
por las repúblicas de Chile y Argentina entre 1860 y 1885, fecha que la
resistencia armada mapuche fue sofocada por el poder militar superior de los
países vecinos. Durante estos 120 años de ocupación de nuestro territorio, las
repúblicas de Chile y Argentina /sistemáticamente han continuado con su
política genocida y de asimilación cultural. El despojo de nuestras tierras y
recursos continúan, condenándonos a la miseria más espantosa de nuestra
historia. El sistema democrático de gobierno y los avances económicos de Chile
no pareciera haber cambiado la situación económica y social de las comunidades
mapuches. Finalmente debo informar que Chile no reconoce el derecho del pueblo
mapuche a su libre determinación, no reconoce la existencia del pueblo Mapuche
en su constitución, ni ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas''.
La característica
esencial de estos movimientos indigenistas y otros sociales alternativos es la
movilización permanente para generar un estado de desorden e indisciplina
social que permita medir y evaluar la capacidad de respuesta de autoridades y
organismos legales. De esa forma se podrá decidir la conveniencia de continuar
o incrementar la escalada en la confrontación. En estos últimos meses hemos
comprobado este nuevo tipo de lucha en varios países de la región. En este
juego de tire y afloje aprovechan todas las libertades que el sistema
democrático otorga para llevar sus reclamos hasta los extremos que le permitan
la falta de claridad legislativa y las vías legales y normativas. Si por
razones tácticas trasponen esos límites con actos de fuerza o violencia
desmedidas, apelan a justificarlos públicamente como medidas de reivindicación
social frente a la "brutal e ilegal represión del Estado y responsable, de
inmediato, de crímenes de lesa humanidad''.
Finalmente, las
características del conflicto moderno y su dinámica multifuncional permiten
concluir que los recursos naturales de los países que los poseen, más aquellos
ecosistemas que por su alto valor constituyen reservas estratégicas, serán las
causas que potenciarán el enfrentamiento de intereses extranjeros, estatales o
no, con intereses nacionales. Asimismo, se incentivarán las contradicciones
internas de las naciones, en particular aquellas de carácter cultural. En este
contexto, el indigenismo es un vehículo que, a partir de soportes ideológicos,
políticos, financieros y mediáticos proporcionados por países desarrollados,
ONG (s) y corporaciones transnacionales, atenta contra la identidad nacional
primero, y contra la integridad territorial después.
